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martes, 18 de febrero de 2025

Actores internacionales desconocen a Maduro pero promueven nuevamente una solución negociada en Venezuela

Informe Otálvora del 12 de enero de 2025

Edmundo González Urrutia recibido en la Casa Blanca por Joe Biden el 06ENE25. Foto: Casa Blanca.

 

En general, los principales actores internacionales estaban preparados para que el 10ENE25 ocurriera en Venezuela lo que finalmente se registró. Maduro se mantendría encabezando su gobierno de facto ante la imposibilidad de la oposición hacer valer su triunfo electoral del 28JUL24.

En ya remota fecha del 24AGO24, tras una reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea el entonces alto representante europeo Josep Borrell afirmó que ante la falta de verificación de los resultados electorales, a los efectos de la UE, Maduro “seguirá siendo un presidente de facto”. El Consejo Europeo formado por los mandatarios de la alianza y después los ministros de exteriores ordenaron diseñar nuevas medidas contra el régimen chavistas las cuales fueron definidas en diciembre por el Grupo de Trabajo para América Latina y el Caribe del Consejo Europeo COLAC. No asistir a la toma de posesión fue la recomendación del COLAC el cual, integrado por representantes diplomáticos de los países miembros, se encargó de definir una lista de jerarcas del régimen que serían incorporados a la lista de sancionados por la UE. La nueva lista, elaborada con semanas de anticipación, sólo sería divulgada el 10ENE25. Procesos similares ocurrían en Washington, Londres y Ottawa. El Departamento de Estado de EEUU había estado trabajando en los últimos meses para pedir a sus aliados que coordinaran nuevas acciones de presión contra el régimen chavista ante la evidencia de su decisión de no entregar el poder. La sugerencia a los países amigos para abstenerse de enviar delegaciones a los actos del 10ENE25 en Caracas formó parte de las tareas de las embajadas de EEUU alrededor del globo.

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Edmundo González Urrutia realizó una gira continental, organizada con alto nivel de profesionalidad, que comenzó el 04ENE25 en Buenos Aires y que debía finalizar con su ingreso a Venezuela el 10ENE25, fecha del inicio del nuevo período presidencial.

EGU fue recibido como “Presidente Electo” en Argentina, Uruguay, EEUU, Panamá y República Dominicana. Su llegada a EEUU se produjo en un vuelo al que se le permitió aterrizar en la militar Base Andrews dado que la visita fue diseñada por el gobierno estadounidense como una visita oficial de un presidente electo a quien se le asignó la debida protección. La acción diplomática de EGU estaba coordina con los movimientos de María Corina Machado dentro de Venezuela. El plan, pese a la brutal represión chavista contra los activistas opositores y sus familias, incluyendo el secuestro en Caracas del yerno de EGU, consistió en convocar a protestas pacíficas callejeras el 09ENE25 que crearan un clima de presión para impedir la juramentación de Maduro. Desde República Dominicana, acompañado por un grupo de nueve expresidentes latinoamericanos miembros del Grupo IDEA coordinado por el venezolano Asdrúbal Aguiar, EGU se disponía viajar a Venezuela para juramentarse como Presidente. MCM, quien permanecía en la clandestinidad, se hizo presente en un acto público donde arengó a sus seguidores, siendo luego interceptada por agentes armados del régimen.

En declaraciones a CNN el 10ENE25, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien es parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y quien formaba parte de los acompañantes de EGU, se refirió a las etapas finales de la gira. El ingreso a Venezuela el 10ENE25, según Chinchilla, estaba condicionado a alguna reacción de militares venezolanos que romperían con el régimen y permitirían la existencia de una suerte de “territorio liberado” en el cual EGU se juramentaría. La falta de esa reacción militar y problemas logísticos para el ingreso por vía aérea habrían determinado que la operación fuera abortada.

En Caracas en tanto, bajo una fuerte operación de represión a líderes políticos, en   ceremonia realizada en un pequeño salón protocolar del Palacio Legislativo con presencia sólo de mandatarios de Cuba, Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Antigua y Barbuda, Maduro inició su tercer mandato como gobernante de facto.

