Informe Otálvora del 18 de marzo de 2017
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El secretario Luis
Almagro, el presidente del Consejo Patrick Andrews y el embajador boliviano Diego
Pary el 24FEB17. Foto: OEA
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En Venezuela permanece
suspendida la vigencia de los derechos constitucionales desde el 14ENE16,
cuando Nicolás Maduro declaró el estado
de excepción en todo el territorio nacional. En las regiones fronterizas del
país, el estado de excepción está vigente desde agosto del 2015.
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En la práctica, el
estado de excepción se convirtió en permanente en Venezuela. El régimen
chavista, valiéndose del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo, ha
convertido en rutina la emisión de decretos trimestrales mediante los cuales
Maduro se autoadjudica potestad para legislar mediante la emisión de decretos.
Según la Constitución Bolivariana, los decretos de “estado de excepción” deben
ser validados por la Asamblea Nacional, precepto que está siendo abiertamente violado.
Sin que el país se
percatara, Maduro emitió el 13MAR17 un nuevo decreto prorrogando el estado de excepción por
sesenta días, alegando “circunstancias extraordinarias en el ámbito social,
económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la
seguridad de la Nación”. Maduro se arrogó atribuciones para adoptar “medidas
urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias”.
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Paradójicamente,
mientras Maduro alega que el “orden constitucional” está afectado en Venezuela
para así extender el “estado de excepción”, externamente el régimen chavista
niega que exista tal afectación y rechaza que el tema sea tratado en la OEA.
En un intento para
reactivar el proceso de aplicación de la Carta Democrática al gobierno Maduro,
congelado desde el 23JUN16, el Secretario General de la OEA presentó el 14MAR17
una actualización de su informe sobre “la crisis en Venezuela, especialmente la
"alteración del orden constitucional" y del "orden
democrático" en ese país”. En el documento de setenta y cinco páginas, Almagro
asegura que luego de su primer informe distribuido el 30MAY16, “América y la
comunidad internacional han sido testigos de la agudización de la crisis
económica, social, política y humanitaria en Venezuela”. Igualmente indica que
“las gestiones diplomáticas realizadas no han dado por resultado ningún progreso”
y “los reiterados intentos de diálogo han fracasado”.
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El nuevo informe de
Luis Almagro sobre Venezuela considera que aún el gobierno Maduro puede tomar
decisiones para “asegurar la separación de poderes, garantizar la independencia
del Poder Judicial y del CNE, devolver los derechos electorales al pueblo,
abrir un canal humanitario, devolver sus poderes constitucionales a la Asamblea
Nacional y liberar a los presos políticos”. De lo contrario, a juicio de
Almagro, el Consejo Permanente de la organización, integrado por los
representantes permanentes, debe declarar que en Venezuela existe una “alteración
grave del orden constitucional”, lo cual haría que el caso venezolano escale a
una nueva etapa dentro de la OEA. Tomar esa decisión sólo requiere sumar 18
votos a favor, lo que parece probable según varias fuentes diplomáticas
consultadas. El Consejo Permanente tiene también las opciones de decidir que en
Venezuela no existe una “alteración grave” o que esa “alteración” no es grave:
en ambas circunstancias el tema sería archivado para beneplácito del gobierno
Maduro. Estas últimas opciones parecen poco probables ya que el régimen
chavista no cuenta con los votos necesarios.
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Almagro advierte que
“intentar replicar ejercicios de mediación, gestiones diplomáticas, buenos
oficios, misiones al terreno a través de nuevas configuraciones, mediadores u
otras personalidades sólo daría nuevamente al Gobierno la oportunidad de ganar
tiempo para mantener sus privilegios”. Por lo cual, Almagro recomienda que tras
la declaratoria del Consejo Permanente sea inmediatamente convocada una sesión extraordinaria
de la Asamblea General de la OEA, conformada por los cancilleres de los 34
países miembros. Esa Asamblea General debería, a juicio de Almagro, aplicar la
suspensión a Venezuela de las actividades de la Organización en función del Artículo
21 de la Carta Democrática Interamericana”. La suspensión de Venezuela
requeriría del respaldo de 24 gobiernos.
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El gobierno chavista,
con fuerte apoyo de la cancillería cubana, procura no sólo frenar cualquier
sanción sino impedir que la OEA debata la situación venezolana. La
recomendación de Almagro sólo se hace viable en la medida que el embajador Patrick
Andrews, representante de Belice y actual Presidente del Consejo Permanente de
la OEA, convoque a una sesión para considerar el nuevo informe y retomar el
debate sobre Venezuela suspendido el 23JUN16. Andrews ejercerá la presidencia
hasta el 31MAR17 cuando el cargo rotatorio trimestral será asumido por Diego
Pary, representante de Bolivia ante la OEA. El gobierno boliviano de Evo
Morales es socio de Maduro y ya el 15MAR17 emitió un comunicado calificando el
informe de Almagro como “acciones intervencionistas y serviles a intereses
hegemónicos”.
