Informe Otálvora del 14 de julio de 2018
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| Ernesto Samper Pizano, Cristina de Kirchner y Rafael Correa en la reunión de Unasur del 04DIC14 en Guayaquil. Foto: Unasur |
Por solicitud de los
representantes de Argentina, Canadá,
Chile, EEUU y Perú, la presidente del Consejo Permanente de la OEA, la
costarricense Rita Hernández Bolaños, convocó a una sesión extraordinaria el
viernes 13JUL18 para tratar la situación en Nicaragua. En medios diplomáticos
de Washington se comenta sobre los esfuerzos que un grupo de países realiza
para alcanzar los votos necesarios y aprobar una resolución sobre Nicaragua que
exija la realización de elecciones presidenciales adelantadas. Como ya ha
ocurrido en el caso venezolano, algunos países caribeños y centroamericanos
procuran impedir la aprobación de una resolución desfavorable para el gobierno
de Ortega.
Ya el 11JUL18, el
Consejo Permanente en una sesión ordinaria había incluido en su agenda la “situación
actualizada de los derechos humanos en Nicaragua para conocer un informe
actualizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH” ante la ola
represiva que ha llevado a más de tres centenares el número de manifestantes
asesinados por fuerzas policiales y paramilitares del gobierno de Daniel
Ortega. Para esta sesión viajó a Washington el canciller de Ortega, Denis
Moncada, quien durante su intervención rechazó el informe de la CIDH. Según el
canciller nicaragüense, las protestas populares en su país son “embates terroristas de grupos políticos
internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado trasnacional
con el fin de realizar un golpe de estado”. Sólo la enviada del gobierno
Maduro, Carmen Velásquez, tomó la palabra para secundar a Moncada.
Los representantes de
Nicaragua y Venezuela intentaron, sin éxito, impedir la sesión del 13JUL18 ya
que la mayoría apoyó su celebración. Pero igualmente quedó en evidencia que no
existe una mayoría de votos para aprobar una resolución que incluya el asunto
de un calendario electoral a ser acordado entre el gobierno Ortega y la
Oposición nicaragüense que implique un adelanto de las elecciones. Durante la
sesión, la representante de Argentina Paula Bertol leyó, sin someter a
consideración, un proyecto de resolución advirtiendo que no sería sometido a
votación y que aspiraba ser tratado en una pronta sesión del Consejo. La
resolución contó con el auspicio de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, EEUU y Perú, pero es un hecho que la OEA está entrabada para aprobar una
resolución sobre Nicaragua. El 15JUL18, el presidente chileno Sebastián Piñera
en un pronunciamiento condenó “con fuerza e indignación” la “pérdida de más de
350 vidas” en Nicaragua, sugirió que el Grupo de Lima que opera sobre el “tema
Venezuela” asuma el tema de la situación nicaragüense. La inoperatividad
política de la OEA nuevamente sería reemplazada por un grupo de países del
continente. Piñera instruyó a su canciller para adelantar esa vía en la reunión
de cancilleres latinoamericanos (Celac) que deberá ocurrir en 16JUL18 en
Bruselas como parte de un encuentro con la Unión Europea.
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El partido de Lula da
Silva ejecutó un estructurado plan para liberar al expresidente de la cárcel donde
cumple condena por corrupción. El viernes 06JUL18 arribaron a la ciudad de Porto
Alegre los diputados militantes del partido PT Paulo Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih
Damous. Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande del Sur, es la sede del
cuarto tribunal federal regional TRF4, instancia que sirve de segunda instancia
y que confirmó la sentencia a 12 años contra Lula por haber recibido un
apartamento playero de manos de una empresa constructora. En la noche del
06JUL18, los tres diputados introdujeron una solicitud de habeas corpus a favor
de Lula argumentando que se trata de un precandidato presidencial en razón de
lo cual no debería cumplir condena anticipada. La petición de los diputados
coincidía con un hecho particular: ese fin de semana, en razón de calendarios
aprobados con larga anticipación, estaría de guardia el juez de segunda
instancia (“desembargador” en la juerga judicial brasileña) Rogerio Favreto políticamente
vinculado con el PT y quien siendo miembro del cuerpo de 27 jueces del TRF4 no
participó en el proceso contra Lula.
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En la mañana del
domingo 08JUL18 el juez Favreto, sobrepasando sus facultades como juez de
guardia (plantão) ordenó a la Policía Federal la inmediata puesta en libertad
de Lula en una decisión que dejaba sin efecto sentencias colectivas firmes del
TRF4. El partido PT concentró grupos de militantes alrededor del cuartel
policial en Curitiba (estado de Paraná) donde permanece Lula, mientras el
aparato propagandístico del PT dentro de Brasil con fuerte apoyo de medios
internacionales controlados desde La Habana, Caracas y Moscú iniciaban una
intensa campaña exigiendo el cumplimiento de la decisión de Favreto. En
Internet la fuerte campaña de ataques contra el juez Sergio Moro, quien condenó
a Lula en primera instancia, dejaba ver que la jugada para liberar al
expresidente preso había sido un plan diseñado en sus detalles y no la simple
iniciativa de unos diputados.
La intervención del juez
João Pedro Gebran Neto quien actúa como relator del TRF4 en los casos de
corrupción del proceso Lava Jato y la decisión en la noche del domingo del
presidente del TRF4 Carlos Thompson Flores Len, abortaron la maniobra petista. El
juez Favreto se había excedido en sus facultades como “desembragador plantonista”
afirmó el 09JUL18 la presidente del Supremo Tribunal de Justicia Laurita Vaz.
La maniobra había sido neutralizada pero dejó en evidencia la desesperación que
concentra a Lula y su gente ante la evidencia de que no podrá presentarse a las
elecciones presidenciales del 07OCT18 cuyo lapso de inscripción de candidaturas
cierra el 15AGO18.
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El ajedrez político
brasileño está cada vez más atado a los procesos judiciales. Los rumores
políticos en Brasilia dejan ver que el PT pudiera intentar nuevamente liberar a
Lula mediante una jugarreta judicial. El presidente Michel Temer planea viajar
a México y Suráfrica a finales del mes de julio y muy probablemente la
presidencia de Brasil será asumida por la presidente del Supremo Tribunal
Federal STF Cármen Lúcia. En esa circunstancia, la Presidencia del STF recaería
en el magistrado José Dias Toffoli quien antes de pertenecer al máximo tribunal
brasileño actuó como abogado del partido PT y laboró para el presidente Lula da
Silva.
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El gobierno de Ecuador
debe retirar a su país de Unasur como condición para recuperar el edificio que
sirve de asiento a la organización. El
05JUL18, el mandatario ecuatoriano Lenin Moreno anuncio su decisión de
solicitar a los gobiernos miembros la devolución del edificio que su antecesor
y antiguo aliado político Rafael Correa donara a Unasur. El anuncio de Moreno
se corresponde a la continuación de su ruptura con Correa y con el eje
castrochavista, a la vez que refleja el derrumbe del organismo suramericano.
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El entonces canciller
de Ecuador Ricardo Patiño y la colombiana María Emma Mejía quien ejercía como
Secretaria General de Unasur, suscribieron el 16JUN11 un “Acuerdo de Sede” fijando las condiciones
para el funcionamiento de la nueva organización en territorio ecuatoriano,
incluyendo el reconocimiento de la personería jurídica, el régimen de
inmunidades y privilegios para los funcionarios y el compromiso del gobierno de
Rafael Correa para proveer a la Secretaría General de “una sede temporal en
Quito” hasta que cuenta con “su presupuesto ordinario propio”. El organismo creado
en 2008 en Brasilia apenas había entrado en funcionamiento legal a principios
del año 2011y carecía de oficinas propias.
Sin embargo, ya desde
finales del año 2009 el gobierno ecuatoriano había anunciado la construcción en
la Mitad del Mundo en las afueras de Quito, de un edificio para ser donado a
Unasur. El denominado edificio “Nestor
Kirchner” fue inaugurado el 05DIC14 como sede permanente de la Secretaria de
Unasur y las bases legales para la entrega en donación fueron establecidas en
el “Acuerdo sustitutivo de sede” firmado el 06NOV15 por Ricardo Patiño y el
entonces secretario general Ernesto Samper Pizano. Ese nuevo acuerdo previó que
la donación del edificio se revertiría a favor de Ecuador en tres posibles
escenarios: si los países miembros deciden cambiar la sede de la Secretaría
General a otro país miembro; si la República del Ecuador se retira de Unasur denunciando
su Tratado Constitutivo o, si los países miembros deciden la disolución de
Unasur. El cambio de sede o la “terminación del Tratado Constitutivo” sólo son
posibles mediante una improbable decisión unánime de los doce miembros, por lo
que la única vía pronta para que se materialice la decisión del presidente
ecuatoriano de recuperar el edificio es que Ecuador abandone Unasur, medida que
entraría en vigencia seis meses después de su anuncio oficial.
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El presupuesto de
gastos de Unasur para el año 2018 asciende al monto de US$ 9.786.876 de los
cuales US$ 1.090.208 están destinados a financiar un ilusorio “Centro de
Estudios Estratégicos de Defensa” con sede en Buenos Aires.
Brasil, que se
comprometió durante el gobierno de Dilma Rousseff a aportar el 39% del presupuesto
para el funcionamiento de Unasur, no ha pagado su cuota desde el año 2016. Los gobiernos
de Mauricio Macri y Nicolás Maduro (responsables del 16,5% y el 11,6%
respectivamente) no han realizado su aporte anual desde 2017. Paraguay no hace
efectivos sus aportes desde 2014. A mediados del 2018 sólo Bolivia ha pagado su
cuota del año la cual representa un simbólico 1,1% del total de ingresos
esperados. Según un informe elaborado por el jefe del gabinete de Unasur, el
colombiano Yuri Chillán, dirigido a la cancillería de Bolivia y datado el
13JUN18, los países miembros adeudan US$ 23 millones cifra equivalente a casi
tres años de presupuesto. Según Chillán, Unasur entrará en cesación de pagos el
30JUL18 y deberá proceder a la recisión de contratos y liquidación de empleados
especialmente en un “Instituto Suramericano de Gobierno en Salud” con sede en
Rio de Janeiro el cual consume US$ 1.360.000 al año.
Unasur está en quiebra
financiera la cual refleja la falta de interés de los gobiernos suramericanos
de continuar con el proyecto. El organismo estaría pronto a quedar sin
finanzas, sin sede y sin miembros de concretarse el retiro definitivo de
Colombia, Chile, Argentina y Ecuador en una primera oleada.