Por cierto, Wang Dongming, uno de los vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China quien asistió al evento de Maduro, está desde 2020, en la listas de sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU.

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El 10ENE25 la Unión Europea anunció que con fecha del día anterior había publicado en el “Diario Oficial de la UE” la actualización a su esquema de sanciones al régimen chavista: prorrogó por un año, hasta el 10ENE26, la vigencia de la normativa que permite imponer sanciones, reintrodujo en la lista de sancionados a cuatro jerarcas (autoridades electorales) a quienes a mediados de 2024 les había retirado las sanciones como incentivo para preparar elecciones “creíbles y competitivas” e, impusieron sanciones a 15 jerarcas del régimen (autoridades electorales, poder judicial y altos mandos militares jefes de cuerpos represivos). Con estas medidas suman 69 los altos jerarcas del régimen sujetos a sanciones que incluyen la inmovilización de activos, la prohibición “de facilitar a las personas incluidas en la lista, directa o indirectamente, fondos o recursos económicos”, y la . la prohibición de entrada en la UE”.

Casi simultáneamente el gobierno de EEUU anunció una nueva ronda de sanciones contra jerarcas del régimen. Aumentó de US$15 millones a US$25 millones el monto de la recompensa “por cada información que conduzca a los arrestos y/o condenas de Nicolás Maduro y el Ministro del Interior de Maduro, Diosdado Cabello”. Igualmente anunció una recompensa de US$ 15 millones por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Las recompensas son ofrecidas como parte del proceso por narcotráfico que el Departamento de Justicia sigue contra los jefes chavistas. De esta manera EEUU identificó a estos tres hombres como la cúpula jerárquica del régimen. Maduro ejerciendo como presidente de facto, Cabello como el claro cogobernante y Padrino como el jefe de los militares que forman parte integral del régimen. EEUU incluyo, además, a otros ocho jerarcas del régimen en su lista de sancionados que ya suma 187 personas “afines a Maduro por reprimir e intimidar a la oposición democrática en un intento desesperado e ilegítimo de tomar el poder por la fuerza”.

En la acción simultanea de anuncios sobre Venezuela, el gobierno de Canadá dejó saber el 10ENE25 sobre la imposición de sanciones a 14 “altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano que han participado en actividades que han apoyado directa o indirectamente las violaciones de los derechos humanos en Venezuela” La lista de sancionados por Canadá, la cual encabeza Nicolás Maduro desde el 22SEP17, ahora suma 116 sancionados.

Por su parte, el Reino Unido anunció también el 10ENE25 “una nueva ola de sanciones” incluyendo a 15 personas con lo cual ascienden a 53 jerarcas sancionados por Londres. “Entre los que enfrentan sanciones se encuentran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez quien ayudó a legitimar las elecciones del 28JUL24, y el Director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Asdrúbal José Brito Hernández, una organización responsable de graves violaciones y abusos de los derechos humanos, incluido el uso de violencia sexual y de género, tortura, asesinatos y la detención arbitraria de miembros de la oposición y la sociedad civil”.

Ningún gobierno anunció sanciones colectivas económicas contra Venezuela y todas fueron sanciones individuales.

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Salvo el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien desde la fronteriza ciudad de Cúcuta propuso el 11ENE25 una “intervención militar internacional” que “desaloje a esos tiranos del poder”, gobiernos y dirigentes políticos de proyección internacional mantienen la tesis sobre una salida “negociada” en Venezuela.

El 10ENE25, los gobiernos de Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido emitieron un comunicado bajo la bandera del G7, para “denunciar la falta de legitimidad democrática de la supuesta investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”. En ese texto, los siete gobiernos aseguran que “para resolver esta crisis se necesita una solución pacífica, democrática, negociada y liderada por los venezolanos”, ofreciendo “trabajar con los venezolanos y la comunidad internacional para garantizar que se respete la voluntad democrática del pueblo venezolano, expresada en las elecciones de julio, y se establezca un proceso pacífico de transición del poder”.

