Informe Otálvora del 10 de febrero de 2024
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Los funcionarios de la Casa Blanca Jon Finer y Juan González reunidos el 05FEB24 con Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia de Colombia |
La Casa
Blanca negó que un asesor presidencial estadounidense hubiera mantenido una
reunión secreta con enviados de Nicolás Maduro, los primeros días de febrero luego
que EEUU anunciara una reanudación dosificada de las sanciones al aparato
económico del régimen venezolano.
Un vocero
del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, en respuesta del 09FEB24 off the
record a consultas realizadas por el Informe Otálvora, aseguró que no hubo
una reunión entre el asesor presidencial Juan González y el usual negociador
por el chavismo Jorge Rodríguez. La versión fue divulgada por varios medios
suramericanos previo a un periplo a Guyana y Colombia realizado por el segundo
a borde en el Consejo de Seguridad Nacional, Jon Finer,
quien viajó acompañado por el colombo-estadounidense Juan González.
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El 26ENE22,
el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana, anunció que la
dirigente María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias realizadas
por la oposición, está inhabilitada para concurrir a las votaciones
presidenciales. La decisión, sin piso legal, fue tomada por el régimen pese a
acuerdos no escritos entre la Casa Blanca y emisarios de Maduro. El régimen se
basó en un ambiguo esquema aceptado por el negociador opositor Gerardo Blyde
que colocó las “inhabilitaciones” de candidatos en manos de la instancia
judicial controlada por el chavismo.
La decisión
contra MCM desató un nuevo capítulo en la política de EEUU hacia Venezuela. Miembros
del personal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, han sido los
principales diseñadores y operadores de la política del gobierno Biden hacia
Venezuela, incluyendo negociaciones directas con el régimen. Esa política ha
estado basada en la ilusa teoría de las “concesiones” expresada repetidamente
por el asesor Juan González, es decir, en el levantamiento progresivo de las
sanciones en la medida que el régimen se direccione hacia una ruta democrática
y en la amenaza de retornar a las sanciones si no se cumplen los acuerdos hacia
elecciones democráticas y libres.
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El
Departamento del Tesoro emitió el 18OCT23 un paquete de “licencias” temporales
suavizando sanciones para los sectores de petróleo y gas (licencia 44) y
minería (licencia 43) manejados por el régimen, como premio por la firma el día
anterior del “Acuerdo de Barbados” entre enviados de Maduro y de la opositora
“Plataforma Democrática” el cual contemplaba lo que voceros del gobierno de
EEUU calificaron como una “hoja de ruta electoral”. Esas “licencias” se sumaban
a otras previamente emitidas por el Departamento del Tesoro a favor de empresas
y gobiernos facilitando la realización de negocios petroleros con el régimen
venezolano.
La política
de sanciones hacia el régimen venezolano, desde tiempos del gobierno de Donald
Trump, ha sido blanco de un fuerte lobby de empresas petroleras y de ingeniería
petrolera, encabezadas por Chevron, con apoyo de poderosos medios como
Bloomberg, think tanks washingtonianos y “analistas” de opinión y encuestadores
venezolanos. Esas empresas procuraron y lograron abrir una brecha que les
permite operar en Venezuela desde el 26NOV22 mediante una licencia denominada
41. Igualmente, la presión de otras empresas petroleras y de gobiernos de la
región fueron logrando que EEUU emitiera licencias parciales que permitieron al
régimen reactivar el negocio petrolero y suscribir acuerdos a futuro.
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La reacción
de EEUU a la esperada violación del Acuerdo de Barbados por parte del régimen
comenzó un día después de la “inhabilitación” de MCM y en medio de una nueva
ola represiva contra dirigentes opositores. Mediante un comunicado emitido el
27ENE24 el Departamento de Estado anunció que comenzaba a “revisar” su política
de “sanciones a Venezuela”. El 29ENE24 el Departamento del Tesoro revocó la
polémica licencia 43 que había legalizado el comercio del oro producido por el
régimen mediante la destrucción masiva de la Orinoquia venezolana. El 30ENE24
el Departamento de Estado emitió un comunicado informado que “a falta de
avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria,
particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales
compitan en las elecciones de este año, EEUU no renovará la licencia 44 cuando
expire el 18 de abril de 2024”.
