Informe Otálvora del 10 de febrero de 2023
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La reunión
de Lula da Silva con Bernie Sanders el 10FEB23. De izq a der. Márcio
Elias Rosa, Fernando Haddad, Celson Amorim, Lula, Sanders, Mauro Vieira y Jaques
Wagner. Foto: Presidencia Brasil
A los efectos del gobierno de EEUU, en Venezuela no existe un gobierno reconocible. Si bien el gobierno Biden mantiene su posición de considerar a la menguada Asamblea Nacional electa en 2015 como la única institución democráticamente electa en Venezuela, igualmente no la acepta como un hipotético “gobierno parlamentario”.
El 30DIC22,
tres de los cuatro partidos que servían de base de apoyo al “gobierno
provisional” encabezado Juan Guaidó en calidad de presidente de la Asamblea
Nacional, optaron por elegir una nueva junta directiva. Simultáneamente
acordaron disolver el “gobierno provisional” y dejar sin efecto todas las
designaciones realizadas por Guaidó, afectando directamente al aparato de
relaciones internacionales. La decisión de poner fin al “gobierno provisional”
fue movilizada por varias cabezas opositoras que veían en Guaidó un competidor
ante las inciertas elecciones presidenciales del 2024.
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Los
partidos opositores venezolanos mantienen permanente contacto con voceros del
gobierno de EEUU, especialmente con el embajador James Story quien desde Bogotá
ejerce como jefe de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela. Versiones que
corren en Washington y en Caracas sugieren que algún o algunos funcionarios del
alto gobierno estadounidense habría garantizado que, en caso de prosperar el
plan para finalizar el “gobierno interino”, continuaría el reconocimiento a la
Asamblea Nacional y a quienes designara para representarla en Washington. Los
conjurados contra Guaidó supusieron (o quisieron suponer) que el status
existente en las relaciones formales entre el “gobierno provisional” y la Casa
Blanca se mantendría.
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La
decisión del 30DIC22 fue particularmente impactante en el caso de las
relaciones con EEUU, el principal respaldo extranjero de la oposición
venezolana en cuanto a apoyo político, financiamiento y protección de activos. Carlos
Vecchio contaba con el reconocimiento oficial del gobierno de EEUU, como
Embajador de Venezuela, desde que Donald Trump recibió sus credenciales
diplomáticas en una formal ceremonia en la Casa Blanca el 08ABR19. Tras la
decisión de la Asamblea Nacional de cesarlo en sus funciones, Vecchio notificó
al Departamento de Estado el fin de su misión en Washington cumpliendo así su
última actividad oficial. Mientras, desde Caracas llegaba la información sobre
la designación de un “representante” ante el gobierno de EEUU de nombre
Fernando Blasi. La Asamblea Nacional decidió nombrar una junta directiva con
tres parlamentarias quienes se encuentran fuera de Venezuela en calidad de
exiliadas y que presiden una suerte de “gobierno legislativo”. A su vez, la AN designó
un “comité de administración y protección de activos del país en el exterior”
del cual forma parte Blasi y una
“comisión de asuntos exteriores”.
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El
01FEB23, tanto Vecchio como el ahora exrepresentante permanente de Venezuela en
la OEA, embajador Gustavo Tarre Briceño, ambos cesados en sus funciones por la
AN, hicieron entrega a Blasi de las instalaciones oficiales en Washington.
Posteriormente, el Departamento de Estado habría notificado al representante
del “gobierno legislativo” la posición oficial de EEUU en cuanto no concederle
la condición de representante diplomático de Venezuela. Una primera
consecuencia ha sido la exigencia por el gobierno de EEUU a Blasi para que entregara
las edificaciones que el estado venezolano posee en Washington como sede de su
Embajada, de la Residencia oficial del Embajador y de la residencia del
representante permanente ante la OEA. El 03FEB23 el gobierno de EEUU habría
tomado posesión de las edificaciones venezolanas, basado en la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Esa convención vigente desde 1964 establece que “en caso de ruptura de las
relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de
modo definitivo o temporal, el Estado receptor estará obligado a respetar y a
proteger (…) los locales de la misión, así como sus bienes y archivos”. En
resumen, a los efectos del Departamento de Estado no existe misión diplomática
venezolana en EEUU en razón de no existir un gobierno que represente al Estado
venezolano que puediera acreditar diplomáticos ante la Casa Blanca.
En el caso
de la OEA, la situación fue expresamente explicada por Tarre Briceño en un
texto que difundió el 10FEB23: “Esta circunstancia [desaparición del gobierno
interino] es de especial importancia ya que el artículo 80 de la Carta de la
Organización de Estados Americanos establece que su Consejo Permanente está
integrado por “un representante por cada estado miembro, nombrado especialmente
por el Gobierno respectivo”. No existiendo gobierno en Venezuela, no puede
haber un representante permanente ante la OEA.
