Informe Otálvora del 19 de enero de 2019
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John Bolton y Mike Pompeo conversan en
una calle de Buenos Aires el 30NOV18 durante el viaje de Donald Trump a
Argentina. Foto: US State Department
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Más de US$ 696 millones habrían sido suministrados
por el estatal Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) al régimen cubano
desde el año 2003 durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El
98% de ese dinero fue otorgado oficialmente para bienes y servicios destinados
a la “ampliación y modernización” del Puerto de Mariel por intermedio de la
empresa Companhia de Obras e Infra-Estrutura S.A. filial de la brasileña
Constructora Norberto Odebrecht. En el mismo lapso, el BNDES habría firmado
contratos por US$ 3.231 millones con el régimen chavista en Venezuela para
obras y suministros de las empresas brasileñas Constructora Andrade Gutierres
(US$ 1.503 millones), Constructora Norberto Odebrecht (US$ 1.359 millones) y
Construcciones y Comercio Camargo Correa (US$ 368 millones).
Las cifras proceden de la página oficial
del BNDES que fueron puestas a disposición pública el 17ENE19. El gobierno de
Jair Bolsonaro había prometido abrir la “caja negra” del BNDES y ahora ha colocado
en su portal todos los contratos firmados por los gobiernos izquierdista del PT
con empresas proveedoras brasileñas a gobiernos extranjeros.
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Está ganando cuerpo la línea definida por
el Consejero de Seguridad Nacional de EEUU John Bolton y el Secretario de
Estado Mike Pompeo para unificar la acción estadounidense sobre los gobiernos
de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El Departamento de Estado de EEUU informó
el 16ENE19 su decisión de evaluar la activación de la legislación que permitiría
a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales de EEUU a toda persona que “trafique
con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano” desde el 01ENE1959. Esta
posibilidad está contemplada en el “Título Tercero” de la “Ley de la Libertad
Cubana y Solidaridad Democrática”, conocida como Ley Helmes-Burton refrendada
en 1996 por Bill Clinton. La aplicación del “Título Tercero” ha estado
suspendida desde el mismo momento de su aprobación, mediante la emisión de aplazamientos
semestrales emitidos por el Presidente de
EEUU y notificados al Congreso. Pero ahora el gobierno Trump asoma la posibilidad
de activarla.
Mike Pompeo, en su condición de
Secretario de Estado, notificó al Congreso de EEUU que el nuevo aplazamiento de
la aplicación del Título Tercero será sólo por 45 días a partir del 01FEB19 y
no por seis meses como solía serlo desde 1996. “Esta extensión nos permitirá
llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del Título
III a la luz de los intereses nacionales de EEUU y a los esfuerzos para
acelerar la transición a la democracia en Cuba e incluyen factores como la brutal
opresión de los gobiernos cubanos a los derechos humanos y las libertades
fundamentales y su apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos
en Venezuela y Nicaragua”, afirma el comunicado del Departamento de Estado. El
gobierno Trump ya conectó las sanciones a Cuba con su línea política hacia los
regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
La amenaza de aplicar el “Título Tercero”
desató una rápida reacción en La Habana. En un comunicado emitido el 17ENE19, la
Cancillería cubana reconoce que la aplicación de la ley Helms-Burton busca “entorpecer
las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros
países y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero”
justo en momentos cuando el régimen cubano anda en procura de inversionistas
extranjeros.
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Interrogado sobre la disposición del
gobierno de EEUU para reconocer “a la oposición venezolana y a su liderazgo como
el gobierno legítimo de Venezuela”, el Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo
se limitó a afirmar que “siempre estamos viendo todas las opciones con respecto
a cómo ejecutamos la diplomacia y cómo influimos en el resultado”. Interrogado y
repreguntado, Pompeo rehuyó una respuesta precisa y prefirió comentar sobre el
gran número de venezolanos que han abandonado su país. Pompeo fue consultado
por periodistas que seguían su periplo por el Medio Oriente durante una rueda
de prensa celebrada el 12ENE19 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en la cual
el propio Secretario pidió que la conversación no se limitara a los temas de
los países involucrados en el viaje.
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Jair Bolsonaro aspira liderar las
acciones internacionales para “la mudanza del escenario venezolano” según una
nota difundida por Itamaraty, la cancillería brasileña, el 17ENE19.