De esa
manera, el gobierno Biden abrió un nuevo plazo de más de dos meses en espera de
cambios en la política del régimen, amenazando con dejar sin efecto la licencia
general para que ciudadanos y empresas estadounidenses (o con operaciones en
EEUU) puedan hacer negocios con el régimen en petróleo y gas. Los operadores de
la Casa Blanca, pese al sonoro fracaso de su política de “incentivos”,
pareciera que mantienen esa línea y comenzaron a hablar de un plazo a Maduro “hasta
la primavera”. En una publicación explicativa del estado de las sanciones hacia
Venezuela, difundida por el Departamento del Tesoro el 02FEB24, aclararon que se
mantendrían vigentes otras licencias emitidas antes del 18OCT23.
La
respuesta del régimen fue la inmediata suspensión de uno de los acuerdos
informales alcanzados con la Casa Blanca: los vuelos directos EEUU-Venezuela
con venezolanos deportados.
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En caso de llegarse
a la no renovación el 18ABR24 de la licencia general (Licencia 44) que permite
hacer negocios con el régimen en petróleo y gas, quedarían aún vigentes tres
licencias públicas: Licencia 8M que beneficia a las empresas Halliburton, Schlumberger
Limited, Baker Hughes Holdings LLC, Weatherford International y Public Limited Company y que vence el
16MAY24. Licencia 41 que vence el 01JUN24 y que permite operar en Venezuela a
la petrolera Chevron, principal socia petrolera del régimen venezolano.
Licencia 40B que permite negocios de exportación de gas la cual vence el
10JUL24. Además, existen licencias específicas concedidas por EEUU, entre
ellas, las que benefician a la española Repsol y a la italiana ENI o, licencias
entregadas a Trinidad & Tobago y a la petrolera Shell para desarrollar un
campo gasífero costa afuera en territorio venezolano. Igualmente, EEUU mantiene
la licencia para el funcionamiento de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos,
propiedad estatal venezolana que opera en Colombia. En este último caso, la
Casa Blanca se ha comprometido con el gobierno colombiano a mantener la
licencia a la empresa propiedad venezolana en cuya directiva figuran dos
políticos colombianos allegados a Gustavo Petro.
Los
operadores de la Casa Blanca han dejado saber que no desean regresar al esquema
de sanciones totales y han estado procurando auxilio de gobiernos de la región
para “ablandar” la posición de Maduro.
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El 31ENE24
se produjo en la residencia del Embajador de Colombia ante EEUU, según diversas
fuentes incluyendo un reportaje de Bloomberg, un encuentro de funcionarios de
la Casa Blanca con diplomáticos de varios países latinoamericanos basados en
Washington. El colombiano Luis Gilberto Murillo fue el anfitrión para que el asesor
Adjunto de Seguridad Nacional Jon Finer y el encargado del hemisferio
occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, expusieran a dos
decenas de diplomáticos la aspiración y el pedido de EEUU para que sus
gobiernos ayuden a tender puentes con el régimen chavista con el propósito de
retomar la agenda electoral. Pocos días después, Finer, quien ha sido uno de
los rectores de las negociaciones de EEUU con el régimen chavista y González
emprendieron viaje a dos países fronterizos con Venezuela, Guyana y Colombia.
Al menos en lo atinente a Venezuela, la diplomacia de EEUU la está ejerciendo
directamente la Casa Blanca.
Por cierto.
Luis Gilberto Murillo, quien no es un militante de izquierda ni forma parte de
los equipos de Petro, pudiera convertirse en los próximos días en el nuevo
ministro de Exteriores de Colombia. El canciller colombiano Álvaro Leyva a
partir del 07FEB24 comenzó a cumplir una pena de tres meses de suspensión del
cargo impuesta por la Procuraduría General, quien lo investiga por corrupción
en un proceso de licitación. En vez de designar como ministro encargado a uno
de los actuales directivos de la Cancillería, Petro optó por llamar a Murillo
para que, sin dejar de ser su representante ante la Casa Blanca, asuma el
interinato como ministro. Las relaciones con EEUU son de particular relevancia
para Petro y Murillo, sin experiencia diplomática previa, ha resultado un buen
actor en la capital estadounidense.
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Los
enviados de la Casa Blanca arribaron a Georgetown, camino a Bogotá, el 04FEB24.