El comunicado del 10ENE25 la nueva representante de la UE, Kaja Kalas, afirmaba que “las autoridades venezolanas perdieron una oportunidad clave para respetar la voluntad del pueblo y garantizar una transición democrática transparente y con garantías para todos. Por lo tanto, Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente”. Kalas dijo que el objetivo de las nuevas sanciones “es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis. La UE no ha adoptado ninguna medida que pueda perjudicar al pueblo venezolano o a la economía. La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades. La revocación de las sanciones de la UE dependerá de avances tangibles en materia de derechos humanos y del Estado de Derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática”.

En el comunicado emitido el 10ENE25 por la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, hizo “un llamado al régimen de Maduro para que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano y permita un proceso de transición pacífico que respete los derechos humanos. Canadá reitera que se necesita una solución pacífica, negociada y liderada por Venezuela para resolver esta crisis”.

La decisión de Lula da Silva de ordenar a su embajadora en Caracas que asistiera al evento de juramentación de Maduro generó malestar en la alianza política que lo acompaña. El vicepresidente Geraldo Alckmin y por lo menos tres ministros, ninguno de ellos militante del PT, dejaron saber su descontento por la renuencia de Lula a desconocer la toma de posesión de Maduro. El 11ENE25 la cancillería brasileña emitió un comunicado que sin desconocer a Maduro dejó saber que “el gobierno de Brasil sigue con gran preocupación las denuncias de violaciones de Derechos Humanos a opositores en Venezuela, en especial después del proceso electoral”. Itamaraty dice que para “la plena vigencia de un régimen democrático es fundamental que se garantice a los líderes de la oposición los derechos elementales de ir y venir, de manifestarse pacíficamente con libertad y con garantías a su integridad física”. La propuesta brasileña es “exhortar a las fuerzas políticas venezolanas al diálogo y a la búsqueda de entendimiento mutuo”.

El día anterior, el 10ENE25, la presidencia de Francia emitió un comunicado informando sobre una conversación telefónica entre Emmanuel Macron y Lula sobre la situación venezolana. Macron y Lula “condenaron en los términos más enérgicos el intento de detención de María Corina Machado” y llamaron a que “todos los detenidos por sus opiniones o compromisos políticos deberían ser liberados inmediatamente”. La fórmula de Macron y Lula: “llamaron a Nicolás Maduro a retomar el diálogo con la oposición. Francia y Brasil están dispuestos a facilitar esta reanudación de negociaciones, que debería permitir el regreso de la democracia y la estabilidad a Venezuela”. La conversación ocurrió poco después que se produjera el secuestro de María Corina Machado y su casi inmediata liberación por un grupo de funcionarios policiales del régimen, tras la realización de una concentración de opositores en Caracas.

El 09ENE25, durante la tradicional reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, el papa Francisco entre otros casos nacionales, se refirió a Venezuela. El discurso papal fue leído por monseñor Filippo Ciampanelli, subsecretario del Dicasterio para las Iglesias Orientales, debido a un estado gripal de Francisco. “Pienso además en Venezuela y a la grave crisis política en la que se debate. Esa podrá ser superada sólo con la adhesión sincera a los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad, a través del respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de cada persona —incluidos los de quienes han sido arrestados a causa de los sucesos de los últimos meses— gracias al rechazo de cualquier tipo de violencia y, deseablemente, al comienzo de negociaciones de buena fe y finalizadas al bien común del país”.

Antonio Ledezma, dirigente socialdemócrata opositor en el exilio quien forma parte del cercano equipo colaborados de Edmundo González Urrutia, en declaraciones publicadas por Diario Las Américas el 11ENE23 afirmó que  “La meta es lograr una transición pacífica y ordenada que ahorre más sufrimiento a los venezolanos”.

