Argentina candidata a sanciones de EEUU por negocios con Venezuela

Informe Otálvora del 08 de junio de 2025

Javier Milei en una reunión informal con Donald Trump el 22FEB25 en Oxon Hill, Maryland, EEUU. Foto: Presidencia de Argentina

Los migrantes cubanos están reemplazando a los venezolanos en el flujo hacia Brasil. La conclusión procede de reportes presentados en la más reciente reunión del grupo académico del denominado “Proceso de Quito” realizada el 02JUN25. Los registros oficiales señalan que el número de cubanos que se presentan en la frontera norte de Brasil alcanzó a más de mil solicitantes de refugio en los últimos tres meses. Mientras el número de venezolanos que llegan a Brasil estaría disminuyendo, la cantidad de cubanos se incrementa notablemente.

La travesía de los cubanos hacia Brasil se está registrando desde hace varios años utilizando a Guyana como puente. Cifras recientes procedentes de Uruguay indican que la llegada de cubanos, que utilizan Brasil como país de tránsito, se estaría nuevamente incrementando.

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Todo indica que EEUU emitió una nueva licencia, esta vez de carácter privado o secreta, para normar la presencia de la petrolera Chevron en Venezuela.

Al respecto el Departamento de Estado, consultado para este Informe Otálvora, se ha limitado a confirmar que “la licencia general de Chevron se terminó”, explicando que “esta terminación se ejecuta según la directiva del Presidente y corta los salvavidas financieros para un régimen que ha robado sistemáticamente las elecciones, ha saqueado a su pueblo y se ha confabulado con nuestros enemigos.  Trabajaremos para negar cualquier financiamiento que el régimen de Maduro utilice para oprimir al pueblo venezolano”. Sobre las nuevas reglas para la presencia de Chevron en Venezuela, la respuesta del vocero del Departamento de Estado ha sido: “le remitimos a la OFAC para cualquier otra información”.

Por su parte el Departamento del Tesoro del cual depende la OFAC mantiene absoluto silencio sobre los alcances de esa nueva licencia.

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Chevron, como toda empresa estadounidense o con presencia en EEUU, so pena de recibir puniciones, tiene prohibido mantener negocios con la estatal venezolana PDVSA, así como realizar operaciones cambiarias con el Banco Central de Venezuela, entre otras limitaciones. Desde que el primer gobierno Trump estableciera estas sanciones el 24AGO17, la empresa Chevron había logrado mantener su presencia en Venezuela bajo una secuela de licencias que le permitieron primero mantener abiertas sus oficinas sin operaciones de campo, luego el gobierno Biden la autorizó a mantener contactos con el régimen para discutir eventuales futuros negocios y después, el 26NOV22, fue autorizada a participar en operaciones de producción de crudo el cual debería ser exportado a EEUU.

Según reiteradamente aseguraron funcionarios estadounidenses en aquel entonces, la licencia del año 2022 no permitía que Chevron pagara al régimen por la venta de crudo y los beneficios serían sólo para cubrir una deuda mantenida por Pdvsa con la estadounidense. Pero en realidad de su alianza con Chevron el régimen si recibía diversos conceptos tributarios y empresariales con conocimiento y consentimiento del gobierno Biden. Según confesara en declaraciones del 06ABR25 a un portal denominado “Guacamaya”,  el entonces asesor de la Casa Blanca y negociador con el régimen Juan Sebastián González dijo que Chevron utilizó una licencia general y por lo tanto pública, la LG35 del 05AGO19, para justificar el pago de impuestos y regalías al régimen. Queriendo desmentir que él y el equipo de Biden había negociado un acuerdo secreto con Maduro y Chevron, González develó la fórmula mediante la cual Chevron había evadido las sanciones al régimen mediante un artilugio dudosamente legal.

El 27MAY25 fue la fecha final para que Chevron ejecutara operaciones de producción de crudo en Venezuela y de exportación a EEUU. Pero la empresa tiene varios roles en Venezuela. Es socia propietaria de empresas petroleras en sociedad con la estatal Pdvsa, simultáneamente ha actuado como operadora en campo asignados a esas mismas empresas, además de ser exportadora de crudo. Las operaciones en campo y de exportación de Chevron cesaron, pero su condición de copropietaria, que recibe utilidades y realiza inversiones, quedó en un limbo. Según Reuters en cable del 28MAY25, la petrolera “delegó la gobernanza de su empresa conjunta a su socio”, es decir, la estadounidense “delegó” en el régimen chavista la gerencia de las empresas en las cuales son socios.

Chevron, en tanto empresa, mantiene su presencia en Venezuela. Sus contratos como operadora de los campos habrían sido finalizados. Los términos consentidos por EEUU para la permanencia de Chevron en Venezuela son un misterio.

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Según reportó la agencia Bloomberg el 05JUN25, el régimen chavista habría suscrito contratos con empresas petroleras chinas para la producción en campos distintos a los asignados a Chevron. Igualmente se menciona a una empresa de ingeniería argentina, Aldyl Argentina, que habría suscrito nuevos acuerdos con la estatal Pdvsa. Como es usual, la parte de la inversión correspondiente a Venezuela será pagada a los contratistas con crudo que será exportado.

Donald Trump emitió el 24MAR25 una Orden Ejecutiva en la cual amenazó con imponer un arancel de 25% a todos los productos procedentes de países que importen, directa o indirectamente, crudo o productos derivados del petróleo “extraídos, refinados o exportados desde Venezuela”. La imposición e implementación del arancel suplementario fue delegada en el secretario de Estado Marco Rubio y entró en vigencia el 02ABR25.

Hasta le facha Rubio no ha tomado medidas en relación a países con empresas que están realizando negocios con el régimen venezolano. La empresa argentina Aldyl Argentina ha mantenido negocios con el régimen desde por lo menos el año 2023 cuando fue designada para la explotación del campo Morichal Pesado que forma parte del “bloque Carabobo” de la Faja Petrolera del Orinoco. Según la orden de Trump, de resultar cierta la presencia en Venezuela de la empresa Aldyl Argentina todas las exportaciones de ese país hacia EEUU podrían comenzar a ser pechadas con 25% adicional de aranceles.

 

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El gobierno de EEUU mantiene a Brasil fuera de sus prioridades de política hacia el Continente mientras amenaza con imponer sanciones a miembros del máximo tribunal brasileño.

Mauro Vieira, el ministro de Exteriores del gobierno de Lula da Silva, confirmó que no ha logrado una comunicación directa con el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio. La declaración fue hecha durante una comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la cámara de Diputados, el 28MAY25. Vieira relató que, al conocerse la designación de Rubio, le había remitido una carta en la cual el brasileño se ponía a disposición del nuevo secretario estadounidense. La carta “fue recibida en el despacho de Rubio” pero “después de eso no tuvimos contacto con él porque no respondió ni me llamó”.

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El nuevo anuncio del gobierno de EEUU llevando a 50% los aranceles a las importaciones de acero impacta directamente en el comercio estadounidense con tres países del Continente. EEUU importa el 26 por ciento de su consumo de acero.

Canadá, Brasil y México son los principales proveedores de acero para el mercado de EEUU. Según cifras oficiales del US Census Bureau, durante el año 2024 el 57 por ciento de las compras de EEUU procedían de esos tres países. Las ventas de acero combinadas de Canadá y México a EEUU, los tres socios del T-MEC, representaron el 40% de las compras estadounidenses.

Brasil que representaría el 17% del total de las compras de acero, es el proveedor del 60 por ciento de acero semi-acabado importado para uso de la industria estadounidense. Los nuevos aranceles entraron en vigencia el 04JUN25 y significaron que el nivel de los aranceles se duplicara ya que habían sido elevados a 25 por ciento el 12MAR25 para lo cual el gobierno de EEUU ha alegado “motivos de seguridad nacional”.

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EEUU endurece sanciones a Maduro y Putin lo invita a Moscú

Informe Otálvora del 13 de abril de 2025

El canciller ruso Serguéi Lavrov reunido el 12ABR25 con el canciller de Maduro, Yván Gil, en Antalya, Turquía. Foto: Min Exteriores de Rusia.

