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viernes, 15 de marzo de 2024

EEUU reconoce fracaso de política hacia Venezuela

Informe Otálvora del 07 de marzo de 2024

El secretario de Estado Antony Blinken junto al embajador Brian A. Nichols (izq)  el 03MAY22. Foto Departamento de Estado.



Un alto oficial del gobierno de EEUU reconoció el fracaso de la política de “incentivos” a favor del régimen chavista a cambio de la realización de elecciones democráticas en Venezuela. La actual política hacia Venezuela, diseñada por el equipo de la Casa Blanca concentrado en el Consejo de Seguridad Nacional, quedó en evidencia ante el incumplimiento de los acuerdos negociados con el chavismo por EEUU y por la oposición venezolana para una “ruta electoral”. Pero el poderoso lobby petrolero en Washington pareciera imponerse y la administración Biden se muestra dubitativa, no habla de reestablecer sanciones petroleras y no fija una posición clara sobre el apoyo a la candidatura de María Corina Machado.

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El embajador Brian A. Nichols, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dictó una conferencia y respondió preguntas de Eric Farnsworth, el 07MAR24, en un foro organizado por Americas Society/Council of the Americas en Washington. Según Nichols, la política de “incentivos”, es decir el suavizar las sanciones impuestas a empresas estatales venezolanas, surgió de una evaluación según la cual “el statu quo era malo para EEUU, bueno para nuestros adversarios y no hacía avanzar la causa de la democracia en Venezuela”. No aclaró a que “statu quo” se refería.

Con la palabra “transgresiones” el diplomático estadounidense se refirió a las violaciones del régimen chavista a los acuerdos de Barbados, al impedir la participación de María Corina Machado, convocar a apresuradas y dudosas votaciones presidenciales para el 28JUL24 y continuar con una ola de represión política y encarcelamiento de líderes y personalidades opositoras. “Creo que tenemos que dejar muy claro que los incentivos que nosotros y otros en la comunidad internacional hemos colocado sobre la mesa para incentivar unas elecciones competitivas en Venezuela no han sido suficientes para motivar las reformas y la apertura que el lado de Maduro cree que pondrían en riesgo su gobierno o su gobernanza”, afirmó Nichols.

Interrogado por Eric Farnsworth sobre que hará EEUU ante el fracaso de los incentivos, Nichols ofreció lacónicas respuestas: “no queremos prejuzgar cómo serán las cosas” [las “votaciones” convocadas por el régimen], “seguimos comprometidos en apoyar el proceso democrático junto con otros miembros de la comunidad internacional” y “seguiremos las indicaciones de la oposición democrática en Venezuela sobre el camino a seguir”. La sensación transmitida por Nichols fue la de una política exterior sin guía y en espera de “buenos oficios” de algún amigo latinoamericano al estilo de Lula da Silva o Gustavo Petro.

A principios del mes de febrero, Juan González quien para la fecha ocupaba el cargo de director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, asesor del presidente Biden y operador internacional del gobierno de EEUU incluyendo como negociador con Maduro, afirmó en reiteradas ocasiones que para EEUU “lo que nos importa es el proceso, no el candidato”. La última vez que lo dijo fue el 05FEB24 en declaraciones ofrecidas en Bogotá a un pequeño grupo de periodistas incluyendo a la corresponsal de Bloomberg. Ese día González y el segundo a bordo en el Consejo de Seguridad Nacional, Jon Finer, habían visitado a Petro para, entre otros temas, pedirle que sirviera de puente con Maduro. La frase de González denotó una falta de compromiso de la administración Biden con MCM quien fuera electa masivamente como candidata opositora en Venezuela para las hipotéticas elecciones presidenciales. La embajada de EEUU en Colombia intentó relativizar la afirmación de González publicando trozos de la entrevista en la cual se había referido positivamente a MCM. La Casa Blanca anunció el 13FEB24 la salida de González del gobierno en lo que pareció una típica acción de alfil sacrificado, pero la dubitativa posición de González sobre MCM pareciera que se mantiene en las alturas del gobierno de EEUU.

El reemplazo de González es Daniel Erikson quien se ha desempeñado durante el gobierno Biden como subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Defensa. Si bien su más reciente destino lo relaciona con el mundo militar, Erikson al igual que el asesor de Seguridad Nacional Jack Sullivan, el secretario d Estado Antony Blinken y su antecesor González, proceden de una camada de funcionarios que actuaron durante el gobierno de Barack Obama, asistieron al vicepresidente Joe Biden y, entre otras misiones, participaron en la política de restablecimiento de relaciones con la dictadura cubana.

