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Los cancilleres
de Argentina, Paraguay, Brasil y Chile reunidos en Nueva York el 20SEP17 para
analizar “tema Venezuela”. Foto: Cancillería Itamaraty.
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La noche del 18SEP17
se produjo en Nueva York un hecho poco frecuente. El gobierno de EEUU organizó una
cena de Donald Trump con gobernantes claves de Latinoamérica para enviar un
mensaje público sobre la conformación de una alianza panamericana para actuar
sobre Venezuela. La lista de países invitados incluía a México, Panamá,
Colombia, Brasil, Perú y Argentina. Una crisis de gabinete impidió que el
presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski viajara a Nueva York, mientras los
mandatarios de México y Argentina optaron por no participar personalmente en la
asamblea de la ONU. La reunión se produjo en el salón Reid del hotel Lotte New
York Palace convertido en cuartel general de la diplomacia estadounidense con
motivo de la Asamblea General. Los presidentes de Brasil, Colombia, Panamá, la
vicepresidente de Argentina y sus respectivos cancilleres, compartieron mesa
con el mandatario estadounidense. Juan Manuel Santos fue colocado en posición
central frente a Trump. Por cierto, Colombia sentó a cuatro miembros a la mesa,
ya que además de Santos y su canciller María Angela Holguín, compartieron
manteles el embajador colombiano en Washington Camilo Reyes y la ministro de
Comercio María Lorena Gutierrez. Michel Temer estaba escoltado por Aloysio
Nunes, el panameño Juan Carlos Varela tenía a su derecha a la vicepresidente y
canciller Isabel Saint Malo, mientras la vicepresidente de Argentina, Gabriela
Michetti era acompañada por su canciller Jorge Faurie.
Del otro lado de la
mesa estaban los más importantes nombres del gobierno de EEUU, mostrando la
relevancia que la Casa Blanca le confirió al acto. Trump se hizo acompañar del
vicepresidente Mike Pence, el Secretario de Estado Rex Tillerson, la
representante ante la ONU (miembro del gabinete ministerial y probable reemplazo
de Tillerson) Nikki Haley, el jefe del gabinete (exjefe del Comando Sur) John
Kelly, el asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster, además de personal del
Departamento de Estado. La reunión no tenía el propósito de debatir acciones
específicas sobre el gobierno Maduro las cuales se analizan y concretan en las
constantes conversaciones que mantienen las cancillerías de la región.
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El 19SEP17
comenzó la larga lista de intervenciones de mandatarios y cancilleres en el
“Debate General” de la Asamblea anual de la ONU. Desde el primer orador, puesto
tradicionalmente reservado a Brasil, el “tema Venezuela” se hizo presente en
decenas de intervenciones ratificando que la crisis venezolana se ha convertido
en un asunto global. Trump dedicó una página del total de once que contenían su
discurso a denunciar la “dictadura socialista” de Maduro que junto a Corea del
Norte, Irán, ISIS y Siria serían las “amenazas más graves” que enfrenta EEUU. “El problema de Venezuela no es que aplicaron mal
el socialismo. El problema es que fue exactamente implementado”, afirmó Trump
quien hizo referencia a las sanciones aplicadas por EEUU al “corrupto” gobierno
Maduro. Trump advirtió que estaba listo para anunciar nuevas sanciones si
Maduro “persiste en imponer normas autoritarias a los venezolanos”. De hecho,
la embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley, confirmó el 21SEP17 que su
gobierno incluye un “embargo petrolero” entre las opciones a aplicar en caso de
no producirse la redemocratización de Venezuela. Desde la acusación sobre
“violación sistemática de Derechos Humanos” hecha por la vicepresidente
argentina, hasta las exigencias hechas por diversos mandatarios de
negociaciones “serias” y “creíbles” con la oposición, la tribuna de la ONU fue
escenario en el 2017 para mostrar la mala reputación adquirida por el régimen
chavista. Salvo las intervenciones de socios políticos como Cuba, Bolivia y El
Salvador, y el espaldarazo de interesados acreedores como Rusia, el gobierno
Maduro se mostró aislado y repudiado. Maduro optó por no asistir a la ONU,
prefiriendo embarcarse a media noche del
21SEP17 con rumbo a La Habana.
