Informe Otálvora del 14 de agosto de 2025
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Soldados guatemaltecos en Puerto de San José, Guatemala, en
un simulacro de interdicción de drogas durante el ejercicio multinacional CENTAM
Guardian 25 auspiciado por el Comando Sur de EEUU, el 16MAY25. Foto: Comando
Sur/ U.S. Air Force
Como ya ocurría durante el gobierno de Joe Biden, el actual gobierno de EEUU afirma ser reacio a involucrarse en una acción directa para el derrocamiento de la dictadura venezolana. El tema de provocar un “cambio de régimen” y de la intervención directa estadounidense es rechazada, con argumentos en ocasiones contrarios entre sí, tanto por los demócratas que dirigieron la política exterior durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, como por sectores del llamado MAGA trumpista que se oponen a involucrar a EEUU en conflictos externos.
En una entrevista con Donald Trump jr del 11AGO25, el
subsecretario de Estado Christopher Landau interrogado por su anfitrión sobre
Venezuela, afirmó que en los próximos días y semanas habría nuevas acciones de
presión sobre el régimen de Maduro. Landau quien no es miembro de los grupos
MAGA dentro del trumpismo y defiende la línea dura contra la dictadura
venezolana en sintonía con Marco Rubio, manifestó los límites a la acción
estadounidense. Ex embajador en México, con amplio conocimiento sobre Venezuela
tanto a nivel personal como académico, Landau advirtió que “no podemos ir por
el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, argumentando que “en Irak y
Afganistán vimos lo que pasa cuando un cambio de gobierno no tiene el impulso
de la gente”.
Landau en tanto vocero del gobierno de EEUU hizo depender un
cambio político en Venezuela de la acción interna. “El pueblo venezolano tiene
que alzarse y reclamar su libertad” y se permitió una reflexión de moral
política: “si la gente no se gana su libertad, no la valora”.
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Al día siguiente de la intervención de Landau, en una carta
en la cual agradece a Donald Trump “por sus acciones decisivas para desmantelar
esta empresa criminal terrorista” en referencia al “régimen tiránico de Nicolás
Maduro”, la líder democrática María Corina Machado afirmó que “los venezolanos asumimos
nuestra responsabilidad al frente de la liberación”. Ya MCM el 28JUL25 había
anunciado en un video que sus seguidores tenían la tarea de “la organización
clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela” preparándose para “la
acción cívica el día que se requiera”.
Omar González, uno de los operadores de MCM que
permanecieron secuestrados en la Embajada de Argentina en Caracas quien ahora
se encuentra en EEUU y ejerce como “coordinador de organización nacional” del
partido Vente Venezuela afirmó el 29JUL25 que “en las últimas seis semanas,
desde Miami, hicimos reuniones con mas de diez mil líderes, en las 24 entidades
federales, que están listos para que en el momento cuando María Corina Machado
lo decida, y la comunidad internacional nos apoye, salgan a reclamar la libertad
y el triunfo de Edmundo González Urrutia”. La afirmación la hizo González en un
evento convocado por el Interamerican Institute for Democracy denominado
“Venezuela a un año del 28J”.
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Marco Rubio durante una entrevista del 12AGO25 en el
programa “Sid & Friends In The Morning” con Sid Rosenberg confirmó el
actual enfoque de EEUU sobre Maduro, reiterando que “ese no es un gobierno
legítimo. Es el jefe de una organización logística del narcotráfico: un cártel”.
Rubio concluyó manifestando su posición sobre la orientación que EEUU debería
tener hacia la dictadura venezolana: “En algún momento tendremos que decir que
vamos a enfrentarnos a esta gente, y, por cierto, tenemos que enfrentarlos con
algo más que recompensas”.
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El enfoque de tratar el “tema Venezuela” como un asunto de
combate al narcotráfico y al narcoterrorismo ya había sido asumido por EEUU al
final del primer mandato de Donald Trump. Y fue retomado ahora en 2025 mediante
una secuencia de decisiones y anuncios oficiales.
El 25JUL25 el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de
organización terrorista al llamado “Cartel de los Soles”, definiéndolo como “un
grupo criminal con sede en Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros y otros
altos funcionarios venezolanos del régimen”.
El 07AGO25 la secretaria de Justicia Pam Bondi emitió un
video en el cual anunció que, junto con el Departamento de Estado, había
decidido aumentar a US$ 50 millones una recompensa “por información que lleve a
la detención de Nicolas Maduro” a quien señaló de “traer drogas mortales y
violencia” a EEUU.
Ese mismo día, el 07AGO25, durante una entrevista en el
canal católico EWTN justificó la designación de los carteles de narcotráfico
como organizaciones terroristas y dejó ver las implicaciones operativas que esa
decisión implica. Rubio afirmó que “no podemos seguir tratando a estos tipos
simplemente como pandillas callejeras locales. Tienen armamento similar al que
poseen los terroristas, en algunos casos, los ejércitos. Controlan territorio
en muchos casos. Esos cárteles provienen del régimen de Maduro en Venezuela”.