El 08MAR24 este Informe consultó a la Casa Blanca, por segunda vez en dos semanas, sobre la fecha en la cual Erikson reemplazará a González, tras una inusualmente larga espera. Fuentes oficiales afirmaron al Informe Otálvora que no disponían aún la fecha para el cambio en el cargo de director para el Hemisferio Occidental, aunque en mentideros de Washington se estima que se producirá alrededor del 15MAR24. Dado que el “tema Venezuela” se está dirigiendo directamente desde la Casa Blanca, existen expectativas sobre eventuales cambios de orientación o de ejecución con la llegada de Erikson.

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Mientras el gobierno de EEUU pareciera paralizado ante el proceso político en Venezuela, la empresa estadounidense Chevron, principal aliada petrolera de la dictadura venezolana y beneficiaria de la política de “incentivos”, dejaba saber que trabaja bajo el supuesto de que no serán reimpuestas las sanciones.

El 06MAR24 la empresa Chevron hizo público el inicio de operaciones de perforación de nuevos pozos en el área de la Faja del Orinoco donde la estadounidense es socia de la estatal PDVSA. El plan de Chevron es perforar 30 nuevos pozos en el plazo de un año para “impulsar la producción en medio de circunstancias geopolíticas desafiantes”. Los planes de Chevron, negociados con el chavismo desde el 2022, sólo son posibles si el gobierno de EEUU no reimpone las sanciones petroleras al régimen chavista pese a las violaciones de los acuerdos para unas elecciones democráticas.

El 30ENE24 el Departamento de Estado emitió un comunicado informado que “a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, EEUU no renovará la licencia 44 cuando expire el 18 de abril de 2024”. La licencia 44 del Departamento del Tesoro es de carácter genérico y permite que ciudadanos estadounidenses y empresas estadounidenses o con presencia en EEUU, hagan negocios en petróleo y gas con la dictadura venezolana. Pero Chevron no depende de esa licencia para continuar operando en Venezuela y permitir al régimen exportar legalmente crecientes cuotas de crudo, ya que esta empresa logró la emisión de una autorización particular, la Licencia 41 del 26NOV22, que autoriza y condiciona la actividad de la empresa en Venezuela.

La revelación por la propia Chevron, tras el anuncio de la fecha de las “votaciones” presidenciales, sobre la expansión de sus operaciones en Venezuela en sociedad con el régimen chavista, supone que la empresa está invirtiendo bajo la presunción de que la Casa Blanca no reimpondrá la sanción petrolera a Maduro y que la licencia que la favorece será renovada a mediados del 2024.

Juan González, antes de “renunciar” al cargo, había afirmado en Bogotá que las “licencias específicas como la de Chevron” serían “consideradas por separado” de la Licencia 44 que expirará el 18ABR24.

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El Informe Otálvora completa diez años en las páginas de Diario Las Américas. Ideado en 2006 para la naciente edición dominical del diario “El Nuevo País” de Caracas donde circuló hasta 2010, el Informe Otálvora encontró refugio en las páginas del veterano medio en español de Miami.  El Diario Las Américas, en el año 2014, vivía un importante proceso de aggiornamento impulsado por Nelson J. Mezerhane quien recientemente lo había adquirido.

La primera edición del Informe Otálvora en Diario Las Américas circuló el 23MAR14. Para la fecha aún no comenzaba en Brasil el proceso de investigación, después conocido como la “Operação Lava Jato”, que dejó al descubierto el esquema de corrupción diseñado por empresarios de la construcción de ese país, con la activa participación de poderosos políticos y que alcanzó a numerosos países de la región. Pero el título de la columna, “Negocios de Lula”, ya dejaba saber lo que pronto sería tema común: la conexión de entonces expresidente Lula da Silva con la empresa constructora Odebrecht.

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El Informe Otálvora del 23MAR14 informaba:

Desde que terminó su mandato presidencial el 31DIC10, Lula da Silva ha congeniado roles de cabeza visible del izquierdista Foro de São Paulo, embajador no oficial y “consejero” de la presidente Dilma Rousseff y, representante de grandes empresas. Su “Instituto Lula”, situado en la capital paulista, opera como un verdadero centro de poder en Brasil mientras su firma, “LILS Palestras, Eventos e Publicaçoes”, administrar los ingresos como “conferencista”. Sus viajes fuera de Brasil suelen ser breves, movilizándose desde São Paulo en aeronaves  propiedad de empresas brasileñas para las cuales cumple tareas de lobby. En sus periplos realiza conferencias, reuniones con altos funcionarios del país visitado y actividades políticas con organizaciones de izquierda locales.

