Informe Otálvora del 21 de enero de 2017
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| Militantes chavistas toman el salón de sesiones de la Asamblea Nacional el 23OCT16. Foto: Asamblea Nacional |
El fallecimiento el 19ENE17
del magistrado Teori Zavascki, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil STF,
al caer al mar el avión que lo transportaba, desató toda clase de teorías
conspirativas sugiriendo que no se trató de un accidente. En manos de Zavascki
no estaba el enjuiciamiento pero si el seguimiento de los procesos de “Lava
Jato”, el esquema de corrupción que envuelve a políticos, empresas
constructoras y la petrolera Petrobras. Zavascki estaba pronto a realizar la
revisión formal y autorizar su uso como pruebas de varias centenas de
documentos con confesiones de setenta altos ejecutivos de la constructora
Odebrecht que optaron por realizar delaciones a cambio de mejoras en sus
condenas. En breve el STF designará un magistrado para atender el caso Lava
Jato y proveerá al juez Sergio Moro con las delaciones de Odebrecht que afectarían a decenas de notables políticos
brasileños.
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Fuentes confiables
aseguran a este Informe que el gobierno de Nicolás Maduro sopesa procesar
judicialmente a varios importantes comunicadores sociales venezolanos como parte
de las acciones represivas del “plan antigolpe”. Según las fuentes, el
prestigioso periodista Nelson Bocaranda y por lo menos otros dos periodistas o
editores de medios digitales, quienes cuentan con millones de seguidores en sus
respectivas cuentas Twitter, pudieran ser objetos de acusaciones por “usos
golpistas” de medios y redes sociales.
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El 11ENE17 la policía
política Sebin detuvo al diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro Alfonzo y a
su compañera la activista de Derechos Humanos Steyci Escalona. La detención
violó la inmunidad parlamentaria que protege al parlamentario. Según la actual
Constitución venezolana, la detención de un parlamentario sólo es posible
mediante orden del Tribunal Supremo de Justicia TSJ con previa aprobación de la
Asamblea Nacional, trámites que no se cumplieron en el caso de Caro. Pocas
horas después de la detención ilegal de Caro, el vicepresidente ejecutivo Tareck
El Aissami confirmó el apresamiento del diputado asegurando que fue “capturado
en flagrancia” por supuestamente portar un fusil, municiones y explosivos y por
haber visitado la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. “Está siendo
custodiado por el Sebin para cumplir con su presentación ante las instancias
judiciales, y que además sea castigado con todo el peso de la ley” dijo el jefe
del “Comando Anti Golpe” juramentado por Maduro el 10ENE17. La Constitución
“Bolivariana” establece que en caso de detención de un parlamentario “en
flagrancia” deberá ser arrestado en su residencia y se notificará al TSJ.
Pasada una semana de su arresto, Caro permanecía retenido e incomunicado en
instalaciones militares. El cogobernante Diosdado Cabello aseguró que el
encarcelamiento de Caro fue el “primer logro del Comando Antigolpe”.
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El 01ENE14, la
entonces Ministra de Información del gobierno Maduro, Delsy Rodríguez, publicó
en su cuenta Twitter un listado de 27 personalidades (políticos, periodistas,
abogados, empresarios) señalando los destinos en el extranjero a los cuales
habían viajado durante los días de finales del año 2013. El listado titulado
“La derecha de fin de año en el exterior” fue elaborado con información oficial
del organismo encargado del movimiento migratorio y pretendía desacreditar a la
dirigencia opositora. Tres años después han sido reportadas unas vacaciones “secretas”
de la ahora ministra de Relaciones Exteriores del gobierno Maduro. Delsy
Rodríguez viajó acompañada de su hermano Jorge Rodríguez, oficialmente Alcalde
de Caracas y uno de los hombres fuertes dentro del Comando de la Revolución
gobernante en Venezuela, en un periplo que mezcló placer con algunas
actividades oficiales menores en Qatar, Italia y España. Los hermanos Rodríguez
supuestamente habrían disfrutado del Qatar ExxonMobil Open de tenis según fotos
mostradas por el portal “La Patilla” y diversos medios venezolanos los mostraron
de compras en Roma durante los primeros días del nuevo año. Según “La Patilla”
las fotos de la estadía en Roma habrían sido tomadas y filtradas como parte de
una vendetta en el interior del chavismo.
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Durante su estadía en
la capital italiana, los hermanos Rodríguez quienes también forman parte de la
delegación oficialista en el llamado “Diálogo Maduro-MUD”, solicitaron una
reunión urgente con monseñor Claudio Maria Celli, el alto funcionario vaticano
que actúa como representante personal del papa Francisco y facilitador en el
paralizado diálogo entre el gobierno y la Oposición venezolana. Celli accedió a
la inusual solicitud de los emisarios de Maduro a quienes recibió el 06ENE17, dejando ver en su rostro un aire
de desagrado en las fotos que fueron tomadas a solicitud de los visitantes
quienes se mostraban sonrientes. Tras esa cita, la canciller de Maduro tuiteó:
“Papa Francisco mantiene su compromiso con el diálogo en Venezuela en beneficio
de nuestro pueblo”. Al asegurar que Celli viajaría a Caracas para asistir a una
supuesta reunión Gobierno-MUD el 13ENE17, el chavismo intentaba contraponer al Vaticano
con la Conferencia Episcopal Venezolana cuyos voceros ya habían calificado como
un “fracaso” el “dialogo”.