Confesó que la decisión “la tomó el Presidente por recomendación nuestra”.
Explicó que a ju juicio, la decisión “nos da autoridad legal para atacarlos de
maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es
un problema de aplicación de la ley. Se convierte en un problema de seguridad
nacional” (…) “ahora nos permite identificar sus operaciones y utilizar otros
elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia, el
Departamento de Defensa, etc.”.
El 08AGO25 el periódico The New York Times publicó un
artículo en el cual aseguró que Trump “ha firmado en secreto una directiva
dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra
determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha
considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el
asunto”. La información divulgada por el NYT no fue desmentida por el gobierno
de EEUU.
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Para recordar.
El 26MAR20 William Barr cabeza del Departamento de Justicia
de EEUU, con el necesario consentimiento del Departamento de Estado, informó
sobre procesos judiciales iniciados por la Fiscalía de EEUU contra Nicolás
Maduro y otros altos jerarcas del régimen acusándolos de tráfico de drogas y
narcoterrorismo. Ese día, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de
US$ 15 millones por “información que conduzca al arresto y / o condena” de
Maduro y varios de los enjuiciados.
El 01ABR20 ante los
periodistas convocados para su rueda de prensa diaria sobre el COVID19, Donald
Trump se presentó acompañado por los secretarios de Defensa y Justicia Mark
Esper y William Barr, el consejero de Seguridad Nacional Robert O’Brien, el jefe
del Estado Mayor general Mark Milley, el jefe de Operaciones Navales almirante
Michael M. Gilday y el comandante de la Guardia Costera almirante Karl L.
Schultz. Esper afirmó que el gobierno Trump se propone “mejorar las operaciones
antinarcóticos en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe” con el
“despliegue de buques, aviones y fuerzas de seguridad adicionales en el Área de
Responsabilidad del Comando Sur de los EEUU (…) Estas fuerzas adicionales casi
duplicarán nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones antinarcóticos en
la región”.
Trump se refirió a una gran operación con “22 naciones
asociadas” y alegó que “a medida que los gobiernos y las naciones se centran en
el coronavirus, existe una creciente amenaza de que los carteles, los
delincuentes, los terroristas y otros actores malignos intenten explotar la
situación para su propio beneficio”. Esper afirmó que “actores corruptos, como
el ilegítimo régimen de Maduro en Venezuela, dependen de las ganancias
derivadas de la venta de narcóticos para mantener su poder opresivo” enlazando
de esta manera el “tema Venezuela” con el aumento de las fuerzas
estadounidenses en tareas antinarcóticos.
El aumento de la flota anunciado por Trump en 2020 se
correspondía a la esperada asignación de naves a la Cuarta Flota de EEUU
reactivada en 2008 por el gobierno de George W. Bush pero a la cual no le
habían dotado de embarcaciones.
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Desde el interior mismo del mundo de los “think tank” washingtonianos,
donde se suceden guerras por contratos de asesoría, lobby y ejecución de
campañas de propaganda a favor de gobiernos o empresas, salieron a relucir
elementos sobre la conexión entre la empresa Chevron, sus campañas para
mantenerse en Venezuela y las instituciones y formadores de opinión.
Organizaciones que reúnen listas de “expertos” como asesores, que oportunamente
realizan eventos y repletan los medios con sus opiniones que siempre encuentran
algún tema de moda para argumentar contra la política de sanciones al régimen
venezolano.
Carrie Filipetti quien manejaba el escritorio Venezuela (y
Cuba) en el Departamento de Estado durante el primer gobierno Trump es ahora
Directora Ejecutiva de un “think tank” denominado “Coalición Vandenberg”. La
organización Vandenberg es una agrupación de orientación conservadora en
política exterior creada por Elliot Abrams quien fuera el representante para
Venezuela e Irán también durante el gobierno Trump. En una publicación en su cuenta en Linkedin
del 12AGO25, Filipetti “descubre” la relación entre el Atlantic Council y las
campañas de la petrolera Chevron para lograr apoyos en EEUU para mantener sus
negocios con la dictadura venezolana.
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En su cuenta en Linkedin, Filipetti narra que formó parte
del Grupo de Trabajo “Adrienne Arscht” sobre Venezuela en el “think tank”
Atlantic Council. En ese grupo, según la página de Atlantic Council del listado
correspondiente al año 2024, figura un largo grupo de integrantes incluyendo a
venezolanos como Colette Capriles, Leopoldo Martínez, Francisco Monaldi, Miguel Pizarro, Adriana D'Elia, José Ignacio
Hernández, David Smolansky y Tamara Herrera, señalando que el grupo en algún
momento fue coordinado por Diego Area.