Como un “expansionismo no imperialista” calificó Mauricio Claver-Carone la orientación diplomática del gobierno de Donald Trump hacia Latinoamérica. El comentario fue hecho por el Enviado Especial del Departamento de Estado para Latinoamérica, en declaraciones publicadas el 12FEB25 en “Político”. Claver-Carone es uno de los principales operadores actuales de EEUU hacia la región.

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La salida de EEUU de la Base de Manta en Ecuador en 2009 había dejado a las fuerzas militares estadounidenses sin una plataforma terrestre en la región. Ahora,  EEUU habría obtenido vía libre para la instalación de unidades militares en territorio panameño, mediante la firma de un “memorando” entre el ministro de Seguridad Pública de Panamá y el secretario de Defensa de EEUU. El texto fue suscrito el 09ABR25 por Frank Alexis Ábrego y Peter Hegseth bajo el título de “memorando de entendimiento (…) relativo a las actividades cooperativas en materia de seguridad en Panamá”.  

El memorando señala que “el personal de los EEUU y los contratistas de los EEUU (…) podrán utilizar las ubicaciones autorizadas, las instalaciones y áreas designadas para impartir entrenamiento, realizar actividades humanitarias, llevar a cabo ejercicios, visitas, almacenar o instalar propiedad de EEUU y cualesquiera actividades de otro tipo, conforme lo establezcan” los firmantes.

Por “propiedad de EEUU” el documento entiende “equipos de defensa y seguridad, propiedad, insumos y material reubicables (…) en particular, vehículos, embarcaciones y aeronaves operadas por o para EEUU” y que “han de permanecer bajo control de EEUU conforme a las reglas y procedimientos del Departamento de Defensa”.

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En el complejo interior del gobierno Trump pareciera que la política hacia Venezuela comenzó a decantarse hacia el esquema de endurecer el cerco financiero al régimen. La línea encabezada por Marco Rubio pareciera haberse impuesto, al menos por ahora, sobre la línea defendido por sectores MAGA que preferían un esquema de no procurar un cambio de régimen y de reconocimiento del gobierno de facto de Maduro.

Sin que el aparato de gobierno estuviera preparado para ejecutar la medida, el 26FEB25 Trump anunció que podría fin, a partir del 01MAR25, a la licencia LG41 del 26NOV22 que permitía a la petrolera estadounidense Chevron explotar y exportar crudo desde Venezuela en su condición de socia de la estatal Pdvsa.

El 04MAR25 el Departamento de Tesoro emitió una licencia general (denominada LG41A) mediante la cual dejaba sin efecto la licencia previa y concedía a Chevron hasta el 03ABR25 para cerrar todas sus operaciones en Venezuela. El 24MAR25, fue publicada una nueva versión de la licencia, ahora llamada LG41B, concediendo a Chevron un plazo mayor, hasta el 21MAY25, durante el cual debe realizar las acciones necesarias para cesar sus operaciones. De forma taxativa, la nueva licencia emitida por el gobierno Trump reiteraba las limitaciones impuestas en 2022 por el gobierno Biden, prohibiendo el pago de impuestos y regalías al “gobierno de Venezuela” (sic) y el pago de dividendos a Pdvsa. Este es un tema singular porque si bien en 2022 el gobierno de EEUU expresó reiteradamente que la licencia “impide que PDVSA obtenga un lucro de las ventas petroleras de Chevron”, en la práctica el mecanismo se convirtió en una fuente de ingresos para el régimen.

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El gobierno Trump optó por reforzar el esquema de sanciones a Maduro, probablemente ante la evidencia que el régimen chavista había logrado evadirlas en los últimos años, bajando precios, utilizando mecanismos no formales de comercialización, utilizando la llamada “flota oscura”, apalancado por sus socios extranjeros especialmente China, Rusia e Irán. Trump decidió utilizar su herramienta multiuso de aumento de tasa arancelarias como castigo. Invocando la Orden Ejecutiva emitida por Barack Obama el 08MAR15 y alegando que Maduro “ayudó y facilitó” la llegada de pandilleros a EEUU, Trump emitió el 24MAR25 una Orden Ejecutiva en la cual amenazó con imponer un arancel de 25% a todos los productos procedentes de países que importen, directa o indirectamente, crudo o productos derivados del petróleo “extraídos, refinados o exportados desde Venezuela”. La imposición del arancel suplementario fue delegada en el secretario de Estado Marco Rubio y entró en vigencia el 02ABR25. De esta manera el gobierno de EEUU colocó la aplicación de sus sanciones petroleras al régimen en manos de gobiernos extranjeros que deberán prohibir a sus empresas importar crudo desde Venezuela para así evitar nuevas penalizaciones de todo su comercio hacia EEUU.

Las primeras reacciones del mercado fueron de paralización de las compras de crudo venezolano, sin embargo, la agencia Reuters reportaba el 09ABR25 que se habría reactivado la salida de tanqueros desde puerto venezolano. Hasta la fecha Rubio no ha hecho uso de sus facultades para imponer sanciones a propósito de las compras de crudo al régimen chavista.

Por cierto. El 11ABR25 se hizo público que el régimen venezolano había prohibido el zarpe de varios cargueros petroleros ya cargados, contratados por Chevron para llevar crudo a EEUU. La petrolera venezolana ordenó que Chevron retornara el crudo ya embarcado. Varios buques petroleros que esperaban puerto habrían recibido órdenes de Chevron para abandonar aguas venezolanas. El 12ABR25 la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, confirmó la información. Alegó que las condiciones establecidas por el gobierno de EEUU a Chevron le impedían el pago al régimen de los cargamentos de crudo. Rodríguez dejaba así al descubierto que, efectivamente, los términos de la licencia pública emitida en 2022 a favor de Chevron había sido sistemáticamente violada en cuanto a la prohibición de pagos a Pdvsa.

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Aparte de la licencia general que permitía a Chevron operar en Venezuela, EEUU ha estado notificando a beneficiarios de otras licencias específicas no públicas, el fin de su vigencia. Hasta la fecha ha trascendido que fueron revocadas las licencias que favorecían a la española Repsol, la india Reliance Industries, la francesa Maurel&Prom y la italiana ENI. Igualmente, el gobierno de Trinidad & Tobago fue notificado del retiro de la licencia que permitiría la ejecución de un plan de explotación de gas offshore en aguas venezolanas que involucraba a las empresas Shell, BP y a la Trinidad's National Gas Company.

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La aplicación del renovado paquete de sanciones estadounidenses a la dictadura chavista tuvo como reacción la reiteración del apoyo ruso. El 14MAR25, Putin y Maduro sostuvieron una video conferencia, con motivo de los ochenta años de relaciones diplomáticas Venezuela-Rusia, cuyo contenido fue divulgado por el Kremlin. Putin afirmó que las relaciones “han alcanzado el nivel de asociación estratégica” e informó que “el Tratado de Asociación y Cooperación Estratégica entre nuestros países ha sido plenamente acordado. Este creará una base sólida para la expansión de nuestros vínculos multifacéticos a largo plazo. Podría firmarse durante su visita a Rusia en cualquier momento que le convenga”. Putin asomó la fecha del 09MAY25 cuando en Moscú se realizarán actos de celebración por el 80 aniversario de la rendición de la Alemania nazi, a los cuales Maduro está invitado. Maduro ya estuvo presente en las celebraciones del 70 aniversario el 09MAY15: la alianza entre Putin y la dictadura venezolana no es un asunto reciente y desde 2013 se habrían realizado, por lo menos, diez reuniones entre el presidente ruso y Maduro.

A propósito del “Foro Diplomático de Antalya”, el 12ABR25 coincidieron en Turquía el ministro de exteriores ruso Serguéi Lavrov y su homólogo chavista Iván Gil. “Hoy tenemos una magnífica posibilidad para comprobar cómo transcurre la preparación para la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Apreciamos que vaya a acompañarnos en el Día de la Victoria”, dijo Lavrov en lo que pareció una inusual anticipación del viaje de Maduro a Rusia.

Por cierto. Maduro no asistió ni envió a su vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, a la más reciente reunión presidencial de la CELAC, celebrada en Tegucigalpa. Se trataba de una cita importante para la izquierda continental en la cual se congregaron Lula da Silva, Miguel Díaz-Canel, Claudia Sheinbaum entre otros. La corta distancia de sesenta kilómetros entre la sede del evento y la más cercana Fuerza de Tarea Conjunta de EEUU seguramente hizo que el dictador venezolano, sobre quien pesa una recompensa de US$ 25 millones, ni siquiera considerara viajar a Honduras.

 

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En un artículo que circuló el 14MAR25, Lavrov se refirió a los distintos niveles de la “cooperación” rusa con el régimen venezolano. Dijo que “estamos resolviendo sistemáticamente las tareas logísticas en las nuevas realidades geoeconómicas”. Lavrov se refirió a los esquemas mediante los cuales Maduro habría evadido las sanciones externas con apoyo ruso: “En los últimos años se ha conseguido avanzar significativamente en el establecimiento de una cooperación complementaria frente a las sanciones occidentales. Además, las restricciones unilaterales contra Rusia y Venezuela han acercado a nuestros países, y nuestras economías nacionales han desarrollado una inmunidad de por vida frente a ellas” alardeó el canciller ruso quien especificó que “se están ajustando mecanismos financieros alternativos a través de la correspondencia interbancaria y los bancos centrales”.

En su artículo Lavrov no dejó de mencionar los aspectos bélicos: “uno de los pilares de apoyo en el marco de los vínculos bilaterales es la cooperación militar y técnico militar, que se está fortaleciendo a través de ejercicios conjuntos, visitas de buques rusos a puertos venezolanos y el mantenimiento de la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas venezolanas”.

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EEUU pasa a modo “privado” sanciones a régimen chavista

Informe Otálvora del 28 de abril de 2024

Antony Blinken el 13OCT23 recibido en Doha por el emir Tamim bin Hamad Al Thani anfitrión de negociaciones con Nicolás Maduro. Foto: Departamento de Estado EEUU.

EEUU optó por manejar bajo un manto de virtual secreto su nuevo esquema de sanciones al régimen chavista. Los intereses petroleros estadounidenses y la ilusión creada a raíz de que el régimen permitiera la candidatura de Edmundo González para unas hipotéticas elecciones competitivas el 28JUL24, lograron frenar el retorno real de las sanciones. A cambio EEUU ha puesto sobre la mesa un mecanismo discrecional para la aprobación de operaciones petroleras en Venezuela.

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 El 17ABR24 la Casa Blanca realizó una rueda de prensa telefónica en la cual participaron tres funcionarios de alto nivel (seniors), con su nombre bajo reserva, quienes expusieron las consideraciones del gobierno de EEUU sobre un nuevo esquema para las sanciones que mantiene sobre empresas estatales venezolanas controladas por el régimen chavista. Al día siguiente vencía una licencia genérica LG 44 mediante la cual EEUU había suspendido por seis meses las sanciones a los negocios con petróleo y gas. La LG 44 fue el premio pagado por EEUU el 18OCT23, como parte de las negociaciones con el régimen chavista, a cambio de la suscripción del llamado “Acuerdo de Barbados” firmado por el chavismo y representantes de la oposición y que orienta sobre un “cronograma electoral”. A los participantes en la rueda de prensa les hicieron llegar, con la advertencia de embargo por varias horas, copia del comunicado que el Departamento del Tesoro emitiría esa misma tarde. “La Licencia General 44 no se renovará y, en su lugar, emitiremos la Licencia General 44A, autorizando un período de liquidación de 45 días para transacciones relacionadas con petróleo y operaciones del sector gasífero en Venezuela” fue el anuncio central. Uno de los voceros explicó las razones de lo que aparentemente era el regreso a las sanciones petroleras: “durante los últimos meses y semanas, hemos completado una revisión muy cuidadosa y hemos determinado que, si bien las autoridades venezolanas han cumplido algunos compromisos clave, también se han quedado cortas en varias áreas (…) [que] “incluyen la descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos y lo que vemos como un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil”.

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Los voceros del gobierno de EEUU en la rueda de prensa del 17ABR24 desde la Casa Blanca informaron que la decisión sobre la licencia general no significaba el fin de las negociaciones con el régimen chavista en tanto la Casa Blanca aún cree posible que en Venezuela se produzca una “elección competitiva” en 2024. “Nuestra acción sobre GL 44 no debe verse como una decisión final de que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas. Continuaremos interactuando con todas las partes interesadas, incluidos los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional”. Agregaron que “estamos en contacto regular con representantes de la oposición y quiero resaltar que está bastante claro que ellos todavía quieren y están haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr una elección competitiva con un candidato de oposición serio en las elecciones de 2024”, con lo cual adelantaba lo que ocurriría dos días después cuando en Caracas las distintas fuerzas opositoras acordaron centrarse en el embajador Edmundo González Urrutia como un candidato unitario.

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La licencia 44 permitía que personas o empresas con asiento en EEUU realizaran negocios en petróleo y gas con el régimen chavista. La licencia que la reemplazó, la 44 A estableció un lapso hasta el 31MAY24 para cerrar cualquier negocio que hubiese estado amparado por la licencia 44, aunque dejó abierta la posibilidad para que el Departamento de Tesoro alargue operaciones de empresas específicas más allá de esa fecha.  

La decisión de dejar sin efecto la licencia 44 no significó en realidad un retorno a la política de sanciones duras. La principal vía para el alivio a las sanciones, lo ha logrado el régimen chavista mediante la licencia LG 41 del 26NOV22 que permite a la petrolera estadounidense Chevron, explotar yacimientos, exportar crudo hacia EEUU, llevar insumos a Venezuela incluyendo diluyentes y pagar en divisas al régimen chavista y, la licencia 8M del 16NOV23 que permite a cuatro empresas de ingeniería petrolera operar en Venezuela. Estas licencias siguen vigentes, por lo menos hasta mediados del mes de julio, tras la muerte de la licencia 44. En la rueda de prensa del 17ABR24, uno de los voceros oficiales admitió que la licencia a favor de Chevron fue emitida en el año 2022 como un “compromiso inicial” con el régimen chavista para retomar las negociaciones.

Las licencias específicas autorizadas por EEUU a favor del gobierno de Trinidad & Tobago, y a las empresas Shell, Repsol, Maurel & Prom y ENI siguen vigentes incluyendo las referidas a explotación de gas en áreas marinas venezolanas para su procesamiento en Trinidad. La licencia a favor de Shell y el gobierno de T&T, contemplando el pago en divisas a PDVSA, fue objeto expreso de las negociaciones entre EEUU y el régimen chavista.

El Departamento el Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, informó el 17ABR24 que “para las personas que deseen realizar transacciones y actividades previamente autorizadas por la GL 44, la OFAC considerará las solicitudes de licencias específicas caso por caso”, pero uno de los voceros en la rueda de prensa de ese mismo día desde la Casa Blanca fue más explícito: “tenemos dos tipos de licencias que otorgamos. Algunas son licencias generales. Esas son públicas. Pero también permitimos que partes individuales con sus particularidades lo soliciten y las evaluamos caso por caso para obtener licencias específicas. Y esos son no públicos y están protegidos por la ley, en lo que respecta a discutir los detalles de ellos, aunque cualquier parte que lo presente puede revelarlo”.

Compradores de crudo distintos a Chevron tendrán que recurrir a la OFAC para licencias individuales o, como en el caso de empresas de China, retomar el esquema de compras de crudo venezolano en condiciones de mercado negro y con altos descuentos en el precio.

La política de licencias como mecanismo para administrar las sanciones al régimen chavista pasan a la condición de “privada”, lo que a su vez deja ver que por ahora el gobierno de EEUU no pretende cerrar el flujo petrolero venezolano hacia el exterior. En paralelo, la diplomacia de EEUU ha estado apelando a gobiernos izquierdistas de la región para tratar de influir en la conducta del régimen chavista ante las votaciones convocadas para el 28JUL24, a la vez que intenta retomar el cumplimiento de un acuerdo sobre repatriación de venezolanos desde EEUU hacia Venezuela.   

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Según la Casa Blanca en declaraciones del 20DIC23, “la visita del Asesor Principal Adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer, a Bogotá [22ABR23] para una reunión organizada por la comunidad internacional sobre Venezuela, que fue organizada por Colombia, sentó las bases para las negociaciones directas entre EEUU y los representantes de Nicolás Maduro”. Finer ha estado jugando un papel relevante en esas negociaciones dirigiéndolas en tiempo real desde Washington.

