Informe Otálvora del 13 de mayo de 2017
Una “asociación privada
sin fines de lucro” denominada IFIT basada en España, actúa en Venezuela promoviendo
el “diálogo” entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Oposición, tal como lo
reportara el Informe Otálvora del 11FEB17. Hasta mediados del 2016, el
propietario de IFIT, el belga-canadiense Mark Freeman, estuvo contratado por el
gobierno de Colombia para participar en las negociaciones del Acuerdo
Santos-Farc en La Habana. Entre los primeros movimientos en Venezuela, el IFIT constituyó
un grupo de celebridades opositoras en calidad de asesores bajo la coordinación
de la colombiana Juanita Goebertus Estrada. Algunos de estos asesores contactaron
al Informe Otálvora para “aclarar” que actuaban ad-honorem, a título personal
sin representar a la alianza opositora MUD. Además, negaron la participación
del gobierno colombiano y dijeron preferir
mantener esta actividad en bajo perfil. Uno de ellos alegó que el objetivo
era prepararse para un futuro nuevo diálogo entre gobierno y oposición para no
repetir la “improvisación” de la MUD en el “diálogo” estructurado por Luis
Rodríguez Zapatero en el 2016. Freeman y Estrada, consultados por este Informe
en febrero pasado, se negaron a comentar sus actividades en Venezuela.
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Luis Almagro,
Secretario general de la OEA, reunido con el expresidente dominicano Leonel
Fernandez el 18ABR17 en Santo Domingo. Foto:Funglode
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El 10MAY17 circuló
profusamente en Internet un video aficionado mostrando a la periodista y
exministra chavista Mari Pili Hernandez a la salida de un restaurante en
Barcelona, España, acompañada del exembajador chavista Hiram Gaviria (ahora
“opositor”) y por dos connotadas figuras de la oposición venezolana: el
profesor Pedro Nikken y el consultor de la Asamblea Nacional Jesús María Casal.
En medio de la represión militar contra las protestas populares en Venezuela,
las imágenes llegadas desde España causaron revuelo. Esa noche la sospecha de
una negociación secreta para “enfriar” las calles fue barajada entre usuales
opinadores en las redes sociales. El 11MAY17, el Institute for Integrated
Transitions IFIT, emitió un comunicado señalando que la señora Hernandez, Nikken,
Casal y Gaviria además del economista opositor Orlando Ochoa y del exministro
chavista Rodrigo Cabezas participaban en un “encuentro internacional” con el fin “de intercambiar opiniones sobre
la situación en Venezuela”. En realidad no se trataba de la primera reunión de
este tipo, de la cual ya se habrían realizado media docena. El IFIT obvió,
igualmente, hacer público el nombre de los contratantes y financistas de sus
gestiones sobre Venezuela.
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En la capital de República
Dominicana, se produjo el 06MAY17 un encuentro entre el español José Rodriguez
Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el anfitrión Leonel Fernandez, los
expresidentes que a solicitud de Maduro y Ernesto Samper fungieron como
“facilitadores” del “diálogo” en Venezuela. En medios políticos y diplomáticos
se rumora que el trio habría discutido un nuevo esquema para ese “diálogo”, el
cual podría involucrar a un grupo de gobiernos latinoamericanos. El encuentro previo
sostenido por Leonel Fernandez con el secretario general de la OEA Luis
Almagro, el 18ABR17 en Santo Domingo, habría servido para aproximar posiciones sobre
alguna iniciativa internacional para Venezuela. De hecho, el dirigente opositor
venezolano Henry Ramos Allup anunció el 11MAY17 que esperaba que Zapatero,
Almagro y un grupo de embajadores, presentaran al Gobierno y a la Oposición una
propuesta para tratar la situación de Venezuela. Hasta la fecha, Almagro no ha
desmentido o confirmado esta especie.
La idea de crear un
“grupo de amigos” que intermedie entre el gobierno Maduro y la Oposición ha
sido mencionado de forma creciente por varios actores políticos regionales,
aunque se trataría de varias propuestas incluso excluyentes entre sí. La
cancillería de Maduro anunció la integración de un grupo de gobiernos amigos,
todos ellos de cercana vinculación política con el chavismo, para propiciar el
diálogo en Venezuela. El grupo estaría integrado por Nicaragua, El Salvador,
República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. El gobierno
uruguayo de Tabaré Vázquez habría hecho las paces con Maduro y su canciller Nin
Novoa afirmó el 10MAY17 que “se está creando un grupo de países amigos para no
intervenir pero facilitar el diálogo, que se pongan metas concretas y
condiciones previas que aseguren el resultado para que no haya otro fracaso y
Uruguay no le va a negar una mano tendida a un país que esté en problemas”. Novoa
asegura que conversó sobre esta iniciativa con el presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges. Los cinco “amigos” de Maduro
presentarían en conjunto su propuesta el 20MAY17 en República Dominicana
durante una reunión prevista de CELAC.
En medios de la
oposición venezolana se maneja la idea de estructurar, a nivel de gobiernos de la
OEA o Unasur, un “grupo de amigos” no para facilitar un “diálogo” sino para presionar
a Maduro para la restitución de la Constitución. Esta línea cuanta ya con el
respaldo de varios gobiernos suramericanos. Este tema fue expuesto por Julio
Borges al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski el 11MAY17.
Por su parte, la OEA
se dispone a congregar a los cancilleres de los gobiernos miembros,
probablemente el 29MAY17, en una reunión extraordinaria de consulta sobre la
situación venezolana. La idea de crear un “grupo de países amigos” gana cuerpo
en la OEA, donde la posibilidad de sancionar a Maduro (suspensión de la OEA) no
cuenta con suficientes respaldos.
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El apoyo financiero
ilegal de la campaña electoral chavista de 2012, por parte de empresas
brasileñas que ejecutaban obras en Venezuela, habría sido acordado por Hugo
Chávez, Lula da Silva y Emilio Odebrecht el 02JUN11 en un encuentro nocturno en
el Palacio de Miraflores. El paquete de “ayuda” brasileña incluía el pago de
los servicios del publicista político brasileño João Santana, asesor y amigo de Lula, quien sería
el cerebro de la campaña reeleccionista de Chávez en el 2012. Lo que era un
secreto a voces en los últimos años, ahora fue confirmado por la justicia
brasileña.
Santana y su esposa Mônica
Moura fueron apresados el 24FEB16. Un tribunal federal los encontró culpables de
formar parte del esquema de corrupción mediante el cual empresas constructoras
brasileñas se beneficiaron de la emisión de decretos presidenciales y de la
asignación de grandes contratos de obras públicas a cambio de traspasos de
gruesas sumas de dinero para el financiamiento de decenas de políticos. Santana
fue el encargado de la campaña reeleccionista de Lula en 2006 y de las campañas
de Dilma Rousseff en 2010 y 2014. Las confesiones de Santana y Moura son piezas
claves para probar la conexión directa de Lula y Rousseff con el esquema de
corruptelas en Petrobras. El 11MAY17, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió
hacer público el contenido de las delaciones de Santana y Moura en las cuales
confirman el financiamiento brasileño a la campaña de Hugo Chávez de 2012 e
involucran a Nicolás Maduro en el esquema de pagos a la empresa de Santana.
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En sus delaciones a la
Fiscalía brasileña, Santana y Moura mencionan a las empresas Odebrecht y
Andrade Gutierrez como financistas de sus servicios para la campaña de Chávez.
Odebrecht habría entregado US$7 millones y Andrade Gutierrez habría depositado US$
2 millones en una cuenta suiza de la empresa Shelbill propiedad de Santana. Ninguno
de esos pagos fueron declarados en Brasil o Venezuela. La constructora Andrade
Gutierrez igualmente prestaba aeronaves para el traslado a Caracas y pago de la
estadía de los asesores electorales. Mônica Moura asegura haber recibido US$ 11
millones en efectivo, durante diversos encuentros sostenidos con el entonces
ministro de relaciones exteriores Nicolás Maduro, en la sede de la cancillería
venezolana a lo largo del año 2012. El entonces embajador de Chávez en
Brasilia, Maximilien Sánchez Arveláiz, habría fungido como enlace en Brasil entre los asesores y las
empresas brasileñas a los efectos de sus contribuciones. El dinero entregado
por Maduro a Moura correspondía tanto a pagos
de la empresa de Santana como a servicios de Franklin Martins, un exministro de
Lula contratado para realizar la campaña de Chávez en Internet. En sus primeras
confesiones ante las autoridades policiales en 2016, Santana y Moura estimaron
en US$ 35 millones el costo de los servicios prestados a la campaña de Chávez.
Ahora, en sus delaciones publicadas el 11MAY17, dejan saber que habría quedado
una deuda pendiente de pago por US$15 millones.
La conexión entre Lula
y la campaña de Chávez la habría cumplido José “Ze” Dirceu, fundador del
partido PT, exministro del gobierno lulista, dos veces juzgado y sentenciado por
corrupción (casos “Mensalão” y “Lava Jato”), amigo de los altos jerarcas chavista
y quien, según diversas fuentes, cobraba por facilitar la conexión de
empresarios con el Palacio de Miraflores. Según Santana y su esposa, Dirceu
participó al principio del 2012 en las “primeras reuniones políticas” entre los
asesores electorales y el “comando estratégico de la campaña de Chávez”, el
cual tenía como jefe al dirigente chavista Jorge Rodríguez.
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Venezuela aparece en
una nueva lista de países sancionados por el gobierno de EEUU. El presupuesto
de gastos 2017 de EEUU, firmado por Donald Trump el 05MAY17, incluye una
cláusula según la cual Venezuela no
podrá recibir fondos de asistencia del gobierno estadunidense en razón de su
alianza con Rusia. La Consolidated Appropriations Act 2017 sanciona los
gobiernos reconocen y mantienen relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia
del Sur, dos territorios partes de Georgia donde Rusia ha instalado gobiernos
secesionistas. Sólo Rusia, Nicaragua, Venezuela y Naurú (una isla del Pacífico)
reconocen a los gobiernos implantados por Moscú. Hugo Chávez y Daniel Ortega de
Nicaragua, como parte de su alineamiento con Rusia, reconocieron a los
gobiernos secesionistas, establecieron relaciones diplomáticas y designaron
embajadores.
La inclusión de
Venezuela en esta lista de sanciones no afecta en la práctica las finanzas del
gobierno de Maduro, pero advierte sobre los costos que el país puede correr
dada su estrecha vinculación financiera, política y militar con Rusia.
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