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| Rex Tillerson se dirige al personal del
Departamento de Estado, el 02FEB17, a su lado el subsecretario Tom Shannon.
Foto US Department of State. |
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La diplomacia del gobierno de Donald
Trump dejó ver notorias contradicciones respecto a su visión de la situación de
Venezuela. El 30JUL17, Nicolás Maduro cruzó la línea roja marcada por la
comunidad internacional al realizar votaciones para una Asamblea Constituyente,
lo cual fue seguido del traslado a una prisión militar, la madrugada del
01AGO17, de los presos políticos venezolanos Antonio Ledezma y Leopoldo López. Desde
el 31JUL17, una larga lista de altos y medianos funcionarios del gobierno Trump
tomaron la palabra para referirse a la situación en Venezuela, a la imposición
de sanciones a Maduro y sobre la salida política que EEUU respaldaría en
Venezuela. A media mañana del lunes 31JUL17, mientras la Casa Blanca vivía una
de sus rutinarias crisis de personal, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y
el asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster anunciaron la inclusión de Maduro
en la Lista OFAC de personas sujetas a sanciones. El 01AGO17, a raíz de las
acciones contra Ledezma y López, arrancó una cadena de pronunciamientos de la
secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders; el secretario adjunto
interino para asuntos del Hemisferio Occidental Francisco Palmieri, el subsecretario
adjunto de Estado para Suramérica Michael Fitzpatrick; la vocero del
Departamento de Estado Heather Nauert, el Secretario de Estado Rex Tillerson y
el mismísimo Donald Trump. Todos coincidieron en calificar a Maduro de
dictador, todos condenaron el trato a los presos políticos en Venezuela y
rechazaron la asamblea constituyente, pero algunas diferencias surgieron de tal
cantidad de voceros.
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El secretario de Estado Rex Tillerson
ofreció el 01AGO17 una rueda de prensa a propósito de cumplir seis meses en el
cargo. Tillerson se refirió expresamente a Venezuela y manifestó que el interés
de EEUU era el regreso del país a la constitución y a la celebración de
elecciones. Tillerson habló de crear condiciones para que Maduro decida que “no
tiene futuro y se marche por decisión propia” o que el Gobierno regrese a la
vía constitucional. A esta segunda opción el jefe de la diplomacia
estadounidense le concede poca probabilidad
ya que “estamos muy preocupados por lo que estamos viendo allá abajo”.
Por cierto, Tillerson reveló que el tratamiento del “tema Venezuela” está en
manos del subsecretario Tom Shannon, del exembajador en Caracas William
Brownfield y de Francisco Paco Palmieri.
Mientras Tillerson hablaba de “convencer”
a Maduro de abandonar el cargo, otro funcionario del Departamento de Estado
enviaba un mensaje distinto. Michael Fitzpatrick, el encargado del Departamento
de Estado para Suramérica, en entrevista con la agencia EFE el 01AGO17, afirmó
que EEUU “respeta al gobierno oficial de Venezuela y del presidente Maduro en
este momento” con el cual “queremos dialogar”. Fitzpatrick, asumiendo una
posición de diplomacia pragmática afirmó que
Maduro es un dictador pero EEUU mantiene “relaciones bilaterales con
casi todos los países del mundo menos un par incluso sin estar de acuerdo con su
forma de gobierno”. Fitzpatrick, además, advirtió que EEUU no reconocería un
“gobierno paralelo” que pudiera ser nombrado por la Asamblea Nacional
venezolana, rechazando implícitamente una propuesta impulsada por sectores de
la Oposición en Venezuela.
Tillerson hablaba de presionar para la
salida de Maduro pero su encargado para Suramérica develaba una línea distinta para
tender puentes hacia el régimen chavista.
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Las contradicciones públicas de la
administración Trump continuaron el miércoles 02AGO17 cuando Palmieri
compareció ante el subcomité “Hemisferio Occidental” del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado presidido por el republicado Marco Rubio. Si bien la
sesión estaba dedicada a Colombia y la implementación del Acuerdo Santos-Farc,
el “tema Venezuela” hizo su inevitable aparición. En su testimonio inicial,
Palmieri afirmó que el deterioro de la situación en Venezuela tiene un impacto
desestabilizador en los países vecinos ejemplificándolo con la migración de
venezolanos a Colombia. Interrogado por Rubio, Palmieri se rehusó a calificar
como “ilegítima” a la Asamblea Constituyente de Maduro, aunque aclaró que el
gobierno Trump no la reconocería. La actitud de Palmieri al negarse a usar la
expresión “ilegítima” habría causado malestar entre los congresistas que siguen
el caso venezolano, porque implicaba que Trump estaría dispuesto a convivir con
la constituyente de Maduro. El 03AGO17, la vocera del Departamento de Estado, Heather
Nauert, emitió un comunicado categórico con el cual la administración Trump intentó
borrar las dudas sembradas por Palmieri. El comunicado señala que EEUU no
reconoce la Asamblea Constituyente a la cual califica como “el producto ilegítimo
de un proceso diseñado por la dictadura Maduro para su asalto a la democracia”.
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El gobierno
izquierdista de Uruguay ha intentado mantener una posición de no confrontación
con el régimen chavista del cual ha sido aliado político en el pasado. Hasta
ahora, el gobierno de Tabaré Vázquez fue el impedimento para que Mercosur suspendiera
a Venezuela, pero la posición uruguaya ha tendido a hacerse crecientemente
crítica contra Maduro. En un comunicado del 31JUL17, Uruguay mostró su “gran
decepción” porque Maduro no aceptó “las propuestas que el Mercosur y nuestro
país realizaron” (…) “para establecer un mecanismo de diálogo regional,
equilibrado y aceptado por todas las partes para buscar una salida al grave
conflicto que atraviesa” Venezuela. Al día siguiente, Uruguay emitió un nuevo
comunicado exigiendo la libertad de todos los presos políticos venezolanos y a
“asegurar el pleno goce de los derechos humanos de los detenidos”. La violenta
represión ejercida por el gobierno Maduro contra los opositores comienza a
restarle apoyos en sectores de la izquierda internacional y en el caso de
Uruguay, conllevó a un cambio de posturas ante Venezuela en el Mercosur.
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Convocados por el
gobierno brasileño que ejerce la presidencia semestral del grupo, los
cancilleres de los cuatro países fundadores del Mercosur se reunieron el sábado
05AGO17 en el edificio de la Prefectura de São
Paulo, para decidir sobre el futuro de Venezuela como miembro de la
organización. La intención de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, la
cual requería el apoyo uruguayo para ser aprobada, era declarar que en
Venezuela se ha producido una “ruptura del orden democrático” y que tras
intentar infructuosamente realizar consultas con el gobierno Maduro, se procede
a sancionarlo con la “suspensión de los derechos y obligaciones” pactados en el
Mercosur. En la práctica, el gobierno Maduro está excluido de los órganos de
decisión del grupo desde el 02DIC16, cuando los restantes socios alegaron el
incumplimiento de Venezuela de diversas normas que forman parte de las
obligaciones de los miembros. El 04AGO17, el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez
comunicó personalmente al líder de la izquierda de ese país, el expresidente
José Pepe Mujica, la decisión de votar a favor de sancionar al gobierno de
Maduro en el Mercosur. Mujica, quien ha sido un aliado del régimen chavista, se
mostró de acuerdo con la postura de Vázquez. Al día siguiente, los cancilleres
Jorge Faurie de Argentina, Aloysio Nunes de Brasil, Eladio Loyzaga de Paraguay
y el uruguayo Rodolfo Nin Novoa suscribieron una declaración suspendiendo
indefinidamente a Venezuela. Se trata de una medida de carácter político, ya
que el Protocolo de Ushuaia vigente, no contempla sanciones económicas. Los
gobiernos de Argentina y Brasil ya han descartado la aplicación de sanciones
comerciales unilaterales por considerarlas dañinas para la población
venezolana.
El tema de las
sanciones al régimen chavista no sólo ocupa al Mercosur. En la Unión Europea se
analiza el tema, existiendo un virtual consenso que desecha posibles sanciones
económicas prefiriendo medidas individuales contra altos jerarcas del régimen
chavista tales como las ya decididas por EEUU.
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El 02AGO17, el Secretario General de la
OEA, Luis Almagro, solicitó al presidente del Consejo Permanente, el brasileño José
Luiz Machado e Costa, convocar una reunión urgente del Consejo para tratar el
fraude electoral en Venezuela con base en la Carta Democrática de la
organización. Antes, el 06JUL17, Almagro realizó una solicitud similar la cual
hasta la fecha no ha sido atendida por Machado quien tras diversas rondas de
consultas con los países miembros ha optado por dar largas a las peticiones de
Almagro. Tras dos reuniones de los cancilleres del Continente, en Washington el
31MAY17 y en Cancún el 19JUN17 para tratar el “tema Venezuela”, quedó
demostrado que la actual correlación de fuerzas en la OEA bloquea un acuerdo de
acción conjunta hacia Venezuela.
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Con la OEA maniatada, un grupo de
gobiernos encabezados por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski comenzaron
consultas desde mediados de junio para activarse en caso de que Maduro
concretara su plan de elegir una asamblea constituyente con la cual intentará
disolver la Asamblea Nacional y modificar las reglas políticas del país. El
30JUL17, apenas horas después de las dudosas elecciones en Venezuela, la
cancillería de Perú develó el plan de realizar una reunión de cancilleres
americanos, al margen de la OEA, “frente a la situación creada por las
elecciones para una Asamblea Constituyente y su impacto sobre el orden
democrático en Venezuela”. Los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú planean
reunirse el 08AGO17 en Lima. A la cita fue invitado el canciller de Uruguay así
como los cancilleres de tres países caribeños miembros del Caricom: Barbados,
Jamaica y Santa Lucia. Con la Asamblea Constituyente de Maduro ya instalada el
04AGO17 y con la destitución y enjuiciamiento de la Fiscal General de la
República acordado ese mismo día por el Tribunal Supremo bajo control chavista,
el dilema de la reunión de Lima es definir una posición común ante un régimen
no democrático que diversos gobiernos, como los de EEUU y Colombia, ya
oficialmente han calificado como “dictadura”. La iniciativa de Perú ha sido
bien valorada internacionalmente, en tanto es una opción nacida en
Latinoamérica. Actualmente, varios gobiernos de la región evalúan la opción de
la ruptura de relaciones diplomáticas con Maduro o reducirlas a nivel de
cónsules, pero tanto en Europa como en varias capitales latinoamericanas se
espera por los resultados de la reunión de Lima para activar acciones ante el
gobierno Maduro.
