Informe Otálvora del 10 de junio de 2017
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Militares de países
del Caricom en ejercicios Tradewinds auspiciados por EEUU, en Chaguaramas,
Trinidad & Tobago (arriba) y en Barbados (abajo) el 08JUN17. Fotos: Canadian
Forces Combat y US Army National Guard
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El 03JUN17 la alta
jerarquía de las Farc se desplazó a pocos kilómetros de la frontera de Colombia
con Venezuela, en la denominada “Zona Veredal El Indio” en las inmediaciones de
la población de La Gabarra en el departamento Norte de Santander. El lugar, uno
de los centros de concentración de los guerrilleros de las Farc tras las firmas
de los acuerdos con el gobierno Santos, recibía ese día la visita de quien se
autodenomina como “Comandante en Jefe” de las Farc, Rodrigo Londoño Timochenko. El sobrevuelo de
un helicóptero militar colombiano en las cercanías del campamento sobre
territorio de Colombia, desató mensajes de alerta de la guerrilla denunciando
el hecho. El jefe guerrillero exigió “no más provocaciones” alegando que el
sobrevuelo violaba los acuerdos Santos-Farc. El hecho dejó preocupaciones sobre
una aparente extraterritorialidad concedida a las Farc sobre los campamentos
“de transición”. Pocas horas después, el mismo Timochenko anunció vía Twitter
su disposición a suspender la entrega de armas a raíz de un hecho menor: la
detención de un guerrillero en Bogotá. Oficialmente la guerrilla habría
entregado un tercio de su armamento a los funcionarios de la ONU encargados de
supervisar el proceso de “dejación de las armas”. La dirigencia de las Farc,
aún sin haberse cumplido el desarme, ya se desplaza libremente a lo largo del
país con escoltas armados realizando públicos actos de proselitismo político y
el Estado colombiano se dispone a financiar la actividad política de las Farc.
En tanto, desde
diversas zonas de Colombia llegan reportes sobre acciones violentas, incluyendo
ataques a patrullas militares, cometidas por tropas de las Farc calificadas
como “disidentes”.
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El tema “Venezuela”
sigue pendiente de una declaración por parte de los cancilleres de la
Organización de Estados Americanos. La “reunión de consulta” de los cancilleres
de los gobiernos que forman la OEA fue convocada para el 31MAY17 en Washington
cuando realizó una larga sesión. Ante la falta de una clara mayoría a favor del
contenido de una declaración, los cancilleres convinieron en no dar por
concluida la reunión sobre la “situación en Venezuela” y realizar una nueva
sesión en Cancún, México, donde se concentrarán a partir del 19JUN17 para la
celebración de la Asamblea General anual del organismo. Formalmente en el
balneario mexicano se estarán realizando dos eventos distintos: una sesión de
la Reunión de Consulta sobre Venezuela que pudiera incluso no ser la última y,
el “47 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General”.
La sesión de los
cancilleres de la OEA sobre Venezuela debería tener lugar el día 19JUN17 en
horas de la tarde, poco antes de iniciarse la sesión inaugural de la Asamblea
General en el Centro de Convenciones Moon Palace Arena. Según lo acordado en la
reunión del 31MAY17, para la nueva sesión a realizarse en Cancún debería
contarse con un texto debidamente consensuado entre la mayoría de las
delegaciones, para lo cual se le encomendó a los representantes permanentes
ante la OEA avanzar en las negociaciones de una posición común. Hasta ahora no
ha sido posible alcanzar un acuerdo que cuente con los votos necesarios para su
aprobación por lo que se estima que el día 18JUN17, antes de la llegada de los
cancilleres a Cancún, deberá producirse una reunión de delgados de los países
miembros para intentar precisar una posición con respaldo mayoritario.
Los países caribeños que
representan catorce votos de los treinta y cuatro miembros, actuaron como
bloque el 31MAY17 abortando la iniciativa de declaración apoyada por Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EEUU, Honduras, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y México que procuran una declaración fuerte contra lo
que califican como una ruptura del orden democrático en Venezuela. El Caribe,
donde algunos de sus gobiernos son francos aliados del régimen chavista y otros
altamente dependientes de EEUU y del Reino Unido, promueve una declaración
anodina que se limite a ofrecer al gobierno Maduro el concurso de la OEA en un
eventual diálogo con la oposición.
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Mientras en el seno de
la OEA, los países del Caribe se posicionan en contra de la línea de EEUU sobre
Venezuela, en otros terrenos no dudan en secundar acciones estadounidenses. El
07JUN17 comenzaron en Barbados los ejercicios coordinados y combinados anuales
Tradewinds, auspiciados por el Comando Sur de EEUU, enfocados en acciones
contra crímenes transfronterizos, acción
ante desastres naturales, coordinación de seguridad en el Caribe. La versión 2017
contempla actividades en Barbados, Trinidad y Tobago y Miami, por parte de
2.500 funcionarios militares y civiles, guarda costas, policiales y de protección
civil de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam, San Vicente y
las Granadinas, Trinidad & Tobago, además de EEUU, Canadá, Francia, México,
Países Bajos y Reino Unido. En estos ejercicios participan San Vicente y las
Granadinas, Surinam, San Cristóbal y Neves, y República Dominicana gobiernos
cercanos al régimen chavista. La agencia de propaganda rusa RT, aliada
mediática del gobierno de Nicolás Maduro, distribuyó una nota titulada “Comando
Sur de EE.UU. inicia ejercicios militares frente a las costas de Venezuela” en
un intento de presentar falsamente las maniobras como una operación de presión
contra el régimen venezolano.
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El gobierno Maduro
optó por desoír innumerables reclamos desde el extranjero, incluso de gobiernos
y dirigentes de izquierda, en sus llamados para reestablecer la
constitucionalidad en Venezuela, lo cual le ha valido un creciente cerco
político internacional. Los jerarcas del régimen, en una obvia emulación del
esquema cubano, han preferido recurrir a la represión indiscriminada y a mano
militar como respuesta a las protestas populares, a la vez que intenta disolver
la Asamblea Nacional, neutralizar al liderazgo opositor e imponer un poder
legislativo bajo su total control que, además, proceda a una reforma
constitucional de desconocidos alcances. La táctica de supervivencia del
régimen chavista le está resultando altamente costosa interna y externamente.
Desde el chavismo que hegemónicamente ha controlado el Estado venezolano por
casi dos décadas, han surgido señales de una ruptura por parte de jerarcas que
tienden a distanciarse del núcleo dominante, cuyo caso más notorio es la Fiscal
General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien impugna la Asamblea
Constituyente convocada por Maduro. A su vez, los apoyos políticos externos a
favor del régimen chavista tienden a disminuir y a hacerse menos categóricos.
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En el seno del
gobierno de EEUU, impulsadas por el influyente grupo de parlamentarios
republicanos de origen latino, se consideran rutas alternas de presión unilateral
sobre Venezuela, ante la imposibilidad de coordinar a nivel de la OEA un plan
de acciones. Aumentar el número de jerarcas del régimen chavista sujetos a
sanciones, llevar la situación de Venezuela a nivel del Consejo de Seguridad de
la ONU como un tema de crisis humanitaria, limitar las importaciones de crudo
venezolano, son algunas de las medidas que ya abiertamente se comentan en
medios periodísticos y políticos en EEUU. El “tema Venezuela” forma parte de
las conversaciones de Donald Trump y su Secretario de Estado Rex Tillerson en
sus encuentros con mandatarios y cancilleres de la región. El gobierno
colombiano, al igual que Brasil y Argentina, han colocado la crisis venezolana
en sus temas de diálogo bilateral con números gobiernos. México, país cuya
diplomacia tradicionalmente se mantenía ajena a temas suramericanos, se ha
mostrado ahora particularmente activo entre los países latinoamericanos que
debaten líneas de acción ante la crisis en Venezuela.
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Por cierto, en medios
diplomáticos en Caracas corrió la versión según la cual la cancillería de
México habría optado por reemplazar al personal no mexicano que laboraba en su
misión diplomática en Venezuela. La medida habría sido tomada ante sospechas de
espionaje por parte del gobierno.