El cobro de deudas del gobierno de Venezuela con empresas brasileñas también habría sido parte de las tareas de Lula. En la noche del 02JUN11, procedente de Cuba, Lula visitó a Chávez acompañado del presidente del Consejo Administrativo de Odebrecht, Emilio Odebrecht. El gobierno venezolano mantenía (¡y mantiene¡) una milmillonaria deuda con la constructora Odebrecht. La visita de Lula al palacio presidencial de Miraflores coincidió con el pago de parte de lo adeudado, según varias fuentes. Esa noche, también, Chávez asignó a Odebrecht un nuevo contrato por US$ 4.000 millones. Odebrecht entró a operar privilegiadamente en Venezuela de la mano del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, quien la recomendara a Chávez. Después, la empresa apalancó su presencia en Venezuela basándose en la relación de Lula con el régimen venezolano”.

Hasta aquí la cita del Informe Otálvora de marzo de 2014.

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En 2016 Odebrecht se declaró culpable, ante un tribunal federal de EEUU, de prácticas de sobornos para ganar contratos públicos en Brasil. Hoy en día la empresa Odebrecht cambió de nombre en un esfuerzo desesperado por lavar la cara

En 2018, Lula fue encarcelado tras ser condenado en dos instancias judiciales por recibir regalos de empresas constructoras a cambio de contratos de la petrolera estatal Petrobras.  Hoy en día Lula da Silva es nuevamente presidente de su país luego que el Supremo Tribunal Federal de Brasil en 2021, mediante una seguidilla de decisiones de dudosa legalidad, blanquearan la ficha del expresidiario al dejar sin efecto los procesos y varias sentencias por corrupción consecuencia de las investigaciones policiales en la Operación Lava Jato.

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Este Informe no utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para su redacción.


Publicado originalmente en:



  




domingo, 27 de diciembre de 2020

Bolsonaro cobra a Guaidó deuda de Chávez y Maduro

 Informe Otálvora del 28 de noviembre de 2020

Jair Bolsonaro y Juan Guaidó el 28FEB19 en Brasilia. Foto: Agencia Brasil


El ministro de economía de Jair Bolsonaro solicitó a Juan Guaidó el pago de la milmillonaria deuda que el régimen chavista mantiene con el gobierno de Brasil.

Según fuentes consultadas en Brasilia y Caracas, a finales del pasado mes de agosto el Ministerio de Economía dirigido por Paulo Guedes hizo llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño una comunicación dirigida al gobierno de Venezuela. El 03SEP20 la cancillería brasileña Itamaraty envió esa carta, mediante una nota verbal, a la representante diplomática de Guaidó en Brasilia, la embajadora María Teresa Belandria. Itamaraty, de esta manera, ratificaba que a los efectos del gobierno brasileño es Juan Guaidó el jefe del Ejecutivo venezolano y en consecuencia el destinatario de la nota de cobranza emitida por Guedes.

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Desde el año 2018 el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene insolvente en el pago de cuotas de la deuda adquirida con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social BNDES y con bancos privados brasileños. Oficialmente esta deuda corresponde con adelantos realizados para el pago a los proveedores brasileños de exportación a Venezuela de servicios, aviones y alimentos. Constructoras y productoras de cárnicos involucradas en el esquema de corrupción de Lava Jato, como la Odebrecht, Andrade Gutierrez y JBS figuran entre los beneficiarios del esquema de “promoción de las exportaciones” direccionado por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff para respaldar a socios políticos extranjeros. Fue notoria la visita del cogobernante chavista Diosdado Cabello en junio del 2015 a varias ciudades de Brasil, en la cual tras encuentros con Lula da Silva y la para entonces presidenta Dilma Rousseff, concretó acuerdos de suministro de productos cárnicos con la empresa JBS cuyos dueños atendieron personalmente al jerarca venezolano.

Cuba y Venezuela recibieron financiamiento del BNDES por órdenes de Lula y Rousseff y ahora se encuentra en estado de insolvencia. De acuerdo a la legislación brasileña, el BNDES cobrará al estatal Fondo de Garantía de las Exportaciones las cuotas vencidas y que no sean pagadas por los deudores, por lo cual las insolvencias de Maduro y Raúl Castro están siendo financiadas por el tesoro brasileño.

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Finalizando el mes de agosto de 2020, el Estado venezolano adeudaba poco menos de un mil trescientos millones de dólares al gobierno brasileño. Probablemente el monto de pagos ya vencidos superaba los setecientos millones de dólares para esa fecha.

La deuda que el gobierno Bolsonaro ahora cobra a Guaidó fue adquirida por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro. Los beneficiarios fueron empresas involucradas en esquemas de corrupción que han desatado decenas de procesos judiciales en Brasil incluso sobre el propio Lula da Silva quien ya ha sido encontrado culpable por tribunales de segunda instancia en dos de los juicios que le siguen. Según diversos documentos publicados en el portal del BNDES, el tema de la deuda venezolana ha sido reiteradamente tratado en las instancias directivas y en el comité de auditoría.

Tras la cobranza del ministro Guedes a Guaidó por intermedio de Itamaraty, se han celebrado varias reuniones entre la embajadora Belandria y directivos del BNDES y del Ministerio de Economía. La más reciente, según el portal del BNDES, se habría realizado el 26OCT20, vía teleconferencia, entre Belandria y la directora del área financiera del banco Bianca Nasser. La enviada de Guaidó habría solicitado una relación de los distintos contratos de financiamiento así como los cronogramas de pago.

El gobierno de Jair Bolsonaro es un claro aliado de Guaidó y las gestiones de Guedes parecieran, según una fuente oficial brasileña que sigue el proceso, un trámite formal para cubrir procedimientos legales internos y no una acción deliberada contra el gobierno provisional venezolano.  Hasta la fecha el tema ha sido manejado con discreción tanto por la cancillería brasileña como por el “gobierno Guaidó”.

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Fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, como una forma de debilitar a la OEA, es uno de los propósitos que la alianza castrochavista continental se ha propuesto como objetivo.

La CELAC fue creada en 2010 impulsada en ese momento por una ola izquierdista que dominaba la escena política continental. Conceptualmente ha sido presentada como una organización rival de la OEA, en la cual participa Cuba y el gobierno Maduro, y en su constitución fueron expresamente excluidos EEUU y Canadá. Al igual que ocurriera con Unasur, la CELAC fue colonizada por los gobiernos de la alianza castrochavista. La organización fue rápidamente perdiendo relevancia y la última cubre presidencial tuvo lugar en República Dominicana el 24ENE17.

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En enero del 2020 México asumió la presidencia protempore como un esfuerzo del gobierno de Andrés López Obrador para revivir la instancia que es vista por la izquierda como la contrapartida ante la OEA. El 08ENE20 coincidieron en Ciudad de México los cancilleres de Argentina, Cuba, Nicaragua, del saliente gobierno izquierdista de Uruguay y el alto jerarca chavista Jorge Rodríguez, junto a representantes de otros gobiernos de la región. Buena parte de las cancillerías del continente ven con desgano a la CELAC e incluso Brasil y el gobierno transitorio de Bolivia en aquel entonces anunciaron su separación. Pero el regreso del castrochavismo a la presidencia boliviana y la nueva ofensiva izquierdista en el continente está dando alta prioridad a la reactivación de CELAC. De hecho, la cancillería boliviana emitió el 20NOV20 un comunicado según el cual el nuevo gobierno “retoma” la participación en la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)”.

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El argentino Alberto Fernández está muy activo procurando ganar simpatías hacia CELAC argumentando que la OEA se encuentra paralizada en razón de conflictos ideológicos y políticos.  El 19NOV20, Fernández viajó a Uruguay, sin aviso previo a los medios, para un almuerzo con Luis Lacalle Pou con quien no se había reunido desde que el uruguayo tomara posesión del cargo el 01MAR20. El anfitrión recibió a Fernández en la Estancia Presidencial de Anchorena donde personalmente preparó el asado con el cual brindó al visitante quien llegó sin su canciller Felipe Solá. La reunión en espíritu de camaradería había sido convenida entre Fernández y su amigo el canciller uruguayo Francisco Bustillo cuando ambos coincidieron en la toma de posesión de Lucho Arce en La Paz el 08NOV20. No hubo documentos oficiales sobre lo tratado por los mandatarios salvo una genérica declaración de la Casa Rosada. Diversas fuentes aseguran que entre los temas tratados, en la “reunión de amigos”, estaban la reactivación de Celac, así como acordar pasos en común dentro del Mercosur.

La reactivación de Unasur, con la eventual apertura de una oficina en Buenos Aires que reemplace a la antigua sede en Quito, es una idea que está siendo acariciada por la izquierda continental, en un intento de reconstruir el andamiaje que el castrochavismo había  logrado controlar.

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En medios diplomáticos sureños se aprecia la falta de un intento de liderazgo regional por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, demasiado comprometido en pugnas intestinas. Ese espacio estaría abierto para el mandatario argentino, una de las cabezas visibles del izquierdista Grupo de Puebla, quien, además, próximamente asumirá la presidencia rotativa del Mercosur. Alberto Fernández y Jair Bolsonaro han pasado un año sin comunicarse directamente. Nunca se han encontrado personalmente y por el contrario, los medios y las redes sociales han sido escenario para choques de posiciones entre ambos. Incluso el clan Bolsonaro llegó a plantearse la opción de romper relaciones diplomáticas con Argentina tras conocerse los resultados de las elecciones que dieron el triunfo a Fernández y a Cristina Kirchner. La primera conversación oficial entre los mandatarios de Argentina y Brasil desde que el argentino tomara posesión del cargo el 10DIC19 fue discretamente negociada por los cancilleres Felipe Sola y Ernesto Araújo y se acordó que fuera una teleconferencia el 30NOV20.

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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 14NOV20, Joe Biden señaló el 23NOV20 al diplomático Antony Tony Blinken como su futuro Secretario de Estado. Blinken, ha hecho carrera en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca y luego de las elecciones del 03NOV20 ha estado atendiendo los enlaces de Biden con mandatarios extranjeros.

El 24NOV20, aún sin haberse iniciado oficialmente la transición, Biden presentó colectivamente a quienes se propone designar como Secretarios de Departamento de Estado y de Seguridad Nacional, así como al Asesor de Seguridad Nacional, a la Directora de Inteligencia Nacional y a la representante permanente ante la ONU En su intervención inicial, Biden proclamó que “es un equipo que refleja el hecho de que EEUU está de vuelta, listo para liderar el mundo, no para retirarse de él”. Cada uno de los designados realizó una breve exposición. Antony Blinken afirmó que EEUU debe “proceder con iguales medidas de humildad y confianza. Humildad porque, como dijo el presidente electo, no podemos resolver todos los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación. Necesitamos su asociación. Pero también confianza porque EEUU en su mejor momento todavía tiene una mayor capacidad que cualquier otro país del mundo para unir a otros para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo”.

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Son pocas las señales expresas sobre cuál sería la política Biden hacia Latinoamérica. La designación del cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas al frente de la Secretaría de Seguridad Nacional pareciera ser una señal de relevancia para el tema migratorio. En su intervención en la presentación del 24NOV20, Mayorkas dijo que “el Departamento de Seguridad Nacional tiene una noble misión, ayudarnos a mantenernos a salvo y hacer avanzar nuestra orgullosa historia como un país de bienvenida”.

Tanto Blinken así como Jake Sullivan quien fue indicado como próximo Asesor de Seguridad Nacional, se han manifestado en entrevistas de prensa en los últimos años y en foros académicos, favorables a la política de sanciones contra el régimen chavista, pero el componente “diplomacia” pareciera que estará fuertemente presente en la política exterior del gobierno Biden.

Publicado originalmente en:


viernes, 27 de enero de 2017

Chavismo suprime al parlamento en Venezuela


Informe Otálvora del 21 de enero de 2017
Militantes chavistas toman el salón de sesiones de la Asamblea Nacional el 23OCT16. Foto: Asamblea Nacional

El fallecimiento el 19ENE17 del magistrado Teori Zavascki, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil STF, al caer al mar el avión que lo transportaba, desató toda clase de teorías conspirativas sugiriendo que no se trató de un accidente. En manos de Zavascki no estaba el enjuiciamiento pero si el seguimiento de los procesos de “Lava Jato”, el esquema de corrupción que envuelve a políticos, empresas constructoras y la petrolera Petrobras. Zavascki estaba pronto a realizar la revisión formal y autorizar su uso como pruebas de varias centenas de documentos con confesiones de setenta altos ejecutivos de la constructora Odebrecht que optaron por realizar delaciones a cambio de mejoras en sus condenas. En breve el STF designará un magistrado para atender el caso Lava Jato y proveerá al juez Sergio Moro con las delaciones de Odebrecht que  afectarían a decenas de notables políticos brasileños.