Tras la decisión del gobierno de EEUU dejando sin efecto la licencia 44, el negociador del régimen, Jorge Rodríguez, emitió el 18ABR24 una larga declaración narrando detalles de sus negociaciones con los enviados estadounidenses. La versión de Rodríguez coincide con otras fuentes y no ha sido desmentida por voceros de EEUU. Las negociaciones habrían comenzado el 07MAY23 en Doha, la capital de Catar, bajo los auspicios del emir Tamim bin Hamad Al-Thani y acompañadas por el ministro de Estado Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi quien actuó como facilitador. El facilitador catarí visitó Caracas el 18DIC23.

Los representantes de EEUU estuvieron encabezados por el entonces asesor presidencial de la Casa Blanca Juan González y el embajador Brian Nichols sub secretario de Estado del hemisferio occidental en el Departamento de Estado. Las sedes de las reuniones se alternaron entre Doha y la ciudad italiana de Milán. Además del primer encuentro en mayo, en los siguientes meses se realizaron cuatro rondas de negociaciones con periodicidad mensual, varias reuniones vía teleconferencia hasta que el 28SEP23 habrían sido firmados dos instrumentos: uno referido a los vuelos desde EEUU para la repatriación de venezolanos y un segundo que contemplaría el listado de acciones que tomaría la dictadura (firma de un acuerdo político con la oposición que ahora se denomina Acuerdo de Barbados, un mecanismo para evaluar a los candidatos opositores inhabilitados, anuncio de fecha para elecciones en el segundo semestre del año, invitaciones a observadores electorales internacionales) y las medidas que EEUU iría realizando para desmontar las sanciones como recompensa. Los acuerdos habrían sido suscritos por el embajador estadounidense Brian Nichols y por el negociador de la dictadura Jorge Rodríguez. La lista de encuentros incluye dos reuniones adicionales en Ciudad de México, durante el mes de marzo del 2024, cuando ya era inminente que EEUU no levantaría las sanciones y reemplazaría la Licencia 44 por un mecanismo discrecional y privado. Estas reuniones en la capital mexicana fueron confirmadas al Informe Otálvora por la Casa Blanca. A los efectos de la dictadura, el gobierno de EEUU violó lo pactado en Catar y asegura que la candidatura de María Corina Machado no fue autorizada por tratarse de una “traidora a la patria”. Según Jorge Rodríguez, EEUU se habría comprometido a dejar sin efecto “todas las sanciones” una vez que las autoridades electorales del régimen anunciaran la fecha de las elecciones presidenciales. A los efectos de EEUU, las negociaciones no están cerradas y la Casa Blanca hace seguimiento a la situación de Venezuela en espera de unas elecciones “competitivas”.   

Lo pactado por Nichols y Juan González con Jorge Rodríguez no satisfizo a altos niveles del Departamento de Estado razón por la cual a nombre del secretario de Estado Antony Blinken, el Departamento de Estado emitió el 18OCT23 un virtual adendum a lo pactado en Catar. En el comunicado de Blinken se especificaba y, el texto curiosamente estaba subrayado, que EEUU esperaba “la reinstalación acelerada de todos los candidatos”.

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El candidato de la unidad opositora venezolana, Edmundo González Urrutia, dejó abierta como una posibilidad, en declaraciones del 27ABR24, su renuncia al cargo presidencial una vez obtenga la victoria electoral el 28JUL24. La situación podría ser análoga al gobierno argentino de Héctor Cámpora quien permaneció menos de dos meses en la Presidencia, renunciando al cargo para así forzar la realización de nuevas elecciones en las cuales pudo participar y ganar su jefe político Juan Domingo Perón quien había sido inhabilitado en las elecciones.

González Urrutia aceptó ser candidato de la unidad condicionado a un apoyo total de la alianza denominada Plataforma Unitaria Democrática y de la líder María Corina Machado que no forma parte de la PUD. El candidato ha informado que no hará campaña electoral de calle la cual estará en manos de Machado y de los liderazgos opositores regionales. En diversas declaraciones, el candidato ha reiterado que la líder del proceso es MCM y que una victoria el 28JUL24 será de ella. La candidatura de González Urrutia ha sido la solución táctica encontrada por MCM para burlar al régimen e intentar continuar con su esquema de la ventana abierta para desalojar al chavismo del poder mediante una vía electoral.  

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Contactos directos con el canciller de Colombia Luis Gilberto Murillo ha mantenido González Urrutia luego de su designación como candidato unitario. Consultado por el Informe Otálvora sobre sus contactos con gobiernos extranjeros, EGU afirmó que ha tenido comunicaciones con “varios gobiernos latinoamericanos a través de sus representantes diplomáticos aquí en Caracas”. Entre esos gobiernos se encuentra el de Brasil.

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Luis Gilberto Murillo, quien es embajador de Colombia en Washington, está ejerciendo como ministro de Exteriores de Colombia desde enero llenando la ausencia del titular Álvaro Leyva quien está suspendido del cargo investigado por corrupción. Murillo ha estado muy activo desde Washington y ahora desde Bogotá en el “tema Venezuela”. En enero sirvió de anfitrión en la residencia del embajador colombiano en Washington para que los negociadores por EEUU con la dictadura chavista expusieran a un grupo de diplomáticos latinoamericanos la situación con Venezuela. Ya en el cargo de encargado de la Cancillería, Murillo ha mantenido contacto directo tanto con altos jerarcas del régimen como el liderazgo opositor incluyendo a MCM, actuando como virtual facilitador.

El 23ABR24, la Procuraduría colombiana extendió por tres meses más la suspensión de Leyva, lo que hace muy remoto su regreso al cargo de ministro de Exteriores. Luis Gilberto Murillo podría convertirse entonces en el primer colombiano de color en ejercer como jefe de la diplomacia de su país.

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Este Informe no utiliza herramientas de Inteligencia Artificial en su redacción.

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EEUU confirma nueva reunión con enviados de Maduro

Informe Otálvora del 13 de abril de 2024

Daniel Erikson posa con Joe Biden en la Casa Blanca el 12ABR24. Foto: Cuenta de Erikson en Linkedin

El portaviones estadounidense USS George Washington, adscrito actualmente al Comando Sur, estará visitando puertos de Brasil, Chile y Perú en los próximos meses en los cuales realizará maniobras navales con países de la región. A bordo del portaviones, durante su travesía por aguas suramericanas, se encontrarán oficiales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Trinidad y Tobago participando en tareas de planificación operativa.

El USS George Washington está en camino a Japón para reemplazar al USS Ronald Reagan (CVN-76).

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Enviados del gobierno de EEUU sostuvieron el 09ABR24 una reunión con representantes de Nicolás Maduro según confirmó la Casa Blanca al Informe Otálvora. “Podemos confirmar que se produjo una reunión.  El propósito era expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela.  No tengo más detalles” fue la respuesta remitida el 12ABR24 por “un vocero del Consejo de Seguridad Nacional” para este Informe.

La reunión realizada en Ciudad de México fue la continuación del proceso de negociaciones retomadas entre el gobierno Biden y la dictadura venezolana desde abril del 2023 adelantadas bajo la protección de Catar. Fuentes del gobierno de EEUU han dejado saber que, durante las reuniones con los enviados de Maduro, los negociadores recibían instrucciones en tiempo real desde Washington emitidas por Jon Finer el segundo a bordo en el Consejo de Seguridad. De esas negociaciones emanó una serie de acuerdos en asuntos como la liberación de estadounidenses secuestrados en cárceles venezolanas, celebración de elecciones presidenciales en 2024, firma de un acuerdo con la oposición sobre una “ruta electoral” (el llamado “Acuerdo de Barbados”), acuerdo para deportación de venezolanos por vía aérea desde EEUU a Venezuela, todo ello a cambio de una reducción progresiva de las sanciones petroleras, gasíferas y auríferas, liberación del operador financiero del régimen Alex Saab, entre lo que se ha podido dejar saber. Estas negociaciones se producen en el muy sui géneris esquema según el cual EEUU no reconoce al régimen de Maduro como un gobierno legítimo.

El régimen afirma que en Catar acordó con EEUU un “cronograma de levantamiento de sanciones”, lo cual parece corresponderse con las afirmaciones reiteradamente hechas por Juan González, el colombo-estadounidense que actuó como uno de los negociadores y quien entonces era el encargado del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad. Las negociaciones materializaron la llamada “política de incentivos” diseñada y operada desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que trabajó bajo el dudoso supuesto que la dictadura venezolana respondería aceptando una ruta electoral democrática a cambio de sanciones económicas menos rígidas. La “política de incentivos” se desarrolló con el telón de fondo de las presiones de poderosas e influyentes empresas petroleras estadounidenses en procura del fin de las sanciones al régimen venezolano.

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La reunión del 09ABR24 en México confirmó que la definición y la puesta en el terreno de la política de EEUU hacia Venezuela sigue en manos directas de la Casa Blanca dejando al Departamento de Estado en un papel de apoyo. La delegación estadounidense habría estado encabezada por Daniel Erikson quien reemplazó a Juan González el 15MAR24 y se inauguró en sus actividades ante Venezuela reuniéndose con Jorge Rodríguez, el negociador de Maduro ante EEUU.

Erikson forma parte de una generación de operadores de política exterior que actuaron durante el gobierno de Barack Obama y Joe Biden (con especial actuación en el tema del restablecimiento de relaciones con Cuba) y que se reagruparon para apoyar la postulación, producir la oferta electoral de política exterior y participar en el actual gobierno Biden. Erikson, quien al principio del gobierno Biden se mencionaba en Washington como un seguro miembro del staff de la Casa Blanca, fue enviado al Pentágono para ejercer como Subsecretario Adjunto de Defensa para el hemisferio occidental, donde, según el Departamento de Defensa, fue el responsable de “la implementación exitosa de la Estrategia de Defensa Nacional” en el hemisferio”.

Como un “desastre” calificó la reunión de México una fuente basada en Washington que hace seguimiento a las relaciones de EEUU con el régimen chavista. En un comunicado emitido el 12ABR24, la dictadura venezolana se quejó por la filtración de la reunión que habría sido acordada como de carácter “privado” y acusó a EEUU de “incumplimiento” en el cronograma del levantamiento de sanciones. Los enviados de Washington, por su parte, acusaron a Maduro de haber violado los acuerdos políticos al impedir la inscripción de la candidata electa por la oposición venezolana y haber recrudecido la política represiva, además de haber suspendido el acuerdo para la recepción de venezolanos deportados desde EEUU. El gobierno de EEUU creía (y así se lo impuso a la oposición venezolana) que Maduro permitiría la inscripción de una candidatura diferente a María Corina Machado pero apoyada por ella. El régimen chavista creía que la coreografía que armó para unas “votaciones” con la participación de 12 candidatos supuestamente opositores, todos ellos preseleccionados por Maduro, serviría para garantizar que la Casa Blanca mantuviera su flexibilidad en cuanto a las sanciones. La reunión de México habría sido de mutuas recriminaciones.  

Sobre la mesa de México estaba implícita una cronología de fechas próximas en las cuales comenzarán a vencerse las licencias concedidas por EEUU para aliviar las sanciones económicas al régimen chavista. El 18ABR24 vence la Licencia 44, una autorización genérica que permite hacer negocios con el régimen en petróleo y gas. Entre mayo y julio se vence una licencia genérica que permite exportación de gas venezolano, así como las licencias que permiten operar en Venezuela a un grupo de empresas de ingeniería petrolera y a la empresa Chevron principal socia petrolera del régimen venezolano.

Las “votaciones” convocadas por Maduro tendrían lugar el 28JUL24. En el gobierno Biden se debate sobre el cronograma de respuesta. Todas las licencias petroleras y gasíferas, incluyendo la de Chevron, tienen fecha de vencimiento o de necesaria renovación, antes de las “votaciones”.

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Desde la llegada al gobierno de Colombia el 07AGO22, Gustavo Petro ha realizado seis reuniones oficiales con Nicolás Maduro, además de varios encuentros informales. Ninguno de ellos ha ocurrido en territorio colombiano. Cinco de las reuniones oficiales han tenido lugar en Caracas y una ocurrió en la línea fronteriza. Los restantes encuentros han transcurrido en terceros países. Nicolas Maduro se niega a visitar Colombia, así como sus viajes internacionales se limitan a países con gobiernos amigos, a ciudades o regiones específicas, donde le garantizan su seguridad y permitan el despliegue de su propio aparato de protección.

Por cierto, Lula da Silva, el izquierdista presidente de Brasil se alista a visitar Bogotá el 16ABR24. Lula, dicen que asesorado por su esposa Janja, ha preferido dejar a Caracas fuera de sus usuales viajes al extranjero.

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El 09ABR24 Nicolás Petro llegó a Caracas. Los medios se ocuparon del hecho porque el presidente colombiano había emitido declaraciones críticas contra el régimen venezolano por haber impedido la participación de María Corina Machado en las “votaciones” presidenciales lo que calificó como “un golpe antidemocrático”. Petro se había mostrado particularmente atento a la situación venezolana y había ordenado al canciller encargado Luis Gilberto Murillo y al embajador en Caracas Milton Rengifo mantener contactos con voceros de la oposición venezolana. Durante los días en los cuales el régimen convocó a la inscripción de candidaturas presidenciales, Rengifo habría mantenido varias conversaciones telefónicas con el canciller de Maduro, Yvan Gil, así como con líderes opositores incluyendo a MCM. Rengifo, por su parte, ha recibido en la sede de la Embajada colombiana en Caracas a varios de los candidatos presidenciales “opositores” promovidos por el régimen.

Durante su encuentro con Maduro en el Palacio de Miraflores el 09ABR24, Petro ofreció su apoyo para servir de puente con la oposición. Maduro sólo le habría autorizado para reunirse con Manuel Rosales, el dueño del partido “Un Nuevo Tiempo” que forma parte de la alianza opositora y cuya candidatura fue preautorizada por el régimen. El canciller de Petro quien no lo acompañó a Caracas por tener compromisos en EEUU (incluyendo en la Casa Blanca) dijo el 08ABR24 en Cúcuta, que su gobierno será “observador garante” en las votaciones convocadas por Maduro.

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El día antes al encuentro en Caracas, los cancilleres de Colombia y de Maduro habían sostenido una reunión en Cúcuta, una ciudad fronteriza colombiana, en donde revisaron temas de la agenda bilateral que fueron repetidos por Maduro y Petro. Pero el tema central de la visita de Petro a Caracas habría sido el de las negociaciones con la narcoguerrilla del ELN.

El régimen chavista es oficialmente uno de los garantes de las negociaciones de Petro con el ELN, junto a México, Cuba, Chile, Brasil y Noruega. Pero además, el papel de Maduro y de Cuba es clave ya que son protectores y aliados del grupo terrorista. Las negociaciones con el ELN están estancadas y Petro habría recurrido a Maduro buscando su apoyo para reactivarlas. El ciclo de negociaciones que debió comenzar en febrero pasado en La Habana fue suspendido por el ELN. La guerrilla aceptó realizar una reunión “extraordinaria” con los enviados de Petro en Caracas a partir del 12ABR24.

Por cierto. Con motivo de la reunión con su homólogo colombiano en Cúcuta, el canciller de Maduro, Yvan Gil, en una rueda de prensa afirmó que “el sistema electoral en Venezuela es realmente maravilloso, casi perfecto”. Igualmente afirmó que la banda internacional “Tren de Aragua” no existe. “El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente”. Las declaraciones sobre el “tren de Aragua” originaron que el presidente de Chile, Gabriel Boric, llamara a consultas a su embajador en Caracas y en el interior del gobierno chileno se discuta la opción de romper relaciones diplomáticas con Maduro. El secuestro y asesinato de un militar venezolano exiliado cuya autoría apunta a Caracas y el asesinato de un oficial de policía a manos de venezolanos en Santiago de Chile mantienen en alta el tema de la delincuencia venezolana en Chile. Boric, pese a su posición de izquierda, mantiene una tensa relación con la dictadura venezolana.

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La economía de Guyana creció 63,4% en el año 2022 y las estimaciones del informe de otoño del FMI sobre el año 2023 situaban en 38,4% el explosivo crecimiento del aparato productivo del nuevo país petrolero. Su actual presidente, Irfaan Ali, de origen indio y el único mandatario de confesión musulmana en el hemisferio occidental, se ha mostrado como un hábil político que se mueve con facilidad en los salones de la diplomacia internacional y en las calles de su país desde las cuales se impuso en las elecciones del año 2020.

Guyana está de moda: gobiernos y empresas globales procuran posicionarse en la antigua colonia británica. Las visitas a Georgetown de mandatarios y empresarios se ha hecho una constante en los últimos años y las tensiones militares desatadas por el régimen chavista sólo han logrado incrementar los apoyos internacionales a Ali. El 27MAR24 el ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné, de visita en Georgetown, anunció que Francia abrirá una misión diplomática en Guyana, la primera de un país europeo en este país. EL 26MAR24, Georgetown fue sede de un encuentro empresarial denominado “Foro del Caribe Unido” organizado por empresarios de República Dominicana y en el cual se hizo presente el exmandatario estadounidense Bill Clinton. El 23MAR24, Ali recibió al exmandatario británico Tony Blair. El 21MAR24, el diplomático estadounidense y actual Director de la CIA, William J. Burns, estuvo en Georgetown camino a Brasilia. El 19MAR24, el viceprimer ministro cubano Jorge Tapia Fonseca, visitó a Ali en procura de acuerdos de “cooperación”. Ese mismo día, Alí presidió en inicio de las sesiones de la Conferencia Regional de la ONU para la Agricultura y la Alimentación en la cual participó incluso el canciller del régimen chavista, Yvan Gil. El 28-29FEB24, Lula da Silva visitó Georgetown donde Ali encabezaba una reunión de varios días con los mandatarios del Caricom que incluyó la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubei.

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EEUU reconoce fracaso de política hacia Venezuela

Informe Otálvora del 07 de marzo de 2024

El secretario de Estado Antony Blinken junto al embajador Brian A. Nichols (izq)  el 03MAY22. Foto Departamento de Estado.

Un alto oficial del gobierno de EEUU reconoció el fracaso de la política de “incentivos” a favor del régimen chavista a cambio de la realización de elecciones democráticas en Venezuela. La actual política hacia Venezuela, diseñada por el equipo de la Casa Blanca concentrado en el Consejo de Seguridad Nacional, quedó en evidencia ante el incumplimiento de los acuerdos negociados con el chavismo por EEUU y por la oposición venezolana para una “ruta electoral”. Pero el poderoso lobby petrolero en Washington pareciera imponerse y la administración Biden se muestra dubitativa, no habla de reestablecer sanciones petroleras y no fija una posición clara sobre el apoyo a la candidatura de María Corina Machado.

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El embajador Brian A. Nichols, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dictó una conferencia y respondió preguntas de Eric Farnsworth, el 07MAR24, en un foro organizado por Americas Society/Council of the Americas en Washington. Según Nichols, la política de “incentivos”, es decir el suavizar las sanciones impuestas a empresas estatales venezolanas, surgió de una evaluación según la cual “el statu quo era malo para EEUU, bueno para nuestros adversarios y no hacía avanzar la causa de la democracia en Venezuela”. No aclaró a que “statu quo” se refería.

Con la palabra “transgresiones” el diplomático estadounidense se refirió a las violaciones del régimen chavista a los acuerdos de Barbados, al impedir la participación de María Corina Machado, convocar a apresuradas y dudosas votaciones presidenciales para el 28JUL24 y continuar con una ola de represión política y encarcelamiento de líderes y personalidades opositoras. “Creo que tenemos que dejar muy claro que los incentivos que nosotros y otros en la comunidad internacional hemos colocado sobre la mesa para incentivar unas elecciones competitivas en Venezuela no han sido suficientes para motivar las reformas y la apertura que el lado de Maduro cree que pondrían en riesgo su gobierno o su gobernanza”, afirmó Nichols.

Interrogado por Eric Farnsworth sobre que hará EEUU ante el fracaso de los incentivos, Nichols ofreció lacónicas respuestas: “no queremos prejuzgar cómo serán las cosas” [las “votaciones” convocadas por el régimen], “seguimos comprometidos en apoyar el proceso democrático junto con otros miembros de la comunidad internacional” y “seguiremos las indicaciones de la oposición democrática en Venezuela sobre el camino a seguir”. La sensación transmitida por Nichols fue la de una política exterior sin guía y en espera de “buenos oficios” de algún amigo latinoamericano al estilo de Lula da Silva o Gustavo Petro.

A principios del mes de febrero, Juan González quien para la fecha ocupaba el cargo de director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, asesor del presidente Biden y operador internacional del gobierno de EEUU incluyendo como negociador con Maduro, afirmó en reiteradas ocasiones que para EEUU “lo que nos importa es el proceso, no el candidato”. La última vez que lo dijo fue el 05FEB24 en declaraciones ofrecidas en Bogotá a un pequeño grupo de periodistas incluyendo a la corresponsal de Bloomberg. Ese día González y el segundo a bordo en el Consejo de Seguridad Nacional, Jon Finer, habían visitado a Petro para, entre otros temas, pedirle que sirviera de puente con Maduro. La frase de González denotó una falta de compromiso de la administración Biden con MCM quien fuera electa masivamente como candidata opositora en Venezuela para las hipotéticas elecciones presidenciales. La embajada de EEUU en Colombia intentó relativizar la afirmación de González publicando trozos de la entrevista en la cual se había referido positivamente a MCM. La Casa Blanca anunció el 13FEB24 la salida de González del gobierno en lo que pareció una típica acción de alfil sacrificado, pero la dubitativa posición de González sobre MCM pareciera que se mantiene en las alturas del gobierno de EEUU.

El reemplazo de González es Daniel Erikson quien se ha desempeñado durante el gobierno Biden como subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Defensa. Si bien su más reciente destino lo relaciona con el mundo militar, Erikson al igual que el asesor de Seguridad Nacional Jack Sullivan, el secretario d Estado Antony Blinken y su antecesor González, proceden de una camada de funcionarios que actuaron durante el gobierno de Barack Obama, asistieron al vicepresidente Joe Biden y, entre otras misiones, participaron en la política de restablecimiento de relaciones con la dictadura cubana.

El 08MAR24 este Informe consultó a la Casa Blanca, por segunda vez en dos semanas, sobre la fecha en la cual Erikson reemplazará a González, tras una inusualmente larga espera. Fuentes oficiales afirmaron al Informe Otálvora que no disponían aún la fecha para el cambio en el cargo de director para el Hemisferio Occidental, aunque en mentideros de Washington se estima que se producirá alrededor del 15MAR24. Dado que el “tema Venezuela” se está dirigiendo directamente desde la Casa Blanca, existen expectativas sobre eventuales cambios de orientación o de ejecución con la llegada de Erikson.

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Mientras el gobierno de EEUU pareciera paralizado ante el proceso político en Venezuela, la empresa estadounidense Chevron, principal aliada petrolera de la dictadura venezolana y beneficiaria de la política de “incentivos”, dejaba saber que trabaja bajo el supuesto de que no serán reimpuestas las sanciones.

El 06MAR24 la empresa Chevron hizo público el inicio de operaciones de perforación de nuevos pozos en el área de la Faja del Orinoco donde la estadounidense es socia de la estatal PDVSA. El plan de Chevron es perforar 30 nuevos pozos en el plazo de un año para “impulsar la producción en medio de circunstancias geopolíticas desafiantes”. Los planes de Chevron, negociados con el chavismo desde el 2022, sólo son posibles si el gobierno de EEUU no reimpone las sanciones petroleras al régimen chavista pese a las violaciones de los acuerdos para unas elecciones democráticas.

El 30ENE24 el Departamento de Estado emitió un comunicado informado que “a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, EEUU no renovará la licencia 44 cuando expire el 18 de abril de 2024”. La licencia 44 del Departamento del Tesoro es de carácter genérico y permite que ciudadanos estadounidenses y empresas estadounidenses o con presencia en EEUU, hagan negocios en petróleo y gas con la dictadura venezolana. Pero Chevron no depende de esa licencia para continuar operando en Venezuela y permitir al régimen exportar legalmente crecientes cuotas de crudo, ya que esta empresa logró la emisión de una autorización particular, la Licencia 41 del 26NOV22, que autoriza y condiciona la actividad de la empresa en Venezuela.

La revelación por la propia Chevron, tras el anuncio de la fecha de las “votaciones” presidenciales, sobre la expansión de sus operaciones en Venezuela en sociedad con el régimen chavista, supone que la empresa está invirtiendo bajo la presunción de que la Casa Blanca no reimpondrá la sanción petrolera a Maduro y que la licencia que la favorece será renovada a mediados del 2024.

Juan González, antes de “renunciar” al cargo, había afirmado en Bogotá que las “licencias específicas como la de Chevron” serían “consideradas por separado” de la Licencia 44 que expirará el 18ABR24.

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El Informe Otálvora completa diez años en las páginas de Diario Las Américas. Ideado en 2006 para la naciente edición dominical del diario “El Nuevo País” de Caracas donde circuló hasta 2010, el Informe Otálvora encontró refugio en las páginas del veterano medio en español de Miami.  El Diario Las Américas, en el año 2014, vivía un importante proceso de aggiornamento impulsado por Nelson J. Mezerhane quien recientemente lo había adquirido.

La primera edición del Informe Otálvora en Diario Las Américas circuló el 23MAR14. Para la fecha aún no comenzaba en Brasil el proceso de investigación, después conocido como la “Operação Lava Jato”, que dejó al descubierto el esquema de corrupción diseñado por empresarios de la construcción de ese país, con la activa participación de poderosos políticos y que alcanzó a numerosos países de la región. Pero el título de la columna, “Negocios de Lula”, ya dejaba saber lo que pronto sería tema común: la conexión de entonces expresidente Lula da Silva con la empresa constructora Odebrecht.

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El Informe Otálvora del 23MAR14 informaba:

Desde que terminó su mandato presidencial el 31DIC10, Lula da Silva ha congeniado roles de cabeza visible del izquierdista Foro de São Paulo, embajador no oficial y “consejero” de la presidente Dilma Rousseff y, representante de grandes empresas. Su “Instituto Lula”, situado en la capital paulista, opera como un verdadero centro de poder en Brasil mientras su firma, “LILS Palestras, Eventos e Publicaçoes”, administrar los ingresos como “conferencista”. Sus viajes fuera de Brasil suelen ser breves, movilizándose desde São Paulo en aeronaves  propiedad de empresas brasileñas para las cuales cumple tareas de lobby. En sus periplos realiza conferencias, reuniones con altos funcionarios del país visitado y actividades políticas con organizaciones de izquierda locales.

El cobro de deudas del gobierno de Venezuela con empresas brasileñas también habría sido parte de las tareas de Lula. En la noche del 02JUN11, procedente de Cuba, Lula visitó a Chávez acompañado del presidente del Consejo Administrativo de Odebrecht, Emilio Odebrecht. El gobierno venezolano mantenía (¡y mantiene¡) una milmillonaria deuda con la constructora Odebrecht. La visita de Lula al palacio presidencial de Miraflores coincidió con el pago de parte de lo adeudado, según varias fuentes. Esa noche, también, Chávez asignó a Odebrecht un nuevo contrato por US$ 4.000 millones. Odebrecht entró a operar privilegiadamente en Venezuela de la mano del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, quien la recomendara a Chávez. Después, la empresa apalancó su presencia en Venezuela basándose en la relación de Lula con el régimen venezolano”.

Hasta aquí la cita del Informe Otálvora de marzo de 2014.

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En 2016 Odebrecht se declaró culpable, ante un tribunal federal de EEUU, de prácticas de sobornos para ganar contratos públicos en Brasil. Hoy en día la empresa Odebrecht cambió de nombre en un esfuerzo desesperado por lavar la cara

En 2018, Lula fue encarcelado tras ser condenado en dos instancias judiciales por recibir regalos de empresas constructoras a cambio de contratos de la petrolera estatal Petrobras.  Hoy en día Lula da Silva es nuevamente presidente de su país luego que el Supremo Tribunal Federal de Brasil en 2021, mediante una seguidilla de decisiones de dudosa legalidad, blanquearan la ficha del expresidiario al dejar sin efecto los procesos y varias sentencias por corrupción consecuencia de las investigaciones policiales en la Operación Lava Jato.

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Este Informe no utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para su redacción.

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Enviados de EEUU piden consejo a Petro sobre Maduro

Informe Otálvora del 10 de febrero de 2024 

Los funcionarios de la Casa Blanca Jon Finer y Juan González reunidos el 05FEB24 con Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia de Colombia

 

La Casa Blanca negó que un asesor presidencial estadounidense hubiera mantenido una reunión secreta con enviados de Nicolás Maduro, los primeros días de febrero luego que EEUU anunciara una reanudación dosificada de las sanciones al aparato económico del régimen venezolano.

Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, en respuesta del 09FEB24 off the record a consultas realizadas por el Informe Otálvora, aseguró que no hubo una reunión entre el asesor presidencial Juan González y el usual negociador por el chavismo Jorge Rodríguez. La versión fue divulgada por varios medios suramericanos previo a un periplo a Guyana y Colombia realizado por el segundo a borde en el Consejo de Seguridad Nacional, Jon Finer, quien viajó acompañado por el colombo-estadounidense Juan González.  

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El 26ENE22, el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana, anunció que la dirigente María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias realizadas por la oposición, está inhabilitada para concurrir a las votaciones presidenciales. La decisión, sin piso legal, fue tomada por el régimen pese a acuerdos no escritos entre la Casa Blanca y emisarios de Maduro. El régimen se basó en un ambiguo esquema aceptado por el negociador opositor Gerardo Blyde que colocó las “inhabilitaciones” de candidatos en manos de la instancia judicial controlada por el chavismo.

La decisión contra MCM desató un nuevo capítulo en la política de EEUU hacia Venezuela. Miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, han sido los principales diseñadores y operadores de la política del gobierno Biden hacia Venezuela, incluyendo negociaciones directas con el régimen. Esa política ha estado basada en la ilusa teoría de las “concesiones” expresada repetidamente por el asesor Juan González, es decir, en el levantamiento progresivo de las sanciones en la medida que el régimen se direccione hacia una ruta democrática y en la amenaza de retornar a las sanciones si no se cumplen los acuerdos hacia elecciones democráticas y libres.

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El Departamento del Tesoro emitió el 18OCT23 un paquete de “licencias” temporales suavizando sanciones para los sectores de petróleo y gas (licencia 44) y minería (licencia 43) manejados por el régimen, como premio por la firma el día anterior del “Acuerdo de Barbados” entre enviados de Maduro y de la opositora “Plataforma Democrática” el cual contemplaba lo que voceros del gobierno de EEUU calificaron como una “hoja de ruta electoral”. Esas “licencias” se sumaban a otras previamente emitidas por el Departamento del Tesoro a favor de empresas y gobiernos facilitando la realización de negocios petroleros con el régimen venezolano.

La política de sanciones hacia el régimen venezolano, desde tiempos del gobierno de Donald Trump, ha sido blanco de un fuerte lobby de empresas petroleras y de ingeniería petrolera, encabezadas por Chevron, con apoyo de poderosos medios como Bloomberg, think tanks washingtonianos y “analistas” de opinión y encuestadores venezolanos. Esas empresas procuraron y lograron abrir una brecha que les permite operar en Venezuela desde el 26NOV22 mediante una licencia denominada 41. Igualmente, la presión de otras empresas petroleras y de gobiernos de la región fueron logrando que EEUU emitiera licencias parciales que permitieron al régimen reactivar el negocio petrolero y suscribir acuerdos a futuro.

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La reacción de EEUU a la esperada violación del Acuerdo de Barbados por parte del régimen comenzó un día después de la “inhabilitación” de MCM y en medio de una nueva ola represiva contra dirigentes opositores. Mediante un comunicado emitido el 27ENE24 el Departamento de Estado anunció que comenzaba a “revisar” su política de “sanciones a Venezuela”. El 29ENE24 el Departamento del Tesoro revocó la polémica licencia 43 que había legalizado el comercio del oro producido por el régimen mediante la destrucción masiva de la Orinoquia venezolana. El 30ENE24 el Departamento de Estado emitió un comunicado informado que “a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, EEUU no renovará la licencia 44 cuando expire el 18 de abril de 2024”.

