Informe Otálvora del 02 de diciembre de 2022
Firma de
acuerdos entre régimen de Maduro y la oposición en Ciudad de México el 26NOV22.
Foto: @SRE_mx
No está en
los planes del gobierno de EEUU reconocer a Nicolás Maduro como Jefe de Estado.
Un reconocimiento de ese tipo paralizaría los procesos judiciales que le siguen
en EEUU por narcotráfico.
La
posición del gobierno Biden sobre Maduro ha cobrado interés en razón de las
conversaciones entre altos funcionarios de la Casa Blanca con Maduro y por la
decisión de EEUU relacionada con el príncipe saudí Mohamed bin Salmán.
El 17NOV22
el Departamento de Justicia, a solicitud del Departamento de Estado, consignó ante
un tribunal de Washington un alegato en relación al príncipe heredero saudí
sobre quien corre una demanda civil. Mediante el documento “EEUU informa
respetuosamente a la corte que el acusado Mohamed bin Salman, primer ministro
del reino de Arabia Saudita, es el actual jefe de gobierno y por lo tanto goza
de inmunidad frente a estas demandas" basado en que “la doctrina de la
inmunidad de los jefes de Estado está bien establecida en el derecho
internacional consuetudinario". MBS, como se conoce al poderoso príncipe
saudí, asumió altísimas posiciones de gobierno desde que su padre Salmán bin
Abdulaziz fuera investido rey en 2015 y en 2017 fue declarado primer heredero
al trono. Asumió el cargo de Primer Ministro el 27SEP22, posición que ahora le
confiere condición de jefe de gobierno e inmunidad en tribunales de EEUU.
*****
El
18NOV22, la decisión del gobierno Biden sobre MBS fue objeto de largo
tratamiento en las preguntas de los corresponsales que asistían a la rueda de
prensa en el Departamento de Estado, ese día a cargo del vocero adjunto Vedan
Patel. La versión del Departamento de
Estado fue que la posición sobre MBS era de carácter legal y no estaba referida
a la situación de las relaciones bilaterales.
Matt Lee, veterano periodista de AP, fue particularmente incisivo en sus
preguntas: “¿considera usted, relacionado con esto, considera a Maduro como el
jefe de estado de Venezuela o Jefe de Gobierno?”. Patel respondió: “No, no lo
hacemos”. Lee reiteró: “¿Entonces, Maduro no recibirá el mismo tipo de trato
[que MBS]?”.. “Yo no quiero hablar de un caso judicial hipotético, pero es
correcto”, dijo Patel usando una obvia paralipsis para afirmar que el gobierno
de EEUU no tiene planteado reconocer a Maduro como jefe de Estado o de
gobierno.
Pese a la
negativa del vocero del Departamento de Estado, un implícito reconocimiento a
Maduro como jefe de Estado ha sido una potencial consecuencia de la visita al
Palacio de Miraflores el 05MAR22 del asesor presidencial de Biden y responsable
del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, el
colombo-estadounidense Juan González.
González
es uno de los artífices de la actual política del gobierno de EEUU hacia
Venezuela que tuvo su más reciente desarrollo con la modificación de las
sanciones impuestas a la empresa petrolera estatal venezolana.
*****
El
23NOV22, el presidente colombiano y nuevo aliado de Maduro, Gustavo Petro,
anunció en su cuenta de Twitter que “este 25 y 26 se reinician los diálogos
entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana”. Días antes, el 05NOV22
en entrevista con El Espectador de Bogotá, el embajador de Petro ante Maduro,
Alberto Benedetti, había comentado que “las negociaciones van superbién. A
finales de noviembre eso puede terminar demasiado bien e inesperado para todo
el continente”.
Petro no
forma parte del esquema de negociaciones entre Maduro y los partidos opositores
venezolanos, pero los comentarios del presidente colombiano y su locuaz
embajador sirvieron para confirmar que las negociaciones estaban en marcha. El viaje
a Ciudad de México de las delegaciones para retomar las pláticas sólo era un ardid
para ocultar que, tras bastidores y con una fuerte presencia de EEUU, se estaba
armando un nuevo capítulo para la crisis venezolana. A finales del mes de
noviembre se vencía la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro que
permitía mantener operaciones mínimas en Venezuela a la petrolera Chevron y a las empresas de ingeniería Halliburton,
Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International. Igualmente se vencía la
licencia especial concedida a Chevron para entrar en contacto directo con el
régimen chavista pare negociar un eventual futuro esquema de operaciones de la
petrolera en Venezuela.