El impacto
de la no existencia de un gobierno en Venezuela reconocido por EEUU (¡y el
Reino Unido!) está creando nuevas condiciones para que acreedores del estado
venezolano avancen sobre activos de la República situados en el exterior.
Dueños de bonos de deuda pública venezolana y consorcios internacionales que se
sienten perjudicados patrimonialmente por el chavismo están a la caza de
activos como la petrolera Citgo que sólo permanece protegida por la decisión
política de los gobiernos de EEUU con bases legales difíciles de prolongar por
mucho tiempo más.
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Lula da
Silva llegó a Washington el 09FEB23 invitado por Joe Biden para sostener una
reunión de trabajo que retomara las relaciones entre los dos países luego del
virtual congelamiento provocado por la distancia simultáneamente impuesta
por Biden y Jair Bolsonaro. Para Lula se
trataba de la oportunidad de mostrar su regreso a la escena mundial, mientras
para Biden fue su manera de ratificar la línea de no confrontación y de
cooperación condicionada con los gobiernos de izquierda que están proliferando
en el Continente.
El
brasileño visitó una vez más la Casa Blanca donde antes había sido invitado por
George W. Bush y Barack Obama. Y una vez más, Lula se presentó como el virtual
interlocutor entre EEUU y los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, rol que
los “muchachos” de Biden creyeron infructuosamente que podría ejercer el
argentino Alberto Fernández.
Además, Lula
llevó a la mesa de Biden temas como el cambio climático, el racismo, la defensa
de la democracia ante ataques de la derecha radical y la guerra en Ucrania con
los cuales buscaba sintonía con la actual Casa Blanca. Lula llegó a la EEUU
tras anunciar en Brasilia su idea de promover un grupo de países que sirvan de intermediarios
entre Ucrania y Rusia para negociar paz, propuesta que no habría sido comprada
por los anfitriones en Washington. La posición “neutral” de Brasil ante la invasión
rusa a Ucrania, establecida por Bolsonaro y continuada por Lula, no resulta del
agrado de la diplomacia estadounidense. De hecho, en la declaración conjunta emitida
por Biden y Lula, los negociadores estadounidenses exigieron un lenguaje donde
no quedara duda sobre la culpabilidad de Rusia en la “violación de la
integridad territorial de Ucrania”.
La visita
de Lula a Washington no causó el impacto esperado por el brasileño. El apoyo
financiero que Lula buscaba para un fondo de preservación de la Amazonía apenas
quedó como una promesa de Biden para procurar recursos ante el Congreso. La
declaración conjunta es una lista de propósitos genéricos en materia ambiental,
comercial, de “trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas” y
“la coordinación en temas como la inclusión social y los derechos laborales, la
igualdad de género, la equidad y justicia racial, y la protección de los
derechos de las personas LGBTQI+”. Ninguna declaración expresa sobre los
gobiernos dictatoriales del Continente fue hecha durante el encuentro.
Por
cierto. Llamó la atención que la primera dama de EEUU, Jill Biden, no estuviera
presente al momento cuando su marido recibió a la pareja presidencial
brasileña.
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Para que
no quedara duda sobre las tendencias políticas de Lula, antes de concurrir a su
cita en la Casa Blanca el brasileño quien fue alojado en la presidencial Blair
House, realizó dos actividades en las cuales sostuvo reuniones con figuras de
la izquierda radical del Partido Demócrata. El primero en llegar a “Blair House”
fue el senador Bernie Sanders quien al salir del encuentro habló con la prensa
y afirmó que con Lula se proponía “fortalecer las bases democráticas no solo en
Brasil y en EEUU, sino en todo el mundo". Sanders equiparó a Donald Trump con Jair
Bolsonaro calificándolos de “extremistas de derecha”. Luego sería el turno de
un grupo de representantes del ala “progresista” del Partido Demócrata que
sostuvieron encuentro con Lula y su comitiva. Entre los visitantes estaban los
representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Pramila Jayapal, Ro Khanna y Sheila
Jackson Lee.
Tras
conversar con Sanders, Lula tenía ya la certeza que atacar a Jair Bolsonaro
ante Biden le ganaría simpatías del inquilino de la Casa Blanca. Durante la
sesión de fotos en la Oficina Oval, ante la prensa, antes de la reunión de
trabajo, Lula da Silva se quejó ante Biden de su antecesor Bolsonaro: “usted
sabe, señor presidente, que Brasil se automarginó durante cuatro años. Al expresidente
no le gustaba mantener relaciones internacionales con ningún país. Su mundo
comenzaba y terminaba con noticias falsas, por la mañana, por la tarde y por la
noche. Parece que despreciaba las relaciones internacionales”... Biden lo
interrumpe y dice “Me suena familiar” y lanzó una carcajada. Lula facilitó a
Biden darle un golpecito a Trump.