De esa manera, el gobierno Biden abrió un nuevo plazo de más de dos meses en espera de cambios en la política del régimen, amenazando con dejar sin efecto la licencia general para que ciudadanos y empresas estadounidenses (o con operaciones en EEUU) puedan hacer negocios con el régimen en petróleo y gas. Los operadores de la Casa Blanca, pese al sonoro fracaso de su política de “incentivos”, pareciera que mantienen esa línea y comenzaron a hablar de un plazo a Maduro “hasta la primavera”. En una publicación explicativa del estado de las sanciones hacia Venezuela, difundida por el Departamento del Tesoro el 02FEB24, aclararon que se mantendrían vigentes otras licencias emitidas antes del 18OCT23.

La respuesta del régimen fue la inmediata suspensión de uno de los acuerdos informales alcanzados con la Casa Blanca: los vuelos directos EEUU-Venezuela con venezolanos deportados.

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En caso de llegarse a la no renovación el 18ABR24 de la licencia general (Licencia 44) que permite hacer negocios con el régimen en petróleo y gas, quedarían aún vigentes tres licencias públicas: Licencia 8M que beneficia a las empresas Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC, Weatherford International y Public Limited Company y que vence el 16MAY24. Licencia 41 que vence el 01JUN24 y que permite operar en Venezuela a la petrolera Chevron, principal socia petrolera del régimen venezolano. Licencia 40B que permite negocios de exportación de gas la cual vence el 10JUL24. Además, existen licencias específicas concedidas por EEUU, entre ellas, las que benefician a la española Repsol y a la italiana ENI o, licencias entregadas a Trinidad & Tobago y a la petrolera Shell para desarrollar un campo gasífero costa afuera en territorio venezolano. Igualmente, EEUU mantiene la licencia para el funcionamiento de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, propiedad estatal venezolana que opera en Colombia. En este último caso, la Casa Blanca se ha comprometido con el gobierno colombiano a mantener la licencia a la empresa propiedad venezolana en cuya directiva figuran dos políticos colombianos allegados a Gustavo Petro.

Los operadores de la Casa Blanca han dejado saber que no desean regresar al esquema de sanciones totales y han estado procurando auxilio de gobiernos de la región para “ablandar” la posición de Maduro.

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El 31ENE24 se produjo en la residencia del Embajador de Colombia ante EEUU, según diversas fuentes incluyendo un reportaje de Bloomberg, un encuentro de funcionarios de la Casa Blanca con diplomáticos de varios países latinoamericanos basados en Washington. El colombiano Luis Gilberto Murillo fue el anfitrión para que el asesor Adjunto de Seguridad Nacional Jon Finer y el encargado del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, expusieran a dos decenas de diplomáticos la aspiración y el pedido de EEUU para que sus gobiernos ayuden a tender puentes con el régimen chavista con el propósito de retomar la agenda electoral. Pocos días después, Finer, quien ha sido uno de los rectores de las negociaciones de EEUU con el régimen chavista y González emprendieron viaje a dos países fronterizos con Venezuela, Guyana y Colombia. Al menos en lo atinente a Venezuela, la diplomacia de EEUU la está ejerciendo directamente la Casa Blanca.

Por cierto. Luis Gilberto Murillo, quien no es un militante de izquierda ni forma parte de los equipos de Petro, pudiera convertirse en los próximos días en el nuevo ministro de Exteriores de Colombia. El canciller colombiano Álvaro Leyva a partir del 07FEB24 comenzó a cumplir una pena de tres meses de suspensión del cargo impuesta por la Procuraduría General, quien lo investiga por corrupción en un proceso de licitación. En vez de designar como ministro encargado a uno de los actuales directivos de la Cancillería, Petro optó por llamar a Murillo para que, sin dejar de ser su representante ante la Casa Blanca, asuma el interinato como ministro. Las relaciones con EEUU son de particular relevancia para Petro y Murillo, sin experiencia diplomática previa, ha resultado un buen actor en la capital estadounidense.

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Los enviados de la Casa Blanca arribaron a Georgetown, camino a Bogotá, el 04FEB24. La comitiva de Finer incluía a Juan González y al secretario adjunto principal en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Mark Wells y la asesora superior del Consejo de Seguridad Nacional Laura Updegrov. En su reunión con los estadounidenses, el presidente Irfaan Ali se hizo acompañar por su secretario de Relaciones Exteriores Robert Persaud; el jefe de Estado Mayor brigadier Omar Khan y por el Asesor de Seguridad Nacional Gerry Gouveia. Según la nota oficial guyanesa se “debatieron cuestiones de gobernanza democrática, estabilidad económica, seguridad regional y otros asuntos hemisféricos urgentes”. Según la nota emitida por la Casa Blanca, los enviados “refirmaron” el “apoyo inquebrantable a la soberanía, la integridad territorial y las capacidades de defensa de Guyana” Y “discutieron formas de fortalecer nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad regional, lucha contra el cambio climático y seguridad alimentaria”. El tema de seguridad fue central en las conversaciones, en las cuales las amenazas militares de Nicolás Maduro contra Guyana estuvieron en el centro del temario.

Al día siguiente, la agencia AP distribuyó un cable según el cual autoridades militares guyanesas habían confirmado que se esperaba que EEUU aumente su ayuda militar. “EEUU se ha comprometido a ayudar a Guyana a comprar nuevos aviones, helicópteros, una flota de drones militares y, por primera vez, tecnología de radar”, decía AP.

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El 05FEB24 Finer y González fueron recibidos por Gustavo Petro en la presidencial Casa de Nariño en Bogotá. En un inusual “comunicado conjunto” emitido por la presidencia de Colombia y por la Casa Blanca el 06FEB24, dejaron constancia de haber conversado sobre los temas de migración hemisférica, tráfico de narcóticos, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc y, “también sostuvieron una discusión en profundidad sobre la situación en Venezuela y reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de Barbados y trabajar junto con todas las partes para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada”.

A la salida del encuentro con Petro, Juan González acompañado del encargado de la Embajada de EEUU en Colombia y embajador para Venezuela, Francisco Palmieri, sostuvo un encuentro con un corresponsal de la agencia Bloomberg y con un reportero del diario bogotano El Tiempo. González dijo a los periodistas que la visita a Bogotá era para “buscar consejos con el fin de abordar esta tensa situación en la que se encuentran en este momento Washington y Caracas”. El asesor presidencial estadounidense, uno de los teóricos del esquema usado por EEUU con el régimen chavista dijo además que “Colombia puede servir como un puente importante no solo para construir el diálogo entre la oposición y el chavismo, sino también, francamente, entre EEUU y Venezuela”. Acudir a Petro para abrir puentes con Maduro sonó a una desesperada movida ante la ausencia de planes tras el fracaso de la política de “estímulos”.

Ese mismo día en Caracas, el embajador colombiano Milton Rengifo, recibió en su residencia oficial al representante opositor Tomás Guanipa y divulgó una fotografía del encuentro. No es usual que los embajadores ante Maduro se reúnan públicamente con líderes opositores, lo cual suele generar alto malestar entre los jerarcas del régimen.  

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La ONU podría quedar sin recursos para operar el próximo mes de agosto. El 26DIC23 el secretario General de la ONU remitió una carta al personal de la organización informando sobre la crisis de financiamiento que enfrenta. “Esperamos que la situación de liquidez del presupuesto ordinario sea mucho más difícil en 2024, ya que partimos con muy poco efectivo.  Con el fin de evitar un incumplimiento de pago a lo largo del año, mientras lidiamos con la imprevisibilidad de los cobros intraanuales, nuestras estimaciones iniciales son que necesitaremos conservar alrededor de $350 millones en efectivo disminuyendo la velocidad y reduciendo el gasto hasta que tengamos la certeza de que tenemos suficiente efectivo para cumplir con nuestras obligaciones cada mes.  Esto significa que tendremos que introducir restricciones al gasto de inmediato o arriesgarnos a quedarnos sin efectivo para agosto”.

Asegura Guterres que “los gastos de personal representan más del 70% del presupuesto ordinario.  A fin de garantizar la liquidez para el pago de los sueldos del personal, será necesario adoptar algunas medidas difíciles. Las restricciones de contratación deberán mantenerse durante 2024”.

Publicado originalmente en:

Petróleo, negociaciones Casa Blanca-Maduro, sanciones, militares chavistas ahora antichavistas y otros asuntos...

Edgar C. Otálvora conversando con Leopoldo Castillo el 10 de enero de 2024

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