Informe Otálvora del 24 de febrero de 2018
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Michel Temer reunido
con ministros de Brasil y Colombia en el Palacio de Planalto en Brasilia el
21FEB18. Foto: Presidencia Brasil
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El 17FEB18 en la
ciudad de Boa Vista, capital del estado amazónico brasileño de Roraima y en
Bogotá, la capital de Colombia, tuvieron lugar dos operaciones sanitarias
análogas organizadas por los respectivos gobiernos. Con una distancia de mil
quinientos kilómetros, los gobiernos de Brasil y Colombia instalaron centros de
vacunación contra el sarampión dirigidos exclusivamente a migrantes
venezolanos. El sarampión ha reaparecido en Venezuela y los migrantes que
diariamente ingresan a los países vecinos pueden convertirse en el vector de
ingreso de esa y otras enfermedades. Los dos eventos simultáneos, realizados
sin coordinación previa, reflejan la crisis humanitaria que la crisis
venezolana comienza a representar para el continente.
En su intervención del
15FEB18 ante el Comité de “Servicios Armados” del Senado de EEUU, el jefe del
Comando Sur almirante Kurt Tidd, se refirió a la crisis “política, económica y
humanitaria” que vive Venezuela resaltando el número de venezolanos que han
ingresado a los países vecinos y lo señaló como una potencial fuente de
“tensiones regionales”. Tidd caracterizó a Venezuela como un ambiente
“permisivo con el narco-terrorismo” que además incrementa el espacio a Rusia,
China y Cuba. Venezuela se ha convertido en un problema de seguridad regional
ya no sólo desde el punto de vista de los militares estadounidenses sino para
otros gobiernos de la región y para diversos centros de análisis político
globales.
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El gobierno de Juan
Manuel Santos envió a Brasil una delegación de alto nivel para intercambiar
opiniones sobre el impacto de la crisis venezolana. La misión colombiana que
arribó a Brasilia el 21FEB18 estuvo integrada por la canciller María Angela
Holguín y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Los enviados colombianos
celebraron una primera reunión con el canciller brasileño Aloysio Nunes y
funcionarios de Itamaraty. Luego se produjo una reunión de trabajo ampliada a
la cual se sumaron los ministros brasileños de Defensa Raul Jugmann y de
Justicia Torquato Jardim, así como el ministro jefe del Gabinete de Seguridad
general Sergio Etchegoyen y el ministro jefe de la Casa Civil (Presidencia de
la República) Eliseu Padilha. Durante este encuentro, los ministros brasileños mostraron
sus planes para atender la ola de migrantes venezolanos. Luego, los ministros
de ambos países se trasladaron al presidencial Palacio de Planalto donde fueron
recibidos por el presidente Michel Temer para continuar las conversaciones
sobre el “tema Venezuela”. Los ministros Villegas y Jugmann suscribieron un
memorando para ampliar el apoyo brasileño en las tareas de desminado en
Colombia, pero el tema sustantivo fue definir políticas comunes para hacer
frente a la imparable cantidad de venezolanos que cruzan las fronteras en
condiciones de mendicidad.
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Tal como adelantara el
Informe Otálvora del 17FEB18, la Organización de Estados Americanos retomó el
análisis de la situación venezolana, asunto que venía siendo considerando por
diversos gobiernos de la región y que fue expresamente enunciado por los
representantes de Brasil y México en la sesión del 14FEB18. El jueves 22FEB18
un grupo de gobiernos formado por Argentina, Brasil, EEUU, México, Panamá y
Santa Lucia solicitaron al representante chileno Juan Aníbal Barría quien
actualmente ejerce como Presidente del Consejo Permanente de la OEA, convocar a
una reunión extraordinaria que debería celebrarse en menos de veinticuatro
horas. El grupo solicitante, al cual se sumó Chile, indició que la reunión
tendría por objeto “considerar el proyecto de resolución sobre los últimos
acontecimientos en Venezuela”. El documento presentado a consideración
reflejaba la posición asumida una semana antes por el Grupo de Lima que en su
reunión del 13FEB18 había rechazado la decisión del gobierno venezolano de
convocar “unilateralmente” a elecciones presidenciales en el mes de abril lo
que “imposibilita la realización de
elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la
participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y
estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con
esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”. La declaración
sometida a consideración en la OEA reprodujo en su parte resolutoria la
declaración del Grupo de Lima: “exhortar al Gobierno de Venezuela a que
reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales”. La resolución de
la OEA reclama y enumera “todas las garantías necesarias para un proceso
[electoral] libre”. Además, la resolución “solicita” al gobierno Maduro que “implemente
las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria,
incluida la aceptación de la asistencia ofrecidapor la comunidad internacional”.
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El gobierno Maduro,
que aún participa en las reuniones de la OEA pese a su decisión de abandonar el
organismo, intentó con respaldo de la representación de Bolivia impedir la
realización de la reunión del 23FEB18, alegando razones reglamentarias. La
cancillería chavista movilizó hasta Washington a su representante ante la ONU,
Samuel Moncada, para que presidiera su delegación en la OEA durante la sesión,
aunque las principales intervenciones y la táctica obstruccionista fue dejada
en manos del embajador boliviano Diego Pary. La presidencia del Consejo optó
por realizar una poco usual votación nominal para aprobar el orden del día cuyo
punto único era considerar la declaración. Sólo Nicaragua, Bolivia, Surinam,
Dominica y San Vicente y las Granadinas acompañaron al representante del gobierno
Maduro en su maniobra para impedir que fuera votada una resolución sobre
Venezuela.
Finalmente el texto de
la resolución fue aprobado por 19 votos a favor contra cinco votos en contra. En
la aprobación de la resolución se sumaron los votos de los países que
participan en las reuniones del Grupo de Lima (Santa Lucía, Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Jamaica,
México, Paraguay y Perú) más EEUU, Uruguay, Bahamas y Barbados. El voto
positivo de Uruguay y la posterior intervención de su representante Hugo Cayrus
Maurin evidenciaron la distancia que hoy en día separa al régimen de Maduro del
gobierno del izquierdista de Tabaré Vázquez antiguo aliado del chavismo. “No
entendemos por qué en Venezuela se llama a elecciones adelantadas” dijo Cayrus.
Un total de ocho gobiernos se abstuvieron en la votación, incluyendo a Ecuador,
El Salvador y República Dominicana, antiguos incondicionales del chavismo en
las votaciones de la OEA. Maduro sólo contó con el respaldo de Bolivia y
Nicaragua durante el debate y apenas sumó los votos de Bolivia, San Vicente y
las Granadinas, Dominica y Surinam. Pese a la gira que el canciller de Maduro,
Jorge Arreaza, realiza por países con gobiernos “amigos”, los respaldos
internacionales al régimen chavista comienzan a ser notablemente menores. Probablemente
a esto se refería el vocero chavista embajador Roy Chaderton quien el 09FEB18
aseguró que “no estamos aislados pero estamos cercados”.
Por cierto, el texto
de la resolución de la OEA contiene poco más de dos mil caracteres. El
representante de Maduro, Samuel Moncada, exigió que se incluyera su discurso de
cinco páginas (¡diez mil caracteres!) como “pie de página” de la resolución.
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La aprobación de la
resolución sirvió para que la OEA retomara el “tema Venezuela” del cual, salvo
las intensas gestiones del Secretario General Luis Almagro, se había
desatendido el Consejo Permanente desde mediados de 2017. Los gobiernos más
activos sobre el “tema Venezuela” se mantienen congregados en el Grupo de Lima
pero ahora optaron por retomarlo en la OEA para dar peso institucional a sus
posiciones ante el gobierno Maduro. El objetivo, según fuentes consultadas en
varias cancillerías de la región, no es suspender a Maduro de la OEA dado que en
la práctica Venezuela dejaría de ser miembro de la organización el 28ABR19. El
propósito es “cobijar” con la Carta Democrática Interamericana acciones de
presión diplomática sobre el gobierno Maduro. El Grupo de Lima indicó que las
elecciones del 22ABR18 en Venezuela “carecerán de toda legitimidad y
credibilidad”, en tanto algunos gobiernos, como Colombia, Argentina, EEUU y
Canadá, ya han señalado que no reconocerán los resultados de esas elecciones
abriéndose la posibilidad de escenarios de alto conflicto en el continente.
