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| El presidente de Panamá Juan Carlos Varela y la vicepresidente y canciller Isabel Saint Malo recibieron el 22FEB18 al opositor venezolano Julio Borges. Foto: Presidencia Panamá |
Cuarenta y dos
gobiernos han establecido expresas sanciones contra altos jerarcas del régimen
chavista. La lista la componen EEUU, Canadá, los veintiocho miembros de la
Unión Europea a saber, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. Otros once
países europeos, no miembros de la Unión Europea, han asumido las medidas decididas
por la UE contra el gobierno y funcionarios chavistas: Albania, Bosnia, Georgia,
Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Noruega, Suiza y
Ucrania. El gobierno de Panamá es el más reciente en sumarse a la aplicación de
sanciones.
Nicolás Maduro figura
en las listas de sancionados por Canadá y Panamá.
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El 27MAR18 la Gaceta
Oficial de Panamá incluyó una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas
ordenando a la “Comisión contra el blanqueo de capitales” la publicación del
listado de “personas (naturales o
jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas
de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
La resolución alega que Panamá, de esta manera, cumple con compromisos
adquiridos en el marco del Grupo de Lima. En un anexo de la resolución se incluye el listado de 55 funcionarios y 13
empresas asociadas al régimen chavista a quienes se les cierra el acceso al
sistema financiero panameño. Panamá, de esta manera, se convirtió en el primer
gobierno latinoamericano en imponer sanciones expresas contra jerarcas chavistas.
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El 29MAR18 el
canciller de Guyana Carl Greenidge entregó al Secretario de la Corte
Internacional de Justicia, Philippe Couvreur, una solicitud para que esa instancia
judicial intervenga en el conflicto entre Guyana y Venezuela por la posesión de
Territorio Esequibo.
Desde 1987, bajo la
protección de la Secretaría General de la ONU, los dos gobiernos han mantenido
un fallido esquema de negociación bilateral basado en la designación de “buenos
oficiantes”. La llegada de David Granger a la presidencia de Guyana el 16MAY15,
la reactivación de concesiones petroleras otorgadas una década atrás a empresas
de EEUU, China, Canadá y Holanda entre otros, el descubrimiento de importantes
reservas petroleras en zonas marinas bajo disputa sumado a la notoria crisis y debilidad
política de Venezuela, incentivaron a que Guyana activara su campaña diplomática
para llevar el caso limítrofe a un mecanismo judicial internacional que
finiquite el diferendo.
El 30ENE18, el
Secretario General de la ONU Antonio Guterres remitió a los gobiernos de Guyana
y Venezuela una comunicación cuyo texto ha sido mantenido en secreto. Con esa
casta Guterres daba fin al trabajo del buen oficiante Dag Nylander quien desde
el 28FEB17 había estado encargado de procurar un acuerdo entre Caracas y
Georgetown sobre el mecanismo para proseguir las negociaciones por el Esequibo.
Un comunicado oficial poco explícito emitido por la ONU el 31ENE18, informó que
Guterres “llegó a la conclusión de que no se ha alcanzado un progreso
significativo para saldar la controversia por lo que se escogió a la CIJ como
el medio a ser utilizado para la resolución". Amparado en esa decisión, ahora
el gobierno de Guyana procedió a llevar el caso al tribunal internacional de La
Haya pidiéndole que ratifique un Laudo Arbitral emitido en 1899 mediante el
cual Gran Bretaña despojó a Venezuela del territorio Esequibo y de su
proyección marítima.
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Ya desde 2017, el
gobierno de Guyana trabaja para crear un equipo jurídico que adelante las acciones contra Venezuela ante la
CIJ. Al frente de la operación fue designado el reputado Sir Shridath Ramphal,
excanciller guyanés quien ejerció como Secretario de la Commonwealth por más de
quince años. La cancillería guyanesa contrató al afamado jurista Paul S. Reichler
del bufete estadounidense Foley Hoag LLP que ya actuó antes en el conflicto de
límites marítimos de Guyana con Suriname y ahora encabeza el equipo de apoyo
jurídico contra Venezuela. El 21ENE18, la cancillería guyanesa anunció que
había reservado un presupuesto de US$ 15 millones para gastos legales del
proceso contra Venezuela. El gobierno guyanés cuenta con una donación de US$ 18
millones recibidos de la empresa ExxonMobil beneficiaria de las concesiones
petroleras entregadas por Guyana en áreas marinas disputadas por Venezuela.
