Informe Otálvora del 20 de octubre de 2023
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Acto de firma de acuerdos entre oposición y representantes
de Maduro, Bridgetown, 17OCT23. Foto: Cancillería Colombia |
El Departamento de Estado de EEUU confirmó al Informe
Otálvora que el gobierno de EEUU adquirió compromisos con representantes de
Nicolás Maduro.
"Estados Unidos se comprometió con representantes de
Nicolás Maduro y coordinó cuidadosamente con la Plataforma Unitaria los pasos
necesarios para avanzar en una solución negociada que conduzca a elecciones
competitivas y la restauración de la democracia en Venezuela”, asegura un
vocero del Departamento de Estado en email recibido por este Informe.
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Menos de 24 horas después de suscrito el 17OCT23 un acuerdo entre
la dictadura venezolana y negociadores opositores, a cambio de lo cual EEUU aliviaría
sanciones económicas al régimen, en el gobierno Biden comenzaron a sentir que
Nicolás Maduro se dispone a burlar los compromisos firmados en Barbados y
aquellos a los cuales acordó privadamente con enviados estadounidenses.
Una rueda de prensa virtual organizada por el Departamento
de Estado para el 18OCT23, en la cual participarían dos voceros oficiales
estadounidenses, del propio Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad
Nacional, bajo compromiso de anonimato, habría sido movida de hora
reiteradamente en espera de la emisión de un comunicado oficial sobre las
medidas tomadas ese día por EEUU a favor de la dictadura chavista. Pese a que
los textos estaban preparados con anticipación, el Departamento de Tesoro
esperó hasta el final del día para publicar las licencias que permitirían a las
empresas del mundo regresar a Venezuela para hacer negocios con el régimen
chavista en gas, petróleo y en la desbastadora explotación de oro en la
Amazonía y la Orinoquia venezolanas.
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El día anterior el Departamento de Estado y la Casa Blanca
se habían mostrados exultantes ante las firmas en Barbados. El vocero del
Departamento de Estado escribió el 17OCT23 en la red X “acogemos con
satisfacción el acuerdo electoral entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y
los representantes de Nicolás Maduro, un paso crucial hacia unas elecciones
competitivas. Seguimos apoyando la restauración pacífica de la democracia”. Demostrando
que el contenido de lo firmado unas horas antes en Barbados, ya era de
conocimiento de una larga lista de gobiernos aunque no de los venezolanos,
pocas horas después circuló un comunicado suscrito por los jefes de asuntos
exteriores de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea mostrando
“beneplácito” por el acuerdo de Barbados como “un paso necesario en la
continuación de un proceso de diálogo inclusivo y la restauración de la
democracia en Venezuela”. Pero tras las firmas de los acuerdos electorales y
desde la misma sala donde se habían suscrito los textos, el enviado de Maduro,
Jorge Rodríguez, había desinflado las expectativas creadas por EEUU y los
negociadores opositores. Rodríguez aseguró que toda la materia electoral pactada
estaría condicionada a las leyes venezolanas, que no aceptarían delegaciones
para monitoreo electoral sino “delegaciones técnicas” de observadores,
igualmente desmintió que el régimen se propusiera dejar a un lado las
inhabilitaciones políticas impuestas a importantes líderes políticos
opositores, entre ellos María Corina Machado quien ha ganado alta figuración en
las llamadas “elecciones primarias” de la oposición. Ya de regreso en Caracas,
Rodríguez junto a Maduro confirmaron que los acuerdos con EEUU y con la
oposición no significarán cambios en las normar electorales venezolanas ni
concesiones a la oposición. Maduro de esa manera atendía a la incertidumbre
creada dentro del chavismo sobre las concesiones que estaba dispuesto a hacer a
cambio del prometido ablandamiento de las sanciones de EEUU.
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La noche del 18OCT23, el Departamento de Estado emitió un
comunicado a nombre del Secretario de Estado Antony Blinken quien a esa hora
viajaba junto a Biden desde Israel con escala en Alemania. El comunicado de Blinken,
describía sumariamente el contenido de las licencias emitidas pocas horas antes
por el Departamento del Tesoro. Pero reiteradamente resaltó que las licencias con
vigencia de seis meses no tendrían renovación automática y estarían sujetas a
que Venezuela [es decir, el régimen chavista] “cumpla con sus compromisos bajo
la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos
que son detenidos injustamente”. El comunicado reiteró que “el gobierno de EEUU
tomará medidas si no se cumplen los compromisos previstos en la hoja de ruta
electoral y con respecto a los presos políticos”. La respuesta de Washington a
las expresiones de Maduro y su negociador fue colocar un plazo de menos de dos
meses, “antes de finales de noviembre” para que el régimen defina “un
cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos
los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la
oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad
de movimiento y a garantías para su seguridad física” y antes de terminar
noviembre el régimen debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos
estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”. El subsecretario
del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en un
comunicado afirmó que el Departamento del Tesoro “está preparado para modificar
o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los
representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos”.
Por su parte, Juan González el teórico de los “incentivos”
al régimen chavista, amenazó en entrevista con la agencia EFE distribuida el
19OCT23 con “calibrar la política de sanciones” en caso de que “antes de fines
de noviembre” el régimen no defina un camino para la rehabilitación de
candidatos y se comience a liberar a los estadounidenses detenidos injustamente
y a los prisioneros políticos”.
Desde Caracas, Maduro y Rodríguez dejaron saber que el plazo
del mes de noviembre no formaba parte de lo acordado en las reuniones secretas
con EEUU y amenazaron con hacer públicos los pormenores de esas negociaciones. La
huella de la “diplomacia” del régimen
cubano no pasa desapercibida en la respuesta del régimen chavista a los
sorprendidos funcionarios estadounidenses.
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El acto de firma de los acuerdos entre el régimen chavista y
la oposición del 17OCT23 fue en idioma inglés. La maestra de ceremonias,
proporcionada por el gobierno de Barbados, se dirigió preferentemente a los
presentes en inglés pese a su dominio del español. Y las delegaciones formadas
por venezolanos curiosamente suscribieron dos versiones de los dos acuerdos,
una en español y otra en inglés. Entre los firmantes se encuentra la modelo
italiana Camilla Fabri, acusada de lavado de activos en Italia y esposa del
operador financiero del chavismo Alex Saab quien permanece preso en EEUU. El régimen
se opuso a que el asesor político Lester Toledo, opositor actualmente en el
exilio, firmara los acuerdos por considerarlo un “prófugo”. Dado que los textos
a ser firmados llegaron a Barbados ya impresos, el nombre de Toledo aparece en
las versiones firmadas pero sin la rúbrica del opositor.
El evento tuvo sede en el centro de convenciones de Barbados,
el Lloyd Erskine Sandiford Centre. En la mesa principal fueron colocados los
dos jefes de las delegaciones negociadoras, Jorge Rodríguez por el chavismo y
Gerardo Blyde por la oposición. Junto a ellos se encontraba el ministro de
exteriores de Barbados, Jerome Walcott, en representación de la primer ministra
de Barbados Mia Mottley, quien el 08JUL23 visitó Caracas para suscribir
acuerdos con Maduro. Desde el año 2019 Mottley ha sido anfitriona de diversos
encuentros entre el régimen chavista y negociadores opositores. En la mesa
también se encontraba el mexicano Efraín Guadarrama Director de Organismos
Regionales en la cancillería mexicana quien el día antes estuvo reunido con
Maduro en Caracas como parte de la delegación encabezada por la canciller de
México y miembro del Grupo de Puebla Alicia Barcena. El quinto miembro de la
mesa fue el diplomático noruego Dag Nylander, encargado de las funciones de
facilitador.
Para el evento en Bridgetown, el Departamento de Estado de
EEUU movilizó a su encargado de Negocios ante el gobierno de Colombia y jefe de
la “Oficina Externa para Venezuela”, Francisco Palmieri, quien asistió con la
embajadora estadounidense local Linda Taglialatela. El gobierno de los Países
Bajos, quien junto a Rusia actuó como acompañante de las negociaciones, envió a
su embajador en Trinidad & Tobago Cor Hersbach y a funcionarios que
viajaron desde La Haya. La Unión Europea estuvo representada por su embajadora
en Barbados Małgorzata Wasilewska, Francia comisionó a su embajador en Santa
Lucia Francis Etienne y, el Reino Unido se hizo representar por su Alto
Comisionado para varios países del Caribe Scott Furssedonn-Wood.
Los invitados especiales del evento fueron los
representantes de gobiernos controlados por el Grupo de Puebla, aliados del
chavismo. Gustavo Petro envió a su canciller Álvaro Leyva y Lula da Silva se
hizo representar por su “asesor presidencial”, fundador del Grupo de Puebla y
jefe real de la diplomacia brasileña Celso Amorim. Alberto Fernandez comisionó
a su Embajador local Ciro Ciliberto Infante. También estuvo presente el
embajador ruso en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov, quien viajó a Barbados como
parte de la comitiva de Jorge Rodríguez.
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El 17OCT23, tras negociaciones “secretas” entre EEUU, la
dictadura chavista y un sector de la oposición venezolana, fue suscrito en Bridgetown,
Barbados, un “acuerdo parcial” en materia electoral.
A los efectos de buena parte de los numerosos actores extranjeros
involucrados, con la firma del acuerdo concluye el proceso de negociaciones que
debería llevar a elecciones presidenciales aceptables internacionalmente. La
izquierda continental congregada en el Grupo de Puebla aupó el esquema
propuesto por EEUU de aliviar sanciones económicas a cambio de un compromiso
político entre el chavismo y la “Plataforma Democrática”. Juan González, el
encargado por la Casa Blanca para las negociaciones con el chavismo,
colombo-estadounidense que sirve como asesor del presidente Biden y como
responsable del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional,
gusta usar la expresión “incentivos” para referirse a la política de
apaciguamiento a la dictadura que se ha materializado en una secuela de medidas adoptadas desde el 2021 con
el ablandamiento de sanciones a cambio
de negociación política, con las cuales han ido satisfaciendo simultáneamente a
empresas petroleras estadounidenses deseosas de hacer negocios en Venezuela y a
la dictadura chavista sedienta de petrodolares.
El último en unirse en esa dirección fue el brasileño Lula
da Silva quien el 19JUL23 afirmó en Bruselas que "la situación en
Venezuela se resolverá cuando los partidos y el Gobierno pacten la fecha
electoral y las reglas para esa cita con las urnas "y a paso seguido, "el
compromiso de que empiecen a caer los castigos impuestos por EEUU”. Las
declaraciones del brasileño se produjeron a la salida de un encuentro promovido
por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con participación del colombiano
Gustavo Petro, el argentino Alberto Fernandez y el jefe de la diplomacia de la
Unión Europea Josep Borrell, al cual asistieron la vicepresidenta ejecutiva del
régimen venezolano Delcy Rodríguez y el negociador opositor Gerardo Blyde.
Lula, Petro y Fernandez, miembros del izquierdista Grupo de
Puebla pero deseosos de mantener buenas relaciones con Washington, se habían
comprometido con EEUU, cada uno en su ocasión, para servir de puentes con el
régimen chavista. De hecho, junto al mexicano Manuel López Obrador, los
mandatarios de Argentina, Brasil y Colombia crearon una instancia para
acompañar las conversaciones entre Maduro y los opositores.
La presencia de Delcy Rodríguez
en Bruselas el 19JUL23, confirmaba que ella y su hermano Jorge Rodríguez
estaban actuando en las conversaciones, pláticas y negociaciones que Maduro
mantenía simultáneamente con EEUU y con la oposición. Voceros de EEUU han asegurado
que Catar prestó su asistencia a las negociaciones, confirmando las versiones
según las cuales Doha, donde fue reiteradamente vista Delcy Rodríguez a lo
largo del año 2023, fue sede de diversas reuniones de las negociaciones.
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Los puntos del acuerdo firmado
por los representantes de Maduro y de la Oposición en Barbados el 17OCT23 son
todas de carácter dubitativo, sujetos a futuras interpretaciones. Como resaltaron Maduro y Rodríguez en diversas
intervenciones, la aplicación del acuerdo sobre “promoción de derechos
políticos y garantías electorales” estarán sujetos a la aplicación de “la
Constitución”, las leyes electorales y “demás normas jurídicas aplicables”, lo
cual coloca el acuerdo en el terreno controlado por el régimen, desde las
instancias judiciales hasta las autoridades electorales. Según el texto, las
partes “reconocen y respetan” el derecho a que cada actor selecciones su
candidato presidencial. Las partes “promoverán de manera conjunta ante” las
autoridades electorales [designadas y controladas por el régimen entre sus
propios militantes] un “conjunto de garantías”. Esas garantías “que serán
promovidas” incluyen “proponer” que las elecciones se realicen en el segundo
semestre del 2024, actualización del registro de votantes, auditorias al
sistema electoral, invitar “misiones técnicas de observación” [no de monitoreo,
insisten los chavistas] de la Unión Europea, ONU, Unión Africana, Centro
Carter, y un grupo denominado “Unión Internacional de Organismos Electorales”.
El chavismo expresamente vetó la posibilidad de invitar representantes de la
OEA. Las partes igualmente acordaron “requerir a las autoridades competentes la
adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y
reunión para todos los candidatos”. En otro aparte acuerdan “promover” el equilibrio
en los medios de comunicación”. Por cierto, el 20OCT23, pocos días después de
haber sido suscrito el acuerdo en Barbados, el régimen chavista prohibió a las
estaciones de radio y TV, informar sobre el proceso de las elecciones primarias
planeadas por los partidos opositores para el 22OCT23.
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Hasta la fecha desde que EEUU
impusiera las primeras sanciones financieras al régimen chavista en 2017, los
gobiernos de Donald Trump y Joe Biden habían emitido licencias públicas y
privadas que permitían obviar las sanciones económicas impuestas. Trump
autorizó a Chevron y a varias empresas de ingeniería petrolera estadounidenses
a permanecer en Venezuela, con mínimas operaciones, bajo el argumento de que de
lo contrario Rusia se apropiaría de las empresas situadas en territorio
venezolano. Desde finales del año 2022 EEUU había autorizado la reactivación de
exportaciones petroleras por parte de Chevron, la italiana ENI y la española
Repsol, así como el suministro a Venezuela de insumos necesarios para la
producción. Esas licencias eran de carácter individual, prohibían el pago de
impuestos y regalías el régimen chavista y no contemplaban el inicio de nuevas
operaciones de exploración y apertura de nuevos pozos. Igualmente, el gobierno
de EEUU había autorizado al gobierno de Trinidad y Tobago y a la petrolera
Exxon a pactar con el régimen un acuerdo para la explotación de gas en la
fachada oriental venezolana para su transferencia a plantas en territorio
trinitario.
Las licencias emitidas el
18OCT23 obvian la obtención de permisos individuales para que personas y
empresas con actividad en EEUU puedan realizar operaciones petroleras y
gasíferas en asociación con el régimen chavista y pagarle en divisas los impuestos, regalías y
ganancias. Las licencias tendrán vigencia de seis meses no prorrogables
automáticamente. Para el cumplimiento de lo anterior, EEUU ha autorizado al
sistema financiero estadounidense para permitir que la banca estatal venezolana
sirva de intermediario financiero en los flujos monetarios correspondientes a
las operaciones petroleras, gasíferas y mineras. El gobierno Biden no autorizó
operaciones en las cuales estén involucrados el gobierno o empresas de Rusia.
Esto habría sido la razón para el rápido viaje de Delcy Rodríguez a Moscú, el 11OCT23,
luego de una rápida visita a Catar, antes de que se hicieran públicos los
acuerdos. Además, el gobierno Biden autorizó operaciones con algunos de los
bonos de deuda pública venezolana.
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Uno de los tantos temas
polémicos alrededor de las licencias concedidas por EEUU a la dictadura
venezolana tiene que ver con autorizar operaciones internacionales de la
empresa estatal minera Minerven. Tanto el Departamento del Tesoro como el de
Estado se han visto, sin que nadie se lo preguntara, en la situación de
justificar esa decisión. Alega el gobierno de EEUU que “emitió una segunda
licencia general que autoriza transacciones con Minerven (la empresa minera de
oro estatal venezolana) que, según el Tesoro, tendría el efecto de reducir el
comercio de oro en el mercado negro”.
Al respecto, el grupo
SOSOrinoco, que hace monitoreo y documenta la destrucción de la Amazonía y Orinoquía
venezolanas por parte de la explotación aurífera promovida y ejecutada por el
régimen chavista, emitió el 21OCT23 un comunicado respondiendo al Departamento
de Tesoro: “mucho antes de la imposición de sanciones, e l decreto del Arco
Minero impulsó un modelo de negocio caótico, violento y criminal, sin tomar en
cuenta derechos humanos ni regulaciones ambientales, que ahuyentó a las grandes
compañías mineras internacionales”. Agrega que “con este levantamiento de
sanciones el régimen de Maduro tiene un nuevo incentivo para profundizar aún
más la política del Arco Minero ya que por la puerta de Minerven podrán sacar
más oro al mercado internacional "legalmente": Maduro y su grupo de
beneficiarios (militares, altos personeros políticos y financistas del régimen)
ahora seguirán traficando, pero abiertamente”.
Otro aspecto, de grandes consecuencias, que está siendo comentado en medios judiciales y políticos en EEUU es el referente al reconocimiento implícito que el gobierno Biden habría hecho del gobierno de facto de Maduro como representante legal del estado venezolano. Oficialmente EEUU no reconoce a Maduro como titular de un gobierno venezolano, pero en las licencias emitidas y en el lenguaje utilizado queda implícito que “los representantes de Maduro” son los representantes de un gobierno. Esta interpretación pudiera tener consecuencias inesperadas pero predecibles en procesos judiciales que se siguen en diversos países sobre la titularidad de los bienes estatales venezolanos… y de la deuda que mantiene.
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