Informe Otálvora del 18 de julio de 2020
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Los ministros de exteriores de
España, Alemania, Bulgaria, Austria y Suecia en la reunión del Consejo Europeo el 13JUL20. Foto:
Unión Europea.
Las amenazas del gobierno de EEUU
sobre endurecer su posición ante Grager se concretaron el 15JUL20 cuando el
Departamento de Estado anunció la implementación de restricciones de visas a
los “responsables o cómplices de socavar la democracia en Guyana" y a sus
familiares. Si bien el comunicado no precisaba nombres de sancionados, en una
rueda de prensa el secretario Mike Pompeo fue preciso: “el gobierno de Granger
debe respetar los resultados de las elecciones democráticas y hacerse a un lado”.
La cancillería de Brasil emitió un comunicado el 15JUL20 afirmando que el
desconocimiento de los resultados electorales “plantea una seria amenaza para
la estabilidad en Guyana y una desviación de los compromisos democráticos que
debe cumplir en el contexto regional y hemisférico”. Para el 21JUL20 fue
convocada una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para
analizar la situación guyanesa.
Por su parte, el gobierno del
Reino Unido anunció que no reconocerá un gobierno fraudulento en Guyana. El
Secretario de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab dijo el 17JUL20 que
“cualquier gobierno que jure sobre la base de resultados no creíbles se
enfrentará a una fuerte condena internacional” advirtió además que su gobierno
inició el “proceso de poner esas consecuencias en marcha”.
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Rusia difundió la falsa versión
según la cual una nave de guerra de EEUU navegó cerca de Venezuela portando
armamento nuclear.
La segunda “operación de libertad
de navegación” realizada en menos de un mes por EEUU en aguas frente a
Venezuela, fue ejecutada el 15JUL20 por el destructor USS Pinckney operando como
parte de la Cuarta Flota de EEUU bajo órdenes del Comando Sur. Si bien las
operaciones de “libertad de navegación” han sido realizadas por la Armada de
EEUU frente a las costas venezolanas desde
el año 2000, las recientes misiones se han cumplido bajo lo que oficialmente el
Comando Sur denomina “la operación mejorada de narcóticos del Presidente
Trump”, como parte de la planeada ampliación
de la capacidad bélica en el hemisferio occidental y en obvia sincronía con la
presión política sobre el régimen chavista.
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Previamente el 23JUN20, el
destructor USS Nitze análogo al USS Pinckney, ambos destructores clase Arleigh
Burke, había cumplido una misión similar. La acción consiste en navegar a una
distancia superior a las doce millas, poco más de veintidós kilómetros con
respecto a la costa, área que ya no es mar territorial venezolano y por lo
tanto se consideran aguas internacionales a los efectos de la navegación. En
ambos casos el Comando Sur procedió a publicitar la misión en simultáneo a su
ejecución justificándola como respuesta al “excesivo reclamo marítimo de
Venezuela en aguas internacionales”.
Según un comunicado emitido el
16JUL20 por la cancillería del gobierno Maduro, el USS Pinckney navegó a 16,1
millas náuticas, poco menos de treinta kilómetros de la costa venezolana en aguas
ya situadas en lo que se denomina “zona contigua” de soberanía restringida pero
que ya no es considerado como “mar territorial”. Sobre el exacto recorrido de
la embarcación ninguna de las partes se ha pronunciado. En el usual estilo de
los comunicados de la cancillería chavista de inspiración habanera, el ministro
Jorge Arreaza aseguró que la presencia ostensiva del destructor estadounidense
había sido “de manera furtiva” y la calificó como “un inexcusable acto de provocación
errático e infantil”.
