Informe Otálvora del 14 de enero de 2023
El
canciller mexicano felicita a Gerardo Blyde por la firma de un acuerdo con el
régimen chavista el 26NOV22. Foto: @SRE_mx
El sábado 07ENE23, sin avisos previos, el presidente de Colombia Gustavo Petro viajó a Caracas para una reunión de urgencia con Nicolás Maduro. Se trataba de la segunda visita a Venezuela por parte del colombiano desde su toma de posesión, mientras que Maduro, aconsejado por sus servicios de seguridad cubanos, ha descartado una eventual visita a territorio colombiano.
Según las
versiones oficiales, Maduro y Petro pasaron revista a diversos temas
comerciales, de infraestructura, de regulación de inversiones, sobre los cuales
estarían trabajando. Todos ellos son asuntos que no ameritaban un viaje
presidencial. En realidad, Petro viajó a Caracas para solicitar a Maduro su
intervención ante los jefes guerrilleros de ELN quienes se muestran reacios a
declarar un cese al fuego bilateral. El 31DIC22, Petro anunció un cese al fuego
bilateral y ordenó la paralización de las operaciones militares ofensivas
contra el ELN, las disidencias de la Farc, grupos paramilitares y demás grupos
alzados en armas en Colombia. El anuncio de Petro fue rápidamente desmentido
por la jefatura del ELN quien informó que en las negociaciones que sigue con el
gobierno y que han tenido a Caracas como sede, no se había acordado un cese al
fuego. El 04ENE23 Petro ordenó reactivar operaciones militares contra el ELN
aunque en la práctica esperaba los resultados de las gestiones de su socio
Maduro.
La
estrecha relación del régimen chavista con el ELN, organización que controla
extensas zonas en territorio venezolano, fue el motivo para que el colombiano
apelara a Maduro. Como consecuencia de las gestiones, el ELN aceptó realizar en
Caracas una reunión extraordinaria con el gobierno Petro probablemente el
17ENE23.
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A su
llegada al aeropuerto de Maiquetía el 07ENE23, Petro era esperado al pie de la
escalerilla por la vicepresidenta del régimen Delsy Rodríguez quien estaba
acompañada por un hombre cano quien fue colocado en la fila de saludo en
segunda posición, antes que el embajador colombiano. El hombre, un desconocido
para los analistas políticos de ambos países, es el “empresario” venezolano Luis
Salas quien actuó como secreto enlace y correo entre Maduro y Petro una vez que
el colombiano ganó las elecciones. Salas marchó en el callejón de honor junto a
Petro y Rodríguez cuando el colombiano recibió honores militares en el
aeropuerto. Después, Salas fue visto en los pasillos del Palacio de Miraflores
durante la estadía de Petro para sus reuniones con Maduro. Ya el 01NOV22 en la
primera visita de Petro a Maduro, el “enlace secreto” Salas acompañó a Delsy
Rodríguez para dar el recibimiento al colombiano.
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Nadie en
Washington garantiza fondos para el acuerdo que la oposición venezolana y los
enviados de Nicolás Maduro firmaron en México el 26NOV22, Mediante ese acuerdo crearon
un mecanismo para la “protección social del pueblo venezolano” y que sirvió
para justificar el ablandamiento de sanciones de EEUU al régimen chavista.
El 16SEP21
Maduro suspendió su participación en las negociaciones con la opositora
“Plataforma Unitaria”, organizadas por diplomáticos de Noruega, auspiciadas por
EEUU y que contaban con Ciudad de México como sede. Mientras la oposición decía
procurar negociar condiciones adecuadas para unas próximas elecciones
presidenciales, el régimen exigía el fin de las sanciones impuestas por EEUU y
otros gobiernos. Una hipotética suspensión de algunas sanciones, especialmente
la bregada por el lobby de la petrolera Chevron para retomar operaciones en
Venezuela, estaba condicionada a un regreso de Maduro a la mesa de México.