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El 09ENE25 Donald Trump rompió su silencio sobre el proceso político venezolano, probablemente por sugerencia de parlamentarios republicanos que siguen el tema Venezuela y con quienes González Urrutia se había reunido en Washington unas pocas horas antes. Trump nunca se había referido a las elecciones ocurridas en Venezuela el 28JUL24 y sus menciones a Venezuela durante la campaña electoral estadounidense siempre fueron asociadas a la presencia de delincuentes venezolanos en EEUU y a su plan de deportaciones masivas. El 16DIC24 Trump en una rueda de prensa Trump se refirió a Venezuela para afirmar que EEUU no tiene que “comprar energía de Venezuela cuando tenemos 50 veces más que ellos”. Además se refirió una vez más a su intención de deportar masivamente a venezolanos.

En su cuenta de la red Truth, Trump publicó: “La activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González están expresando pacíficamente las voces y la VOLUNTAD del pueblo venezolano con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana-estadounidense en los EEUU apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. ¡Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y DEBEN permanecer SEGUROS y CON VIDA!”.

MCM publicó una respuesta calificando el mensaje de Trump como un “apoyo inquebrantable a la lucha de Venezuela por nuestra democracia”.

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Como parte de las medidas anunciadas por EEUU el 10ENE24, el Secretario de  Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas decidió extender por 18 meses la vigencia para Venezuela del Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2023 “debido a la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el inhumano régimen de Maduro”. Medidas similares fueron anunciadas para El Salvador,  Ucrania y Sudán, desencadenando críticas desde el trumpismo.

Bernie Moreno, quien acaba de ingresar a Senado de EEUU en representación de Ohio con el apoyo de Trump, remitió al secretario Mayokas una carta rechazando la extensión del TPS que según Moreno permitirían que un millón de personas que entraron a EEUU sin autorización permanezcan en el país hasta el otoño de 2026. Moreno en su carta resalta la presencia en EEUU de venezolanos delincuentes pertenecientes a la banda “Tren de Aragua”.

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Bernie Moreno Mejia, quien pareciera interesado en ganar rápida notoriedad como senador y está utilizando el tema de las migraciones ilegales para su promoción en los medios, ofreció el 04ENE25 declaraciones al canal colombiano Caracol en las cuales aseguró que el gobierno Trump trabajará con Nicolás Maduro. “Trump trabajará con Maduro porque él es el que va a tomar posesión del cargo la próxima semana”. “Al final del día EEUU no elige a los líderes de esos países. Tuvieron una elección, la gente dice que no fue justa, pero al final del día los intereses de EEUU son detener el tráfico de drogas, que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país y que hagan negocios con EEUU, que dejen de hacer negocios con Rusia y China".

Moreno, quien ha hecho su carrera pública como vendedor de automóviles, no es un ignorante de la política latinoamericana, como algunos “analistas” sugirieron antes sus declaraciones. No sólo por su origen familiar sino porque un miembro de su familia ha ocupado cargos de alta figuración, al senador no le son ajenos los temas latinoamericanos. Su hermano Luis Alberto Moreno Mejía nacido en EEUU, fue ministro del gobierno (el llamado kínder) de Cesar Gaviria Trujillo, luego fue enviado a Washington como embajador del gobierno de Andrés Pastrana Arango y participó en las negociaciones para el financiamiento estadounidense del Plan Colombia contra la guerrilla. Luis Alberto Moreno fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo desde 2005 y por quince años. Las relaciones de la familia Moreno Mejía con Venezuela son, por cierto, muy estrechas. Dos de las cuñadas del senador Bernie Moreno, es decir dos de las esposas de Luis Alberto Moreno son venezolanas. Una de ellas es Gabriela Febres Cordero, exministra del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y quien estuvo casada con Luis Alberto Moreno hasta un escandaloso divorcio en 2011.

