Informe Otálvora del 09 de febrero de 2025
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Edmundo
González Urrutia en Washington durante una conferencia telefónica con Marco
Rubio y María Corina Machado el 22ENE25. Collage Grethel Delgado/DLA con fotos de @edmundogu |
El gobierno
de Lula da Silva otorgó carácter de “secretos” a los documentos de la
cancillería brasileña referidos a los contactos entre el grupo empresarial J&F y la dictadura venezolana.
El grupo J&F ,
liderado por los hermanos Joesley y Wesley Batista, es un socio comercial del
régimen chavista desde mediados de la década pasada cuando servía de proveedor
cárnico bajo la marca JBS. Al inicio del actual gobierno de Lula, la empresa
suscribió un extraño acuerdo con una no identificada empresa venezolana para la
compra de electricidad para su distribución en el norte de Brasil. Esa gestión
realizada bajo la marca de “Ambar Energía” fue reforzada por una autorización
suscrita por Lula para la importación de electricidad desde Venezuela. La
incapacidad del gobierno venezolano para suministrar electricidad a los
venezolanos desató sospechas sobre el pretendido negocio de la empresa de los
hermanos Batista quienes sostuvieron reuniones oficiales en Caracas con
funcionarios del sector energético del régimen.
En
diciembre pasado, un reportero de O Globo solicitó acceso al contenido de las
comunicaciones entre la cancillería de Itamaraty y su embajada en Caracas en
relación a las gestiones de los hermanos Batista en Venezuela. La información
fue negada al periodista basado en la decisión de la embajadora brasileña en
Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, quien fijó en cinco años el tiempo durante
los cuales la documentación estará fuera del conocimiento público.
Según O
Globo la cancillería brasileña igualmente habría impuesto cinco años de
condición de “secreto” a una serie de comunicaciones entre diplomáticos
brasileños y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a propósito de las
votaciones del 28JUL24.
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Las
relaciones entre la dictadura venezolana y el gobierno de Brasil se han
reacomodado luego de algunas diferencias sobre el fraude electoral cometido por
Nicolás Maduro el 28JUL24. Los cancilleres de Brasil y de Maduro, Mauro Vieira
e Yván Gil sostuvieron una “cordial reunión” en Paramaribo donde coincidieron
el 03FEB25, con motivo de una reunión ministerial de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica. Según Itamaraty, Vieira y Gil trataron
“asuntos regionales y bilaterales” en su encuentro en la capital de Surinam.
Por cierto, el excanciller brasileño Celso
Amorim, cofundador del izquierdista Grupo de Puebla y quien estaba ejerciendo
una hiperactiva diplomacia paralela en su condición de asesor presidencial de
Lula, pareciera haber reducido su gestión internacional. Durante ya varios
meses ha permanecido en las sombras luego de los choques con la dictadura
venezolana por el tema de la no presentación de las actas electorales del
28JUL24. Amorim solía asistir a todas las actividades internacionales de Lula y
actuaba como un virtual jefe de la diplomacia brasileña opacando a Mauro Vieira
titular de Itamaraty. En mentideros brasilienses se comenta que Amorim, de 82
años de edad, optó por disfrutar de cambios en su vida personal y limitar su
participación a sólo asuntos de altísimo nivel de diplomacia presidencial.
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Las
operaciones de USAID, el brazo financiero de la política exterior de EEUU,
están congeladas por decisión de Donald Trump y ejecución por Elon Musk en su
condición de “empleado gubernamental especial” quien contaría con clasificación
máxima de seguridad. Una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump el mismo día
de su toma de posesión se denomina “Reevaluación y realineamiento de la ayuda
exterior de EEUU”. En su parte argumental, el texto asegura que “el esfuerzo y la
burocracia de ayuda exterior de EEUU no están alineadas con los intereses
estadounidenses y en muchos casos son antitéticas a los valores estadounidenses”.