El mal
llamado reinició de las negociaciones se produjo el 26NOV22, cuando las
delegaciones encabezadas por el opositor Gerardo Blyde y el negociador del
régimen Jorge Rodríguez, comparecieron en México para una sesión de fotografías
y declaraciones. También para firmar dos documentos previamente acordados que
no requerían del viaje. Se trataba del “segundo acuerdo parcial para la
protección social del pueblo venezolano” y un anexo sobre la puesta en
funcionamiento del acuerdo. En ese documento las partes se comprometieron a
designar comisiones técnicas que serían notificadas a la cancillería de Noruega
en un plazo de 24 horas, lo cual nunca ocurrió. El acuerdo firmado establecía
que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano,
congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder
[…] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que competen a
instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. Entre 3.000 y 5.000
millones de dólares era la cifra que chavismo y opositores aseguraban que
pondrían en el fondo creado. En aquel entonces el Informe Otálvora del 02DIC22
advertía que “en realidad, se desconoce cuánto dinero del estado venezolano se
encuentra represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual
recuperación requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos”.
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Tras la
firma del acuerdo “social”, la oposición esperaba retomar las conversaciones en
breve sobre los aspectos políticos y humanitarios. Condiciones para las
elecciones que teóricamente tendrán lugar en el año 2024, liberación de presos
políticos eran temas de la agenda opositora. Mientras la petrolera Chevron
comenzaba a operar con la estatal Pdvsa y preparaba embarques de crudo hacia
EEUU, el gobierno Maduro se negó a realizar una nueva ronda de negociaciones
durante el mes de diciembre. El 31DIC22 Jorge Rodríguez dijo que estaban
intentando “aterrizar” el acuerdo ya firmado. El 01ENE23 el propio Maduro se
quejó porque EEUU no estaba liberando los recursos ofrecidos. Según Rodríguez, sería “atemporal” (sic)
avanzar en otros temas “sin cerrar uno anterior” con lo cual nuevamente las
negociaciones quedaban congeladas pese a los ya usuales contactos entre el
régimen y voceros de la “oposición”.
En tanto,
en mentideros de Washington se maneja la cifra de apenas 175 millones de
dólares que pudieran ser objeto de liberación por parte del Departamento del
Tesoro. Colocar esos fondos en manos de la ONU para cubrir los supuestos planes
acordados entre Maduro y la oposición, de los cuales no se tiene noticias
concretas, dependería además de decisiones administrativas y políticas que
pudieran no contar con el pleno respaldo del alto funcionariado estadounidense
en razón de las responsabilidades legales que pudieran acarrear. Las cifras
fantasiosas de miles de millones de dólares forman parte de una hipotética
contabilidad que reúne inciertas cifras de activos venezolanos retenidos por
gobiernos a lo largo del mundo.
El
13ENE23, mediante un tuiteo del subsecretario de Estado para el Hemisferio
Occidental, Brian A. Nichols, se conoció que la decena de negociadores de la
Plataforma Unitaria encabezados por Gerardo Blyde, habían sostenido una nueva
reunión con el Departamento de Estado. Los enviados de la oposición fueron
recibidos por un grupo de funcionarios de tercer y cuarto escalón del
Departamento de Estado. Según la fotografía divulgada la parte estadounidense
estaba encabezada por Mark Wells, el segundo a bordo de la subsecretaría para
el Hemisferio Occidental, quien estaba acompañado por el Embajador de EEUU para
Venezuela, James Story, quien opera desde Bogotá y viajó a Washington para la
ocasión. El tuiteo adjudicado a Nichols informó que el encuentro fue para “reafirmar
el apoyo de EEUU a su trabajo por lograr elecciones libres y justas en
Venezuela en 2024”. Todavía la administración Biden insiste en la ruta de
lograr que el régimen chavista permita elecciones libres en Venezuela.
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La visita
de la numerosa delegación partidista opositora venezolana a Washington se
produjo poco después que la Asamblea Nacional opositora (denominada “IV
Asamblea Nacional” electa en 2015 y que EEUU reconoce como la única institución
electa democráticamente en Venezuela) decidiera poner fin a la figura del
“gobierno provisional”, destituir a todos los funcionarios designados durante
las gestiones de Juan Guaidó como “presidente provisional” y designar una nueva
directiva integrada por militantes de los tres partidos (AD, Primero Justicia y
Un Nuevo Tiempo conocidos como el G3) que coordinaron la destitución de Guaidó.
Por cierto, entre las medidas acordadas por el bloque de tres partidos está la
disolución del aparato diplomático del “gobierno provisional” que incluía las
misiones diplomáticas ante el gobierno de EEUU y en la OEA. Mientras cualquier
gobierno del planeta, incluyendo a los anti-estadounidenses, hace esfuerzos
para mantener su sede diplomática y el reconocimiento diplomático de
Washington, los opositores venezolanos desecharon esta herramienta con la cual
contaban.