Desde la
visita de Juan González a Caracas, en los mentideros de Washington quedó en
evidencia el avance que la empresa Chevron había logrado en su objetivo de lograr
una grieta legal para obviar las sanciones a la petrolera venezolana Pdvsa.
Oficialmente el gobierno Biden dejó saber, en declaraciones y filtraciones de
los principales operadores de política exterior de la Casa Blanca y del
Departamento de Estado, que un relajamiento de las sanciones estaría
condicionado a que Maduro regresara a la “mesa de negociación” establecida en
México en 2021. Una salida pacífica para Venezuela, con elecciones libres,
democráticas y observadas internacionalmente, es el desiderátum pregonado por
Washington y aliados europeos. De manera tal que la concreción de los deseos
del lobby petrolero requería de un acto simbólico, con México como escenario,
en el cual se reanudaran “las negociaciones”.
Por
cierto, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A.
Nichols, en un tuiteo del 24NOV22, escribió un tuiteo en español informando que
su gobierno acoge “con beneplácito el regreso al diálogo entre los partidos
venezolanos esta semana”. Ya no se trata en el lenguaje del Departamento de
Estado de negociaciones entre una dictadura y los defensores de la democracia,
sino un “dialogo entre partidos”.
*****
El anuncio
adelantado por Petro obligó a que el Ministerio de Exteriores de Noruega, que
sirve como financista parcial y facilitador de las pláticas entre Maduro y los representantes
opositores, emitiera un comunicado el 24NOV22. “Anunciamos que el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han
decidido retomar el proceso de diálogo y negociación en México el 26 de
noviembre, facilitado por Noruega. Ahí las partes suscribirán un acuerdo
parcial en materia social”. El viaje de las delegaciones de Maduro y de la oposición
a México tendría como objetivo real la firma de un acuerdo que los venezolanos
desconocían. Los aparatos diplomáticos de EEUU, Noruega, la Unión Europea,
aliados extranjeros del chavismo, diversos organismos de la ONU, habían estado
en los últimos meses trabajando en un esquema que satisficiera la exigencia
chavista de suspender las sanciones financieras de EEUU al régimen como
condición para una hipotética negociación sobre condiciones electorales.
*****
El 26NOV22
el diplomático noruego Dag Nylander, el representante de Nicolás Maduro, Jorge
Rodríguez, y el representante de la alianza partidista “Plataforma Unitaria de
Venezuela” Gerardo Blyde, junto a sus respectivas delegaciones, suscribieron
dos documentos. El “segundo acuerdo parcial para la protección social del
pueblo venezolano” y un anexo con los términos para el seguimiento del propio
acuerdo.
Mediante
esos dos documentos fueron creados una “Mesa de Atención Social”, un “Grupo
Especial para la Atención de los Efectos del Sobrecumplimiento”, una “Comisión
de Seguimiento y Verificación”, y solicitaron a la ONU la creación de un fondo
fiduciario que llevaría como nombre “Fondo para la Protección Social del Pueblo
Venezolano”. Según los firmantes, el esquema tendría como objetivo identificar,
planificar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos para el sector eléctrico,
infraestructura educativa pública, respuesta a las “torrenciales lluvias” y
ampliación del programa de alimentos ejecutado por la ONU. En resumen, las
fuerzas políticas venezolanas estarían creando un cogobierno entre la dictadura
venezolana y los partidos opositores.
Por
cierto. La firma de los acuerdos sirvió para que el precandidato presidencial
mexicano y actual ministro de Exteriores Marcelo Ebrard, ganara cámara como
anfitrión del evento.
Reza el
acuerdo que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado
venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es
posible acceder […] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que
competen a instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. El
acuerdo no especifica el monto que administraría los numerosos grupos creados.