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El “Grupo de
Lima” formado por doce gobiernos americanos que procuran “la restauración de la
democracia” en Venezuela, se reunió el 20SEP17 en Nueva York. En el encuentro participaron
los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, el vicecanciller de Panamá y el Director
para las Américas de Perú. Al grupo se sumaron los representantes de tres
países caribeños: Jamaica, Guyana y Santa Lucia. El grupo deberá emitir un
comunicado el 23SEP17, pero sus voceros adelantaron que ratifican el contenido
de la Declaración de Lima del 08AGO17 según la cual en Venezuela se ha
producido una “ruptura del orden democrático”. Acordaron mantener la presión diplomática
sobre el régimen chavista y esperar
resultados del nuevo “diálogo” que eventualmente abriría Maduro y la
alianza opositora MUD en el cual Chile y Paraguay actuarían como “garantes” a
solicitud de la oposición. Para “alcanzar resultados positivos, dichos
acercamientos deben ser desarrollados con buena fe, reglas, objetivos y plazos
claros, así como garantías de cumplimiento, para lo que resulta esencial el
acompañamiento internacional de este esfuerzo”, reza el comunicado del Grupo de
Lima que denuncia al gobierno Maduro por quebrantar “las normas
constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores interamericanos, reprime
el disenso político, mantiene presos políticos y viola los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas”. Los cancilleres de los países del
Grupo de Lima planean reunirse nuevamente en Canadá a mediados de octubre para
una nueva revisión de la situación en Venezuela.
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Si bien existe un
virtual consenso entre los mandatarios de Latinoamérica para no aplicar
sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro, casi simultáneamente los
gobiernos de Brasil y Chile anunciaron la decisión de suspender la aplicación
de acuerdos bancarios y comerciales con Venezuela. Ambos países decidieron
excluir al Banco Central de Venezuela de las ventajas del Convenio de Pagos y
Créditos Recíprocos que mantienen doce países latinoamericanos.
Mediante ese
convenio, los países miembros crearon un mecanismo para reducir las
transferencias de divisas asociadas a las importaciones y exportaciones.
Sus bancos centrales mantiene líneas de
crédito a favor de cada uno de los restantes bancos centrales para el pago de
importaciones y, cada cuatro meses se realizan compensaciones entre el monto de
importaciones versus el monto de exportaciones, tras lo cual el país con saldo
deudor paga al acreedor. El acuerdo, establecido en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración (Aladi) desde 1982, se sustenta en la confianza
mutua entre los bancos centrales y tiene como objeto promover la integración al
reducir el monto de dólares necesarios para las transacciones comerciales entre
los países de la región.
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Tal como
adelantara el Informe Otálvora del 02SEP17, el gobierno de Brasil ya daba como un hecho que Venezuela no cumpliría con
pagos por US$ 260 millones que el Banco Central venezolano debía realizar en
agosto por concepto de deuda comercial. La deuda total del Banco Central de
Venezuela con Brasil en el marco del convenio de pagos de Aladi sería, según
fuentes oficiales brasileñas, de poco más de mil millones de dólares. Ante el
incumplimiento del pago, el Banco Central de Brasil decidió el 15SEP17 excluir
a Venezuela del convenio Aladi. Ya el gobierno de Brasil no garantizará el pago
a los productores brasileños que realicen ventas a crédito a Venezuela.
Según la
cancillería brasileña, la deuda total del gobierno chavista con Brasil
alcanzaría los US$ 5.000 millones, de los cuales US$ 3.800 vencerían antes de
finalizar el año 2017. Buena parte de esa deuda, por cierto, corresponde a
créditos otorgados por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff,
mediante el estatal Banco Nacional de
Desarrollo Económico de Brasil, para financiar proyectos contratados por el
régimen chavista con las empresas constructoras Odebrecht, Camargo Correa y
Andrade Gutierrez. Las sombras de la corrupción sobrevuelan sobre la deuda
adquirida por el chavismo con Brasil.
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Al igual que en
el caso brasileño, el Banco Central de Venezuela se mantiene en estado de
insolvencia ante su homólogo chileno. El Banco Central de Chile emitió el
20SEP17 un comunicado informando su decisión de excluir al Banco Central de
Venezuela de las ventajas del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos.
Según el
comunicado chileno, el Banco Central de Venezuela mostró “sucesivos
incumplimientos en la cancelación de sus saldos netos deudores durante el 2017”.
Chile habría tomado medidas desde el año 2014 para reducir el riesgo que
representaba una creciente deuda y usuales estados de mora por parte de su
homólogo venezolano. La deuda actual es baja, de sólo US$ 2,1 millones, pero
los chilenos no están dispuestos a poner en riesgo los activos de su Banco
Central dado “el progresivo deterioro de los indicadores financieros de
Venezuela y el comportamiento del BCV en años anteriores”. Chile anunció
igualmente que ya “ha comenzado a hacer las gestiones de cobro”.
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Según fuentes oficiales
colombianas consultadas para este Informe, el gobierno Maduro debe US$ 472
millones a empresarios colombianos por compras realizadas desde el año 2008,
incluyendo exportaciones de medicinas desde Colombia por un monto de US$ 51
millones durante los años 2014-2015. Tanto
la empresa aérea Avianca como el propio gobierno colombiano tienen retenidos en
Venezuela cantidades de moneda venezolana en espera de que les proporcionen
divisas. La deuda venezolana con Avianca sería de al menos US$ 236 millones,
mientras que la Cancillería colombiana tendría retenidos en Venezuela US$ 4
millones. El caso de la Embajada colombiana se repite en decenas de misiones
diplomáticas presentes en Caracas.
