Informe Otálvora del 08 de septiembre de 2018
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Reunión de trece
gobiernos en Quito sobre crisis migratoria venezolana el 03SEP18. Foto:
Cancillería de Ecuador
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El partido PT tiene
plazo hasta el martes 11SEP18 para designar un nuevo candidato que reemplace a
Lula da Silva. En la madrugada del 01SEP18, el Tribunal Superior Electoral con
una votación de seis a uno decidió rechazar la postulación presidencial de Lula
por haber sido sentenciado en un tribunal de segunda instancia acusado de
corrupción.
Tras ser declarado
inelegible, los abogados de Lula reaccionaron presentando tres recursos
judiciales. Ante el Supremo Tribunal Federal los abogados de Lula presentaron dos
medidas: la suspensión de la decisión del TSE y la autorización para continuar
en campaña electoral. En el propio TSE, Lula solicitó dejar sin efecto la
sentencia del 01SEP18. El argumento central de la defensa de Lula es un
pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU que solicitó al Estado
brasileño el 17AGO18 permitir la participación de Lula en las elecciones
fijadas para el 07OCT18. El Comité de Derechos Humanos, un organismo formado
por dieciocho “expertos independientes” analizará a fondo el caso Lula sólo en
el año 2019 pero emitió una especie de medida cautelar a favor del candidato.
La obligatoriedad de cumplimiento de una medida de ese Comité es puesta en duda
por magistrados y por la cancillería brasileña. Se trata del mismo comité que
en marzo de 2018 ordenó al Estado español permitir que el dirigente
secesionista Jordi Sànchez saliera de la cárcel para ser electo presidente de
la Generalitat. En el caso de Sànchez, el Tribunal Supremo español hizo caso
omiso del mandato del comité de la ONU.
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Los recursos de Lula ante
el Supremo Tribunal Federal fueron desestimados el 06SEP18, mientras la
solicitud al tribunal electoral no tiene fecha para su consideración. Todos los
movimientos judiciales y políticos sobre su campaña son decididos directamente
por Lula quien recibe visitas diarias de abogados, líderes de su partido y de
celebridades extranjeras. Incluso, la presidente del partido Gleisi Hoffmann, el
candidato vicepresidencial Fernando Haddad y el tesorero Emidio de Souza fueron
incluidos por Lula en la lista de sus abogados defensores con lo cual el
comando de campaña petista ha operado desde el edificio de la Superintendencia
de la Policía Federal en Curitiba que sirve de cárcel a Lula. Las decisiones
judiciales del 06SEP18 en su contra ya marcaron el final de la etapa en la cual
Lula fingía ser candidato presidencial. Entre el 10 y el 11SEP18 deberá
inscribirse la nueva candidatura presidencial del PT, la cual sería asumida por
Fernando Haddad acompañado por la dirigente comunista Manuela d'Avila como
candidata a la Vicepresidencia. Haddad será mostrado como el heredero político
de Lula quien, según la propaganda del PT, fue impedido de ser candidato. Si
las encuestas otorgaban a Lula más de 30% de intención de votos, esas mismas
mediciones apenas muestran que Haddad recibiría 6%. Además, el retiro
definitivo de la candidatura de Lula y el atentado contra el candidato Jair
Bolsonaro pudieran impactar seriamente en las mediciones de opinión pública pautadas
para los próximos días en desmedro del pupilo de Lula.
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Durante una caminata
de campaña electoral en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, el 06SEP18 fue
atacado Jair Bolsonaro, el político promilitarista que muestra altas
posibilidades de alcanzar la presidencia brasileña. El candidato que cuenta con
la mayor intención de votos (20%) después de Lula pero igualmente registra el
mayor nivel de rechazo entre los encuestados (44%), resultó gravemente herido
por una puñalada que impactó sus intestinos y una vena abdominal. Bolsonaro
tendrá que abandonar sus actividades proselitistas de calle por un lapso de
varias largas semanas pero el ataque, según los más diversos analistas, pudiera
representar una mejoría en su imagen pública y catapultarlo en las elecciones.
Con Lula fuera de la carrera presidencial y con la baja popularidad de las
candidaturas del socialdemócrata Geraldo Alckmin y del oficialista Henrique
Meirelles, Bolsonaro aparece con grandes posibilidades de llegar al Palacio de
Planalto y asumir la presidencia el 01ENE19.
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La Asamblea General
anual de la ONU que oficialmente comienza este año el 18SEP18 promete titulares
de prensa. Donald Trump estará presente en el inicio de las deliberaciones el
25SEP18 y anuncia que presidirá una sesión del Consejo de Seguridad.
La representante de
EEUU en el organismo, la embajadora Nikki Haley, aprovecha su mes al frente del
Consejo de Seguridad para introducir temas como Nicaragua y Venezuela en la
agenda de debates pese a las objeciones de Rusia, China y Bolivia. Para el
10SEP18 está prevista una sesión
informativa (en el formato denominado “fórmula Arria”) sobre la crisis
humanitaria en Venezuela y sus consecuencias migratorias en la región. Ya el
05SEP18, el Consejo de Seguridad por decisión de Haley, debatió sobre la crisis
política en Nicaragua. EEUU y otros países del continente está viendo la crisis
migratoria venezolana como una situación de seguridad regional y esa visión ya
está siendo proyectada en la ONU.
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El “tema Venezuela”
estará rondando en los salones de la ONU durante la Asamblea General del 2018. Los
gobiernos de Argentina, Colombia, Chile y Perú podrían anunciar en el marco de
la Asamblea General su decisión de presentar una acusación contra Nicolás
Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En
medios diplomáticos suramericanos corre la versión según la cual Brasil y
Paraguay se sumarían a esa iniciativa. El gobierno de Costa Rica ha dejado saber
que estudia la posibilidad de sumarse a esta acción colectiva sin precedentes.
La crisis migratoria
venezolana será abordada durante la reunión anual de la ONU. El gobierno Maduro
anuncia que usará el escenario de la ONU para intentar desmentir la existencia
de la masiva migración de venezolanos. Colombia promociona la realización de
una reunión con diversos gobiernos y agencias multilaterales para promover la
constitución de un fondo especial que atienda los costos de los migrantes
venezolanos. Una reunión de países, empresas y organismos donantes podría tener
lugar durante el mes de octubre para concretar planes y financiamiento.
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El gobierno de Nicolás
Maduro presiona sobre organismos de la ONU para impedir su participación en
reuniones internacionales en las que se
discute la oleada de migrantes venezolanos que han llegado a países vecinos.
Los días 03 y 04SEP18
se realizó en la sede de la cancillería ecuatoriana en Quito una reunión
técnica con la participación de autoridades migratorias de Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica,
Colombia, Chile, Ecuador, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay. Igualmente
participaron representantes de la OEA, la Corporación Andina de Fomento, de la
Organización Internacional para las Migraciones OIM y del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur. La silla destinada para el
representante venezolano quedó vacía. El 04SEP18 once gobiernos firmaron la
“Declaración de
Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos”, el primer intento
multinacional para coordinar acciones ante la crisis migratoria venezolana. Los
enviados de Bolivia y República Dominicana se abstuvieron de suscribir el
documento. Entre los puntos acordados en
Quito, los gobiernos se comprometieron a “acoger los documentos de viaje
vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines
migratorios”.
Mientras en Quito se
analizaban acciones sobre el tema, en Caracas el gobierno Maduro acusaba la
reunión como un acto injerencista. La presencia de altos funcionarios de OIM y
de Acnur en la reunión de Quito exasperó al régimen chavista. La vicepresidente
ejecutiva Delsy Rodriguez dijo haberse comunicado con el Secretario General de
la ONU Antonio Guterres para quejarse por la participación de funcionarios de
organismos de la ONU.
Al día siguiente, el 05SEP18,
el Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión extraordinaria para tratar
el tema de “la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela” a cuya
realización se opusieron los gobiernos de Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega. En
el orden del día de la sesión según la convocatoria distribuida el 29AGO17 figuraban
intervenciones de OIM y ACNUR. Sin explicaciones, en la reunión no se hicieron
presentes los representantes de los organismos de la ONU.
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Pese a las presiones
del régimen chavista, la tendencia actual es a la coordinación de acciones
entre gobiernos y los sistemas de organismos de la ONU y la OEA. En
tanto el gobierno chavista hacía esfuerzos por desmentir las cifras de
migrantes y de calificarlos como “migración voluntaria”, una inusual alianza de organismos emitió el 05SEP18 un
pronunciamiento programático sobre la atención de la crisis migratoria El
documento firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité
de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares de la ONU, el Comité sobre
los Derechos del Niño de la ONU, la Oficina Regional para América del Sur del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un relator especial
de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes reiteraron que “para
junio de 2018 se estimaba que 2,3 millones de personas venezolanas han salido
de su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile”.