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Dos semanas después de la visita de
los hermanos Rodríguez a Roma, el Vaticano informó que monseñor Celli no
viajaría a Caracas para reuniones que los “facilitadores” Ernesto Samper y los
expresidentes encabezados por José Rodriguez Zapatero, sostendrían el 19ENE17
separadamente con el Gobierno y la Oposición para intentar convencer a la MUD
de reintegrarse a la mesa de diálogo. En medios políticos se maneja la versión
según la cual podría producirse una convocatoria a Roma para que varios
delegados del Gobierno y la MUD sostengan encuentros directos con el Papa y una
eventual reunión conjunta, emulando la dinámica de la cita provocada por
Francisco entre Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe Vélez el 16DIC16. Por cierto,
el encuentro Santos-Uribe en presencia de Francisco resultó inútil como
mecanismo para bajar tensiones entre los dos dirigentes colombianos.
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El plan del régimen
chavista para anular las facultades de la Asamblea Nacional venezolana comenzó
a ejecutarse el 14ENE16, a sólo nueve días de la instalación de las sesiones
del cuerpo legislativo ahora controlado por la Oposición. Mediante la emisión
del Decreto 2.184, Maduro declaró estado de “emergencia económica” que fue
profundizado y prorrogado a lo lardo del año. Valiéndose de la emisión de
sucesivos decretos, Maduro ha gobernado dictando decretos amparados en el
“estado de excepción” que conlleva a la suspensión de las garantías
constitucionales y que obvian al poder legislativo. Esto se suma a la
suspensión de entrega de recursos presupuestarios para los gastos de la
Asamblea Nacional y, la declaración de “desacato” contra el parlamento por
parte del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo con base en
el cual se han declarado nulas las leyes aprobadas durante el año 2016.
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Mediante un nuevo
decreto emitido el 13ENE17, Maduro se adjudica ahora la autoridad para disponer
de recursos sobrantes del presupuesto de gastos 2016; aumentar impuestos al incrementar
la denominada “unidad tributaria”; incrementar los presupuestos de gastos de
los organismos públicos; aprobar el presupuesto del Banco Central de Venezuela;
suscribir contratos para “la obtención de recursos financieros” o “el
aprovechamiento de recursos estratégicos”; autorizar operaciones de
financiamiento “sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros
poderes públicos”; suspender las sanciones de carácter político contra las
máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios”. Maduro se
arroga facultades para endeudar a la Nación sin contar con autorización
legislativa y decreta la nulidad de cualquier sanción que pudiera imponerles la
Asamblea Nacional a sus ministros.
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Un decreto de
declaración de “estado de excepción” requiere, según la actual Constitución
venezolana, la aprobación de la Asamblea Nacional y la declaratoria de
constitucionalidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Desde que la
Oposición venezolana se hizo de una holgada mayoría parlamentaria, el TSJ ha
convalidado los estados de excepción sin contar con la aprobación de los
diputados. Maduro afirmó el 18ENE17: “constitucionalmente no me hace falta la
Asamblea Nacional”. Sólo dos días después el TSJ declaró la
“constitucionalidad” del nuevo decreto que prorroga el estado de excepción.
Según el decreto 2.667 dictado por Maduro el 13ENE17, la suspensión de garantía
se justifica porque “la mayoría circunstancial de diputados a la Asamblea
Nacional ha efectuado una serie de actos fraudulentos y simulaciones de
situaciones jurídicas para engañar a la comunidad nacional e internacional”. En
Venezuela el parlamento no ha sido disuelto como lo hiciera, por ejemplo,
Alberto Fujimori en Perú el año 1992. Pero en la práctica, el chavismo congeló
la aplicación de la Constitución venezolana para maniatar y suprimir
funcionalmente al poder legislativo.
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El gobierno de
Paraguay decidió bajar el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela
como respuesta a usuales ataques de Nicolás Maduro contra altos funcionarios
del gobierno de Horacio Cartes. El embajador Enrique Jara que representaba a
Paraguay en Caracas fue llamado a consultas a su país el 05AGO16 y el 19ENE17
recibió instrucciones para asumir la
Embajada paraguaya en Panamá. La cancillería paraguaya no designará nuevo
Embajador en Caracas y dejará su embajada en manos de un funcionario de menor
rango, el consejero Celso Riquelme, como Encargado de Negocios a.i. Paraguay
mantiene una posición dura contra el régimen venezolano siendo uno de los promotores
de las sanciones impuestas a Maduro el
02DIC16 por el Mercosur.