El texto de Filipetti del 12AGO25 no tiene pérdida:
“Renuncié silenciosamente al Grupo de Trabajo Adrienne
Arscht sobre Venezuela de Atlantic Council hace más de un año, luego de lo que
consideré una misiva escandalosa que publicaron y que parecía encubrir el robo
de la democracia, la libertad y el futuro de millones de venezolanos por parte
de Maduro. Al darme cuenta de que a menudo era una voz minoritaria en el grupo
que presionaba contra los grandes intereses petroleros, había planteado la
pregunta muchas veces durante mi permanencia en el grupo: ¿por qué están
presionando tanto para obtener licencias petroleras para Chevron? ¿Quién los
está financiando? Incluso cuando los participantes del grupo en su conjunto no
estaban de acuerdo con abrir Venezuela a Chevron, el personal siguió
presionando el tema, tratando de que cambiáramos de opinión”.
La publicación de Filipetti en Linkedin incluye varias
fotografías que muestran la “terraza Chevron” y la “Sala de conferencias
Chevron” en la sede del Atlantic Council. El texto de Filipetti sigue: “Ahora,
veo una posible razón para ese impulso, brillando en letras mayúsculas en la
terraza del nuevo y elegante edificio de 80,000 pies cuadrados del Atlantic
Council: Chevron. Un donante de $ 1,000,000 + el año pasado. Este tipo de
aparentes conflictos de intereses están extendidos en DC. Lo entiendo. Pero eso
no los hace menos grotescos”.
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En Bolivia se estarán realizando votaciones generales el
17AGO25 para escoger una nueva dupla presidencial y renovar totalmente la
Asamblea Legislativa (parlamento).
Evo Morales quien se refugia en la zona cocalera del Chapare,
inhabilitado constitucionalmente y prófugo de la justicia, no participará en
las elecciones y está llamando a boicotear el proceso. Desde su intento de
golpe del año 2019 y su posterior renuncia y salida a México, Morales vio que
sus compañeros del partido MAS comenzaron a disputarle la conducción del
partido. En las elecciones del 2020, mientras Morales permanecía en Argentina,
su partido no aceptó su señalado para ser el candidato presidencial (Andrónico
Rodríguez) y en cambio el MAS lanzó a quien había sido ministro de Morales, el
economista Luis Arce. Con la llegada de Arce a la presidencia el 08NOV20,
Morales intentó ejercer una suerte de presidencia paralela tratando de imponer
ministro y líneas de gobierno. Arce concedió incluso realizar reuniones
ministeriales en el Chapare, rindiendo cuenta a Morales, pero rápidamente las
relaciones entre ambos se rompieron. Arce al final quedó con el control de las
siglas y la personería jurídica del MAS. Gestiones de socios políticos
extranjeros, incluyendo a Raúl Castro y Nicolás Maduro, no lograron frenar la
ruptura del MAS boliviano.
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La izquierda castrochavista boliviana, frente a las
elecciones del 17AGO25, muestra a Morales boicoteando las elecciones y llamando
a anular el voto, su antiguo entenado político Andrónico Rodríguez lanzado como
candidato “independiente” y un exministro de Arce, Eduardo del Castillo, quien
corre con las siglas del MAS. Rodríguez y Del Castillo, juntos, no alcanza a
10% de la intención de votos según las más recientes encuestas.
Teóricamente los sectores democráticos bolivianos podrían
desplazar al castrochavismo que gobierna Bolivia desde el año 2006. El expresidente Jorge Tuto Quiroga y el
empresario Samuel Doria Medina muestran los mayores porcentajes de intención de
votos, ambos por encima del 20% pero insuficiente para una definición en
primera vuelta. Las últimas encuestas publicadas dejan ver porcentajes de votos
nulos y de “no saben/no responden” superiores
al 20% lo que el evismo muestra como un éxito de su campaña abstencionista pero
que e realidad puede reflejar cualquier otra variable.
Las encuestas electorales en Bolivia son de baja
confiabilidad en tanto no reflejan cabalmente el importante electorado rural
que puede ser decisivo en los resultados. El aparato legal y electoral
boliviano permanece en manos de la izquierda gobernante lo que crea, en no
pocos observadores, dudas sobre un respeto a los resultados en caso de ser Tuto
Quiroga o Doria Medina el ganador de las votaciones.
Mientras tanto, la expresidenta Jeanine Añez Chávez, de 58
años de edad, la mujer que asumió el reto de encabezar un gobierno interino
tras la fuga de Morales en 2019, permanece presa desde el 12MAR21. La izquierda
gobernante la procesó por “sedición, terrorismo y conspiración”, por incumplir
la constitución y hasta por “genocidio”. La izquierda controla el aparato
judicial de Bolivia… Cualquier cosa puede pasar en el país que cuenta con las
mayores reservas de litio…
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Publicado originalmente en:
