Informe Otálvora del 08 de abril de 2017
Representante colombiano en la OEA responde airado a los ataques del enviado de Maduro en la OEA el 03ABR17. Foto: OEA |
Venezuela, en medio de
una crisis política y económica sin precedentes, con creciente aislamiento
internacional, está a punto de sufrir una costosa derrota en su litigio por el
territorio del Esequibo actualmente bajo control de Guyana.
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El gobierno guyanés
espera la visita en la segunda semana de abril del noruego Dag Halvor Nylander,
quien fue designado el 27FEB17 como representante personal del Secretario
General de la ONU, António Guterres, para actuar como mediador entre Venezuela
y Guyana en procura de una solución a la “controversia limítrofe”.
El saliente Secretario
General de la ONU, Ban Ki-moon, con la aceptación de su sucesor António
Guterres, decidió el 16DIC16 mantener el
esquema de “buenos oficios” entre Venezuela y Guyana, mecanismo vigente desde
1989 y que a juicio de los guyaneses ha resultado infructuoso. Ban y ahora
Guterres han decidido que “si hacia fines de 2017, el Secretario General
concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo
completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de
Justicia como el próximo medio de solución, a menos que los Gobiernos de Guyana
y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”. Esa
decisión que afecta la posición histórica
venezolana de rechazar una instancia internacional para el caso del
Esequibo, fue recibida por la
cancillería de Nicolás Maduro como una "victoria de la Diplomacia
Bolivariana".
Dado que la posición
de Guyana es justamente llevar el contencioso a una instancia judicial
internacional, es muy probable que el tema del Esequibo finalmente salga de
manos del Secretario de la ONU, deje de ser un asunto de solución bilateral y
pase a manos de la Corte Internacional.
La visita de Nylander a Georgetown, que deberá ser seguida de un viaje a
Caracas, es el inicio formal de los escasos nueve meses que le fueron otorgados
para lograr un improbable “avance significativo”. Si bien existen opiniones de
experto juristas venezolanos quienes sostienen la imposibilidad de que la CIJ
se aboque al caso sin el consentimiento de Venezuela, el gobierno Maduro no ha
mostrado ninguna iniciativa más allá de tender al congelamiento del tema lo cual
juega a favor de Guyana, país que aspira convertirse en una potencia petrolera
a expensas del territorio bajo disputa con Venezuela.
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La canciller de
Colombia, María Angela Holguín, y el ministro de la Defensa Luís Carlos
Villegas, comparecieron el 05ABR17 en una sesión de la Comisión Segunda del
Senado colombiano solicitada por senadores uribistas con respaldo de senadores
oficialistas. El tema de la sesión fue la presencia de tropas militares
venezolanas en territorio del departamento colombiano de Arauca a finales del
mes de marzo. Holguín asistió a la sesión acompañada del Embajador de Colombia
en Venezuela, Ricardo Lozano, quien permanece en Bogotá desde el 31MAR17 cuando
fue llamado a consultas tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia TSJ venezolano
de anular las facultades de la Asamblea Nacional. El presidente colombiano Juan
Manuel Santos, el día que Lozano llegaba a Colombia, rompió su usual silencio
sobre la crisis venezolana, cuando censuró como “inaceptable” la decisión del
TSJ y se refirió a la necesidad de una “transición pacífica” en Venezuela,
dando por sentado un cambio de gobierno. La presencia del embajador Lozano en
la sesión de la comisión senatorial colombiana del 05ABR17 era, en sí misma, una
señal del estado de rápido deterioro de las relaciones entre los dos gobiernos.
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Para el gobierno de
Colombia, la instalación de un campamento con decenas de militares venezolanos en
el margen derecho del rio Arauca no fue una “confusión de dónde es el límite”. Ante
los senadores que la habían convocado, la canciller Holguín afirmó que “es una
provocación que desafortunadamente estamos seguros que se va a dar cada día
más, por la misma situación en la que está el Gobierno venezolano”. De esta
manera Holguín expresó públicamente la hipótesis que en privado manejó el alto
gobierno colombiano durante la crisis del Arauca: la acción militar en la
frontera había sido planificada desde altas instancias políticas y militares del
régimen chavista en procura de una crisis externa. Tanto Holguín como el
ministro de Defensa colombiano informaron al comité senatorial que Colombia
permanece en “alerta” militar y diplomática aunque aseguraron que se manejan
con “precaución” y “prudencia” para evitar un choque armado con el país vecino.
Holguín emitió una frase lapidaria sobre el gobierno Maduro: “no estamos frente
a un país con el cual se pueda tener una relación normal, por la misma situación
interna que tiene Venezuela". El gobierno Maduro mantiene rotos, desde
hace más de un año, los canales de trabajo bilateral con Colombia sobre temas
críticos como límites, comercio, seguridad fronteriza, mientras la frontera
terrestre pronto cumplirá dos años de permanecer total o parcialmente cerrada.
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Al día siguiente de su
comparecencia al Senado de su país, la canciller colombiana viajó a Montevideo
para cumplir una visita oficial de trabajo con su colega Nin Novoa. La rueda de
prensa dada por Holguín y Novoa en la sede de la cancillería uruguaya el
06ABR17, fue una nueva ocasión para comprobar el aislamiento y la confrontación
que la diplomacia de Maduro ha creado con gobiernos como el de Tabaré Vásquez que
hasta hace poco le ofrecían comprensión y hasta respaldo político
internacional. Novoa dejó saber que incluso
el Embajador de Maduro en Montevideo, Julio Chirinos, violando las
usuales prácticas y responsabilidades diplomáticas, suele ignorar las
convocatorias que la cancillería uruguaya le ha hecho.
Luego que Uruguay se
sumara a Argentina, Brasil y Paraguay para aplicar la cláusula democrática al
gobierno venezolano el 01ABR17, y que la representación uruguaya apoyara en la
OEA la convocatoria de una sesión extraordinaria sobre Venezuela, el gobierno chavista
inició su usual rutina de ataque y descalificación, esta vez contra el canciller
uruguayo intentando mostrarlo como si actuara de espaldas al presidente
Vázquez. Novoa “agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las
posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de EEUU en Montevideo
la agresión contra Venezuela, y guarda silencio de las masacres en otros países”
afirmó Maduro en uno de sus casi diarios show televisivos el 02ABR17. En una
poco frecuente comunicación escrita firmada por el propio presidente uruguayo,
ese país exigió a Maduro ofrecer disculpas a Novoa a la vez que calificó como
“dañadas” las relaciones entre Uruguay y Venezuela. En medios del gobierno
uruguayo se comentaba la decisión de Vázquez de no aceptar llamadas telefónicas
de Maduro. El ataque contra Novoa hizo que incluso sectores prochavistas de la
alianza gobernante optaran por defender al canciller de su país.
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Actualmente los
embajadores de Chile y Colombia ante el gobierno de Venezuela permanecen en sus
respectivas capitales, sin fecha prevista para su regreso a Caracas. Tanto Juan
Manuel Santos como Michel Bachelett han querido dejar constancia de su malestar
ante el régimen chavista. Paraguay (al igual que Costa Rica) decidió anteriormente
retirar definitivamente su Embajador en Caracas y la misión está en manos de un
encargado de negocios con menor rango diplomático. La embajada de Uruguay en
Caracas tampoco tiene un Embajador como jefe de la misión. Salvo con Ecuador,
Bolivia y Surinam, el gobierno Maduro está de pleitos con todos los gobiernos
de Suramérica. Los cuatro miembros fundadores de Mercosur ya no convocan a la
canciller de Maduro a las reuniones del grupo. La exclusión de Venezuela quedó
especialmente patente en el encuentro celebrado el 07ABR17 en Buenos Aires en
el cual participaron los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
con sus colegas de Colombia, Chile, Perú y México, en una aproximación entre el
Mercosur y la Alianza del Pacífico que reuniría las principales economías al
sur de EEUU. Los ocho cancilleres aprovecharon el encuentro para analizar la
situación de Venezuela y los siguientes pasos que deberían tomarse en el marco
de la OEA.
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Tal como adelantara el
Informe Otálvora del 18MAR17, la llegada el 01ABR17 del representante
boliviano, Diego Pary, a la presidencia rotatoria trimestral del Consejo
Permanente de la OEA, conllevaría un intento para impedir la celebración de un
debate sobre Venezuela en el organismo panamericano. A solicitud de 21
gobiernos del total de 34 miembros, el 31MAR17 fue convocada una sesión
extraordinaria del Consejo Permanente para conocer y aprobar una resolución
sobre la crisis en Venezuela, acentuada por la decisión del TSJ contra la
Asamblea Nacional. El lunes 03ABR17, en su primer día laboral como Presidente
del Consejo Permanente, el representante boliviano decidió suspender la sesión
que debía tener lugar en pocas horas y en la cual incluso participaría la
canciller de Argentina, Susana Malcorra, quien era portadora de un
pronunciamiento colectivo del Mercosur. La maniobra de la “diplomacia” chavista
fue capitaneada por un funcionario novato, lenguaraz y notoriamente
desconocedor de los vericuetos reglamentarios, el historiador Samuel Moncada,
recientemente enviado por Maduro a Washington para enfrentar al Secretario de
la OEA Luis Almagro. La cancillería chavista creyó que con la connivencia de
Bolivia y Haití podría frustrar la reunión. Pero, apelando a la letra de los
reglamentos de la OEA, un grupo mayoritario de países, ante la ausencia del
boliviano y del vicepresidente haitiano, decidieron sesionar bajo la
presidencia del representante de Honduras, el embajador Leonidas Rosa Bautista.
El documento aprobado afirma que en Venezuela se vive una “alteración
inconstitucional del orden democrático”, por lo cual aprobaron diversas
acciones diplomáticas contempladas en la Carta Democrática Interamericana. La
OEA urgió al gobierno Maduro a “actuar para garantizar la separación e
independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de
la Asamblea Nacional” en Venezuela. Maduro y su canciller anunciaron que no reconocían
el contenido del acuerdo de la OEA.
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