La comitiva de Finer incluía a Juan González y al secretario adjunto principal
en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Mark Wells y la asesora
superior del Consejo de Seguridad Nacional Laura Updegrov. En su reunión con
los estadounidenses, el presidente Irfaan Ali se hizo acompañar por su secretario
de Relaciones Exteriores Robert Persaud; el jefe de Estado Mayor brigadier Omar
Khan y por el Asesor de Seguridad Nacional Gerry Gouveia. Según la nota oficial
guyanesa se “debatieron cuestiones de gobernanza democrática, estabilidad
económica, seguridad regional y otros asuntos hemisféricos urgentes”. Según la
nota emitida por la Casa Blanca, los enviados “refirmaron” el “apoyo
inquebrantable a la soberanía, la integridad territorial y las capacidades de
defensa de Guyana” Y “discutieron formas de fortalecer nuestra cooperación
bilateral en materia de seguridad regional, lucha contra el cambio climático y
seguridad alimentaria”. El tema de seguridad fue central en las conversaciones,
en las cuales las amenazas militares de Nicolás Maduro contra Guyana estuvieron
en el centro del temario.
Al día
siguiente, la agencia AP distribuyó un cable según el cual autoridades
militares guyanesas habían confirmado que se esperaba que EEUU aumente su ayuda
militar. “EEUU se ha comprometido a ayudar a Guyana a comprar nuevos aviones,
helicópteros, una flota de drones militares y, por primera vez, tecnología de
radar”, decía AP.
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El 05FEB24
Finer y González fueron recibidos por Gustavo Petro en la presidencial Casa de
Nariño en Bogotá. En un inusual “comunicado conjunto” emitido por la
presidencia de Colombia y por la Casa Blanca el 06FEB24, dejaron constancia de
haber conversado sobre los temas de migración hemisférica, tráfico de
narcóticos, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc y, “también
sostuvieron una discusión en profundidad sobre la situación en Venezuela y
reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de
Barbados y trabajar junto con todas las partes para cumplir con la hoja de ruta
electoral acordada”.
A la salida
del encuentro con Petro, Juan González acompañado del encargado de la Embajada
de EEUU en Colombia y embajador para Venezuela, Francisco Palmieri, sostuvo un
encuentro con un corresponsal de la agencia Bloomberg y con un reportero del
diario bogotano El Tiempo. González dijo a los periodistas que la visita a
Bogotá era para “buscar consejos con el fin de abordar esta tensa situación en
la que se encuentran en este momento Washington y Caracas”. El asesor
presidencial estadounidense, uno de los teóricos del esquema usado por EEUU con
el régimen chavista dijo además que “Colombia puede servir como un puente
importante no solo para construir el diálogo entre la oposición y el chavismo,
sino también, francamente, entre EEUU y Venezuela”. Acudir a Petro para abrir
puentes con Maduro sonó a una desesperada movida ante la ausencia de planes
tras el fracaso de la política de “estímulos”.
Ese mismo
día en Caracas, el embajador colombiano Milton Rengifo, recibió en su
residencia oficial al representante opositor Tomás Guanipa y divulgó una
fotografía del encuentro. No es usual que los embajadores ante Maduro se reúnan
públicamente con líderes opositores, lo cual suele generar alto malestar entre
los jerarcas del régimen.
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La ONU
podría quedar sin recursos para operar el próximo mes de agosto. El 26DIC23 el
secretario General de la ONU remitió una carta al personal de la organización
informando sobre la crisis de financiamiento que enfrenta. “Esperamos que la
situación de liquidez del presupuesto ordinario sea mucho más difícil en 2024,
ya que partimos con muy poco efectivo.
Con el fin de evitar un incumplimiento de pago a lo largo del año,
mientras lidiamos con la imprevisibilidad de los cobros intraanuales, nuestras
estimaciones iniciales son que necesitaremos conservar alrededor de $350
millones en efectivo disminuyendo la velocidad y reduciendo el gasto hasta que
tengamos la certeza de que tenemos suficiente efectivo para cumplir con
nuestras obligaciones cada mes. Esto
significa que tendremos que introducir restricciones al gasto de inmediato o
arriesgarnos a quedarnos sin efectivo para agosto”.
Asegura
Guterres que “los gastos de personal representan más del 70% del presupuesto
ordinario. A fin de garantizar la
liquidez para el pago de los sueldos del personal, será necesario adoptar
algunas medidas difíciles. Las restricciones de contratación deberán mantenerse
durante 2024”.
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