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La posición del senador Bernie Moreno a favor de normalizar relaciones con Maduro pareciera corresponderse con posiciones dentro de los más radicales del MAGA y de otros subgrupos del trumpismo. Ya el 24NOV24 el futuro zar de la frontera de la Secretaría de Seguridad Nacional, Thomas Homan, en declaraciones al New York Post había afirmado que tiene “fe en que el presidente Trump trabajará con el presidente de Venezuela” refiriéndose a Maduro, precisando que “la administración entrante tiene mucha influencia para obligar a Venezuela a comenzar a aceptar deportaciones, incluyendo amenazas de aún más sanciones”.

La posición de Moreno y Homan, compartida por grupos que han estado trabajando en el diseño de las acciones del nuevo gobierno, contrasta fuertemente sobre el manejo del tema venezolano con congresistas republicanos que están promoviendo un endurecimiento de la línea de EEUU hacia el régimen chavista.


Publicado originalmente en:




martes, 30 de mayo de 2023

Conformado nuevo gobierno interino en Venezuela

Informe Otálvora del 20 de mayo de 2023

Dinorah Figuera en la Embajada de EEUU en Madrid junto al diplomático Mark Wells el 15MAR23. Foto: @WHAAsstSecty 

El departamento de Estado de EEUU estaría organizando una agenda de reuniones de trabajo con el nuevo “gobierno” de Venezuela encabezado por Dinorah Figuera. Los encuentros tendrían lugar en las próximas semanas sin que aún se defina el lugar, barajándose a Madrid o Washington como posibles lugares, para lo que sería la confirmación oficial del reconocimiento por EEUU a un nuevo “gobierno provisional”. De esta manera, la médico y parlamentaria Dinorah Figuera, de 62 años de edad y actualmente viviendo como asilada política en España, se está convirtiendo en la primera mujer Presidenta de Venezuela con base en la misma interpretación constitucional que sustentó el interinato de Juan Guaidó.  

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En conversación para este Informe el 18MAY23, Figuera insistió que no se trataría de un nuevo “gobierno provisional”, ratificando su condición de presidenta de la Asamblea Nacional y reacia a ser considerada como cabeza del poder Ejecutivo. Figuera, en todo caso, dejó saber que estaba asumiendo “funciones constitucionales”, sin especificarlas, en lo que calificó una situación “sui generis”. Pero esas “funciones constitucionales” son precisamente las que corresponderían a una jefatura de gobierno, distinto a las funciones del poder legislativo. La situación “sui generis” a la cual se refiere la nueva Presidenta de Venezuela, es la inexistencia de un gobierno legítimamente electo dado el carácter usurpador del gobierno de Nicolás Maduro, sustento constitucional para que Guaidó asumiera la Presidencia interina el 10ENE19 y que le valió el reconocimiento de varias decenas de gobiernos, con las implicaciones legales, política, diplomáticas y administrativas que ello ha supuesto.

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El Informe Otálvora del 25MAR23 reportaba que el 15MAR23 se había producido una reunión en la sede de la Embajada de EEUU en Madrid entre Dinorah Figuera  y Mark Wells en su condición de subsecretario Adjunto para Brasil y Cono Sur, Asuntos Andinos y Política Económica de la Oficina de Asuntos de hemisferio occidental del Departamento de Estado. Esa reunión significó la ratificación del reconocimiento de EEUU a la Asamblea Nacional electa en 2015 como única instancia constitucional representativa del estado venezolano. Pero, indicaba este Informe que “ese reconocimiento no basta para desentrabar los embrollos legales y políticos causados por la ausencia de un gobierno reconocible en Venezuela. Figuera habría sido informada de la posición de EEUU y advertida sobre el cuadro creado a raíz de la disolución del “gobierno interino”. Ese Informe también adelantaba que “en altos niveles del aparato diplomático y de seguridad de EEUU se estaría debatiendo sobre salidas a la falta de una representación legal de Venezuela, el vacío legal provocado por la disolución del “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó. En todo caso, la administración Biden mantiene la posición de no reconocer a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela pero tampoco dará reconocimiento diplomático a un “gobierno legislativo” como el dibujado por quienes defenestraron a Juan Guaidó”.

Ahora, corridos varios meses, ya el gobierno de EEUU precisó junto a Dinorah Figuera una respuesta a esa situación.