Según altos jerarcas del régimen, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, el
acuerdo les permitiría, por medio de la ONU, disponer de US$3.000 millones. En
realidad, se desconoce cuanto dinero del estado venezolano se encuentra
represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual recuperación
requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos.
*****
La firma
de los acuerdos en México el 26NOV22 fueron inmediatamente saludados por los
gobiernos de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Colombia, Argentina,
y otros tantos.
Pese a que
se trataba de la semana del Día de Acción de Gracias, los responsables del
Hemisferio Occidental en el gobierno Biden estaban atentos a los eventos en
Ciudad de México. En la tarde del 26NOV22 el Departamento de Tesoro emitió una
licencia pública denominada Licencia General 41 a favor de la empresa Chevron,
así como licencias temporales a favor de las empresas de servicios
estadounidenses para realizar operaciones en Venezuela, pero sin iniciar nuevos
proyectos de perforación.
Mediante
la licencia 41, el gobierno Biden autorizó por el plazo de seis meses, con
eventuales renovaciones posteriores automáticas mensuales, para la creación de
un monopolio a manos de Chevron para llevar petróleo venezolano a EEUU. La
empresa fue autorizada a producir crudo, como parte de las operaciones de las
empresas mixtas en la cuales la estadounidense en socia minoritaria de Pdvsa. EL
texto comente una equivocación al referirse a las “empresas mixtas” (joint
ventures) de Chevron en Venezuela cuando en realidad se tratan de empresas del
estado venezolano de las cuales la estadounidense es operadora y socia
minoritaria.
La
licencia prohíbe que Chevron pague impuestos o royalties al “gobierno de
Venezuela” y dividendos a Pdvsa, con lo cual expresamente reconoce a la dictadura
chavista como “el gobierno de Venezuela”. Igualmente prohíbe negocios de
Chevron con empresas rusas o iraníes que operen en Venezuela. Según el
chavismo, la licencia no impide que el régimen obtenga beneficios de la venta
de crudo ya que los impuestos y royalties son pagados por las empresas mixtas y
no por Chevron. Tanto el Departamento del Tesoro como voceros del Departamento
de Estado han asegurado que supervisarán la ejecución de la licencia para
impedir que el régimen se beneficie de ingresos.
El lobby
petrolero logró crear una grieta en las sanciones estadounidenses al régimen
venezolano sin que, en contrapartida, se produjeran avances reales en las
“pláticas” sobre la realización de elecciones libres en Venezuela.
Voceros de
la oposición que firmó los acuerdos han hecho circular la versión de haber ido
“nariciados” a México, obligados por los aliados internacionales. Por su parte,
Nicolás Maduro afirmó el 30NOV22 que la realización de “elecciones libres” en
2024 estará condicionada a la eliminación de las sanciones internacionales. La cronificación
del régimen chavista pareciera haber ganado nuevo terreno.
Los
asesores de Biden le ofrecieron que esta línea de acción le permitiría
simultáneamente agradar al sector petrolero estadounidense y dar una respuesta
al “tema Venezuela” al “obligar” a que
Maduro se siente en una mesa de negociación. En tanto, en Washington corren
rumores de una pronta reestructuración de los equipos encargados de
Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.
*****
Juan
Guaidó ordenó el cierre de la misión diplomática que desde 2019 mantiene en
Brasilia en previsión a medidas retaliativas contra su personal por parte del
entrante gobierno izquierdista.
Para el
01ENE23 está prevista la toma de posesión presidencial de Lula da Silva quien
es socio del régimen chavista. El PT, partido de Lula, ha sido particularmente
activo para amparar los intereses de la dictadura venezolana en Brasil durante
el gobierno de Jair Bolsonaro. Incluso la sede de la Embajada de Venezuela en
Brasilia permanece bajo control de enviados de Maduro, atrincherados bajo
protección del PT.
El
gobierno Bolsonaro reconoció legalmente en 2019 y otorgó tratamiento de jefe de
misión diplomática a la venezolana María Teresa Belandria, la enviada por el
“gobierno provisional” encabezado por Guaidó. El 28NOV22 Belandría entregó al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil una nota verbal mediante la cual
notificó el fin de sus funciones el 26DIC22, lo cual significa el cierre de la
misión.
Publicado originalmente en: