 |
|
Lula da Silva reunido
con el presidente brasileño Michel Temer el 02FEB17 en São Paulo. Foto: Presidencia de Brasil
|
El 16JUL17 tuvo lugar
en Venezuela un hecho sin precedentes en el país: la Asamblea Nacional convocó
a una consulta popular cuya realización práctica está en manos de los partidos
de la Oposición con el concurso de miles de colaboradores dentro y fuera del
país. El esquema de una consulta popular fue conceptualizado y diseñado por
técnicos de la oposición venezolana desde el año 2016, cuando el régimen
impidió la celebración del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La decisión
de Maduro de hacer elegir e instalar una inconstitucional “asamblea
constituyente” con la cual amenaza profundizar la cubanización de la sociedad
venezolana, hizo que la Oposición recurriera a la opción de la consulta popular
entendida como un mecanismo pacífico de presión política. Los venezolanos debían
emitir su apoyo o rechazo a constituyente convocada por Maduro e igualmente se
les llama a demandar de las fuerzas armadas la defensa de la Constitución. La
consulta igualmente buscaba que los votantes confirmaran la decisión de la
Asamblea Nacional de proceder a renovar los poderes públicos y apoyar la
conformación de “un gobierno de Unidad
Nacional para restituir el orden constitucional”.
Todo el aparato del
Estado estuvo volcado para boicotear o impedir la realización de la consulta
popular en Venezuela. Los medios de comunicación electrónica fueron prohibidos
de promocionar y hacer cobertura del evento. Mientras que desde los púlpitos,
la Iglesia católica llamó a acudir a votar en la consulta popular para de esta
manera rechazar la constituyente planeada por el régimen chavista. “Todo deja entrever que lo que se busca es
instaurar un Estado socialista, marxista y militar con la desaparición de la
autonomía de los poderes, especialmente el legislativo”, afirman los obispos
venezolanos en un comunicado emitido el 12JUL17 sobre la pretendida asamblea
constituyente convocada por Maduro.
*****
A la usanza castrista,
Nicolás Maduro ha utilizado por tres años la prisión del dirigente opositor Leopoldo
López como una carta de negociación con la Oposición, pero mantenerlo en la
cárcel se convirtió en un activo político de alto costo para el régimen
venezolano. Su traslado el 08JUL17 desde la cárcel militar donde estaba aislado
y preso hasta su residencia familiar para seguir cumpliendo una condena de
catorce años, ha sido vista como un intento del régimen para bajar presión
política interna tras más de tres meses de protestas populares, tal como lo
insinuara la cancillería rusa en un pronunciamiento del 14JUL17.
El traslado de López,
según la sentencia emitida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, fue
otorgado por “presentar complicaciones médicas” y existir “serios señalamientos de
irregularidades sobre la distribución del expediente a un tribunal de
ejecución”. Además de prohibírsele
abandonar su residencia, la única limitación impuesta a López ha sido la de
“dar declaraciones con respecto al presente procedimiento ante cualquiera de
los medios de comunicación”.
Desde su cambio de
lugar de reclusión, López ha mantenido conversaciones telefónicas con el
secretario general de la OEA Luis Almagro, con los mandatarios de España,
Argentina y Brasil, Mariano Rajoy, Mauricio Macri y Michel Temer y con diversas
personalidades políticas internacionales. En medios políticos caraqueños corre
el sarcasmo según el cual López en estos días tiene más acceso a jefes de
Estado extranjeros que el canciller de Maduro.
*****
El expresidente brasileño
Lula da Silva, líder de la izquierda latinoamericana y aliado de los gobiernos
de Cuba y Venezuela, fue condenado por la justicia de su país acusado de
recibir un apartamento playero en Guarujá (litoral de São Paulo) de manos de la empresa constructora
OAS. Esta “propina” recibida por Lula formó parte de las entregas de bienes y
dinero que OAS realizó a “agentes” del partido PT a cambio de contratos
otorgados por la empresa petrolera estatal Petrobras. Si bien Lula niega la
titularidad del bien, la justicia brasileña recopiló pruebas sobre visitas de
Lula y su fallecida esposa Marisa Leticia al inmueble, declaraciones
patrimoniales de Lula y su esposa que incluían el apartamento, declaraciones de
personas involucradas en trabajos de acondicionamiento del apartamento (incluyendo
la instalación de un ascensor privado) solicitadas por la esposa de Lula, amén
de la confesión de uno de los propietario de la empresa OAS, José Adelmário
Pinheiro Filho, sobre los regalos realizados al líder izquierdista.
La sentencia en
primera instancia, emitida el 12JUL17 por el juez federal Sergio Moro con sede
en la ciudad de Curitiba, impone una condena de nueve años y medio de cárcel los cuales deberán
ser en “régimen cerrado” en “el inicio del cumplimiento de la pena”. Además, Moro
impuso a Lula la prohibición de ejercer cargos públicos por un lapso de siete
años durante los cuales tampoco podrá ser directivo de empresas del sector financiero,
inmobiliarias, de mercadeo de joyas, entre otros ramos La sentencia manda la
confiscación del apartamento de Lula y el pago de costas procesales y, ordena a
la OAS el pago de una indemnización por
el daño patrimonial sufrido por el Estado brasileño.
*****
Pese a las evidencias
de que Lula ordenó la destrucción de pruebas y realizó abiertos actos de
intimidación a testigos y al propio juez, Moro anotó: “considerando que la
prisión preventiva de un ex Presidente de la República no deja de envolver
ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde el juzgamiento por la
Corte de Apelaciones antes de cumplir con la condena. Así el ex presidente
podrá presentar su apelación en libertad”. Moro pudo ordenar el encarcelamiento
inmediato de Lula pero, alegando razones de Estado, permitió que el condenado
permanezca en libertad. El encarcelamiento de Lula, su inhabilitación política
y las restantes sanciones serían efectivas cuando el tribunal regional de
Curitiba confirme la sentencia. Pero Lula puede apelar en varias instancias
judiciales escalando hasta el Supremo Tribunal Federal, lo cual pudiera demorar
una sentencia definitiva por varios años.
Las próximas
elecciones presidenciales de Brasil, en las cuales Lula aspira postularse, están
previstas para el 07OCT18. Teóricamente para esa fecha aún Lula podría estar
peleando en los tribunales para revertir la sentencia e, incluso, de prosperar
medidas de habeas corpus, pudiera estar
en libertad y no inhabilitado para postularse a la Presidencia. La sentencia ya
emitida no cierra la posibilidad legal para que Lula se postule y gane
nuevamente la Presidencia de su país. Pese a la alta popularidad de Lula
reflejada en encuestas, su eventual candidatura, sin embargo, deberá
enfrentarse no sólo a un candidato aún no seleccionado, sino al creciente deterioro
político provocado por otros procesos
judiciales pendientes.
*****
Aparte del caso ya
sentenciado, Lula enfrenta otros graves procesos judiciales por corrupción en
dos de los cuales ya fue imputado.
Lula está imputado
junto a su hijo Luís Cláudio en el proceso que cursa en un tribunal federal de
Brasilia, acusado de tráfico de influencias durante el gobierno de Dilma
Rousseff para favorecer la compra de aviones de combate suecos y para la
emisión de “medidas provisorias”
(decretos presidenciales con fuerza de ley) que favorecieron a empresas
automotrices. Lula y su hijo son acusados de los delitos de lavado de dinero y
formar una organización criminal. Otro caso en el cual Lula es imputado está referido
al tráfico de influencias para la aprobación de financiamiento del estatal
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES a favor de la
constructora Odebrecht para operaciones en Angola. Este caso puede
diversificarse por las investigaciones sobre el financiamiento otorgado por el
BNDES a Odebrecht para contratos con gobiernos amigos de Lula como Venezuela y
Cuba donde el brasileño habría actuado como intermediario de los dueños de
empresas constructoras en sus negocios con Raúl Castro y Hugo Chávez.
El expresidente
brasileño está acusado de obstrucción de la justicia mediante el ofrecimiento
de un plan de fuga y pagos a la familia del ex director de Petrobras Nestor
Cerveró, para impedir que este delatara el esquema de corrupción entre la
petrolera, empresas de construcción y la dirigencia del partido de Lula. El
caso está en manos de la justicia federal en Brasilia.
Lula igualmente es
acusado por la Fiscalía brasileña por haber recibido y ocultado financiamiento
de Odebrecht mediante pagos al Instituto Lula destinados a la compra de un
terreno en São Paulo y un apartamento en
São Bernardo do Campo, todo ello a cambio de ocho contratos de Petrobras para
la constructora. Las empresas Odebrecht y OAS habrían financiado, además, una
mansión campestre en Atibaia (interior del estado de São Paulo) utilizada
usualmente por la familia Lula da Silva. El caso de Atibaia, el cual está en
manos del juez federal Moro, es análogo al del apartamento en Guarujá por lo
que diversos analistas judiciales prevén que Lula igualmente será sentenciado
por este caso.
La lista anterior no
incluye otras investigaciones en curso, sobre las propinas recibidas por Lula,
parientes y asociados.
*****
El
19JUL17 comienza en Mendoza, Argentina, la reunión de las máximas instancias de
dirección del Mercosur, incluyendo la Cumbre de Jefes de Estado que tendrá
lugar el 21JUL17. Los mandatarios del grupo no se reúnen desde el mes de
diciembre de 2015 cuando Paraguay transfirió la presidencia semestral a Uruguay.
La crisis provocada en Mercosur que llevó a la suspensión de Venezuela, hizo
que durante el año 2016 no se realizara un encuentro de mandatarios. En
Mendoza, el argentino Mauricio Macri transferirá la presidencia semestral al
brasileño Michel Temer. El boliviano Evo Morales, quien está en proceso de
ingresar a Mercosur, ya confirmó su asistencia. Por el contrario, el gobierno
de Nicolás Maduro no fue invitado al evento