Informe Otálvora del 01 de abril de 2017
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| Cancilleres de Paraguay y Brasil reunidos en Asunción el 27MAR17. Foto: Cancillería de Paraguay |
Las más recientes
encuestas públicas y mediciones privadas, con vistas a las elecciones
presidenciales en Ecuador de este domingo 02ABR17, no permiten prever un
ganador. El corto margen de diferencia entre los candidatos, según encuestas
independientes que abren la posibilidad de un triunfo de la Oposición, hace
temer a algunos expertos electorales que siguen el proceso desde Quito, que el
aparato oficialista pudiera intentar incluso operaciones de fraude el día de
las votaciones.
La segunda vuelta
confronta al opositor Guillermo Lasso contra el oficialista Lenín Moreno. El
empresario Lasso ha logrado reunir alrededor de su nombre el respaldo de un
amplio abanico partidista, el cual abarca incluso a la izquierda indígena que
anteriormente sirvió de piso político al gobierno de Rafael Correa. La campaña
de Moreno ha sido dirigida y protagonizada personalmente por Correa. Todo el aparato estatal, incluyendo
la amplia red de medios de comunicación oficial, ha estado volcado a favorecer
al candidato de Correa y desprestigiar a Lasso. El aparato de propaganda internacional
del castrochavismo fue activado contra Lasso, mediante una campaña generada
desde Buenos Aires por periodistas y medios afiliados al kirchnerismo, cuyos
contenidos estaban orientados hacia su uso electoral en Ecuador.
Mientras la oposición
ecuatoriana centró su campaña en la advertencia de que el país se dirige a una
crisis económica como la venezolana, el gobierno de Correa socio del chavismo, intentó
alejar su imagen de los sucesos en Venezuela. Correa se abstuvo de asistir a la
reunión presidencial del ALBA, celebrada en 05MAR17 en Caracas, convocada en
homenaje a Hugo Chávez. Además, Ecuador mantuvo un perfil inusualmente bajo en
las agitadas sesiones de la OEA en las cuales se analizó la situación
venezolana. Al contrario de los
representantes de Nicaragua y Bolivia, los enviados de Correa en la OEA no
tomaron la palabra para defender al gobierno Maduro en las sesiones del 27 y
28MAR17, limitándose a votar contra la realización de una sesión sobre
Venezuela a la cual se oponía la cancillería chavista.
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Rafael Correa y
Guillermo Lasso en una reunión de empresarios en Guayaquil, Ecuador, el 18OCT08.
Foto: Presidencia Ecuador
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La diplomacia
chavista, con fuerte apoyo cubano, intentó impedir que el Consejo Permanente de
la OEA realizara la sesión especial solicitada por 18 gobiernos para analizar
la situación en Venezuela y que fue convocada para el martes 28MAR17. El “Grupo
Venezuela” o “grupo de los 15” que desde mediados del año 2016 reúne a quince
gobiernos del continente en el seno de la OEA
para analizar colectivamente la situación venezolana, sumó el apoyo de otros
tres miembros para solicitar la reunión del Consejo. El hecho demostró una
cruda realidad: el gobierno chavista ha perdido su otrora capacidad de influir
y hasta imponer decisiones en la OEA. A solicitud del gobierno Maduro, el
Consejo Permanente se reunió el lunes 27MAR17, para escuchar a la canciller
chavista, Delsy Rodriguez, quien intentaba frenar la reunión del día siguiente,
atacando con fuertes insultos al Secretario General de la OEA Luis Almagro, y a
los países que solicitaron la reunión del martes a quienes calificaba como “injerencistas”
y “facción minoritaria”.
El martes, el representante
de Maduro ante la OEA, Samuel Moncada, intentó nuevamente impedir la
celebración de la reunión solicitada por una mayoría de gobiernos miembros de
la organización. Al momento de aprobarse la agenda del día, veinte países se
pronunciaron a favor de continuar la reunión, propinándole a la diplomacia chavista una derrota sin
precedentes, al no poder impedir que la crisis venezolana fuera objeto de
análisis colectivo por la OEA.
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No existe una posición
mayoritaria en el seno de la OEA para aplicar a Maduro la única sanción con que
cuenta el organismo: la suspensión de la membresía tal como lo contempla la
Carta Democrática Interamericana. La liberación de los presos políticos, el
establecimiento de un cronograma electoral, el reconocimiento a la Asamblea
Nacional y el respeto al estado de derecho fueron las solicitudes hechas al
gobierno Maduro en la OEA. En la reunión del 28MAR17, los gobiernos que
intervinieron en el debate asomaron diversas opciones para continuar atendiendo
y evaluando la situación venezolana: crear un grupo de gobiernos amigos para
promover un nuevo esquema de negociaciones entre el gobierno y la oposición,
enviar una misión a Venezuela (requiere aprobación de Maduro), crear en el seno
de la OEA un “grupo político” sobre Venezuela que mensualmente realice
evaluaciones. Al final de la sesión, la representante de Canadá en la OEA, leyó
un corto proyecto de declaración que anuncia la continuidad del debate del caso
venezolano en la OEA.
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La derrota sufrida por
el chavismo en la OEA el 28MAR17 fue seguida de amenazas diplomáticas de la
cancillería de Maduro contra los gobiernos que se habían pronunciado en el
Consejo Permanente. Además, el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, controlado por
el chavismo, inició la emisión de una serie de sentencias que, al contrario de
lo solicitado por los países en la OEA, agudizaron la línea oficialista para
disolver al poder legislativo. El 27MAR17, el TSJ emitió un “pronunciamiento”
mediante el cual solicitaron a Maduro iniciar gestiones para la destitución del
Secretario General de la OEA, acción que requeriría de 24 votos de los países
miembros, votos con los cuales obviamente no cuenta el gobierno chavista.
La sentencia 155
emitida el 27MAR17 por la Sala Constitucional del TSJ ordenó la apertura de un
proceso judicial contra los diputados de la Asamblea Nacional que apoyaron la
aplicación de la Carta Democrática de la OEA, e incluso señaló que se estaría en
presencia de delitos militares.
EL 29MAR17, la Sala
Constitucional del TSJ emitió a solicitud de la petrolera PDVSA, la sentencia
156 con la cual faculta al gobierno Maduro para crear y modificar empresas
mixtas sin autorización y control de la Asamblea Nacional. La sentencia crea
condiciones de aparente legalidad para acuerdos negociados por el régimen
chavista con empresas rusas y chinas para otorgamiento de concesiones
petroleras y mineras a cambio de divisas frescas para las arcas del gobierno.
Como un agregado a la sentencia, el TSJ anunció que “mientras persista la
situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea
Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias
parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que
ella disponga”. Con esta sentencia el TSJ ya no sólo anulaba acciones de la
Asamblea Nacional sino que se arrogaba las facultades del poder legislativo.
Nada más parecido a un golpe de Estado había ocurrido esa noche en Venezuela.
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Mediando el viernes
31MAR17, ya se habían manifestado públicamente y por escrito, preocupados y en
algunos casos rechazando expresamente la decisión judicial del régimen chavista
contra la Asamblea Nacional, los gobiernos de Perú, Chile, Argentina, Brasil,
Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, EEUU, Canadá y España, aparte
de pronunciamientos de cuerpos legislativos de media docena de países. Perú
retiró “definitivamente” a su Embajador en Caracas mientras Chile y Colombia
llamaron “a consultas” a sus respectivos embajadores ante el gobierno Maduro.
Las reacciones de
gobiernos extranjeros por la emisión de las sentencias del TSJ se mezclaron con
la ya tensa situación creada por los
sucesos en la OEA a principios de semana. La mañana del 30MAR17 las
cancillerías de diversos países mantenían una agitada comunicación, tratando de
conocer posiciones y asomar cursos de acción colectiva. La convocatoria a una
reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA o la emisión de un
comunicado conjunto de una larga lista de países de la región, formaba parte de
las opciones manejadas. Al final, una veintena de gobiernos de la OEA solicitaron
la realización de una reunión extraordinaria la cual fue convocada el 31MAR17
para tener lugar el lunes 03ABR17. Se teme que la reunión ya convocada pudiera
ser abortada por el representante de Bolivia, Diego Pary, quien desde el sábado
01ABR17 ejerce como Presidente del Consejo Permanente de la OEA y es un abierto
aliado del régimen chavista.
A mediodía del viernes
31MAR17, los cuatro gobiernos miembros plenos de Mercosur (Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay) anunciaron la celebración en Buenos Aires de una reunión el
01ABR17 con carácter “urgente”, para analizar “la grave situación institucional”
en Venezuela. Si bien el gobierno Maduro
permanece “suspendido” del mecanismo sureño, los gobiernos miembros se
disponen a declarar que en Venezuela se produjo una “ruptura del orden
democrático” la cual, en razón del primer Protocolo de Ushuaia, provocará la
suspensión de Venezuela del organismo.
Ya el viernes, los
cuatro miembros de Mercosur se habían sumado a Colombia y Chile para emitir un
comunicado conjunto donde “condenan la situación creada a raíz de la sentencia
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afecta a la Asamblea Nacional”.
De esta manera, el gobierno uruguayo que aún mantenía una posición dubitativa y
blanda hacia Maduro, se sumó al grupo de gobiernos que censuran la situación
venezolana. A lo largo de la semana se habían producido la visita del canciller
brasileño Aloysio Nunes a Asunción (Paraguay) y del canciller uruguayo Rodolfo
Nin Novoa a Brasilia y en ambas el tema “Venezuela” estuvo presente.
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La Fiscal General de
Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de abierta filiación chavista, contra todo
pronóstico objetó las sentencias del TSJ que a su juicio son “una violación del
orden constitucional y desconocen el modelo de Estado consagrado en la
Constitución”. La declaración de Ortega se contraponía al comunicado emitido
por la cancillería de Maduro en la madrugada del 31MAR17 en el cual aseguró que
las críticas a las sentencias del TSJ era una “arremetida de los gobiernos de
la derecha intolerante y pro-imperialista”. La declaración de Ortega Díaz fue
la excusa usada por Maduro para que sus agentes en el Tribunal Supremo de
Justicia dieran marcha atrás. Tras una reunión del “Consejo de Defensa” en el
Palacio de Miraflores, Maduro anunció a media noche del 31MAR17 que el Tribunal
Supremo de Justicia revisaría las sentencias, lo cual efectivamente ocurrió en
horas de esa madrugada. La maniobra del régimen intentaba trasmitir al mundo la
impresión de que el golpe de Estado contra la Asamblea Nacional era sólo un
“impase” entre poderes, el cual quedaba corregido con un brochazo de corrector
de textos. La falta de independencia de los poderes públicos, una de las
fuertes críticas externas contra el régimen venezolano, quedó una vez más en
evidencia. Por cierto, el régimen mantuvo el contenido de la sentencia que
faculta a Maduro para entregar concesiones petroleras a empresas privadas
extranjeras sin aprobación de la Asamblea Nacional.
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El ideólogo
protochavista Alberto Valderrama, distanciado del régimen venezolano, advirtió
recientemente sobre el “giro fascista de Maduro”. En un artículo fechado el
31MAR17, Valderrama afirma que “el gobierno [de Maduro] se ve impulsado hacia
un gobierno de fuerza [y] queda cancelada la democracia burguesa”.
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