La
disolución del “gobierno de transición” fue realizada con el visto bueno del
gobierno de EEUU, que les garantizó al G3 la continuidad del reconocimiento a
la Asamblea Nacional opositora. Ese reconocimiento no sólo sería de carácter
político sino que el Departamento de Estado se comprometió a autorizar que la
Asamblea y los organismos que designara para el manejo de recursos fueran
autorizados por el Departamento de Tesoro como ya había ocurrido con el
“gobierno de transición” de Guaidó. El 09ENE23, el Departamento del Tesoro
emitió una licencia que permitirá que la Asamblea Nacional opositora opere como
un virtual “gobierno legislativo” con capacidad para realizar transacciones con
entes estadounidenses. Probablemente el financiamiento que desde EEUU reciben
los diputados opositores continúe fluyendo de esta manera, pero el tema central
del control de los activos congelados en el exterior, algunos de ellos en
procesos de litigios con acreedores, quedó latente.
Si bien
Guaidó no ejercía real gobierno en Venezuela, la existencia del “gobierno
provisional” y su reconocimiento legal por importantes gobiernos, creó una
situación jurídica que impide que el régimen chavista tenga acceso a activos
del Estado situados en el exterior, a la vez que impide que ansiosos creedores
a quien el chavismo expropió bienes se hagan de esos bienes como pago. La
disolución del “gobierno provisional” por parte de la propia oposición dejó
abiertas puertas para que acreedores aumenten sus apuestas para hacerse de
propiedades estatales venezolanas como la petrolera Citgo que opera refinerías,
redes y gasolinerías en EEUU.
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Por cierto.
El gobierno de EEUU está jugando a obviar el caso de la empresa propiedad
estatal venezolana situada en Barranquilla, Colombia, cuyo manejo fue devuelto
por Gustavo Petro a Maduro. La empresa Monómeros Colombo Venezolanos como parte
de la estatal venezolana Pdvsa vía la filial Pequiven, fue objeto de sanciones
por el gobierno de EEUU el 28ENE19. La imposibilidad de realizar transacciones
comerciales con empresas de EEUU paralizó en la práctica las operaciones de
Monómeros que contaba desde el mes de mayo con una junta directiva designada
por el “gobierno provisional” encabezado por Juan Guaidó. Ante este hecho, el
07JUN19 el gobierno Trump emitió una licencia que liberó a Monómeros de las
sanciones.
Con la
llegada de Gustavo Petro a la presidencia el 07AGO22, Colombia dejó de
reconocer al “gobierno provisional” venezolano y entró en inmediatos negocios
con el régimen chavista. Uno de los primeros movimientos de Petro ante Maduro
fue facilitar la retoma del control de la empresa por enviados de Caracas, mediante
la inscripción el 09SEP22 de una junta directiva en la cual fueron incluidos
dos colombianos vinculados con el nuevo gobierno y una venezolana relacionada
con el entorno íntimo de la familia Maduro. La empresa productora y
comercializadora de fertilizantes quedaba nuevamente bajo control del chavismo.
El asunto habría sido tratado por Petro con emisarios del gobierno Biden, exigiendo
que Washington no reimpusiera sanciones a Monómeros, bajo el argumento de que
el mayor afectado es el sector agrícola colombiano. En la práctica, uno de los
resultados de la línea de no confrontación con Petro decretada por EEUU ha sido
mantener a la empresa retomada por Maduro fuera de la lista de sanciones.
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La
eliminación del “gobierno provisional” en Venezuela fue recibida como
entusiasmo por el gobierno ruso. La vocera del Ministerio de Exteriores, María
Zajárova, emitió el 09ENE23 un comunicado señalando que “la oposición radical
venezolana, con el apoyo y la instigación de los patrocinadores occidentales,
continuó sus intentos de dar nueva vida al trabajo de la "Asamblea
Nacional paralela" para retener el acceso a las palancas del gobierno por
las buenas o por las malas. Al mismo tiempo, se tomó la decisión correcta y
lógica de abolir el “gobierno interino” encabezado por J. Guaidó”.
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En Perú
está en desarrollo una insurrección impulsada por la alianza entre narcotráfico
y el castrochavismo impulsado desde Bolivia por Evo Morales. La agenda de las
violentas protestas que se registran en el sur peruano, con decenas de muertos,
se limita a aspectos de carácter político: exigir la renuncia de la presidenta Dina
Boluarte, disolución del parlamento, convocatoria a elecciones y realización de
una asamblea constituyente.
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