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El Grupo
de Puebla, la organización continental de izquierda creada en 2019, ha colocado
a varios de sus miembros fundadores en cargos de alta relevancia en el nuevo
gobierno de Brasil.
Lula da
Silva participó en la fundación del Grupo, en ausencia, desde la cómoda
habitación donde purgaba condena por corrupción. Con su llegada a la
Presidencia de Brasil el 01ENE23 el Grupo de Puebla cuenta con miembros y
asociados al frente de los gobiernos de
Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y México, además de formar parte de
la alianza de gobierno en España.
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El
excanciller Celso Nunez Amorim, fundador del Grupo de Puebla y representante de
Lula en el exterior durante los últimos años, fue designado como “Asesor Jefe
de la Asesoría Especial” del Palacio de Planalto, desde donde se encargará de
continuar ejerciendo como asesor directo y operador internacional de Lula. Acostumbrado
a dirigir una diplomacia paralela a la cancillería de Itamaraty, Lula entregó
esa responsabilidad a Amorim quien cuenta con su propia red de relaciones
políticas y diplomáticas. Durante la visita de Lula a Buenos Aires del
23-24ENE23, donde el brasileño realizó múltiples reuniones masivas y privadas
con socios políticos de diversos países, fue Amorim y no el canciller Mauro
Vieria quien acompañó al Presidente. Durante la visita a Washington también
estaba presente Amorim, actuando en la práctica como un segundo ministro de exteriores.
En la fotografía oficial del encuentro Lula-Sanders, Amorim posó a la derecha
de Lula.
La
política exterior del gobierno Lula está claramente entroncada con el Grupo de
Puebla mediante Amorin.
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Miembros
fundadores del Grupo de Puebla tomaron control del aparato económico y
financiero del estado brasileño. Fernando Haddad, quien fue ministro de
Educación de Lula durante siete años y candidato presidencial en 2018 ante la
imposibilidad de lanzar al Lula encarcelado, ahora es el Ministro de Hacienda.
Desde la definición de la política económica hasta el control de todo el
aparato financiero del Estado, incluyendo la importante red de bancos públicos,
ahora está en manos del economista Haddad.
El Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, brazo financiero de Brasil para
financiamiento de empresas, el cual fue utilizado masivamente por los gobiernos
del PT para beneficiar a empresas constructoras brasileñas y a gobiernos
extranjeros izquierdistas, también fue colocado bajo control directo del Grupo
de Puebla. El economista Aloizio Mercadante, fundador del PT en 1980 y del
Grupo de Puebla fue designado presidente del BNDES. Mercadante es, junto al
colombiano Ernesto Samper Pizano, uno de los cuatro miembros del “Consejo
Político” del Grupo de Puebla.
La abogada
Carol Proner, esposa del cantautor Chico Buarque y fundadora del Grupo de
Puebla fue designada “Asesora para Asuntos Internacionales” del BNDES. Proner junto
al español Baltazar Garzón, entre otros, integra el “Consejo Latinoamericano de
Justicia y Democracia”, un apéndice del Grupo encargado de prestar asistencia
jurídica a los miembros y asociados del propio grupo.
La
colonización del aparato financiero internacional del gobierno de Brasil es
particularmente relevante para el Grupo de Puebla. Lula ya anunció que el BNDES
volverá a otorgar créditos a empresas constructoras brasileñas para ejecutar
obras en países de la región, es decir, a favor de gobiernos políticamente
aliados. El argentino Alberto Fernández, también fundador del Grupo de Puebla,
aspira que el BNDES financie un gasoducto. La hondureña Xiomara Castro, esposa
del fundador del Grupo de Puebla Manuel Zelaya, aspira que el BNDES financie un
plan de represas.
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Evo Morales
está propiciando el derrocamiento de su compañero de partido y presidente de
Bolivia, Luis Arce Catacora. Diversos dirigentes del MAS han dado cuenta, en
las últimas semanas, de las instrucciones dictadas por Morales en diversos
encuentros partidistas para que sus militantes realicen acciones de protesta
contra el gobierno de Arce. Morales, quien aspiraba actuar como suerte de
cogobernante, mantiene una lucha intestina por el control del partido. Desde el
gobierno ha surgido un “ala renovadora” encabezada por el vicepresidente David Choquehuanca que pretender dejar a un
lado el liderazgo de Morales. Choquehuanca fue ministro de Exteriores del
gobierno de Morales y ejerció como Secretario General del grupo de gobiernos
castrochavistas ALBA.
Morales se
propone impedir la reelección de Arce o la postulación de Choquehuanca para las
elecciones presidenciales del lejano 2025. Ya Morales se dejó ver el 09FEB23
con una camiseta que anuncia una nueva presidencia en el lapso 2025-2030.
El enfrentamiento entre Morales y Arce comienza a crear roces en el interior de la alianza castrochavista continental.
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