Se espera que la
representación boliviana en la OEA, al ejercer la Presidencia del Consejo
Permanente, realice maniobras para impedir la celebración de la reunión
propuesta por Almagro. Tras conocerse el informe de Almagro, varias
cancillerías han dejado saber su interés para que sea convocado el Consejo
Permanente con el objeto de conocerlo oficialmente y pronunciarse al respecto,
Paraguay y Perú los primeros de ellos. El caso Venezuela nuevamente amenaza con
confrontar a los gobiernos del Continente.
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Los expresidentes de
izquierda, la argentina Cristina Kirchner y el brasileño Lula da Silva, están
enredados, cada uno de ellos, en diversos procesos judiciales en sus países, por
casos de corrupción e intentos de evadir la justicia. Ambos intentan crear
climas de confrontación callejera para zafarse de sus procesos judiciales
alegando que se trata de persecución judicial y política.
El peronismo kirchnerista
en Argentina y el PT en Brasil están movilizados para salvar a sus dirigentes
usando como argumento las medidas de política económica de los gobiernos de
Mauricio Macri y Michel Temer. Según expuso en Caracas el 05MAR17 el jefe de
los Movimientos Sociales del ALBA, el brasileño João Pedro Stedile, el objetivo
del Foro de São Paulo es derrocar a
Macri y Temer.
En Argentina, el
movimiento sindical peronista convoca protestas y cierre de vías en las fechas
coincidentes con las comparecencias de la familia Kirchner a los tribunales. En
Brasil, el PT organiza concentraciones con Lula como orador principal, con la
excusa de rechazar la reforma del sistema de jubilaciones propuesta por Temer.
Incluso el PT, por intermedio del Movimiento de los Sin Techo, contrató al
popular actor Wagner Moura, conocido por su interpretación del narcotraficante
Pablo Escobar en una serie de Netflix, para realizar una campaña contra el
gobierno Temer.
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La actitud de Lula y Cristina
Kirchner en sus comparecencias en los tribunales tiende a ser análoga. El
07MAR17 Cristina Kirchner estaba citada al Juzgado Criminal y Correccional
Federal N°11 de Buenos Aires. Ese tribunal investiga la llamada “causa Los
Sauces”, según la cual la exmandataria habría recibido propinas mediante pagos
de alquileres de hoteles pertenecientes a los Kirchner, a cambio de la
concesión de contratos de obras públicas que favorecieron a amigos de la
familia. Kirchner apeló a su derecho de no responder al cuestionario del
tribunal y se limitó a entregar un escrito. Durante las formalidades, al ser
interrogada sobre el monto de sus ingresos, se negó a aportar la información
limitándose a señalar su “pensión por ex presidente”. Sobre el monto de la
pensión dijo al funcionario del tribunal: “pregúntele a Bonadio [juez de la
causa] que me la embargó”. Al preguntársele dónde y con quién vivía, respondió
que vive sola “con mi perra Lolita”.
Una semana después
tocó el turno a Lula. El expresidente que pretende convertirse en candidato
presidencial en breve, debió comparecer ante la 10ª Vara da Justiça Federal en
Brasilia. Ese tribunal federal de primera instancia se encarga de las
acusaciones contra Lula por haber dirigido una conspiración para que Nestor
Cerveró, exdirector internacional de la petrolera estatal Petrobras, huyera del país y no
realizara una completa confesión en el caso de corrupción de “Lava Jato”. El
14MAR17, al ser interrogado por el juez Ricardo Leite sobre sus actividades,
Lula afirmó ser “tornero industrial”, obviando su condición de político
profesional desde por lo menos hace tres décadas. Al ser interrogado sobre sus ingresos,
Lula como ya lo hiciera su amiga Cristina Kirchner en el tribunal bonaerense,
evadió dar una respuesta precisa. El exlíder sindical ofreció cifras parciales
sobre las cuales no estaba seguro, dijo desconocer el monto total y prometió
que sus abogados lo informarían al tribunal. El 16MAR17, los abogados de Lula
entregaron al tribunal brasiliense los documentos sobre ingresos que Lula
declaró al fisco en el año 2016. Según Lula, buena parte de sus ingresos mensuales provienen de la empresa “L.I.L.S.
Palestras, Eventos e Publicações Ltda”, la cual se encarga de administrar los
supuestos ingresos obtenidos por Lula en condición de “conferencista”.
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La Fiscalía General de
Brasil solicitó el 14MAR17 al Supremo Tribunal Federal la apertura de cientos
de investigaciones judiciales, con base en las delaciones de setenta y siete
altos empleados de la empresa constructora Odebrecht. Aún permanece en secreto
la lista de señalados por haber recibido propinas de la empresa constructora,
la cual incluiría a más de ochenta altos funcionarios (senadores, diputados,
ministros y gobernadores) cuyos casos correrían
directamente en el Supremo Tribunal Federal por disfrutar de fuero especial.
La lista incluye un centenar de casos que envuelven a personas sin fuero
especial, entre las que se encuentra los expresidentes Lula da Silva y Dilma
Rousseff.