El abogado Reichler ha
intervenido en sonados casos internacionales como la demanda del gobierno sandinista
contra EEUU en los años ochenta. Entre otros casos de disputas binacionales
recientes, Reichler representó a Uruguay en el pleito contra el gobierno
kirchnerista por la construcción de una planta papelera a orillas del rio
Uruguay. Igualmente formó parte del equipo de juristas de Nicaragua contra
Colombia en el proceso por límites marítimos ante la Corte Internacional de
Justicia. Reichler, como parte de Foley Hoag LLP, ha representado al gobierno
chavista en diversos procesos judiciales en EEUU, algunos de ellos relacionados
con demandas por pago de expropiaciones.
La cancillería
guyanesa igualmente cuenta con el asesoramiento del abogado iraní-canadiense Payam
Ahkavan quien actualmente forma parte del equipo de Bolivia en su demanda
contra Chile. Ahkavan acompañó al canciller guyanés el 29MAR18 en la entrega
del recurso contra Venezuela en la CIJ.
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Según diversas
fuentes, la cancillería chavista no cuenta con un equipo de trabajo dedicado al
tema Guyana y a los preparativos ante una inminente demanda por parte del
gobierno guyanés. A principios del 2017, la cancillería venezolana en manos de
Delsy Rodríguez, habría consultado al abogado español Antonio Remiro Bretons
pero no contrató expertos extranjeros. En medios judiciales internacionales
corre la versión según la cual los asesores jurídicos de Rodriguez habrían sido
abogados penalistas venezolanos, sus antiguos compañeros en el Instituto de
Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, sin obra conocida en
temas de derecho internacional y litigios limítrofes. Antonio Remiro Bretons es
el autor principal de la actual demanda interpuesta por el gobierno de Evo
Morales contra Chile en la CIJ sobre el tema de los límites entre los dos
países. Igualmente ha representado a los gobiernos de Cristina Kirchner y Daniel
Ortega en procesos ante la CIJ incluyendo la disputa limítrofe de Nicaragua
contra Colombia.
Emilio Figueredo,
experto venezolano en el tema del diferendo con Guyana, tuiteó el 29MAR18: “Lo
del Esequibo se venía venir desde el momento en que Delcy insistió en mantener
los buenos oficios en vez de haber solicitado otro de los mecanismos previstos
en el art 33 de la Carta de la ONU, lo que hubiera podido evitar, por un
tiempo, la Corte y prepararnos para ella”. Pero, a juicio de la comunidad de académicos
venezolanos conocedores del tema limítrofe, las purgas políticas que el
chavismo realizó en la cancillería barrieron con los expertos en derecho
internacional con que contaba la diplomacia venezolana.
El 30MAR18, la
cancillería chavista informó que dos días antes invitó a Guyana
para “reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una
solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial”, descartando
la decisión del Secretario General de la ONU sobre el arreglo por la vía
judicial. Salvo alegar las tesis oficiales históricas venezolanas sobre no
reconocer la jurisdicción de la CIJ en el tema limítrofe y optar por la
negociación bilateral, el gobierno chavista se muestra poco interesado en hacerse
cargo de una realidad: el caso de la propiedad del Territorio Esequibo ya llegó
a una instancia judicial internacional y ameritará que Venezuela se haga
presente como parte en la disputa. La crisis política venezolana ha creado las
condiciones propicias para que Guyana intente resolver a su favor la vieja
disputa territorial.
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Tal como lo adelantara
el Informe Otálvora del 24MAR18, el nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra,
ratificó la no invitación a Nicolás Maduro y a su gobierno, para la Cumbre de
las Américas que deberá tener lugar en Lima el 13-14ABR18. En tanto, desde La
Habana se coordina la realización de una anticumbre de los pueblos y la
participación de una masiva representación castrochavista en los foros
oficiales de actores sociales, sociedad civil, jóvenes e indígenas organizados
como parte de la Cumbre de las Américas.
