Informe Otálvora del 29 de abril de 2017
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La canciller argentina Susana Malcorra y
el representante de Maduro en la OEA, Samuel Moncada, en la sesión del 26ABR17.
Foto: OEA.
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Diplomáticos de EEUU habría conversado
con representantes del gobierno de Nicolás Maduro tras desatarse la violenta
represión contra las protestas opositoras en Venezuela. La versión fue
difundida por el vocero (encargado) del Departamento de Estado, Mark C. Toner, en el briefing a la prensa del
27ABR17. Toner no especificó el rango de los funcionarios involucrados en los
contactos.
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El lunes 24ABR17, las embajadas de los
países suramericanos en Caracas miembros de Unasur, recibieron invitación via
Whatsapp para concurrir al presidencial Palacio de Miraflores, donde se
realizaría un acto con la presencia de Maduro. El 20ABR17, la cancillería
argentina había anunciado, mediante un escueto comunicado, que ese país asumía desde
esa fecha la Presidencia protempore anual de Unasur, reemplazando de esa manera
a Venezuela. Hasta entonces, el traspaso de la presidencia de Unasur solía cumplirse
en actos formales con presencia de presidentes o cancilleres, el último de los
cuales aconteció el 23ABR16 cuando el canciller uruguayo pasó el cargo a
Venezuela en un encuentro cumplido en Quito.
El acto del 24ABR17 sería entonces una
suerte de ceremonia de entrega de la presidencia por parte de Venezuela a
Argentina, tal como lo reseñó la prensa oficial venezolana. A medida que corría
el día, las llamadas desde la cancillería venezolana a las embajadas
suramericanas se multiplicaron tratando de confirmar la presencia de los
invitados. A media tarde, las embajadas fueron notificadas que el acto sería en
la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, dejando de ser un acto presidencial.
La ausencia de Maduro y el cambio de sede fueron provocados por el temor de que
la mayoría de las embajadas suramericanas en Caracas se negaran a asistir al
evento, como en efecto ocurrió.
El acto sobre Unasur fue encabezado por
la canciller de Maduro, Delsy Rodríguez, acompañada por el embajador chavista
en Cuba, Alí Rodríguez Araque, y diversos funcionarios del régimen, incluyendo
ministros y la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. En el
salón se encontraban embajadores caribeños de países de la alianza
castrochavista ALBA (no miembros de Unasur) y numerosos funcionarios de la
propia cancillería venezolana, pero no estaban los representantes suramericanos,
ni siquiera el de Argentina, quienes decidieron desconocer la invitación del
gobierno.
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La esperada ruptura del régimen chavista
con la institucionalidad panamericana se produjo finalmente. Ya el 10SEP12, el
entonces canciller Maduro, por instrucciones de Hugo Chávez, había denunciado
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San
José”. Un año después Venezuela quedó fuera del esquema de protección de
derechos humanos basado en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Ahora, el 26ABR17, Maduro ordenó separar a Venezuela de la
Organización de Estados Americanos OEA, organismo al cual los venezolanos
contribuyeron a fundar en 1948. Pese a los grandes esfuerzos diplomáticos que
varios gobiernos de la región hicieron para frenar la posible suspensión de
Venezuela de la OEA, fue el propio régimen chavista que optó por autoexcluirse
del mecanismo. El 28ABR17 la representante alterna de Venezuela en la OEA,
Carmen Velásquez, entregó personalmente a Luis Almagro una comunicación
suscrita por Maduro denunciando la Carta de la OEA. El tono de la larga carta,
en ocasiones está más cerca al despecho que al lenguaje propio de tan grave
decisión de Estado.
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Dirigentes políticos y juristas asociados
con la Oposición venezolana, han señalado que Maduro no cuenta con facultades
legales para retirar a Venezuela de la OEA, requiriendo una improbable aprobación
legislativa o una reforma constitucional. Se trata de interpretaciones
jurídicas que no parecieran ajustarse a la realidad. La legislación venezolana carece
de normas específicas sobre el procedimiento para la denuncia de tratados
internacionales. El vacío legal, en caso de posiciones encontradas, sólo podría
ser compensado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que está bajo
control del chavismo y del cual, obviamente, no puede esperarse una
interpretación independiente del tema.
La Carta de la OEA, texto fundacional del
organismo, indica que el retiro efectivo de la organización sólo se produce dos
años después de la denuncia. Esa norma ha llevado a que incluso el Departamento
de Estado de EEUU declarara que la eventual salida quedará en manos de un
futuro gobierno venezolano, ya que en 2018 deberían realizarse elecciones
presidenciales en Venezuela. Aparte de las consideraciones jurídicas o de las
normas de la OEA, lo cierto es que el chavismo
decidió colocarse junto a Cuba al margen de la organización panamericana
con los impactos políticos que ello pueda representar. Sólo Rusia, en su
abierto e interesado apoyo al régimen venezolano, aplaudió la decisión de
Maduro.
La huida chavista del seno de la OEA se
produce en medio de masivas protestas en las calles de Venezuela a las cuales
el régimen ha respondido con un plan militar represivo a manos de cuerpos castrenses
y grupos paramilitares (“colectivos”) que ha generado varias decenas de
muertos, centenas de heridos y detenidos.
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El lunes 24ABR17, dada “la creciente
preocupación de los Estados Miembros de la OEA ante la situación en la
República Bolivariana de Venezuela”, la representación argentina en nombre de un
grupo de once gobiernos (Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, EEUU, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú
y Uruguay), solicitó al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el
boliviano Diego Pary, la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores. Los solicitantes, para complacer a varios gobiernos,
no invocaron la Carta Democrática Interamericana sino la Carta de la OEA, la
cual establece que la reunión extraordinaria de cancilleres se producirá “con
el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los
Estados americanos”.
El gobierno Maduro anunció que en caso de
aprobarse la celebración de la reunión de cancilleres “sin el aval de
Venezuela”, procedería a retirarse de la OEA. Además, la canciller de Maduro
solicitó al gobierno de El Salvador, la convocatoria de una reunión de
emergencia de la Celac, el club de gobiernos que reúne a los mismos miembros de la OEA más
Cuba, sin EEUU y Canadá. Maduro pidió la reunión de la Celac para “denunciar la
violencia opositora”, “las amenazas contra el orden democrático constitucional
en Venezuela” y “las acciones intervencionistas contra su independencia,
soberanía y autodeterminación”.
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La única sanción que la OEA puede aplicar
a sus miembros es la suspensión temporal de la membresía, no existiendo otro
tipo de acciones de presión calificables como indebida injerencia. Pese a que
el propio régimen chavista apeló a la OEA para sancionar a los gobiernos de
Honduras en 2009 y de Paraguay en 2012, obviamente sin su consentimiento, ahora
los representantes diplomáticos chavistas alegan que la OEA no puede debatir
sobre la situación venezolana y mucho menos aplicarle sanciones. El argumento
chavista esta vez no funcionó en la OEA y, pese a la oposición de los
representantes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, la reunión del Consejo
Permanente sobre Venezuela tuvo lugar el 26ABR17 y contó con la participación
de la canciller argentina Susana Malcorra. En una reunión donde sólo Bolivia y
Nicaragua tomaron la palabra para defender la posición de Maduro, la OEA aprobó
la convocatoria de una reunión de cancilleres del Continente para tratar la
situación venezolana. Además de la
propia Venezuela, sólo votaron en contra sus aliados políticos: Ecuador,
Bolivia, Nicaragua y seis pequeños países caribeños: Antigua y Barbuda,
Dominica, Haití, San Kitts y Nevis, San
Vicente y las Granadinas y Surinam. La votación dejó en evidencia una vez más
el fin de la otrora gran influencia continental que logró concentrar el
castrochavismo. Ni siquiera todos los miembros de la alianza castrochavista
ALBA votaron por la posición del gobierno chavista.
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Santa Lucia y Granada, miembros del ALBA,
no cuadraron sus votos con el gobierno de Maduro. Pero las deserciones más
notables entre los aliados naturales del régimen chavista fueron las de República
Dominicana y El Salvador, cuyos gobiernos son teóricos aliados y beneficiarios
del chavismo. Ambos se abstuvieron en la votación del 26ABR17. El Salvador, gobernado por el viejo dirigente comunista pro castrista Salvador
Sánchez Cerén del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no
acompañó al chavismo en su “batalla” en la OEA. El 03ABR17, el representante
salvadoreño en la OEA, Carlos Alberto Calles Castillo, junto a sus colegas de Bahamas,
Belice y República Dominicana, se
abstuvo en la votación de la resolución que
definía la situación venezolana como “alteración inconstitucional del orden
democrático”. En caso que El Salvador hubiera votado en contra de la resolución,
ésta no habría sido aprobada por consenso y eventualmente no hubiera contado
con los votos necesarios.
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez,
participó como “invitado” en el Consejo Político (cancilleres) de ALBA
celebrado en La Habana el 10ABR17 con presencia de Maduro Allí fue emitido un
pronunciamiento condenando a la OEA y apoyando la “revolución bolivariana”.
Tras el encuentro, Maduro aseguraba contar con el apoyo de 14 gobiernos. Pero
el 25ABR17, El Salvador anunció que “en caso fuera convocada” por la OEA una
reunión de cancilleres sobre Venezuela, El Salvador “también la apoyaría”. Después,
pese a las presiones venezolanas, El Salvador no votó en contra de la
resolución de la OEA en la reunión del 26ABR17.
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La reunión de Celac solicitada por Maduro
fue convocada para el 02MAY17 en El Salvador. La cancillería chavista pretende
usar el escenario para atacar a los gobiernos latinoamericanos que respaldan
una salida democrática a la crisis venezolana. Faltando cuatro días para la
fecha de la reunión, en medios diplomáticos se da por descontado que cerca de la
mitad de los gobiernos miembros de Celac podrían no concurrirán a la cita.
Algunos gobiernos del Caribe oriental, aliados de Maduro, anunciarían por su
parte una iniciativa para promover el diálogo político en Venezuela, iniciativa
descartada por la Oposición venezolana.
