Mauricio Macri junto a Mario Vargas Llosa en un foro en Madrid el 23FEB17. Foto: Casa de América. |
La aplicación de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro en el marco de la OEA comenzó a considerarse ya abiertamente entre diversos gobiernos de la región. En el seno del grupo de una decena de gobiernos que desde principios del 2016 realizan usuales reuniones informales en la OEA sobre la coyuntura venezolana, nuevamente se estaría mencionando la aplicación de medidas sancionatorias contempladas en la Carta Democrática. Se trataría de retomar las gestiones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, frenadas ante el “diálogo nacional” inventado por el gobierno de Nicolás Maduro con el concurso del colombiano Ernesto Samper y el español José Rodriguez Zapatero con respaldo tras bastidores de algunos sectores opositores venezolanos. El diálogo Maduro-MUD está congelado y hasta el gobierno español de Mariano Rajoy que brinda apoyo a las gestiones de Zapatero, advirtió el 23FEB17 que el “diálogo no puede prolongarse indefinidamente”.
Pese al silencio acomodaticio que Raúl
Castro y Maduro mantienen sobre el nuevo gobierno estadounidense, la situación interna
venezolana fue rápidamente asumida por Donald Trump quien la ha mencionado en
sus conversaciones con los mandatarios de Panamá, Colombia, Argentina y Perú.
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El canciller paraguayo, Eladio Loizaga,
afirmó el 18FEB17 que su gobierno contempla solicitar la aplicación de la carta
democrática del Mercosur al gobierno Maduro. Igualmente sugirió que el
Secretario General de la OEA solicite la convocatoria de una nueva reunión del
Consejo Permanente de ese organismo para continuar el debate inconcluso
iniciado en la sesión del 23JUN16 sobre la situación interna venezolana. En esa
sesión el organismo, tras conocer el informe de Almagro, optó por no
pronunciarse sobre la aplicación o no de medidas contra el gobierno Maduro. La
continuidad de las violaciones a normas constitucionales por Maduro son el
epicentro del expediente que Almagro y su equipo actualiza y que podría ser
presentado en próxima fecha al Consejo Permanente de la OEA.
El 23 y 24FEB17 durante su visita oficial
a Madrid, en foros públicos organizados por Casa de América y el diario El
País, el presidente argentino Mauricio Macri afirmó estar dispuesto a procurar
los votos necesarios en la OEA para aplicar la Carta Democrática al gobierno
Maduro. “Nosotros hicimos enorme tarea suspendiendo a Venezuela de Mercosur.
Era un mensaje. Si el mensaje de aplicar la carta democrática en la OEA suma,
hagámoslo”, afirmó Macri quien ratificó su apoyo a las gestiones de Almagro.
Por su parte, el candidato opositor
ecuatoriano Guillermo Lasso anunció que de alcanzar la presidencia de su país
en la segunda vuelta, apoyaría la aplicación de sanciones a Maduro en la OEA.
El cambio de gobierno en Ecuador debe producirse el 24MAY17 y de alcanzar Lasso
la Presidencia, su país dejaría de practicar la actual solidaridad automática a
favor del régimen venezolano en las instancias internacionales.
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Rafael Correa anunció que procederá a
derrocar al próximo gobierno ecuatoriano, en caso de que el opositor Guillermo
Lasso resulte triunfador en las elecciones presidenciales cuya segunda vuelta
está prevista para el 02ABR17.
Correa, quien califica como un “golpe
parlamentario” el juicio político y destitución de Dilma Rousseff en 2016 en
Brasil y, quien impulsó sanciones internacionales contra Paraguay en 2012 a
raíz de la destitución de Fernando Lugo, ahora no duda en propiciar la
destitución, por vía parlamentaria, de un gobierno que ni siquiera ha sido
electo en su país. La Constitución ecuatoriana dictada bajo el gobierno de
Correa, da a la Asamblea Nacional la facultad de destituir al Presidente sin
proceso judicial, cuando fuera acusado de “grave crisis política y conmoción
interna”. En caso de reunirse dos tercios de los votos parlamentarios se produciría
la destitución presidencial y la disolución de la Asamblea Nacional. Las autoridades
electorales deberán convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias
adelantadas en un procedimiento que se conoce como “muerte cruzada” en el argot
político ecuatoriano.
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Las elecciones presidenciales
ecuatorianas del 19FEB17 se realizaron en un clima de intensa interferencia por
parte de Correa a favor de su candidato Lenin Moreno. La noche de las
votaciones, cuando las mediciones a boca de urna indicaban claramente que ningún
candidato reunía los votos necesarios para proclamarse ganador, el canal de
propaganda cubano-venezolano Telesur anunciaba el triunfo de Moreno en primera
vuelta y, sobre la media noche el propio Correa, suplantando funciones de las
autoridades electorales, tuiteó que su candidato ya había vencido. Presiones
del gobierno de Correa obligaron al Consejo Nacional Electoral a no difundir
los resultados de un “conteo rápido” contratado con la Corporación
Participación Ciudadana y fue sólo tras setenta y dos horas de espera, que
Correa reconoció que sería necesario realizar una segunda vuelta. El jueves
23FEB17, Correa aceptó la posibilidad de que su entenado político pierda las
elecciones y, ante ese escenario, ya anuncia su plan para destituir al próximo
mandatario ecuatoriano y presentarse nuevamente como candidato. El
castrochavismo define a Ecuador como actual escenario de batalla contra la
“restauración neoliberal”.
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La Secretaría General de Unasur permanece
acéfala y el organismo suramericano está virtualmente en manos del gobierno de
Nicolás Maduro que detenta la Presidencia protempore anual y está violando las
normas internas de funcionamiento. Dentro de Unasur se vive un crudo
enfrentamiento de burócratas que, sin representar a ningún país, se disputan el
control operativo. El organismo diseñado e impulsado por la diplomacia
brasileña en los años noventa y que al crearse fue rápidamente colonizado por
el castrochavismo, se ha convertido en un nuevo campo de batalla.
Para el 31ENE17 fue convocada una reunión
de los doce cancilleres suramericanos para escuchar un “informe” del saliente
Secretario General Ernesto Samper y realizar
una reunión privada donde se tocaría el tema de la sucesión en el cargo. Sólo asistieron
los cancilleres de Ecuador, Bolivia y Venezuela, gobiernos ideológicamente
vinculados con el saliente Secretario General, a quienes se sumó la canciller María
Angela Holguín paisana de Samper. El Informe Otálvora del 04FEB17 reportó: “No
dejó de llamar la atención que la ministra argentina, Susana Malcorra, se
hiciera presente en el evento, desatando especulaciones sobre el posible
interés del gobierno de Mauricio Macri de sondear alguna candidatura para
Unasur”. Esta versión ya está confirmada: el gobierno Macri se está moviendo
para colocar a un argentino en la Secretaría General de Unasur.
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En la reunión celebrada en la sede de
Unasur en las afueras de Quito el 31ENE17, la canciller Malcorra anunció formalmente
la postulación de José Octavio Bordón para el cargo de Secretario de Unasur.
Bordón, políticamente peronista con buen
tránsito entre la izquierda argentina,
cuenta con una larga hoja de actividad política dentro y fuera de su
país. Ha sido gobernador, senador, candidato presidencial, Embajador de Nestor
Kirchner ante el gobierno de EEUU, representante del chileno José Miguel
Insulza cuando éste ejercía como Secretario General de la OEA, entre otras
funciones. Bordón fue designado por Mauricio Macri como Embajador en Santiago
de Chile, cargo que actualmente ejerce.
La escogencia del Secretario General de
Unasur requiere la unanimidad de los doce gobiernos miembros. Macri utilizó sus
recientes visitas de Estado a Chile y Brasil para confirmar el voto de Michelle
Bachelet y Michel Temer a favor del argentino, mientras ya el gobierno
paraguayo se manifestó públicamente en apoyo a Bordón. En la cancillería
argentina contabiliza ocho votos comprometidos de los doce requeridos ya que
los “gobiernos del ALBA” (Bolivia, Ecuador, Venezuela) no se han pronunciado al
respecto pese a las buenas relaciones de Bordón con sectores de la izquierda
continental. La elección de Bordón no pareciera depender de las condiciones personales
del candidato sino de la improbable disposición del gobierno Maduro para apoyar
a un candidato presentado por Mauricio Macri, con quien el chavismo mantiene
una abierta confrontación internacional e incluso al interior de la propia
Argentina.
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Un reputado parlamentario brasileño,
quien fuera blanco de un ataque por grupos chavistas cuando intentó visitar
Caracas el 18JUN15, pudiera convertirse en el nuevo Ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil. Se trata del senador socialdemócrata paulista Aloysio
Nunes, quien en aquella ocasión viajó a Venezuela como parte de una delegación
oficial parlamentaria que se proponía visitar a los presos políticos
venezolanos.
El senador José Serra, dirigente del
partido PSDB, quien asumió la jefatura de la cancillería brasileña (Itamaraty) con
el actual gobierno, dimitió el 22FEB17 como consecuencia de un deterioro de su estado
de salud tras ser sometido a una operación quirúrgica de columna vertebral en
diciembre pasado. El presidente del
PSDB, Aécio Neves, informó el 23FEB17 al presidente Michel Temer la
posición de su partido en cuanto mantener a uno de sus hombres al frente de
Itamaraty y que el escogido es Nunes, quien cuenta con el pleno apoyo de la
jerarquía del partido tucano y con la bendición del expresidente Fernando
Henrique Cardoso. Dada la alianza de gobierno entre Temer (PMDB) y el PSDB,
resulta muy probable que en breve Neves sea designado como Ministro.
Serra logró retomar el tema de la
incorporación de Brasil y el Mercosur a nuevos acuerdos comerciales
internacionales, a la vez que distanció la cancillería brasileña de la
diplomacia partidista e ideológica que los gobiernos de Lula da Silva y Dilma
Rousseff le impusieron a Itamaraty. Se estima que la probable designación de
Nunes implicará la continuación de esa línea política la cual ha representado
una abierta confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro y varios choques
con el régimen cubano.