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Todo indica que la oposición venezolana y el gobierno de Joe Biden debieron dar vuelta atrás en la decisión de prescindir de la figura de un “gobierno provisional” en Venezuela, como instancia reconocible y reconocida legalmente por EEUU y otros gobiernos. La interpretación de la Constitución venezolana asumida por EEUU durante el gobierno de Trump y dejada a un lado por algunos operadores de la Casa Blanca del gobierno Biden, nuevamente apareció como una necesidad y solución legal. Si bien la decisión y los respectivos actos oficiales no se han hecho públicos, en medios oficiales de Washington y de Londres se dan como un hecho. En el caso de EEUU, diversas decisiones que han sido emitidas en las últimas semanas tienen como condición legal la existencia precisamente de una autoridad ejecutiva venezolana reconocible, distinta a un inaceptable “gobierno parlamentario”, la cual encarna la diputada Figuera.

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Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, conocida en argot internacional como la “IV Asamblea Nacional de Venezuela”, reconocida por EEUU y otros países, decidieron el 30DIC22 la disolución del “gobierno interino” y la no renovación de Guaidó como presidente del poder legislativo, mediante la aprobación de una nueva versión del llamado “Estatuto de Transición a la Democracia”.  De esta manera, el 05ENE23 fue electa una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por Dinorah Figuera, militante del partido Primero Justicia. Según lo aprobado por los rivales de Guaidó, Figuera no asumiría la condición de Presidenta Encargada de la República. La alianza opositora llamada G4, formada por los partidos Voluntad Popular (de Guaidó y Leopoldo López), Primero Justicia (de Julio Borges y Henrique Capriles Radonski), Acción Democrática (de Henry Ramos Allup) y Un Nuevo Tiempo (de Manuel Rosales) mantenía ya desde 2021 una creciente confrontación a propósito de la continuidad del “gobierno provisional” de Guaidó a quien veían como un rival para unas eventuales futuras elecciones presidenciales. Con la no renovación de Guaidó en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional y la disolución del “gobierno de transición”, algunos sectores de la oposición creyeron abrir el camino para que el régimen convoque a elecciones en 2024 y retire las trabas “legales” que impiden que algunos dirigentes presentes sus candidaturas. La defenestración de Guaidó y la posterior presión del aparato represivo del régimen forzándolo a salir al exilio, parecían satisfacer tanto al chavismo como a varias toldas opositoras.

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La decisión de la Asamblea Nacional recibió la censura de eminentes juristas venezolanos como Allan Brewer Carías, Asdrúbal Aguiar o Román Duque Corredor. “La pretendida reforma del Estatuto de Transición a la Democracia que supuestamente “elimina” el gobierno interino, no es más que un gran e inconstitucional disparate, porque dicho gobierno no fue “creado” por la Asamblea Nacional ni puede por tanto ser “eliminado por la misma”, escribió Brewer.

Aguiar escribió: “esa figura constitucional del Encargado de la Presidencia de la República, que ha operado de pleno Derecho desde el 10 de enero de 2019 – por falta de un presidente electo – no es discrecional.”

Brewer remató el argumento: “Juan Guaidó asumió como Presidente Encargado de la República a partir del 10 de enero de 2019, conforme a la obligación constitucional que tenía derivada del artículo 233 de la Constitución, al no haber Presidente legítimo que pudiera tomar posesión de su cargo en esa fecha.

La interpretación invocada por Brewer y Aguiar habría sido retomada por el gobierno de EEUU. La señora Figuera sería la Presidenta Encargada de la República con base en el artículo 233 de la constitución redactada por mandato de Hugo Chávez.

La base jurídica de la aplicación del artículo 233 está reunida en el libro “El final del encargado de la presidencia y el gobierno parlamentario en Venezuela” publicado en enero de 2023 bajo la coordinación de Brewer y Aguiar.

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El 09ENE23, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia mediante la cual ratificaba el levantamiento de sanciones para las transacciones que personas o empresas de EEUU puedan realizar con las autoridades de la “IV Asamblea Nacional”. De esta manera, la nueva directiva de la AN podría manejar cuentas bancarias y realizar transacciones financieras en EEUU, a los efectos del flujo de los recursos del estado venezolano que permanecen represados en EEUU y son utilizados para financiar la operación de la AN y del “gobierno de transición”. En todo caso, esa licencia no podría traducirse en la liberación de dinero por parte del Departamento del Tesoro hasta tanto la contraparte venezolana no cumpliera con condiciones legales reclamables en EEUU que permitieran la “certificación” por parte del Departamento de Estado de la condición de representantes legales. En ese momento la interpretación del articulo 233 de la Constitución chavista debió ser  retomada por Dinorah Figuera y por el Departamento de Estado de EEUU.

El 01MAY23, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia mediante la cual autorizó a la “IV Asamblea Nacional” para negociar con acreedores del Estado venezolano que buscan cobrar deuda mediante el embargo y venta de activos estatales venezolanos en el exterior. La inmensa deuda externa venezolana, causada por el endeudamiento de los gobiernos de Chávez y Maduro y las sentencias judiciales por expropiaciones ejecutadas y no pagadas por el régimen, amenazan los activos de la República. La negociación de la deuda externa es una atribución típicamente del poder Ejecutivo según la constitución venezolana. En otras palabras, los procesos de negociación con acreedores que están ávidos de embargar a la petrolera Citgo, que estuvieron en manos del “gobierno interino” de Juan Guaidó ahora dependen del “gobierno interino” de Figuera.

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El gobierno Trump creó en el Departamento de Estado el cargo de “Representante Especial para Venezuela” que fue asignado a Elliot Abrams. Este cargo permanece vacío desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.  A su vez, la administración Trump logró la aprobación por el Senado de la designación del diplomático James Story como embajador en Venezuela, pero la ruptura de relaciones hizo que el jefe de misión estadounidense debiera actuar como jefe de la “Oficina Externa de los EEUU para Venezuela”, basada en Bogotá y sin las cualidades de una verdadera Embajada.

En medios políticos de Washington, Story es señalado junto al asesor presidencial el colombo-estadounidense Juan González, como los autores del plan de acercamiento a Nicolás Maduro a cambio de negociaciones con la oposición y de disolución del “gobierno de transición”. Story fue removido de su cargo con fecha 19MAY23 y, hasta la fecha, no se conoce que le fuera asignado un nuevo destino diplomático. El Departamento de Estado decidió no enviar a un nuevo diplomático para hacerse cargo de la Oficina para Venezuela en Bogotá. La Oficina ha sido puesta bajo control de Francisco Palmieri quien se encuentra en Colombia como jefe de la misión diplomática en calidad de “Encargado de Negocios a.i.” ante la inexistencia de un Embajador estadounidense en Colombia.

A su vez, la conducción de la política hacia Venezuela en el gobierno Biden pareciera estar cambiando de manos y probablemente de rumbo. El Departamento de Estado pareciera estar reasumiendo la conducción operativa de las relaciones hacia Venezuela que han estado concentradas, durante el gobierno Biden, en el Consejo Nacional de Seguridad. El diplomático Mark Wells estaría asumiendo plenamente el tema Venezuela en el Departamento para el Hemisferio Occidental.  Muchos rumores sobre el tema…

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Lula da Silva podría ser sometido a una intervención quirúrgica que lo obligaría a permanecer lejos de los espacios públicos por varios meses.

Luego de su actual viaje a Japón para participar en la Cumbre del G7, Lula deberá ser objeto de exámenes médicos. En mentideros brasilienses se comenta que Lula, de 77 años de edad, podría ser sometido a una intervención para reemplazo de cadera y de fémur. Tal circunstancia complicaría la agenda internacional que el brasileño tiene prevista para los próximos meses, incluyendo una cumbre de mandatarios suramericanos muy esperada por la dictadura venezolana. 


Publicado originalmente en: