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miércoles, 14 de noviembre de 2018

EEUU unificaría política hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela


Informe Otálvora del 20 de octubre de 2018

Juan Carlos Varela recibe al Secretario de Estado de EEUU Mike Pence el 18OCT18 en el Palacio de las Garzas, Panamá. Foto: Departamento de Estado EEUU
“Migración forzada” fue el concepto utilizado por Eduardo Stein, el representante especial conjunto de Acnur y OIM, para referirse a la masiva migración de venezolanos hacia los países vecinos. Stein quien fue designado por los dos organismos de la ONU para coordinar las acciones internacionales para los refugiados y migrantes venezolanos, visitó el 15OCT18 el departamento colombiano de Norte de Santander para conocer de primera mano la situación del flujo de venezolanos y la atención que reciben.

El uso del término “migración forzada” por parte de Stein tiene una connotación de alta relevancia política ya que contradice la posición oficial del régimen chavista según la cual la salida de los venezolanos sería una “migración voluntaria”.

 

La definición de migrantes forzados, según la Organización Internacional de Migraciones OIM, se corresponde con quienes abandonan su país escapando de “persecución, conflicto, represión, desastres naturales y provocados por el hombre, degradación ecológica y otras situaciones que pongan en peligro su vida, su libertad o su forma de subsistencia". Stein, quien fue canciller y vicepresidente de Guatemala, igualmente fue en la década de los años noventa un funcionario de la propia OIM. Stein al calificar la migración venezolana como “forzada” estaba utilizando la definición oficia que apunta al gobierno Maduro como responsable de la salida masiva de venezolanos.

 

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El gobierno de EEUU comienza a presentar a los regímenes de Venezuela y Nicaragua como casos distintos pero análogos. El 18OCT18, el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, visitó Panamá para un encuentro con el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidente y canciller Isabel de Saint Malo. Según la versión oficial del Departamento de Estado uno de los temas tratados fue “el restablecimiento de la democracia en Venezuela y Nicaragua”. En la agenda del gobierno estadounidense el tema “Venezuela” se estaría conectando, a los efectos de su análisis y para definición de políticas, con el tratamiento hacia Cuba y Nicaragua.

La perspectiva del Secretario de Estado Pompeo se suma a la posición del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton, sobre ese enfoque hacia Latinoamérica. Englobar la política de mano dura contra el régimen cubano con las acciones sobre los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega pareciera una tendencia que gana cuerpo. La puesta en marcha de ese esquema se vería reforzada con la designación del cubano estadounidense Mauricio Claver-Carone como responsable de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y la más reciente incorporación de Kimberly Breier como secretaria de Estado Adjunta para el hemisferio occidental. En el alto gobierno estadounidense se estaría conformando un equipo, tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, orientados hacia una línea dura contra los gobiernos castrocomunistas de la región.

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Donald Trump tardó casi la mitad de su mandato para ocuparse de designaciones relevantes en el Departamento de Estado lo que, a juicio de analistas que siguen desde Washington la política exterior hacia el continente, habría dificultado concretar una orientación que reemplace la seguida por el gobierno de Barack Obama. La renuncia de la representante de EEUU en la ONU, Nikki Haley, dejó en evidencia además que la rápida rotación de caras que Trump ha impuesto en la Casa Blanca también opera en su política exterior. Haley se había convertido en una pieza relevante de la diplomacia de EEUU más allá de los límites del edificio de la ONU y con una especial dedicación a las crisis de Venezuela y Nicaragua.

La agencia de noticias EFE distribuyó el 17OCT18 un reportaje fechado en Washington según el cual EEUU se apronta a incrementar su presión sobre Cuba como respuesta al papel que el régimen castrista cumple en Venezuela como proveedor de servicios de espionaje y de asistencia militar. Todo indica que la información divulgada por EFE procede de la Casa Blanca donde el asesor de seguridad nacional John Bolton pareciera campear a sus anchas.

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Faltando una semana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, pareciera existir una clara tendencia a favor del candidato Jair Bolsonaro derrotando a Fernando Haddad el candidato de Lula da Silva.

Las encuestas conocidas afirman que Bolsonaro supera a Haddad en todas las regiones del país. Una encuesta levantada los días 12 y 13OCT18 por la empresa RealTime Big Data para la televisora evangélica RecordTV asignó a Bolsonaro el 59% de los votos válidos. Una semana después, la misma empresa liberó una nueva medición, con una muestra de 5000 entrevistados que dio 60% a Bolsonaro.

La encuestadora Ibope, contratada por el diario O Estado de Sao Paulo divulgó el 15OCT18 los resultados de su encuesta nacional otorgándole 59% de los votos válidos a Bolsonaro.

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En mediciones a nivel estatal realizadas por Ibope, finalizadas el 17OCT18, la cifras de Bolsonaro en las tres principales concentraciones electorales, los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, son de 63%, 65% y 62% de los votos efectivos. Según estas mediciones, en el Distrito Federal que incluye a Brasilia y a sus ciudades satélites, el 70% de los encuestados que afirmaron que irían a votar aseguraron que lo harían por Bolsonaro.

 

La encuesta realizada por la empresa Datafolha concluida el 18OCT18 le dio a Bolsonaro el 59% de los votos válidos. Según Datafolha, el nivel de rechazo al candidato de Lula llegó a 54% superior incluso al rechazo que genera el “odiado” Bolsonaro quien es descartado por el 48% de los electores.

Salvo que se produzca un poco probable terremoto electoral siempre posible en el mundo político, Jair Bolsonaro ganará las elecciones del 28OCT18. El ciclo político brasileño marcado por el dominio del izquierdista Partido de los Trabajadores desde el año 2002 estaría llegando a su fin.

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Los intentos de la cancillería brasileña y del gobierno de Evo Morales para reactivar Unasur fracasaron. El 20AGO18, el canciller brasileño Aloysio Nunes y quien ejercía como canciller boliviano Fernando Huanacuni Mamani, acordaron abrir consultas para convocar a una reunión a mediados del mes de septiembre para explorar posibles acuerdos entre los doce miembros del club de gobiernos suramericanos. Explorar los términos para la designación de un nuevo secretario general que ocupe el cargo vacante y definir un plan de trabajo eran los temas que Brasil y Bolivia llevarían a esa reunión que tendría como sede a Montevideo. La iniciativa murió ante la indiferencia general de los gobiernos involucrados y el retiro ya oficial de Colombia del organismo. Con las elecciones en Brasil en puertas, la cancillería brasileña optó por suspender las gestiones anunciadas por Nunes en su visita a Bolivia a mediados de agosto.
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

domingo, 16 de septiembre de 2018

Maduro intenta impedir acción de ONU en crisis migratoria


Informe Otálvora del 08 de septiembre de 2018

Reunión de trece gobiernos en Quito sobre crisis migratoria venezolana el 03SEP18. Foto: Cancillería de Ecuador
El partido PT tiene plazo hasta el martes 11SEP18 para designar un nuevo candidato que reemplace a Lula da Silva. En la madrugada del 01SEP18, el Tribunal Superior Electoral con una votación de seis a uno decidió rechazar la postulación presidencial de Lula por haber sido sentenciado en un tribunal de segunda instancia acusado de corrupción.

Tras ser declarado inelegible, los abogados de Lula reaccionaron presentando tres recursos judiciales. Ante el Supremo Tribunal Federal los abogados de Lula presentaron dos medidas: la suspensión de la decisión del TSE y la autorización para continuar en campaña electoral. En el propio TSE, Lula solicitó dejar sin efecto la sentencia del 01SEP18. El argumento central de la defensa de Lula es un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU que solicitó al Estado brasileño el 17AGO18 permitir la participación de Lula en las elecciones fijadas para el 07OCT18. El Comité de Derechos Humanos, un organismo formado por dieciocho “expertos independientes” analizará a fondo el caso Lula sólo en el año 2019 pero emitió una especie de medida cautelar a favor del candidato. La obligatoriedad de cumplimiento de una medida de ese Comité es puesta en duda por magistrados y por la cancillería brasileña. Se trata del mismo comité que en marzo de 2018 ordenó al Estado español permitir que el dirigente secesionista Jordi Sànchez saliera de la cárcel para ser electo presidente de la Generalitat. En el caso de Sànchez, el Tribunal Supremo español hizo caso omiso del mandato del comité de la ONU.

 

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Los recursos de Lula ante el Supremo Tribunal Federal fueron desestimados el 06SEP18, mientras la solicitud al tribunal electoral no tiene fecha para su consideración. Todos los movimientos judiciales y políticos sobre su campaña son decididos directamente por Lula quien recibe visitas diarias de abogados, líderes de su partido y de celebridades extranjeras. Incluso, la presidente del partido Gleisi Hoffmann, el candidato vicepresidencial Fernando Haddad y el tesorero Emidio de Souza fueron incluidos por Lula en la lista de sus abogados defensores con lo cual el comando de campaña petista ha operado desde el edificio de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba que sirve de cárcel a Lula. Las decisiones judiciales del 06SEP18 en su contra ya marcaron el final de la etapa en la cual Lula fingía ser candidato presidencial. Entre el 10 y el 11SEP18 deberá inscribirse la nueva candidatura presidencial del PT, la cual sería asumida por Fernando Haddad acompañado por la dirigente comunista Manuela d'Avila como candidata a la Vicepresidencia. Haddad será mostrado como el heredero político de Lula quien, según la propaganda del PT, fue impedido de ser candidato. Si las encuestas otorgaban a Lula más de 30% de intención de votos, esas mismas mediciones apenas muestran que Haddad recibiría 6%. Además, el retiro definitivo de la candidatura de Lula y el atentado contra el candidato Jair Bolsonaro pudieran impactar seriamente en las mediciones de opinión pública pautadas para los próximos días en desmedro del pupilo de Lula.

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Durante una caminata de campaña electoral en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, el 06SEP18 fue atacado Jair Bolsonaro, el político promilitarista que muestra altas posibilidades de alcanzar la presidencia brasileña. El candidato que cuenta con la mayor intención de votos (20%) después de Lula pero igualmente registra el mayor nivel de rechazo entre los encuestados (44%), resultó gravemente herido por una puñalada que impactó sus intestinos y una vena abdominal. Bolsonaro tendrá que abandonar sus actividades proselitistas de calle por un lapso de varias largas semanas pero el ataque, según los más diversos analistas, pudiera representar una mejoría en su imagen pública y catapultarlo en las elecciones. Con Lula fuera de la carrera presidencial y con la baja popularidad de las candidaturas del socialdemócrata Geraldo Alckmin y del oficialista Henrique Meirelles, Bolsonaro aparece con grandes posibilidades de llegar al Palacio de Planalto y asumir la presidencia el 01ENE19.

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La Asamblea General anual de la ONU que oficialmente comienza este año el 18SEP18 promete titulares de prensa. Donald Trump estará presente en el inicio de las deliberaciones el 25SEP18 y anuncia que presidirá una sesión del Consejo de Seguridad.

La representante de EEUU en el organismo, la embajadora Nikki Haley, aprovecha su mes al frente del Consejo de Seguridad para introducir temas como Nicaragua y Venezuela en la agenda de debates pese a las objeciones de Rusia, China y Bolivia. Para el 10SEP18  está prevista una sesión informativa (en el formato denominado “fórmula Arria”) sobre la crisis humanitaria en Venezuela y sus consecuencias migratorias en la región. Ya el 05SEP18, el Consejo de Seguridad por decisión de Haley, debatió sobre la crisis política en Nicaragua. EEUU y otros países del continente está viendo la crisis migratoria venezolana como una situación de seguridad regional y esa visión ya está siendo proyectada en la ONU.

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El “tema Venezuela” estará rondando en los salones de la ONU durante la Asamblea General del 2018. Los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile y Perú podrían anunciar en el marco de la Asamblea General su decisión de presentar una acusación contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En medios diplomáticos suramericanos corre la versión según la cual Brasil y Paraguay se sumarían a esa iniciativa. El gobierno de Costa Rica ha dejado saber que estudia la posibilidad de sumarse a esta acción colectiva sin precedentes.

La crisis migratoria venezolana será abordada durante la reunión anual de la ONU. El gobierno Maduro anuncia que usará el escenario de la ONU para intentar desmentir la existencia de la masiva migración de venezolanos. Colombia promociona la realización de una reunión con diversos gobiernos y agencias multilaterales para promover la constitución de un fondo especial que atienda los costos de los migrantes venezolanos. Una reunión de países, empresas y organismos donantes podría tener lugar durante el mes de octubre para concretar planes y financiamiento.

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El gobierno de Nicolás Maduro presiona sobre organismos de la ONU para impedir su participación en reuniones internacionales  en las que se discute la oleada de migrantes venezolanos que han llegado a países vecinos.

Los días 03 y 04SEP18 se realizó en la sede de la cancillería ecuatoriana en Quito una reunión técnica con la participación de autoridades migratorias de  Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador,  México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay. Igualmente participaron representantes de la OEA, la Corporación Andina de Fomento, de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur. La silla destinada para el representante venezolano quedó vacía. El 04SEP18 once gobiernos firmaron la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos”, el primer intento multinacional para coordinar acciones ante la crisis migratoria venezolana. Los enviados de Bolivia y República Dominicana se abstuvieron de suscribir el documento.  Entre los puntos acordados en Quito, los gobiernos se comprometieron a “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”.

Mientras en Quito se analizaban acciones sobre el tema, en Caracas el gobierno Maduro acusaba la reunión como un acto injerencista. La presencia de altos funcionarios de OIM y de Acnur en la reunión de Quito exasperó al régimen chavista. La vicepresidente ejecutiva Delsy Rodriguez dijo haberse comunicado con el Secretario General de la ONU Antonio Guterres para quejarse por la participación de funcionarios de organismos de la ONU.   

Al día siguiente, el 05SEP18, el Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión extraordinaria para tratar el tema de “la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela” a cuya realización se opusieron los gobiernos de Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega. En el orden del día de la sesión según la convocatoria distribuida el 29AGO17 figuraban intervenciones de OIM y ACNUR. Sin explicaciones, en la reunión no se hicieron presentes los representantes de los organismos de la ONU.   

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Pese a las presiones del régimen chavista, la tendencia actual es a la coordinación de acciones entre gobiernos y los sistemas de organismos de la ONU y la OEA.   En tanto el gobierno chavista hacía esfuerzos por desmentir las cifras de migrantes y de calificarlos como “migración voluntaria”, una inusual  alianza de organismos emitió el 05SEP18 un pronunciamiento programático sobre la atención de la crisis migratoria El documento firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, el  Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes reiteraron que “para junio de 2018 se estimaba que 2,3 millones de personas venezolanas han salido de su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile”.
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

viernes, 2 de febrero de 2018

Convocatoria chavista a votaciones desata rechazo internacional

Informe Otálvora del 27 de enero de 2018
El Grupo de Lima, reunido el 23ENE18 en Santiago de Chile, en teleconferencia con el Departamento de Estado de EEUU. Foto: Cancillería de Chile
El Fondo Monetario Internacional optó por presentar las cifras de resultados económicos de Latinoamérica excluyendo los datos de Venezuela. Los números sobre la caída de la economía venezolana en los últimos años y la esperada para el 2018 son de tal magnitud que al agregarse a los datos provenientes de otros países generan una sensible distorsión en la medición del desenvolvimiento económico de la región. El FMI publicó el 25ENE18 una actualización de sus datos de Producto Interno Bruto de todos los países miembros. En el informe sobre Latinoamérica, figuran los  datos sobre PIB de “América Latina y el Caribe” y de Suramérica en dos versiones, con y sin Venezuela.


El informe del FMI de otoño boreal pasado, estimaba que la producción de bienes y servicios en Venezuela se reduciría 12% durante el año 2017 proyectando  una caída de 6% en el año 2018. Pero según estimaciones más recientes del FMI, el PIB venezolano se hundió 14% en el año 2017 y una caída esperada de 15% en  el presente año. Cifras excepcionalmente negativas hacen que los resultados globales de la región se vean artificialmente disminuidos. El FMI espera que el PIB de Suramérica crezca 2,4% en el presente año pero ese crecimiento colectivo suramericano sería de sólo 1,5% si se toma en cuenta los datos venezolanos. El FMI estima tasas positivas de crecimiento en las principales economías de la región previendo incluso tasas superiores al 3% para Perú, Chile y Colombia en el año 2018. Venezuela, que durante las últimas décadas ocupó el cuarto lugar en cuanto al tamaño de su economía con respecto a sus vecinos de Latinoamérica, ahora se sitúa en el séptimo escalón.


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Varios gobiernos de Latinoamérica fueron invitados a reunirse en Washington  para evaluar la situación interna de Venezuela y la aplicación de sanciones al régimen chavista. El encuentro contaría con la presencia del director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Juan Cruz. A la reunión, en la cual la embajada canadiense serviría de anfitriona, se esperaba la presencia de representantes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú. Esta lista coincide con los gobiernos cuyos mandatarios fueron invitados por Donald Trump a una cena de trabajo el 18SEP17 en Nueva York donde se debatió sobre Venezuela. En aquel encuentro, al cual Pedro Pablo Kuczynski de Perú y Enrique Peña Nieto de México no asistieron por haber suspendido su viaje a Nueva York, los mandatarios latinoamericanos confirmaron a Trump su rechazo a una eventual operación militar sobre Venezuela.


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Según reportó el diario “Clarín” de Buenos Aires, en representación del gobierno de Mauricio Macri viajó a EEUU la subsecretaria de Asuntos Globales de la cancillería argentina Paola Di Chiaro, con el objeto de participar en la reunión prevista para el 26ENE18. Fuentes consultadas por este Informe en Brasilia y Bogotá, confirmaron que los gobiernos de Brasil y Colombia asistirían al encuentro en Washington por medio de sus embajadores Camilo Reyes y Sergio Amaral. La reunión fue concebida como un intercambio de información entre funcionarios de medio nivel de la cual no se esperan conclusiones, pero que advierte sobre la relevancia que el “tema Venezuela” ha cobrado en las agendas diplomáticas en la región y la atención que el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU está prestando. Por cierto, el Secretario de Estado Rex Tillerson estará visitando  México, Argentina, Perú y Colombia, a principios del mes de febrero, para hablar sobre “la crisis en Venezuela”.


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La esperanza que diversos gobiernos aún guardaban en cuanto a que las negociaciones Maduro-MUD condujeran a un enfriamiento de la crisis venezolana quedó disuelta luego que el régimen chavista convocara el 23ENE18 a elecciones presidenciales adelantadas. Mediante un “decreto constituyente” de la “asamblea nacional constituyente”, el régimen ordenó convocar elecciones presidenciales adelantadas, una jugada para la cual el chavismo se había preparado desde meses atrás y que pendía como una anunciada amenaza contra la oposición. Además, la misma “asamblea constituyente” anuló la inscripción electoral de los principales partidos opositores obligándolos a la recolecta de firmas de sus militantes en el perentorio lapso de dos días, mientras la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia del 25ENE18 prohibió que la alianza opositora MUD participe en las elecciones.


Uno de los puntos de la agenda de las negociaciones Maduro-MUD que desde el 02DIC17 se mantenían en República Dominicana era justamente el tema electoral lo que abarcaba fechas y condiciones para la realización de las elecciones.


El primer gobierno extranjero en reaccionar contra el anuncio chavista fue el de México. Su canciller Luis Videgaray, desde Santiago de Chile donde el 23ENE18 se realizaba una reunión del “Grupo de Lima”, anunció que su gobierno se retira de las negociaciones Maduro-MUD en las cuales actuaba como facilitador-garante. “La decisión del gobierno venezolano de realizar elecciones en el primer cuatrimestre del año es incompatible con el diálogo en Dominicana. La fecha de la elección era una de las cosas más importantes que ahí se negociaban, y no se había llegado a un acuerdo al respecto”(…)“El anuncio de hoy en Caracas es lamentable porque acaba con la seriedad del proceso de negociación en Dominicana. En consecuencia el gobierno de México se retira de dicho proceso”, tuitéo Videgaray. México, al igual que Chile, fue propuesto por la Oposición venezolana para formar parte del grupo de gobiernos extranjeros que acompañaban las negociaciones.


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El 24ENE18, el gobierno Maduro expulsó al Embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, “en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país, por parte del Gobierno Español”. Curiosamente el embajador ahora expulsado era el encargado, por instrucciones de su gobierno, de brindar apoyo logístico en Venezuela al expresidente Luis Rodriguez Zapatero, el hombre que en nombre de Maduro ha impulsado el camino de la negociación con la Oposición. España, al igual que la Unión Europea han estado apoyando política y logísticamente las negociaciones Maduro-MUD, pero la posición chavista de no acceder a elecciones transparentes que quedó suficientemente clara en la reunión del 13ENE18 en Santo Domingo, hizo que la UE adelantara la imposición, el 22ENE18, de sanciones a siete altos jerarcas chavistas por violaciones de Derechos Humanos y vulnerar el Estado de Derecho. Las sanciones fueron aprobadas por los veintiocho miembros de la UE, pero el régimen chavista focaliza sus ataques en el gobierno español. El ministro de exteriores de España, Alfonso Dastis, escribió en su cuenta de Twitter el 25ENE17: “siempre hemos ayudado al diálogo, pero la fe y las promesas deben ir acompañadas de hechos con el pueblo venezolano”. La expulsión del embajador español hace que España se sume a la creciente lista de gobiernos que ya no mantienen Embajador en Caracas. Colombia anunció el 23ENE18 el retiro definitivo de su Embajador ante el gobierno venezolano.


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Durante la reunión del Grupo de Lima del 23ENE18 se realizó una teleconferencia entre los cancilleres presentes y funcionarios del Departamento de Estado de EEUU. El grupo emitió un comunicado en el cual rechazó las elecciones convocadas por el chavismo ya que “esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición”. El Grupo de Lima exigió “que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales independientes. Unas elecciones que no cumplan éstas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad”. El comunicado fue suscrito por los representantes de  Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia. Los gobiernos de Guyana y Santa Lucia, así como Jamaica, participaron activamente en las reuniones previas del grupo en 2017, pero sólo hasta ahora accedieron a suscribir un pronunciamiento. Los apoyos incondicionales o los silencios acomodaticios a favor del régimen chavista entre los gobiernos caribeños parecieran ya cosas del pasado.


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El Grupo de Lima advirtió que las elecciones convocadas por el chavismo “carecerán de legitimidad y credibilidad” pero fue el gobierno colombiano el primero en anunciar que desconocerá los resultados de las elecciones que se realicen en Venezuela. “Esas elecciones para nosotros no tienen ninguna validez porque fueron convocadas por una instancia que para nosotros tampoco tiene ninguna validez como es la Asamblea Constituyente”, afirmó Juan Manuel Santos el 26ENE18 desde Davos, Suiza. “Creo que nadie va a reconocer el resultado de unas elecciones en Venezuela” advirtió Santos. El gobierno de EEUU, mediante  pronunciamientos de la vocero del Departamento de Estado Heather Nauert y de la representante ante la ONU, Embajadora Nikki Haley, adelantó que no reconocerá los resultados de la elección convocada por el chavismo para las cuales ya Nicolás Maduro presentó su candidatura e inició actividades proselitistas.


Los gobiernos de Colombia, Argentina y de EEUU, así como probablemente Canadá, no sólo objetan la convocatoria de las elecciones sino que advierten que desconocerán un hipotético nuevo gobierno de Maduro. En ese  escenario la ruptura de relaciones diplomáticas y el cierre de embajadas sería una consecuencia casi inmediata. En Venezuela, en tanto, la Oposición se debate entre participar en las elecciones inconstitucionalmente  convocadas o llamar a la abstención.
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

domingo, 19 de noviembre de 2017

Venezuela bajo escrutinio de ONU y Unión Europea

Informe Otálvora del 11 de noviembre de 2017
El mandatario argentino Mauricio Macri con el Secretario General de la ONU António Guterres el 07NOV17. Foto: ONU
Ginebra y Nueva York serán, el lunes 13NOV17, los escenarios para dos actividades internacionales orientadas a aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea sostendrá una reunión en cuya agenda aparece el punto “la situación en Venezuela, sobre la cual se espera que el Consejo adopte unas Conclusiones”. Se da como un hecho que los cancilleres europeos aprueben una serie de normas contentivas de sanciones al gobierno y a altos jerarcas del régimen venezolano implicados en casos de violaciones de Derechos Humanos. Europa impondría al gobierno chavista un bloqueo en ventas de armas, equipos antimotines y sistemas  electrónicos de espionaje. Igualmente se espera que el Consejo apruebe las normas generales que identificaran causales y sanciones contra funcionarios del régimen chavista. Los gobiernos europeos quedarían facultados para prohibir el ingreso a territorio comunitario y congelar bienes de funcionarios venezolanos sancionados.


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El mismo día en Nueva York, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, se producirá una reunión convocada por el actual presidente del organismo, el italiano Sebastiano Cardi, a solicitud de la representante de EEUU Nikki Haley, para debatir sobre la crisis humanitaria que vive Venezuela. La reunión será de carácter “informal” y apelará a la llamada “fórmula Arria” que permite la participación de  invitados no gubernamentales. Será la segunda ocasión en la cual EEUU lleva el “tema Venezuela” a consideración del Consejo de Seguridad. La reunión del Consejo de Seguridad está en la misma dirección de la línea de trabajo aprobada por el llamado “Grupo de Lima” que reúne a 15 gobiernos americanos y que cuenta con respaldo de EEUU y la Unión Europea, cuyo propósito es presionar al gobierno Maduro para lograr la redemocratización de Venezuela.


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El Grupo de Lima está promoviendo que la ONU decida crear un programa de apoyo humanitario a la población venezolana, plan al cual se opone el régimen chavista.  Los cancilleres de Canadá y Perú, Chrystia Freeland y Ricardo Luna, plantearon esta propuesta el 30OCT17 al Secretario General de la ONU, António Guterres. El 07NOV17, el presidente argentino Mauricio Macri, quien ha retomado intensamente el tema de la crisis venezolana como parte de su agenda internacional, sostuvo un encuentro con Guterres en la ONU, el cual según la agencia oficial argentina Telam,  estuvo casi exclusivamente centrado en la situación venezolana, en especial a la “crisis sanitaria” que está provocando la salida masiva de venezolanos de su país y a la cual los interlocutores dedicaron “dos tercios” de la media hora del encuentro, en la cual el argentino se refirió al colapso que podrían sufrir centros de salud de los países vecinos de Venezuela ante la creciente llegada de venezolanos buscando atención médica. Macri mencionó igualmente la violación de los Derechos Humanos y la persecución contra los dirigentes opositores venezolanos. Tanto en su encuentro en la ONU como en varias reuniones con empresarios en Nueva York, Macri repitió que “Venezuela comenzó siendo una preocupación. Ahora es un dolor para todos nosotros”. En una entrevista concedida por Macri al diario londinense Financial Times, el argentino clamó para que EEUU imponga un “embargo petrolero” al gobierno venezolano.


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El 09NOV17 el gobierno ruso publicó en su diario oficial un proyecto de acuerdo a ser firmado con el gobierno de Maduro para “la simplificación del procedimiento de visitas de buques de guerra”.  El documento de contenido militar suscrito por el primer ministro Dmitri Medvédev, fue hecho público pocas horas después que el ministro de finanzas ruso, Antón Siluánov, anunciara la aprobación de un nuevo cronograma para el pago de deuda morosa por US$ 3.000 millones que el régimen chavista mantiene con Rusia. Las condiciones aceptadas por Maduro para la reestructuración de la deuda rusa permanecen en secreto y no han sido sometidas al poder legislativo venezolano.


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Según el documento oficial ruso, el texto del preacuerdo con Venezuela sobre “visitas de barcos militares a los puertos de la Federación Rusa y de la República Bolivariana de Venezuela” habría sido “preelaborado” tras conversaciones con la parte venezolana. Su aplicación correrá por cuenta de los respectivos ministerios de la Defensa. El acuerdo obligará a las partes a “no transferir a un tercero, sin el previo consentimiento por escrito de la otra Parte, información de naturaleza confidencial recibida en el marco de la implementación de este Acuerdo”.


Según el proyecto “en el mar territorial y las aguas interiores del Estado receptor”  podrán permanecer simultáneamente “no más de tres buques de guerra del Estado que envía, excepto en el caso de la participación de buques de guerra de las Partes en ejercicios conjuntos o en operaciones navales multinacionales”.


El acuerdo incluye detalles específicos sobre los servicios y condiciones para la permanencia de buques de guerra en puertos del otro país y encaja en la estrategia rusa de proyectar su presencia militar en América. 


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EEUU estaría dispuesto a abrir una ventana que permita al gobierno de Venezuela emitir nueva deuda pública negociable en mercados estadounidenses a cambio de un pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana. Donald Trump emitió el 25AGO17 una orden ejecutiva que prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses adquirir nuevas emisiones de bonos de deuda emitidos por el gobierno venezolano o por las empresas de su propiedad, como uno de los mecanismos para afectar las finanzas y presionar al régimen chavista. Esta medida dificulta las posibilidades del gobierno chavista para  refinanciar y reestructurar la parte de su deuda que corresponde a bonos emitidos tanto por el gobierno como por Pdvsa y otras empresas estatales.


En un intento por burlar la sanción de EEUU, el 02NOV17 Maduro
la deuda con los tenedores de bonos. EL 13NOV17 estaría prevista en Caracas una reunión de los representantes de Maduro con tenedores de bonos de deuda. Dado que el estado venezolano ya se encuentra en situación de “default selectivo” con cuentas comerciales impagas, el anuncio de Maduro desató una caída de la valoración de los bonos de deuda que, para algunos analistas, fue el verdadero propósito del gobierno chavista.


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El gobierno de EEUU advirtió el 09NOV17 que sus ciudadanos y empresas tenedores de bonos de deuda venezolana serán penalizados en caso de negociar con El Aissami, quien figura desde el 13FEB17 en la lista de sancionados SDNTK (jefes de narcotráfico) del Departamento de Tesoro. Igualmente advirtió que serían penalizados quienes participen en negociaciones con el gobierno de Venezuela que impliquen la emisión de nuevos bonos como parte de una reestructuración de la deuda por parte del gobierno Maduro. Pero el Departamento del Tesoro develó una excepción con claras connotaciones políticas: el gobierno de EEUU autorizaría que sus ciudadanos y empresas negocien nuevos bonos de deuda pública venezolana siempre y cuando su emisión sea aprobada por la “Asamblea Nacional venezolana electa democráticamente”.


El régimen chavista no reconoce a la Asamblea Nacional y procedió a instaurar un poder legislativo paralelo denominado “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC) que emite leyes, convoca elecciones, aprueba presupuestos y enjuiciamientos y actúa como un poder “supraconstitucional” por encima de la legislación vigente. Las decisiones de la ANC son expresamente no reconocidas por decenas de gobiernos extranjeros, por lo cual aquellos eventuales acuerdos de deuda externa que fueran aprobados por los constituyentistas de Maduro no serían dados como válidos por esos gobiernos. Sectores de la oposición venezolana, como el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, proponen reestructurar la deuda externa para reducir los pagos y derivar ingresos petroleros a la atención de la crisis económica interna. Pero para la oposición, la renegociación de la deuda sólo será legal si cuenta con aprobación de la virtualmente disuelta Asamblea Nacional a la cual el gobierno de Maduro no pretende pedirle autorización.


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Tal como reportara el Informe Otálvora del 04NOV17, se han producido movimientos diplomáticos en América y Europa estimulando la realización de un encuentro entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Los principales partidos de la alianza opositora venezolana anunciaron, el 09NOV17, su decisión de retomar el “diálogo” con el gobierno bajo un nuevo esquema, con la participación de los cancilleres de México, Paraguay y Chile como garantes de las negociaciones y del cumplimiento de eventuales acuerdos. El propósito de la Oposición sería negociar condiciones para las elecciones presidenciales del año 2018, incluyendo la designación de nuevas autoridades electorales y la supervisión internacional. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, ha estado actuando como mediador entre los representantes de la Oposición y del gobierno, Vicente Diaz y Jorge Rodríguez, para acordar el esquema de las negociaciones. El vocero chavista anunció estar dispuesto a reunirse con la oposición el 15NOV17 en Santo Domingo, aunque según fuentes dominicanas consultadas para este Informe aún no existe certeza de que se retomen los encuentros. El gobierno Maduro se mostraría reacio a la participación de los cancilleres extranjeros en las reuniones, asunto que la Oposición mantiene como condición no negociable. El anuncio de conversaciones Gobierno-Oposición  ha significado un nuevo elemento de discordia entre las distintas fuerzas políticas opositoras en Venezuela, algunas de ellas abiertamente contrarias a negociar con Maduro.  
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

viernes, 10 de noviembre de 2017

Aliados internacionales piden unidad a oposición venezolana

Informe Otálvora del 28 de octubre de 2017
El Grupo de Lima reunido en Toronto el 26OCT17. Foto: Global Affairs Canada
Los enfrentamientos entre dirigentes y partidos en el interior de la alianza opositora venezolana MUD, hechos públicos tras las votaciones del 15OCT17, han encendido alarmas en las cancillerías del Continente. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, uno de los más activos críticos al régimen chavista en escenarios como Unasur y Mercosur, advirtió el 27OCT17 sobre la necesidad de que la oposición venezolana se mantenga unida, “con una sola voz y que no exista dispersión como la que estamos observando”. Las declaraciones de Loizaga resumían la sensación que corrió el día antes en Toronto, donde cancilleres y altos representantes de quince gobiernos del continente celebraron la tercera reunión del Grupo de Lima que hace seguimiento a la situación venezolana. En su declaración de Toronto, el Grupo de Lima exhortó “a las diferentes fuerzas de oposición a mantener su unidad, ofreciendo un frente común programático, como condición indispensable para lograr la solución de la crisis venezolana”.


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El Grupo de Lima está constituido por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, todos ellos enviaron a sus cancilleres a la cita del 26OCT17 en Toronto salvo Brasil y Costa Rica cuyas delegaciones fueron encabezadas por el Director para Suramérica y el Vicecanciller respectivamente. Aparte de esos doce gobiernos que suscriben las declaraciones del Grupo, tres países caribeños enviaron cancilleres o representantes a la reunión de Toronto como ya antes lo habían hecho en las dos reuniones previas en Lima y Nueva York. Guyana, Jamaica y Santa Lucía, si bien no refrendan los documentos que suscribe el grupo, participan activamente en las reuniones sobre Venezuela, significando un resquebrajamiento de la posición de apoyo incondicional al gobierno chavista por parte del Caribe.


En la declaración suscrita en Toronto, cuyos borradores circularon previamente por varios días entre las cancillerías involucradas, los doce gobiernos reiteran su desconocimiento de los “actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente” de Maduro; exigen la “inmediata liberación de todos los presos políticos”, ponen en duda los resultados de las votaciones regionales del 15OCT17, y declaran que la “única salida pacífica” en Venezuela es un “acuerdo negociado entre ambas partes, con acompañamiento internacional y cumpliendo las condiciones previas solicitadas por la oposición”. A propósito de las votaciones regionales del 15OCT17 calificadas como fraudulentas por la alianza opositora MUD, el Grupo de Lima considera “urgente” la renovación del Consejo Nacional Electoral “con miembros nombrados por la Asamblea Nacional y la publicación de un cronograma de elecciones las que deben ser supervisadas por observadores electorales independientes”.


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Los cancilleres de Canadá y Perú, Chrystia Freeland y Ricardo Luna, sostendrán un encuentro el 30OCT17 con el Secretario General de la ONU, el portugués António Guterres, para conversar sobre la situación venezolana. Freeland y Luna, quienes actúan como emisarios del Grupo de Lima, solicitarán a Guterres que la ONU se involucre directamente en dos asuntos específicos: el establecimiento de un mecanismo de ayuda internacional humanitaria para la población venezolana y la atención de las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela. Durante la reunión en Toronto, los asistentes conocieron un informe actualizado sobre el grave nivel de los indicadores de salud, educación y nutrición en Venezuela, así como la creciente migración de venezolanos hacia países vecinos. Los más recientes cálculos sitúan, por ejemplo, en medio millón la cantidad de venezolanos que permanecen actualmente en Colombia.


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El “tema Venezuela” ya fue llevado al Consejo de Seguridad de la ONU el 17MAY17 por la representante de EEUU  Nikki Haley, quien advirtió sobre una crisis humanitaria y la inestabilidad en el país. En aquella ocasión se trataba de una sesión informativa solicitada por EEUU sin que se esperara una decisión del Consejo de Seguridad. Por su parte, el Secretario Guterres se ha mantenido lejano del caso venezolano, limitando su participación a brindar apoyo político a las gestiones de diálogo entre el gobierno Maduro y la MUD, promovidos por el español José Rodriguez Zapatero con auspicio del gobierno de República Dominicana.


La canciller colombiana María Angela Holguín, el 25OCT17 antes de viajar a Toronto, afirmó en Bogotá que “el deterioro [en Venezuela] cada día es mayor, cada vez es más difícil mirar que se va a poder hacer”. La impresión es compartida por los restantes miembros del Grupo de Lima quienes han optado por iniciar el complejo proceso de convertir los aspectos “humanitarios” del “tema Venezuela” en un asunto de interés y actuación de la ONU. Mientras que los aspectos políticos comienzan a ser tratados con la Unión Europea.


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El canciller peruano, Ricardo Luna, uno de los pivotes para la conformación del Grupo de Lima, recordó en la rueda de prensa al final del encuentro en Toronto el 26OCT17, que el objetivo del grupo es la redemocratización de Venezuela y que “el régimen deje el poder”. Si bien el Grupo se ha limitado a aprobar medidas de presión “externa”, “diplomática” y “moral” sobre Venezuela, en su documento anuncian que adoptarán “las medidas que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país”. Canadá opina que deben incrementarse las medidas que aíslen al régimen chavista y su canciller, Chrystia Freeland, adelantó que su gobierno tiene preparada una “segunda ronda” de sanciones. Ya el 22SEP17, Canadá impuso sanciones a Nicolás Maduro y otros 39 altos jerarcas del régimen chavista incluyendo a sus familiares directos y empresas. Además, el Grupo de Lima está en contacto con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la italiana Federica Mogherini, y la convergencia en las sanciones al gobierno chavista ya estaría entre los temas tratados.


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Mientras en Toronto los cancilleres del continente analizaban críticamente la situación venezolana, en Moscú el gobierno de Vladimir Putin emitía un comunicado de dos páginas en apoyo al gobierno Maduro y de ataque al “ala radical de la oposición” venezolana y al Secretario General de la OEA Luis Almagro. La vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, aseguró el 26OCT17 que “no tenemos motivos para dudar de la objetividad de las votaciones”, asegurando que la oposición redujo sus votos y ante “estos resultados inequívocos sería absurdo hablar de algún tipo de fraude electoral”. Según Rusia “los últimos acontecimientos dan motivo para una cautelosa esperanza de que la situación se estabilice”. Zajárova afirmó que “el papel clave corresponde, una vez más, a la comunidad internacional y a los países que se declaran amigos de Venezuela. Rusia califica como “inaceptables” las “amenazas de presión externa contra Caracas”. Pocas horas después del pronunciamiento de Zajárova, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, informó a los medios que Rusia acordó con el gobierno Maduro la renegociación de deuda por un monto de US$ 3000 millones incluyendo un lapso de suspensión de pagos.  El monto renegociado es sólo una pequeña fracción de la deuda que mantiene el gobierno Maduro que de hecho ya está en condición de default ante Rusia. Pero la decisión de Putin, a la cual se suma el envió de cargamentos de trigo a Venezuela, indican la decisión rusa de carear a EEUU en terreno latinoamericano, tratando de convertirse en socio protector del régimen chavista.


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El “gobierno” de Osetia del Sur, un país creado por Rusia en 2008 a expensas de territorio de Georgia, abrió una suerte de “embajada” en Barcelona, pocas horas antes de que el parlamento de Cataluña aprobara su declaración secesionista del 27OCT17. Osetia del Sur sólo es reconocida como país por los gobiernos de Rusia, Venezuela y Nicaragua.  El “ministro de relaciones exteriores” de Osetia del Sur, Dimitri Medoev, visitó Cataluña el 23OCT17.   
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html