Informe Otálvora del 04 de noviembre de 2023
 |
María Corina Machado conversa con Mario Vargas Llosa el
24OCT23. Foto: @MariaCorinaYA |
La oposición venezolana entró en una línea de choque contra
el secretario General de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo
Luis Almagro.
El régimen chavista, que durante dos décadas se mostró
favorable a la ocupación guyanesa del territorio venezolano en el Esequibo,
está ahora utilizando este delicado tema con obvios fines de política interna.
A ello se suma la pugnacidad del gobierno guyanés al entregar concesiones
petroleras en aguas no delimitadas con Venezuela, algunas de ellas frente a las
bocas del rio Orinoco. A los efectos de Venezuela desde antes que el chavismo
existiera, la frontera terrestre con Guyana no está delimitada y por lo tanto
no existe una delimitación marítima.
El 01NOV23, el Consejo Permanente de la OEA recibió al
primer ministro guyanés Mark Anthony Phillips, quien expuso la posición de su
país en cuanto al diferendo y acusó al régimen de Nicolás Maduro de amenazar
militarmente a Guyana. Como es usual, Guyana recibió el apoyo de los países
caribeños y de EEUU, quienes alegan que el caso está en manos de la Corte
Internacional de Justicia. Almagro tomó la palabra para negar cualquier derecho
de Venezuela al territorio Esequibo, asegurando que el disputado Laudo Arbitral
de 1899 ya fijó los límites entre los dos países.
Gerardo Blyde, quien encabeza el grupo negociados de la
oposición venezolana frente a los representantes de Nicolás Maduro, hizo un
inusual uso de su cuenta en la red X para responder a Almagro: “Su silencio
sobre las concesiones en territorio en disputa e incluso en aguas que son de
Venezuela y no están en discusión es grave. Sea al menos imparcial. El Esequibo
es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de
quién ejerza el poder”.
*****
La hipótesis de una aventura militar en Guyana por parte de
la dictadura chavista, emulando a la dictadura argentina que invadió las islas
Malvinas en 1982, está siendo manejada en diversas cancillerías del
continente. En general, tal posibilidad
no parece realista.
Guyana se ha convertido en un país exportador de petróleo
gracias a la producción de un consorcio conformado por la estadounidense Exxon
(45%), la empresa propiedad del gobierno chino CNOOC (25%) y la estadounidense
Hess (30%). El 23OCT23 Chevron Corporation anunció la compra total de la
empresa Hess con lo cual Chevron adquirió la participación en el consorcio que
explora petróleo en aguas no delimitadas entre Venezuela y Guyana en el
Atlántico. La empresa Chevron, ejerciendo un matrimonio de intereses con el
régimen chavista, ha sido una de las principales fuerzas de lobby para que los
gobiernos de Donald Trump y Joe Biden permitieran que la empresa junto a otros
de ingeniería petrolera, permanecieran en Venezuela pese a las sanciones
impuestas por EEUU a la estatal petrolera venezolana PDVSA. En la práctica, el
55% de la propiedad del consorcio que realiza la explotación petrolera por
autorización de Guyana, son socios directos de la dictadura venezolana. Repsol
el aliado para negocios petroleros y el gobierno de China con el cual el
chavismo mantiene una alianza estratégica. Maduro ha amenazado a las empresas
que “pretendan entrar en aguas venezolanas o en aguas no delimitadas”, pero
esas empresas son en realidad socias del chavismo.
El 26OCT23 el gobierno de Guyana anunció la aprobación de un
grupo de licencias, sujetas todavía a negociación, para la explotación de
petróleo aguas afuera. El consorcio formado por Exxon-CNOOC-Chevron fue uno de
los ocho favorecidos para la asignación de nuevas zonas para exploración y
futura explotación, esta vez en aguas no profundas.
*****
El 31OCT23 el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken,
compareció ante el Comité de Asignaciones del Senado para debatir sobre la
propuesta del gobierno para ampliar los aportes en ayuda militar a Ucrania e
Israel. Marco Rubio, senador republicano por Florida y miembro de este comité,
decidió utilizar su pregunta para interrogar a Blinken sobre los sucesos en
Venezuela tras las elecciones primarias. “La Administración Biden recientemente
llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro en el
que EEUU levantó las sanciones a cambio de elecciones libres y justas […] les
ha llevado dos semanas y lo han violado. Cancelaron las elecciones primarias de
la oposición y continúan prohibiendo a la ganadora de las primarias. Han roto
el trato. ¿Vamos a volver a imponer sanciones?”
El día anterior, el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela designado y controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, había
emitido una sentencia dictando medidas de “amparo cautelar” contra las
elecciones primarias opositoras. El tribunal suspendió “todos los efectos de
las distintas fases del proceso electoral conducido por la “Comisión Nacional
de Primarias”. El régimen de esta manera intentaba dejar sin efecto la elección
autoconvocada y autoorganizada por la oposición para elegir un candidato para
las hipotéticas elecciones de 2024. Mediante la sentencia, la sala electoral
del tribunal exigía a los organizadores del evento electoral opositor la
entrega de innumerables documentos incluyendo “el Acta de Aceptación de la
Postulación, formulada por la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince
(15) años, María Corina Machado”. De esta forma, el régimen dejaba colar además
la confirmación de la inhabilitación política que le impuso a quien dos días
antes había ganado la elección primaria. En paralelo a la acción de su Tribunal
Supremo, el régimen inició un proceso judicial penal, a manos de su Fiscalía
General, contra los organizadores de las elecciones a quienes acusó de “usurpación
de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y
asociación para delinquir”.
En el acuerdo suscrito el 17OCT23 en Barbados por el régimen
chavista y la oposición se lee que “Las partes reconocen y respetan el derecho
de cada actor político de seleccionar su candidato”. Esta clausula fue
presentada por el jefe negociado opositor, Gerardo Blyde, como la garantía del
régimen de permitir la celebración de las elecciones primarias. La sentencia
del tribunal del régimen retrataba el inicio de la violación del acuerdo de
Barbados que había servido de excusa al gobierno de EEUU para complacer al
sector petrolero ansioso de retomar operaciones en Venezuela.
*****
La respuesta de Blinken a la pregunta de Rubio el 31OCT23 fue
genérica: “como saben, tras el acuerdo con la Plataforma Unitaria, la oposición
llegó a un acuerdo con el régimen sobre el camino a seguir hacia las elecciones.
Queríamos apoyarlo y parte del apoyo era alentarlo a avanzar, incluso
levantando algunas sanciones con la capacidad, por supuesto, de revertirlas o
de establecer algunas licencias que pueden revocarse muy rápidamente si el
régimen, de hecho, ha violado el acuerdo que alcanzó. Entonces, por supuesto,
tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No están
obteniendo vía libre para acciones que contradigan los compromisos […] estamos
siguiendo esto con mucho cuidado”.
Por cierto, durante la intervención de Blinken en el comité
senatorial, la sala fue invadida por un grupo de activistas de la organización
estadounidense proiraní Codepink. Gritos de consignas, activistas con las manos
pintadas de rojo y carteles de “levantar sanciones a Venezuela y Cuba”, “Cuba
fuera de la lista de terroristas”, “No al apartheid israelí”, fueron mostrados.
El grupo Codepink es un grupo enfocado en acciones de propaganda de apoyo en
EEUU a las dictaduras de izquierda del continente y con vínculos con el régimen
iraní. En 2019 mantuvieron tomada la sede de la Embajada de Venezuela en
Washington.
*****
La siguiente reacción de EEUU fue la más concreta,
pronunciada por Francisco Palmieri, el jefe de la misión diplomática estadounidense
ante el gobierno colombiano y jefe de la “Unidad de Asuntos Venezolanos” que
opera desde Bogotá. Palmieri, en
declaraciones a Gabriela Perozo del canal VPI el 02NOV23, afirmó que “a sólo
dos semanas de lo de Barbados es muy prematuro para desarticular el acuerdo,
por algunas acciones que no van a tener mucha relevancia”. Palmieri se negó a
responder si la decisión del tribunal sobre las primarias viola el acuerdo de
Barbados. “Tenemos plena confianza que María Corina será el candidato
presidencial de la oposición democrática”.
Palmieri confirmó que EEUU mantiene “canales de
entendimiento abiertos para hablar directamente” con el régimen chavista.
*****
María Corina Machado planteó a medidos de 2022 la necesidad
de escoger un nuevo liderazgo para la oposición. El 06ABR22, Machado difundió
un video en el cual expresó su línea: “para liberar a Venezuela tenemos que
enfrentar a la tiranía en nuestro terreno […] No cuenten con nosotros para
lavarle la cara a Maduro y limpiar sus crímenes ante la CPI, no cuenten con
nosotros para simular una normalización […] no cuenten con nosotros para
aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección
limpia y libre en 2024”. Machado afirmó en ese video que el régimen “está
montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos al candidato
opositor […] “lo que más le conviene al régimen es ver un gentío metiéndose en
una feria electoral, con pitos y banderas, promoviendo candidatos en un país de
fantasía”. Machado se refería a la elección de un candidato opositor, pero
esencialmente a un liderazgo político y argumentaba que “para que en Venezuela
haya una elección de verdad primero debemos elegir una nueva dirección
política”. En aquellos días, , Machado
no era visitada por las delegaciones que de tiempo en tiempo enviada la Unión
Europea y Machado se mantenía al margen del gobierno de Juan Guaidó. Sobre las
negociaciones que la opositora “Plataforma Democrática” mantenía con el
régimen, Machado dijo el 29NOV22 en entrevista con Idania Chirinos que “la mesa
de negociación ha sido una mesa de extorsión en la que los venezolanos no están
representados”.
*****
Con los resultados de las elecciones primarias del 22OCT23,
en las cuales según los organizadores logró el 92,35% de los votos válidos,
Machado asumió la vía electoral como la gran oportunidad abierta. En diversas
intervenciones afirmó estar “concentrada en lograr un gran acuerdo nacional”.
El 31OCT23, Machado entrevistada por Jorge Ramos de
Univisión dijo que “hay que crear los incentivos para todos los actores,
incluso para aquellos que hoy son los que sostienen el régimen. Que entiendan
que por su propio bien, deben coordinar esfuerzos y colaborar en un proceso de
transición”. Entrevistada por Marcos Colombo el 02NOV23 para el portar
argentino Infobae, Machado aseguró que el régimen “todavía” no ha roto el
acuerdo de Barbados con el proceder del Tribunal Supremo suspendiendo los
efectos de las elecciones primarias y confirmando la inhabilitación de la
propia Machado. “Yo no creo que esto implique que se ha violado el acuerdo, no
todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente
hubiese sido violar el acuerdo. Pero eso no pasó. Entonces yo creo que el
régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto”.
Tanto el gobierno de EEUU como Machado están coincidiendo en
su evaluación de los hechos. La elección de Machado como candidata no es
anulable y deberá esperarse antes de considerar que el régimen no cumplirá sus
compromisos electorales, lo que podría llevar a que EEUU deje sin efecto las
licencias que permiten hasta el 18ABR24, operaciones de petróleo, gas y minería
a empresas estadounidenses (o con presencia en EEUU) en asociación con el
gobierno de Maduro.
El 18OCT23, en paralelo a la emisión de licencias con
duración de seis meses por parte del Departamento de Tesoro permitiendo
operaciones petroleras y mineras en Venezuela, el Departamento de Estado emitió
un comunicado en el cual fijó un plazo de menos de dos meses, hasta finales de
noviembre, colocar un plazo de menos de dos meses, “antes de finales de
noviembre” para que el régimen defina “un cronograma y un proceso específicos
para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran
postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a
igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías
para su seguridad física”. Además, EEUU espera que antes de finalizar el mes de
noviembre de 2023 debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos
estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.
Este Informe consultó infructuosamente al comando de María
Corina Machado acerca de sus eventuales conversaciones con el gobierno de EEUU.
Publicado originalmente en:
