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Gobierno y Oposición
de Venezuela reunidos el 02DIC17 en la cancillería de República Dominicana.
Foto: Cancillería R.Dominicana.
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El 01DIC17, en la sede de la Cancillería de República Dominicana se congregaron los enviados del Gobierno y de los principales partidos políticos opositores de Venezuela en un nuevo intento de negociación. El papel de acompañante-facilitador que en el pasado cumplieron cancilleres de Unasur o el Vaticano, en esta ocasión fue asumido por el presidente dominicano Danilo Medina y por los gobiernos de México, Chile, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y Granadinas, los tres últimos propuestos por el gobierno Maduro. El español José Rodríguez Zapatero, aliado de Maduro, es uno de los facilitadores y tiene silla en la mesa de negociación. La delegación oficial llegó encabezada por Jorge Rodríguez, miembro del “comando de la revolución”. La Oposición colocó a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, como jefe de su representación de ocho negociadores. La Oposición incorporó al experto en procesos de negociación Gustavo Velásquez vinculado con el preso político Leopoldo López. Igualmente, una veintena de técnicos y representantes de diversos sectores fueron sumados a la delegación opositora en calidad de asesores sin acceso a la sala de negociaciones.
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Ya en Santo Domingo,
el 30NOV17 la delegación opositora sostuvo reuniones de trabajo con asesores
extranjeros: el colombiano Miguel Silva y el salvadoreño Joaquín Villalobos.
Según varias fuentes, el británico Jonathan Powell y el surafricano Roelf Meyer
formarían también parte del grupo de asesores de la Oposición. Silva es un
asesor de comunicación estratégica quien se hizo conocido como el joven y
poderoso Secretario de la Presidencia del gobierno de Cesar Gaviria Trujillo y
más recientemente como parte del equipo de apoyo no oficial de Juan Manuel
Santos en tareas de formación de imagen internacional a favor de las
negociaciones con las Farc. Silva está vinculado con Atlantic Council, un think
tank utilizado por el gobierno de Barack Obama para definir políticas hacia
Latinoamérica. Joaquín Villalobos fue comandante guerrillero en la guerra civil
de El Salvador y uno de los fundadores del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional y actuó como negociador de los “Acuerdos de Paz de
Chapultepec” de 1992 para El Salvador. Villalobos ha mantenido una permanente posición
de choque contra el chavismo. Tanto Villalobos como Jonathan Powell fueron
condecorados por Juan Manuel Santos el 25SEP16 en recompensa por sus servicios
como asesores pro bono de la presidencia de Colombia para las negociaciones con
las Farc.
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Los temas acordados
previamente para las negociaciones del 01DIC17 entre el gobierno Maduro y la
Oposición fueron: “Garantías electorales”, “Presos y Derechos políticos”,
“Normalización institucional”, “Situación Económica y Social”, “Asamblea
Nacional Constituyente-Comisión de la Verdad”, “Soberanía y medidas
sancionadoras”. Los tres primeros temas fueron incluidos en la agenda por la
Oposición y los dos últimos por el Gobierno.
Un sexto tema que figura en documentos manejados por los negociadores es
la creación de una “Comisión de seguimiento y cumplimiento del acuerdo”.
La oposición
venezolana ha calificado la reunión en República Dominicana como una
“negociación internacional”, término impugnado por los voceros oficialistas. La
oposición convirtió en condición no negociable la presencia de cancilleres
extranjeros, pero el rol a cumplir por esos altos emisarios es uno de los
asuntos procedimentales que distancian al Gobierno y a la Oposición. Maduro
acepta cancilleres extranjeros en papel de “observadores” o “acompañantes” del
“diálogo”, mientras que la Oposición aspira que sean activos facilitadores que
propongan propuestas de acuerdo a la mesa negociadora y que posteriormente
actúen como garantes del cumplimiento de los eventuales acuerdos. La reunión plenaria
Gobierno-Oposición comenzó el 01DIC17 con varias horas de retraso sin que las
partes anunciaran el rol de los cancilleres. El presidente Medina optó por
presidir todas las sesiones de trabajo. Los seis temas fueron tratados en las
sesiones del 01 y 02DIC17 sin que se iniciara una negociación formal sobre las
propuestas de las partes sobre cada tema. La reunión finalizó sin conclusiones
y fue convocada una nueva jornada el 15DIC17, fecha de conveniencia para los
cancilleres facilitadores.
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El 30NOV17 antes de
viajar a República Dominicana, el canciller chileno Heraldo Muñoz advirtió que
la participación de su gobierno está condicionada a que se produzca una
negociación “efectiva y con resultados en un corto plazo”. La cancillería
mexicana aclaró el 01DIC17 que el “acompañamiento” del canciller Luis Videgaray “responde a su convicción de
apoyar todo proceso de negociación que sea creíble, de buena fe, que tenga
objetivos claros y tiempos concretos de realización”. De esta manera, los
gobiernos de Chile y México dejaron en evidencia una preocupación reinante en
las principales cancillerías de América y Europa: el gobierno Maduro aspira que
el “diálogo” se alargue por meses sin alcanzar acuerdos significativos.
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La noche del 30NOV17
se registraron masivas protesta en las calles de La Paz y Santa Cruz de la
Sierra con decenas de detenciones de ciudadanos que rechazan la sentencia
judicial que permitirá la postulación indefinida de Evo Morales al cargo de
Presidente. El presidente boliviano, emulando a su fallecido maestro Hugo
Chávez y a su socio político el nicaragüense Daniel Ortega, utilizó el aparato
judicial bajo su control, para imponer la reelección presidencial indefinida
pese a estar expresamente prohibida por la Constitución boliviana.
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El castrochavismo ha
impuesto en los países donde gobierna una curiosa y peligrosa tesis jurídica,
según la cual la reelección presidencial indefinida es un derecho humano. Esta
tesis ha sido utilizada para justificar la violación de las constituciones
redactadas e impuestas por los propios gobiernos de Hugo Chávez (1999) y de Evo
Morales (2009) que inicialmente permitía sólo una reelección presidencial.
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El 29ABR08, el
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), controlado por el chavismo,
emitió una sentencia mediante la cual ratificó sus fallos de 2003 y 2006 sobre
la reelección indefinida.
En aquellos días. Hugo
Chávez tras su triunfo en las elecciones presidenciales del 03DIC06, se sentía
confiado para impulsar una reforma constitucional que le permitiera presentar
su candidatura en 2012 y lograr un tercer mandato. El 02DIC07 el chavismo
recibió una de las mayores derrotas políticas hasta esa fecha, cuando la
propuesta de reforma constitucional presentada por Chávez fue derrotada en las
urnas en medio de una activa movilización popular de calle contraria a la
reelección. Buena parte de las reformas que los venezolanos rechazaron en
aquella ocasión fueron impuestas posteriormente por Chávez mediante decretos y
leyes que burlaron los resultados del referendo. Violando las normas
constitucionales sobre las consultas populares, Chávez nuevamente convocó a un
referendo sobre la reelección perpetua el cual tuvo lugar el 15FEB09 y en el
cual las autoridades electorales otorgaron el triunfo al régimen. En tanto, los
juristas del chavismo se encargaron de confeccionar una “base jurídica” para
justificar que Chávez se postulara a la reelección presidencial de forma
perpetua.
Según la sentencia 700
de 2008 de la “Sala Constitucional” del TSJ de Venezuela, “la reelección no es
tan sólo un derecho individual por parte del pasible de serlo, sino que además
es un “(…) derecho de los electores” (…)
“que al serle sustraída dicha posibilidad mediante una reforma realizada por un
poder no constituyente, se realizó un acto de sustracción de la soberanía
popular, quedando dicha posibilidad de forma exclusiva, y dentro de los límites
que impone a todo poder los derechos humanos, inherentes a la persona humana”. Además,
pese al usual desprecio que el castrochavismo muestra por las instituciones y
normativas panamericanas, los juristas del chavismo comenzaron a alegar que la
“Convención Americana sobre Derechos Humanos” conocido como “Pacto de San José”
suscrito en 1969 prohíbe limitar los derechos políticos y en consecuencia,
limitar la postulación a la reelección presidencial sería una violación de los
derechos humanos.
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Actualmente Evo
Morales ejerce su tercer mandato presidencial, pese a que la constitución por
él impulsada prohíbe una segunda reelección. El 25ABR13, el Tribunal
Constitucional de Bolivia controlado por el oficialismo, emitió un fallo de
dudosa constitucionalidad según el cual Morales podría presentarse en 2014 para
un tercer mandato el cual obtuvo con lo cual sumará catorce años en la
presidencia boliviana, tiempo que al dirigente cocalero le parece insuficiente.
Como ya había ocurrido con Chávez en 2007, Morales fue derrotado el 21FEB16
cuando mediante un referendo constitucional trató de imponer la reelección
perpetua en su país. Morales optó por recurrir a su Tribunal Constitucional Plurinacional para
solicitar la declaratoria de nulidad de las normas constitucionales que impiden
su reelección presidencial perpetua. Sin sorpresa, el máximo tribunal boliviano
falló el 28NOV17 abriendo las puertas para que Morales pueda nuevamente
postularse en las elecciones del 2019. La corte boliviana alegó que el “Pacto
de San José” es de aplicación
preferencial y está por encima de la propia Constitución de Bolivia. Los
celosos guardianes de la “soberanía nacional y la autodeterminación de los
pueblos no dudaron en alegar una norma internacional para darle piso a la
intensión de convertir a Morales en presidente vitalicio. No pareció casual que
el 06NOV17, la en la cuenta Twitter de Morales (como en la de militares y
civiles chavistas venezolanos) fueran publicados mensajes de celebración de la aprobación de la “Constitución de
Bolivia de 1826” que concedía a Simón Bolívar la presidencia dictatorial y
vitalicia.
Por cierto, el
exmandatario ecuatoriano Rafael Correa aseguró el 29NOV17 que una consulta
popular convocada por el presidente Lenín Moreno “contraviene la Convención
Interamericana de Derechos Humanos”. Moreno aspira mediante referendo a
celebrarse el 04FEB18 eliminar la reelección presidencial perpetua introducida
por Correa en la Constitución de Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Ecuador, el
castrochavismo alega el mismo dudoso argumento para establecer la presidencia
vitalicia.