El gobierno ruso, por intermedio
de su agencia de noticias Sputnik, difundió un cable que supuestamente copiaba
el comunicado del Comando Sur: “Hoy, el barco destructor USS Pinckney [DDG 91]
de la clase Arleigh Burke, armado con misiles nucleares, desafió el excesivo
reclamo de Venezuela en aguas internacionales”. El comunicado emitido por el
Comando Sur no hacía referencia a dotación de armamento nuclear a bordo del USS
Pinkney. La delicada referencia a misiles nucleares en la nota rusa no fue patentemente
un error de transcripción o de traducción. Venezuela es uno de los temas de
tensión entre Moscú y Washington y el aparato de propaganda ruso suele
direccionar ataques contra la política de EEUU hacia Venezuela.
El 15JUL20, durante una
entrevista con The Hill, el secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo fue interrogado sobre usuales
conversaciones con sus contrapartes rusos. Pompeo afirmó que en esas
conversaciones además de posibles áreas de interés común, suele tocar aquellos
temas “en los que no estamos de acuerdo” y que “socavan intereses importantes
de seguridad nacional de EEUU” ejemplificando con “la participación de Rusia”
en Venezuela y en Siria.
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El 10JUL20, Donald Trump realizó
una rápida visita al estado de Florida para visitar el Comando Sur, presidir un
evento de opositores de Venezuela, Cuba y Nicaragua y, asistir a un evento de
recaudación de fondos electorales.
En el cuartel general del Comando
Sur, en Doral, Miami, Trump sostuvo un encuentro con altos oficiales acompañado
de su Asesor de Seguridad Nacional Robert
O’Brien, el secretario de Defensa Mark Esper, el zar antidrogas Jim Carroll, el
secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf y el congresista Mario
Díaz-Balart entre otros altos funcionarios. El objeto de la sesión que fue
difundida públicamente, era conocer los resultados de la operación
antinarcóticos ordenada el 01ABR20 por Trump en las áreas de responsabilidad
del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico.
En una intervención solicitada por
Trump, el Asesor de Seguridad Nacional fue el encargado de conectar los temas
“narcotráfico” y Venezuela: “Los traficantes usan sus fondos con fines
nefastos, entre ellos para financiar el régimen de Nicolás Maduro, el régimen
ilegítimo en Venezuela (…) durante años, Venezuela ha inundado a los EEUU con
cocaína. Envenena nuestras comunidades y alimenta una peligrosa epidemia de
adicción que amenaza la seguridad de todos los estadounidenses”. Luego se
escucharía la presentación del almirante Faller, comandante del Comando Sur
sobre los resultados de las operaciones.
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Durante su explicación a Trump,
el almirante Faller presentó a dos miembros de su comando, procedentes de las
fuerzas militares de Colombia y Brasil. Se trata del general de brigada del
Ejército colombiano Juan Carlos Correa Consuegra quien forma parte del alto
mando del Comando Sur como Director de la Dirección J7 “Ejercicios y Asuntos de
la Coalición”. “El presidente Duque nos ha enviado lo mejor de sí y ha pagado
por ello. Así que viene aquí totalmente
pagado por Colombia y trabaja para mí. Y
es un reconocimiento de que Colombia estuvo con nosotros en la Guerra de Corea
y está con nosotros hoy” dijo Faller.
El segundo en ser presentado fue
el mayor general de la Fuerza Aérea de Brasil David Almeida Alconforado quien
es el segundo en la Dirección J5 de “Estrategia, Políticas y Planes” del
Comando Sur. “Una vez más, brasileños, pagando para que viniera aquí y
trabajara para mí para hacer una diferencia en seguridad. Brasil ha estado con nosotros desde la
Segunda Guerra Mundial y nuestra relación se está haciendo aún más fuerte”
explicaba Faller a Trump.
Por cierto, en la línea de mando
del Ejército del Sur, dependiente del Comando Sur, se encuentra otro brasileño:
el general de brigada del Ejército de Brasil Alcides Valeriano de Faria Júnior,
quien desde el año 2019 ocupa la posición de Subcomandante general del Ejército
Sur de EEUU.
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La decisión del régimen chavista
de renovar las autoridades electorales obviando a la Asamblea Nacional,
designando a chavistas y socios políticos, fue objeto de análisis en la reunión
del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrado el 13JUL20. El Alto
representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell
presentó las conclusiones de la reunión.
La nota publicada por el Servicio
Exterior de la UE, dando cuenta de las declaraciones de Borrell, anunciaba que
el Alto representante había propuesto la realización de una “reunión
ministerial del Grupo Internacional d Crisis”, lo que parecía una extraño giro
por tratarse ese de un ente privado. El Informe Otálvora consultó con el SEUE
sobre tan curiosa propuesta y recibió el 14JUL20 como respuesta: “es un error.
El texto tendría que ser "international contact group". Lo vamos a
cambiar pronto”, como en efecto ocurrió.
En definitiva, los ministros de
Exteriores, según notificó Borrel, decidieron “enviar un fuerte mensaje al
régimen de Maduro sobre su última decisión” en relación al tema electoral. Borrel
se dispone a “convocar una reunión ministerial del Grupo de contacto
internacional, junto con otros actores clave, para analizar las condiciones en
las que se celebrarán las próximas elecciones parlamentarias”.
Las autoridades electorales
designadas por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro, tras
asumir funciones el 15JUN20 procedieron rápidamente a modificar la legislación
electoral sobre los métodos de elección y la composición de la Asamblea
Nacional, así como a convocar elecciones parlamentarias para el 06DIC20. Además,
el TSJ mediante tres sentencias expropió a los tres principales partidos
opositores (AD, Primero Justicia y Voluntad Popular) reemplazando las
direcciones legítimas y designado incluso a militantes chavistas para dirigir
esos partidos. Los resultados de ese proceso electoral serán muy probablemente desconocidos
por una mayoría importante de gobiernos de América y Europa. El GCI lo integra
la UE, Alemania, España Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia, Reino
Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay.
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El 27SEP19, el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, un órgano formado por 47 gobiernos de entre los
miembros de la organización, aprobó por primera vez una completa resolución sobre
“la alarmante situación de los derechos humanos” en Venezuela. Se trató de una
gruesa derrota al chavismo en un foro que solía serle benévolo y hasta solidario.
La resolución 42/25, como se le denomina, fue aprobada con 19 votos a favor y
sólo siete gobiernos, entre ellos Cuba y China, se pronunciaron en contra. El
silencio de 21 de los miembros del Consejo abrió paso a la aprobación. Mediante
la resolución, el Consejo solicitó a la Alta Comisionada de DDHH Michelle
Bachelet, la elaboración de una serie de informe periódicos sobre la situación
en Venezuela. Para el período 44 de sesiones del Consejo programado para
junio-julio de 2020, Bachelet debía presentar un reporte con especial acento en
“la independencia del sistema judicial y el acceso a la justicia, también para
obtener reparación por las violaciones de los derechos económicos y sociales, y
a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco”
en referencia a la zona de explotación minera promovida por el régimen chavista
en la Orinoquía y Amazonía venezolanas.
Ese Informe fue presentado
durante la sesión del Consejo celebrada el 15JUL20 en Ginebra. Tras narrar numerosos
casos de violaciones de DDHH, concluye que “las víctimas de violaciones de los
derechos humanos se ven confrontadas a barreras jurídicas, políticas y
socioeconómicas para acceder a la justicia; las mujeres, en particular,
enfrentan retos específicos por motivos de género”. El reporte incorpora veintiuna
recomendaciones al gobierno de Venezuela, entre ellas conducir “investigaciones
prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las
alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de
la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la
violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de
seguridad…”.
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Durante la sesión del 15JUL20 se
produjo una secuencia de cincuenta intervenciones de representantes de
gobiernos y de ONG reconocidas por el Consejo. El exembajador venezolano Diego
Arria fue uno de los expositores de la jornada promoviendo la iniciativa de expulsar
a Maduro del Consejo. De entre los países que tomaron la palabra, el régimen
chavista recibió el apoyo sólo de Rusia, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, China,
Bielorrusia, Irán, Siria, Nicaragua, Birmania, Laos y Camboya. En apoyo al
informe de Bachellet sobre la violación de DDHH en Venezuela se pronunciaron Perú
en dos intervenciones la primera a nombre de once países miembros del Grupo de
Lima, la Unión Europea, Alemania, Francia, Ecuador, Austria, Portugal, España,
Luxemburgo, Brasil, Colombia, Croacia, R. Checa, Dinamarca, Países Bajos,
Austria, Eslovenia, Uruguay, Suiza, Georgia, Albania, Polonia, Reino Unido y
sorprendentemente Argentina.
En su intervención en nombre de Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá,
Paraguay y Perú, la embajadora peruana Silvia Elena Alfaro Espinosa afirmó que “reiteramos
nuestro rechazo a las recientes decisión del TSJ sobre el Consejo Nacional
Electoral usurpando las facultades de la Asamblea Nacional, nombrando una
autoridad electoral que no ofrece las garantías debidas para un proceso electoral
democrático tanto como las decisiones contra los principales partidos políticos
opositores”.
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Quizá la intervención que causó
mayor impacto fue la del embajador Federico Villegas, representante del
gobierno de Argentina, quien comenzó anunciando que su gobierno comparte la
“intervención conjunta pronunciada por Perú por la profunda preocupación por la
situación de los derechos humanos en Venezuela y por la grave crisis política,
económica y humanitaria que padece ese país”. Argentina, desde la llegada del
izquierdista Alberto Fernández a la Presidencia el 10DIC19, se mantiene en el
Grupo de Lima sólo nominalmente, pero ahora Villegas se adhería al
pronunciamiento presentado por Perú en nombre del grupo. Villegas afirmó que “nuestra
región está llamada a incrementar los esfuerzos para encontrar una salida
pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada
por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y
creíbles". El enviado argentino “haciendo eco de un reciente llamado de la
Alta Comisionada” pidió una “negociación política inclusiva, basada en los
derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos". Si bien
Villegas también criticó las sanciones impuestas por diversos países al régimen
chavista, su presentación levantó polvo en Buenos Aires por lo que fue entendido
como un distanciamiento con Maduro.
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Víctor Hugo Morales, comentarista
político y narrador de futbol uruguayo que opera desde Buenos Aires, empleado
del gobierno chavista por intermedio del canal de propaganda Telesur, abrió
fuegos el 16JUL20 contra Alberto Fernández por la posición de su Embajador en
la ONU. Morales, en su programa radial, acusó a Fernández de estar “de rodillas
no sólo frente a los EEUU, sino de rodillas ante Trump”. En medios políticos
bonaerenses se interpretó este ataque como un nuevo capítulo de la serie de
choques públicos que comienzan a presentarse entre el kirchnerismo y Fernández,
los cuales la vicepresidenta Cristina Kirchner pareciera estimular.
Fernández solicitó intervenir en
el programa de Morales para responder a los señalamientos. “La Argentina hizo
el planteo que siempre hace. Hubo un informe muy crítico de Michelle Bachelet
planteando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Y la Argentina
ratificó su posición de preservar los Derechos Humanos en cualquier ámbito y
cualquier gobierno" afirmó Fernández. Resaltó que su gobierno reconoce a
Maduro y relativizó la postura de su Embajador alegando que las elecciones que
Argentina reclama para Venezuela son sólo las legislativas y no pide reemplazar
a Maduro. "Yo no hablo con la oposición de Venezuela” dijo Fernández quien
confesó haber pedido a EEUU poner fin a las sanciones contra el régimen
chavista. Todo indica que el franco apoyo de la diplomacia argentina al informe
Bachelet sobre violaciones de DDHH en Venezuela obligó a Alberto Fernández a
dar explicaciones a sus enfurecidos aliados kirchneristas quienes a pesar de
ello le siguen atacando. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados
y aliado de Fernández, Sergio Massa, declaró el 16JUL20 tras conocer el informe
de Bachelett que “sin duda en Venezuela hay una dictadura que no respeta los
DDHH”…