Trump ordenó una “pausa de 90 días en la asistencia para el desarrollo exterior
de EEUU para evaluar la eficiencia programática y la coherencia con la política
exterior de EEUU”, y delegó en Marco Rubio la potestad de eximir la suspensión
temporal de determinados programas específicos y de reestablecer el
financiamiento de programas. Tras los 90 días los jefes de las agencias deberán
decidir cuales programas continuarán con financiamiento. El texto firmado por
Trump, elaborado con larga anticipación por sus equipos de asesores, estableció
un control directo de la Casa Blanca sobre las decisiones sobre continuidad
provisional de programas, la reapertura del financiamiento a programas o
creación de nuevos programas. En todos los casos intervendrá la Oficina de
Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) presidida
por Russell Vought quien estuvo involucrado en la definición de la agenda
conocida como Proyecto 2025, la cual entre centenas de asuntos a los que se
refiere, propuso la reorganización de la ayuda exterior de EEUU.
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Pocas horas
después de emitida la Orden Ejecutiva, organismos internacionales, gobiernos
extranjeros, organizaciones privadas ONGs y proveedores de bienes y servicios a
nivel global, recibían notificaciones sobre la suspensión del financiamiento de
programas de la más diversa índole. Actividades de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, operaciones antinarcóticos aéreas de la Policía Nacional
de Colombia, apoyo a la recepción y relocalización de venezolanos que procuran
refugio en Brasil, programas de cambio de cultivo en zonas cocaleras en
diversos países suramericanos son sólo algunas de las actividades abiertas
financiadas por EEUU que están paralizadas en la región. Otro tipo de
actividades muchas de ellas de bajo perfil o secretas, especialmente de apoyo a
organizaciones sobre DDHH en países bajo control dictatorial, igualmente
quedaron sin recursos.
La
filtración desde el gobierno Trump sobre gastos poco ortodoxos realizados por
USAID dio fuerza a la consigna lanzada por Musk según la cual “es hora de que
muera”. Marco Rubio, quien no es partidario de eliminar USAID y propone su
traslado al Departamento de Estado con una reorientación de objetivos, logró
que Trump lo designara el 03FEB25 como Administrador interino de USAID, aunque
la parte operativa le fue asignada a Pete Marocco partidario del
desmembramiento de USAID.
El
Departamento de Estado ya estaría enviando a diversas entidades a nivel global,
solicitudes de declaraciones escritas en las cuales los representantes deberán
asegurar que sus actividades no incluyen iniciativas de “diversidad, equidad e
inclusión” (DEI) en cumplimiento de la Orden Ejecutiva de Trump del 21ENE25
sobre “Poner fin a la discriminación ilegal y restablecer las oportunidades
basadas en el mérito”.
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Una nueva política de EEUU hacia Venezuela pareciera no terminar de
concretarse.
El 31ENE25
aterrizó en Caracas el enviado especial de Trump, Richard Grenell, quien sería
recibido por Nicolás Maduro. Se trató de la primera ocasión en la cual un
funcionario estadounidense apareció en fotografías junto a Maduro desde las
visitas del entonces subsecretario de Estado Thomas Shannon en 2016. Si bien
Grenell había hecho pública el 20ENE25 que ya había “hablado con varios
funcionarios de Venezuela”, las imágenes del enviado de Trump en el Palacio de
Miraflores obligaron a parlamentarios republicanos ligados a temas
latinoamericanos, a una virtual operación de control de daños asegurando que
EEUU no reconocería ni negociaría con Maduro. Grenell, tal como lo adelantara
el Informe Otálvora del 26ENE25, había entrado en contacto también con la
lideresa opositora María Corina Machado quien lo confirmó posteriormente
asegurando que el estadounidense le había informado antes y después de su viaje
a Caracas. A los efectos de altos funcionarios y operadores de EEUU el
liderazgo opositor se centra en Machado y en el presidente electo Edmundo
González Urrutia con quienes mantienen comunicación.
Con una
conversación a la distancia el 22ENE25, en medio de las carreras propias del
segundo día en el cargo, Rubio quiso dejar patente el reconocimiento de EEUU a
González Urrutia y a MCM. Rubio se mantiene partidario de la política de
sanciones hacia el régimen chavista tal como lo confirmara en declaraciones a
la periodista Alicia Ortega en Santo Domingo el 06FEB25. Ortega preguntó a
Rubio en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela q “las sanciones han
servido de poco en el pasado. ¿Se adoptarán medidas más agresivas contra esos
países?”. El secretario de Estado respondió: “creo que están equivocados en
eso. El propósito de las sanciones es impedirles que sigan haciendo lo que
están haciendo o negarles fuentes de ingresos ilegítimos, ya sea de un
individuo, de un régimen o de una organización terrorista. Ese es el propósito de
las sanciones”.
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Aparte del
impacto mediático de unas conversaciones entre EEUU y un gobierno al cual no
reconoce, Grenell partió de Caracas con la promesa de Maduro para recibir
vuelos e incluso aportar aviones para el traslado de venezolanos deportados
desde EEUU. De esa manera, Maduro aceptaba retomar lo acordado con el gobierno
Biden en 2023 y que fue paralizado por Caracas a principios del 2024.
Maduro
entregó a Grenell seis estadounidenses que permanecía encarcelados en
Venezuela, quedando algunos todavía cono rehenes de la dictadura. El anterior
encargado para esas gestiones, Roger Carstens, cesó discretamente sus funciones
el 20ENE25. Carstens, quien fue designado en 2020 por Trump como Enviado
especial presidencial para asuntos de rehenes y quien fuera ratificado por
Biden, gestionó varios procesos para la liberación de estadounidenses
secuestrados en cárceles de la dictadura venezolana. Ahora, Grenell alegó que
los resultados de su visita no habían sido producto de una negociación y que el
tema petrolero no había formado parte de las conversaciones.
Por
coincidencia o premeditadamente, al día siguiente del viaje de Grenell a
Caracas, el 01FEB25 se produjo la renovación automática mensual de la licencia
del Departamento del Tesoro de EEUU que permite que la petrolera estadounidense
Chevron realice explotación y exportación de hidrocarburos desde Venezuela en
sociedad con el régimen. Hasta le fecha el gobierno Trump ha mantenido las
licencias públicas y privadas que permiten negocios energéticos con el régimen
chavista.
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El 26MAY25
deberá estar tomando posesión un nuevo Secretario General de la OEA quien
reemplazará al uruguayo Luis Almagro. Los cancilleres de los países miembros
están convocados para una Asamblea General extraordinaria que deberá realizarse
en Washington el 10MAR25 con el propósito de elegir al nuevo Secretario
General.
Las
candidaturas puedes ser presentadas hasta le fecha de la votación pero la OEA
estableció el 03FEB25 como fecha para la postulación de candidaturas que
participarían en eventos institucionales de presentación de los planes de
trabajo de cada candidato. Al 03FEB25 se había presentados dos candidaturas
ninguna de las cuales, según diversas fuentes, pareciera reunir un apoyo mayoritario.
El gobierno
de Paraguay promueve al embajador Rubén Ramírez quien fue ministro de
exteriores durante el mandato de Nicanor Duarte Frutos y actualmente nuevamente
detenta ese cargo bajo el gobierno de Santiago Peña. Ramírez contaría
aparentemente con los votos de Argentina, Brasil y Uruguay y, eventualmente, de
EEUU. Peña, quien asistió a eventos por la toma de posesión de Trump en
Washington, fue recibido por Marco Rubio el 21ENE25 como una de sus primeras
actividades en el cargo que había jurado pocas horas antes.
Por su
parte el gobierno de Surinam, presidido por Chandrikapersad Santokhi, presentó
desde enero de 2024 la candidatura de su actual ministro de Exteriores Albert
R. Ramdin. La candidatura de Surinam contaría con el voto de los catorce países
miembros de Caricom, el grupo regional caribeño que está presentando la
candidatura de Ramdin como suerte de reivindicación ya que el “Caricom
representa el 44% de los miembros de la
Organización [pero] hasta ahora ninguna persona del Caribe ha llegado a ocupar
tan alto cargo”, según reza la comunicación firmada por el representante de Antigua
y Barbuda ante la OEA anunciando el apoyo del grupo subregional. Surinam ha
dejado correr la versión según la cual China, que no es miembro de la OEA pero
si cuenta con un embajador con carácter de “observador permanente”.
En medios
políticos de Costa Rica ha circulado la versión según la cual, ante la falta de
una candidatura mayoritaria, se estaría asomando la opción de Arnoldo André,
ministro de exteriores del gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Según confesara
André, en rueda de prensa junto a Chaves el 29ENE25, algunos gobiernos le han
ofrecido su apoyo sin que hasta la fecha se presentara esta opción. El tema
probablemente fue tratado con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio,
quien visitó San José el 04FEB25.
Un
candidato requiere 18 votos para convertirse en nuevo Secretario General y por
ahora existe una suerte de limbo en espera de conocer cual dirección tomará el
gobierno de EEUU.
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