Evo Morales, Michelle Bachelet, Michel Temer, Mauricio Macri y Horacio Cartes brindan el 21JUL17 en reunión del Mercocur en Mendoza, Argentina. Foto: Palacio do Planalto. |
Los principales gobiernos del continente
han fijado una suerte de línea roja para determinar nuevas acciones sobre el
régimen chavista. El 06JUL17, el secretario General de la OEA Luis Almagro
solicitó al presidente del Consejo Permanente, el brasileño José Luiz Machado e
Costa, la convocatoria urgente de una sesión del organismo, amparada en la
Carta Democrática, para analizar la “alteración del orden constitucional que
afecta gravemente el orden democrático” en Venezuela. El pedido de Almagro aún no
ha sido atendido, mientras los miembros de la OEA estarían en espera del
30JUL17, la fecha fatídica para la cual está prevista la elección de una
asamblea constituyente en Venezuela. Sin embargo, el 21JUL17 los gobiernos de Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Guyana, Honduras,
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay solicitaron que
el 26JUL17 la OEA revise nuevamente la situación de Venezuela a los cual
accedió el representante brasileño convocando al Consejo para ese día.
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Las elecciones para la Asamblea
Constituyente se realizarían bajo el estado de excepción y suspensión de
garantías constitucionales que impera en Venezuela desde enero del 2016 y que
fue confirmado por un decreto emitido por Maduro el 13JUL17. Las elecciones han
sido militarizadas al extremo que los centros de votación fueron declarados “zonas de
seguridad” con perímetro de 500 metros donde aplicará la legislación castrense.
El régimen chavista, mediante la constituyente, pretende disolver la Asamblea
Nacional, destituir funcionarios electos opositores, gobernar con base en “actos
constituyentes” sin control legal y emitir una nueva Constitución de
inspiración cubana.
Los países que han impulsado el
tratamiento del “tema Venezuela” en la OEA han descartado insistir por ahora en
ese escenario, mientras la opción de sanciones unilaterales o grupales contra el
gobierno Maduro gana cuerpo en conversaciones diplomáticas que han incluido a
varios gobiernos europeos. En paralelo, estarían corriendo varias iniciativas
que intentan crear algún mecanismo para
promover una negociación entre el Gobierno y la Oposición en Venezuela, la
cual dependería de la suspensión de las elecciones para la asamblea
constituyente.
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Diversos gobiernos del Continente y de
Europa han solicitado públicamente que Maduro suspenda la convocatoria a la
Constituyente, El 17JUL17, la Casa Blanca y el Departamento de Estado de EEUU
emitieron comunicados en los cuales anunciaron que el gobierno de Donald Trump
tomaría “fuertes y rápidas acciones” contra el gobierno chavista en caso de que
Maduro ejecutara su plan de la asamblea constituyente, las cuales podrían
incluir sanciones económicas. En esa misma dirección se inclinarían los
gobiernos de España, Francia y Alemania
así como los miembros del Mercosur.
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El 21JUL17 se reunieron en Mendoza,
Argentina, los presidentes de los cuatro países miembros natos y fundadores de
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) a quienes se sumaron el
boliviano Evo Morales (en proceso de afiliación), la mandataria chilena Michelle
Bachelet así como enviados de Colombia,
Perú, Ecuador, Guyana y Surinam que son “países asociados”. México, que busca
proyectar su comercio hacia Suramérica, asistió como país invitado. El gobierno
Maduro no fue invitado a esta cumbre del Mercosur y la bandera de Venezuela no
fue colocada en los salones donde se realizaron las actividades. Luego de la
crisis provocada durante el año 2016 por la suspensión de Venezuela, los
mandatarios del Mercosur se reunieron para normalizar el funcionamiento del
organismo. El “tema Venezuela” estuvo en la agenda tratada por los gobiernos,
los cuales emitieron un comunicado que no contó con el apoyo de Bolivia ni
Surinam y que debió ser edulcorado para lograr la aceptación del gobierno del
uruguayo Tabaré Vázquez que mantiene una posición blanda ante el régimen
venezolano. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay coinciden en que la
realización de las elecciones para la constituyente de Maduro, será el motivo
para la expulsión definitiva de Venezuela del esquema de integración
suramericano y ya Paraguay se ha pronunciado a favor de sanciones económicas.
El documento aprobado en Mendoza, el cual no fue firmado por Bolivia ni por los
enviados de Surinam, Perú y Ecuador, exhorta “al Gobierno y a la oposición a no
llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad
venezolana o agravar conflictos institucionales”. Esa fue la forma aceptada por
Uruguay para referirse a la constituyente de Maduro. Mercosur pidió el cese de
toda violencia en Venezuela y “la liberación de todos los detenidos por razones
políticas, instando al restablecimiento del orden institucional”. El mandatario
brasileño Michel Temer, al recibir la presidencia semestral del organismo de
manos del argentino Mauricio Macri, afirmó que durante la reunión se produjo “un
primer consenso sobre Venezuela para que haya un diálogo positivo entre
Oposición y Gobierno de modo que haya una pacificación”.
Aparte del comunicado colectivo sobre
Venezuela, los cancilleres de los cuatro países miembros fundadores de Mercosur
suscribieron una nota dirigida al canciller de Maduro, en la cual se le invita
a un diálogo sobre “el restablecimiento del orden constitucional” en Venezuela,
como parte del procedimiento establecido en el Protocolo de Ushuaia, la también
llamada “carta democrática” del Mercosur. Los cuatro cancilleres del Mercosur
están en disposición de reunirse con el enviado de Mauro, Samuel Moncada, la última
semana de julio en Brasilia. El canciller argentino Jorge Faurie, durante la
rueda de prensa al final de la Cumbre en Mendoza junto a su colega brasileño
Aloysio Nunes, hizo entender que esa nota es un paso previo a la expulsión de
Venezuela del mecanismo sureño de integración y adelantó que serían escuchados
igualmente los puntos de vista de la Oposición venezolana, por lo que
extenderían invitación al presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio
Borges.
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El 20JUL17, mientras en Venezuela se cumplía
un paro nacional convocado por la alianza opositora MUD, en la lejana Moscú el
vocero alterno del Ministerio de asuntos Extranjeros de Rusia, Artyom Kozhin, ofrecía
el briefing diario a la prensa. En su larga exposición sobre Venezuela, Kozhin
reiteradamente atacó a la Oposición venezolana incluso acusándola de realizar
“provocaciones armadas” y “pogromos”. El vocero ruso calificó como ilegal y
puso en tela de juicio la veracidad de la consulta popular realizada el
16JUL17, con la cual más de siete millones manifestaron su rechazo a la
asamblea constituyente convocada por Maduro. La cancillería rusa igualmente
atacó a la Oposición por la decisión de la Asamblea Nacional de proceder a designar un grupo de magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia.
El mismo día que Moscú ratificaba su
respaldo al gobierno Maduro, la agencia Reuters revelaba las negociaciones que
el régimen chavista estaría adelantando con la petrolera rusa Rosneft. A
finales del año 2016, el gobierno de Maduro recibió un préstamo por US$ 1.500
millones de Rosneft para lo cual colocó como garantía el 49,9% de las acciones
de la empresa Citgo Petroleum propiedad de Pdvsa. La operación abrió la
posibilidad para que el gobierno ruso comience en breve a controlar una
estratégica empresa petrolera en territorio estadounidense, opción vista con
preocupación por sectores políticos y de inteligencia de EEUU. El temor ruso a
una eventual medida legal en EEUU contra el acuerdo de Pdvsa y Rosneft, la
amenaza de sanciones económicas contra el gobierno Maduro asomadas por la Casa
Blanca, el manifiesto interés ruso por fortalecer su presencia política y de
negocios en Latinoamérica y, el desespero del régimen venezolano por obtener
dinero fresco a cualquier costo para financiar su ingente gasto, estaría
empujando un nuevo acuerdo que aumentaría los derechos rusos sobre recursos
naturales venezolanos. Según la nota de Reuters del 20JUL17, suscrita por las
periodistas Alexandra Ulmer y Marianna Parraga, Pdvsa habría ofrecido a Rosneft
la entrega de dos campos petroleros en el estado Zulia, dos campos gasíferos
frente a las costas orientales venezolanas, además de mejores condiciones contractuales
para las operaciones petroleras rusas en zonas ya adjudicadas en territorio
venezolano. De esta manera Rusia, según la versión de Reuters, obtendría nuevas
garantía por el dinero ya adelantado a Maduro.
Rusia se ha comprometido a proveer trigo
a Maduro, a fortalecer militarmente al gobierno de la familia Ortega en
Nicaragua y, a suministrar crudo a Raúl Castro para complementar los ahora irregulares envíos
desde Venezuela. Ya no cabe duda que el gobierno de Vladimir Putin intenta
incorporar a Venezuela en su cartera de activos geoestratégicos para sus
forcejeos globales con Washington. Putin suele quejarse por la presencia de las
tropas de la OTAN en las cercanías de las fronteras rusas, mientras las
petroleras de su país se asientan en las márgenes del rio Orinoco y en aguas
del Caribe, a cambio de cobijar al régimen chavista que se muestra huérfano de
apoyos políticos. Salvo Rusia, sólo los gobiernos de Cuba, El Salvador, Bolivia,
Surinam y Nicaragua han emitido pronunciamientos respaldando la constituyente
de Maduro.
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Evo Morales, a bordo de uno de los jet
ejecutivos adquiridos durante su mandato para uso de la Presidencia de su país,
partió el 18JUL17 desde la ciudad boliviana de Cochabamba con destino a
Nicaragua. Su agenda en Managua el 19JUL17 incluía participar en la reunión
anual del Foro de São Paulo, la alianza
de partidos castrochavistas del Continente, donde se aprobaría una resolución
respaldando un nuevo mandato presidencial de Morales pese a estar vedado
constitucionalmente en Bolivia. Morales también viajó a Managua para formar
parte del presídium del acto organizado por el gobierno de Daniel Ortega para festejar
el 38 aniversario de la “revolución sandinista”. Al final del día, Morales voló
a La Habana donde oficialmente cumpliría una “agenda de trabajo”. Según los
medios oficiales cubanos y bolivianos, la única actividad oficial que Morales realizó
en La Habana fue reunirse en la mañana del 20JUL17 con el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, con quien ya había coincidido el
día anterior en Managua. El encuentro de Morales con el vicepresidente cubano fue de
carácter informal, en las instalaciones del aeropuerto habanero, donde
Díaz-Canel escoltó al boliviano hasta la escalerilla de su Dassault Falcon 900.
El objeto real de la visita de Morales a
Cuba fue guardado en secreto por ambos gobiernos. El avión presidencial
boliviano partió rumbo a Cochabamba donde Morales pernoctó hasta que en horas
de la madrugada partió hacia Mendoza, Argentina, para participar en la reunión
presidencial del Mercosur donde pidió que no expulsen a Maduro “por ser
comunista”. Durante el almuerzo, Morales compartió mesa y chocó su copa de vino espumante mendocino con el brasileño
Michel Temer (a quien el castrochavismo tilda de “presidente de facto” y
“golpista”) y con Michelle Bachelet blanco usual de sus agrias arengas antichilenas.