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Fuentes confiables aseguran a este Informe que el gobierno de Nicolás Maduro sopesa procesar judicialmente a varios importantes comunicadores sociales venezolanos como parte de las acciones represivas del “plan antigolpe”. Según las fuentes, el prestigioso periodista Nelson Bocaranda y por lo menos otros dos periodistas o editores de medios digitales, quienes cuentan con millones de seguidores en sus respectivas cuentas Twitter, pudieran ser objetos de acusaciones por “usos golpistas” de medios y redes sociales.

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El 11ENE17 la policía política Sebin detuvo al diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro Alfonzo y a su compañera la activista de Derechos Humanos Steyci Escalona. La detención violó la inmunidad parlamentaria que protege al parlamentario. Según la actual Constitución venezolana, la detención de un parlamentario sólo es posible mediante orden del Tribunal Supremo de Justicia TSJ con previa aprobación de la Asamblea Nacional, trámites que no se cumplieron en el caso de Caro. Pocas horas después de la detención ilegal de Caro, el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami confirmó el apresamiento del diputado asegurando que fue “capturado en flagrancia” por supuestamente portar un fusil, municiones y explosivos y por haber visitado la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. “Está siendo custodiado por el Sebin para cumplir con su presentación ante las instancias judiciales, y que además sea castigado con todo el peso de la ley” dijo el jefe del “Comando Anti Golpe” juramentado por Maduro el 10ENE17. La Constitución “Bolivariana” establece que en caso de detención de un parlamentario “en flagrancia” deberá ser arrestado en su residencia y se notificará al TSJ. Pasada una semana de su arresto, Caro permanecía retenido e incomunicado en instalaciones militares. El cogobernante Diosdado Cabello aseguró que el encarcelamiento de Caro fue el “primer logro del Comando Antigolpe”.

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El 01ENE14, la entonces Ministra de Información del gobierno Maduro, Delsy Rodríguez, publicó en su cuenta Twitter un listado de 27 personalidades (políticos, periodistas, abogados, empresarios) señalando los destinos en el extranjero a los cuales habían viajado durante los días de finales del año 2013. El listado titulado “La derecha de fin de año en el exterior” fue elaborado con información oficial del organismo encargado del movimiento migratorio y pretendía desacreditar a la dirigencia opositora. Tres años después han sido reportadas unas vacaciones “secretas” de la ahora ministra de Relaciones Exteriores del gobierno Maduro. Delsy Rodríguez viajó acompañada de su hermano Jorge Rodríguez, oficialmente Alcalde de Caracas y uno de los hombres fuertes dentro del Comando de la Revolución gobernante en Venezuela, en un periplo que mezcló placer con algunas actividades oficiales menores en Qatar, Italia y España. Los hermanos Rodríguez supuestamente habrían disfrutado del Qatar ExxonMobil Open de tenis según fotos mostradas por el portal “La Patilla” y diversos medios venezolanos los mostraron de compras en Roma durante los primeros días del nuevo año. Según “La Patilla” las fotos de la estadía en Roma habrían sido tomadas y filtradas como parte de una vendetta en el interior del chavismo.

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Durante su estadía en la capital italiana, los hermanos Rodríguez quienes también forman parte de la delegación oficialista en el llamado “Diálogo Maduro-MUD”, solicitaron una reunión urgente con monseñor Claudio Maria Celli, el alto funcionario vaticano que actúa como representante personal del papa Francisco y facilitador en el paralizado diálogo entre el gobierno y la Oposición venezolana. Celli accedió a la inusual solicitud de los emisarios de Maduro a quienes recibió   el 06ENE17, dejando ver en su rostro un aire de desagrado en las fotos que fueron tomadas a solicitud de los visitantes quienes se mostraban sonrientes. Tras esa cita, la canciller de Maduro tuiteó: “Papa Francisco mantiene su compromiso con el diálogo en Venezuela en beneficio de nuestro pueblo”. Al asegurar que Celli viajaría a Caracas para asistir a una supuesta reunión Gobierno-MUD el 13ENE17, el chavismo intentaba contraponer al Vaticano con la Conferencia Episcopal Venezolana cuyos voceros ya habían calificado como un “fracaso” el “dialogo”.

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Dos semanas después de la visita de los hermanos Rodríguez a Roma, el Vaticano informó que monseñor Celli no viajaría a Caracas para reuniones que los “facilitadores” Ernesto Samper y los expresidentes encabezados por José Rodriguez Zapatero, sostendrían el 19ENE17 separadamente con el Gobierno y la Oposición para intentar convencer a la MUD de reintegrarse a la mesa de diálogo. En medios políticos se maneja la versión según la cual podría producirse una convocatoria a Roma para que varios delegados del Gobierno y la MUD sostengan encuentros directos con el Papa y una eventual reunión conjunta, emulando la dinámica de la cita provocada por Francisco entre Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe Vélez el 16DIC16. Por cierto, el encuentro Santos-Uribe en presencia de Francisco resultó inútil como mecanismo para bajar tensiones entre los dos dirigentes colombianos.

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El plan del régimen chavista para anular las facultades de la Asamblea Nacional venezolana comenzó a ejecutarse el 14ENE16, a sólo nueve días de la instalación de las sesiones del cuerpo legislativo ahora controlado por la Oposición. Mediante la emisión del Decreto 2.184, Maduro declaró estado de “emergencia económica” que fue profundizado y prorrogado a lo lardo del año. Valiéndose de la emisión de sucesivos decretos, Maduro ha gobernado dictando decretos amparados en el “estado de excepción” que conlleva a la suspensión de las garantías constitucionales y que obvian al poder legislativo. Esto se suma a la suspensión de entrega de recursos presupuestarios para los gastos de la Asamblea Nacional y, la declaración de “desacato” contra el parlamento por parte del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo con base en el cual se han declarado nulas las leyes aprobadas durante el año 2016.

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Mediante un nuevo decreto emitido el 13ENE17, Maduro se adjudica ahora la autoridad para disponer de recursos sobrantes del presupuesto de gastos 2016; aumentar impuestos al incrementar la denominada “unidad tributaria”; incrementar los presupuestos de gastos de los organismos públicos; aprobar el presupuesto del Banco Central de Venezuela; suscribir contratos para “la obtención de recursos financieros” o “el aprovechamiento de recursos estratégicos”; autorizar operaciones de financiamiento “sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos”; suspender las sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios”. Maduro se arroga facultades para endeudar a la Nación sin contar con autorización legislativa y decreta la nulidad de cualquier sanción que pudiera imponerles la Asamblea Nacional a sus ministros.

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Un decreto de declaración de “estado de excepción” requiere, según la actual Constitución venezolana, la aprobación de la Asamblea Nacional y la declaratoria de constitucionalidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Desde que la Oposición venezolana se hizo de una holgada mayoría parlamentaria, el TSJ ha convalidado los estados de excepción sin contar con la aprobación de los diputados. Maduro afirmó el 18ENE17: “constitucionalmente no me hace falta la Asamblea Nacional”. Sólo dos días después el TSJ declaró la “constitucionalidad” del nuevo decreto que prorroga el estado de excepción. Según el decreto 2.667 dictado por Maduro el 13ENE17, la suspensión de garantía se justifica porque “la mayoría circunstancial de diputados a la Asamblea Nacional ha efectuado una serie de actos fraudulentos y simulaciones de situaciones jurídicas para engañar a la comunidad nacional e internacional”. En Venezuela el parlamento no ha sido disuelto como lo hiciera, por ejemplo, Alberto Fujimori en Perú el año 1992. Pero en la práctica, el chavismo congeló la aplicación de la Constitución venezolana para maniatar y suprimir funcionalmente al poder legislativo.

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El gobierno de Paraguay decidió bajar el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela como respuesta a usuales ataques de Nicolás Maduro contra altos funcionarios del gobierno de Horacio Cartes. El embajador Enrique Jara que representaba a Paraguay en Caracas fue llamado a consultas a su país el 05AGO16 y el 19ENE17 recibió  instrucciones para asumir la Embajada paraguaya en Panamá. La cancillería paraguaya no designará nuevo Embajador en Caracas y dejará su embajada en manos de un funcionario de menor rango, el consejero Celso Riquelme, como Encargado de Negocios a.i. Paraguay mantiene una posición dura contra el régimen venezolano siendo uno de los promotores de  las sanciones impuestas a Maduro el 02DIC16 por el Mercosur.
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html