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| El Secretario general de la OEA Luis Almagro y el presidente del Consejo Permanente Diego Pary el 15MAY17. Foto: OEA |
Una nueva crisis
política se desencadenó en Brasil y amenaza con poner fin al gobierno de Michel
Temer.
El empresario Joesley
Batista, propietario del consorcio JBS, a cambio de ventajas en juicios que se
le siguen, ofreció a la Fiscalía brasileña la entrega de un audio que pudiera
servir para procesar a Temer por entorpecimiento de la justicia. La JBS, que
está sometida a varios procesos judiciales, fue ampliamente beneficiada por
créditos blandos otorgados por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff
que le permitieron convertirse en una de las mayores empresas cárnicas del
planeta. De hecho, JBS ha sido la gran proveedora de carne para el gobierno de
Venezuela.
Como parte de una
operación mediática, política y policial
finamente sincronizada, la cadena de noticias O Globo informó el 17MAY17 sobre
la existencia del audio que supuestamente probaría que Temer pidió a Batista
pagar coimas al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha para que
guardara silencio en casos de corrupción..
Temer rechazó la
acusación y anunció, el 18MAY17, su
decisión de no renunciar al cargo pese a las fuertes presiones políticas que
está recibiendo. La izquierda brasileña aúpa un golpe de Estado mediante el
cual, tras la eventual renuncia o destitución de Temer, sean convocadas
elecciones presidenciales adelantadas, en las cuales suponen que Lula se
impondría y quedaría libre de los cinco procesos judiciales por corrupción que
le siguen. La Constitución brasileña establece que en caso de la salida de
Temer, la Presidencia sería asumida provisionalmente por el presidente de la
Cámara de Diputados mientras el Congreso elige a quien deberá concluir el
mandato presidencial el 31DIC18.
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Ganan terreno las
posiciones de diversos gobiernos que califican a Venezuela como un potencial
riesgo para su seguridad y la estabilidad regional. La quiebra de las finanzas
públicas ejecutada por el régimen venezolano había sido evaluada, hasta ahora,
como un potencial detonante de conflictos en países del Caribe que verían
reducir la ayuda financiera y petrolera que por casi dos décadas recibieron del
chavismo. El gobierno Obama hizo suyo un enfoque según el cual la inevitable
crisis económica venezolana y el fin de la ayuda petrolera a sus socios de
Petrocaribe, impactaría sobre los países caribeños generando una probable ola
de migración ilegal hacia EEUU. Esta visión se ha ido modificando y en este
momento la percepción de distintos gobiernos se enfoca al impacto regional que
tendría una hipotética migración masiva de venezolanos hacia países del
vecindario y el efecto que la anarquización de Venezuela puede tener en asuntos
de seguridad y defensa en el Continente.
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El 26ABR17 en una de
las sesiones de la OEA sobre Venezuela, la canciller argentina Susana Malcorra,
al justificar la convocatoria de una reunión extraordinaria de cancilleres a la
cual se oponía Venezuela y sus socios, afirmó: “El número de migrantes
venezolanos ha crecido muy significativamente en los últimos tiempos (…) Esta
situación, la de los migrantes, tiene un impacto regional que puede ser de
mucha gravedad. Si la misma no justifica que los cancilleres nos reunamos, me
pregunto en que caso será justificado”.
La creciente migración
de venezolanos hacia los países vecinos comienza a ser reflejada como un serio
problema en las zonas donde están arribando. Desde Manaos y Boa Vista, las
capitales de los estados brasileños de Amazonas y Roraima, se reporta la
presencia de precarios asentamientos con centenas de indígenas de la etnia
warao procedente de Venezuela quienes viven de la mendicidad y presionan sobre
los servicios públicos. Los gobiernos estadales están exigiendo al gobierno
federal brasileño la asignación de recursos para atender la situación, mientras
la Fiscalía de Brasil ordenó el 16MAY17 a los gobiernos municipales, estadales
y a la estatal Fundação Nacional do Índio, preparar urgentemente un plan de
protección sanitaria a los indígenas procedentes de Venezuela. El gobierno
brasileño asignó al Ministro de la Defensa, Raúl Jungmann, el diseño de un plan de
contingencia ante una eventual avalancha de venezolanos hacia las ciudades fronterizas.
En tanto, el gobierno
colombiano quien ha aumentado sensiblemente el número de deportaciones de
venezolanos ilegales, está procurando asesoramiento externo para el manejo de
grandes volúmenes de migrantes. El 15MAY17 arribó a Turquía una delegación
colombiana integrada por el director de Seguridad de la Presidencia Juan Carlos
Restrepo y por el director de Integración
y Desarrollo Fronterizo de la Cancillería, Victor Bautista. Si bien Turquía
asesora a Colombia en materia de desminado y programas sociales para el
postconflicto, el propósito del viaje de los funcionarios colombianos fue conocer
la experiencia turca en el manejo de refugiados sirios.
La creciente presencia
de venezolanos en Colombia, como ya ha ocurrió en Panamá, está desatando
reacciones xenofóbicas. El 12MAY17, el alcalde de la ciudad colombiana de
Bucaramanga, Rodolfo Hernández, afirmó que “se vinieron los limosneros,
prostitutas y desocupados de Venezuela”, a la vez que pedía apoyo financiero
del gobierno central.
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El 11MAY17, durante
una sesión del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU, el director de la CIA, Mike Pompeo, coincidió
con el senador Marco Rubio sobre las posibilidades de que grupos paramilitares
chavistas (“colectivos”) comiencen a introducir armas venezolanas en el mercado
negro internacional que tengan como destino bandas terroristas y de
narcotráfico. El anuncio de Nicolás Maduro del 17ABR17, según el cual aumentaría
a medio millón el número de milicianos que serán dotados con fusiles, sólo
sirvió para aumentar la creciente preocupación internacional sobre el tema. En
medios militares brasileños es recurrente la información sobre presencia de
armas de procedencia venezolana en manos de poderosas bandas en las barriadas
paulistas y cariocas. Un experto brasileño en temas militares, consultado por
este Informe, mencionó la preocupación castrense brasileña ante el peligro de
que unidades de misiles portátiles antiaéreos Igla que forman parte del arsenal
venezolano, pudieran llegar a manos de organizaciones criminales en Brasil.
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El gobierno de EEUU
introdujo el tema de la crisis venezolana en la agenda del Consejo de Seguridad
de la ONU del 17MAY17 en la sección de “temas varios” para referirse a los
peligros de una “crisis humanitaria” en Venezuela. Rusia, Bolivia y Uruguay se
manifestaron en contra de que el tema “Venezuela” sea formalmente incorporado
en la agenda del Consejo de Seguridad, pese a que EEUU no lo solicitó ni buscaba
algún improbable pronunciamiento. "No estamos buscando una acción del
Consejo de Seguridad, lo que buscamos era que el Consejo de Seguridad viera cuál
es la situación", afirmó la representante de EEUU en la ONU, Nikki Haley. EEUU
está aplicando una dosis de “diplomacia preventiva” en el caso de Venezuela,
alertando sobre una temida crisis política y humanitaria con impacto
continental.
La acción de EEUU en
la ONU sobre Venezuela demuestra la alta influencia que parlamentarios
republicanos de origen latino tienen sobre la agenda del gobierno Trump hacia
Venezuela. La presentación del caso venezolano en la ONU, así como la
imposición de sanciones contra miembros del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela fueron solicitados a la Casa Blanca por parlamentarios latinos. Ambas
acciones fueron ejecutadas con inusual rapidez. El 18MAY17, el Departamento del
Tesoro colocó a ocho magistrados del alto tribunal venezolano, en la lista de
sancionados con congelamiento de bienes en EEUU, por usurar y entorpecer al
poder legislativo venezolano y haber permitido que Maduro decretara el estado
de excepción en Venezuela.
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Los planes del
gobierno Maduro para frenar un pronunciamiento continental sobre la crisis
venezolana han seguido una secuela de derrotas. La reunión ordinaria de
cancilleres de Celac, prevista para el 20MAY17 en República Dominicana, fue
diferida sin fecha, tal como lo informara la cancillería de El Salvador que
ejerce la Presidencia protempore anual. Si bien la reunión no tendría como tema
exclusivo a Venezuela, el gobierno Maduro pretendía utilizar este escenario
para materializar su plan de crear un grupo de países “amigos” que intervengan
en Venezuela en un intento de reactivar el desacreditado esquema de diálogo con
la Oposición. El Salvador no informó las causas de la suspensión de la reunión,
pero en medios diplomáticos se conocía la poca disposición de los gobiernos de
la región para enviar sus cancilleres a la cita del 20MAY17. De los treinta y
tres países miembros de Celac sólo cuatro o cinco habían confirmado su
asistencia a la reunión, lo cual convertía en inútil el esfuerzo de reunir el
organismo cuyas decisiones deben tomarse por consenso de los integrantes. Ya el
02MAY17, a solicitud del gobierno Maduro, la Celac convocó a una reunión
extraordinaria en El Salvador a la cual sólo asistieron cuatro cancilleres.
Los gobiernos de la
región interesados en tratar el tema Venezuela prefieren hacerlo en el
escenario de la OEA, mientras el gobierno Maduro hace onerosos esfuerzos para
entorpecer la realización de una reunión de cancilleres del continente en el
organismo panamericano. La OEA aprobó el 26ABR17 la convocatoria de una reunión
extraordinaria de cancilleres para analizar la situación venezolana, lo que
sirvió a Maduro para anunciar su decisión de retirar a Venezuela del organismo.
Hasta la aprobación de una fecha para la cita de cancilleres sobre Venezuela ha
sido sistemáticamente torpedeada por la cancillería de Maduro con apoyo cubano,
presionando a los gobiernos caribeños
para posponer con múltiples excusas la reunión extraordinaria de consulta. El
15MAY17 el Consejo Permanente de la OEA aprobó que los cancilleres del
Continente se reúnan el 31MAY17 para decidir una línea de acción sobre
Venezuela.