El gobierno brasileño extendió invitación
a varios representantes de la oposición venezolana para un encuentro el 17ENE19
en Brasilia. La reunión celebrada en el Palacio de Itamaraty desde media mañana
hasta bien entrada la tarde, fue encabezada por el canciller Ernesto Araújo y
por el embajador Otávio Brandelli actual Secretario General de la cancillería
brasileña. El propósito del encuentro, según fuentes consultadas en Brasilia,
fue abrir puentes con las diversas tendencias políticas que se mueven en la
oposición venezolana. Se trataba de una reunión para intercambio de puntos de
vista y no para la toma de decisiones en nombre de los gobiernos presentes. Oficialmente,
según Itamaraty, la “reunión tuvo por objeto analizar la situación en Venezuela
producto de la ilegitimidad del ejercicio de la presidencia por Nicolás Maduro
y de la manifestación del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gauidó, de
su disposición de asumir la Presidencia de Venezuela interinamente, siguiendo
la Constitución venezolana. Tuvo igualmente por objetivo discutir ideas de
acción concreta para restablecer la democracia en Venezuela”.
En la lista de invitados figuraba la
dirigente opositora María Corina Machado quien está impedida de abandonar Venezuela
por órdenes de un tribunal desde el año 2014. El profesor Carlos Blanco asistió
al encuentro en representación de Machado. Las embajadas de EEUU y de los
gobiernos miembros del Grupo de Lima en Brasilia fueron invitadas al encuentro
en el cual participó, además, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del
presidente Jair Bolsonaro, quien se ocupa del “tema Venezuela”. Durante las diversas
reuniones participó el argentino Gustavo Cinosi como representante del Secretario
General de la OEA Luis Almagro.
Los venezolanos Julio Borges (Primero
Justicia), Antonio Ledezma, Carlos Vecchio (Voluntad Popular), Carlos Blanco y Roderick
Navarro (Resistencia) aparecen entre los participantes en el encuentro, aunque
Itamaraty no difundió nombres de los asistentes a quienes sólo identificó como
representantes “de las principales fuerzas políticas democráticas venezolanas”.
Voluntad Popular es el partido en el cual milita el presidente de la Asamblea
Nacional Juan Guaidó.
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En paralelo a la reunión con dirigentes
políticos, el canciller brasileño Ernesto Araújo sostuvo un encuentro en el
Palacio de Itamaraty con el magistrado Miguel Ángel Martín a quien calificó
como “Presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”. Araújo y Martí se trasladaron a media tarde al
Palacio de Planalto junto al enviado de la OEA y al embajador Otávio Brandelli
para una audiencia concedida por el presidente Jair Bolsonaro. En la reunión
también intervino Filipe G. Martins el nuevo asesor de política exterior de la
presidencia brasileña. Al término del encuentro en el cual Bolsonaro se valió
de un traductor, fue grabado un video con intervenciones de Bolsonaro, Cinasi y
Martín. “Todo lo haremos para que la democracia sea reestablecida y que ustedes
puedan vivir en libertad” afirmó Bolsonaro en un “mensaje a los venezolanos”.
Bolsonaro agregó: “Sabemos que ese desgobierno llegó al poder inclusive con la
ayuda de presidentes que el Brasil ya tuvo, como Lula y Dilma, y eso en parte nos
convierte en responsables de esa situación en que ustedes se encuentran”.
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Mediante una declaración del 10ENE19, en
la cual la cancillería argentina afirmó “desconocer la legitimidad del mandato
iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro”, el gobierno de Mauricio
Macri enunció una serie de medidas contra el régimen chavista. Ese día Macri
ordenó a la Unidad de Información Financiera (UIF) emitir “un alerta al sector
financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas
venezolanas o controladas por el Estado venezolano”. La medida comenzó a ser
implementada el 17ENE19 cuando la UIF emitió una alerta que incluye un listado
de 96 jerarcas del régimen venezolano encabezados
por Nicolás Maduro y en la cual figuran además 24 empresas de propiedad estatal
venezolana.
La alerta de la UIF advierte a bancos,
empresas financieras, casas de cambio, vendedores de automóviles, casinos,
entre otros, definidos como el “sistema de prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo”, sobre “los riesgos de operar con las personas
físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo” de Venezuela. La UIF
instruyó sobre la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para
todas las “operaciones realizadas o tentadas” por las personas que figuran en
la lista. Igualmente, la UIF solicita la remisión de ROS sobre todos los
activos que pudieran poseer en Argentina los miembros del gobierno de Maduro así
como personas que pudieran tener vínculos “personales o jurídicos” con ellos.
Las sanciones implementadas por Argentina
contra altos funcionarios chavistas sigue la línea acordada el 04ENE19 por el
Grupo de Lima. Ya el 10ENE19 el gobierno de Perú emitió un listado de 101
funcionarios o personas vinculadas al régimen venezolano a las cuales se les
prohibió el ingreso a ese país y cuyos nombres fueron incluidos en la lista de “sujetos
obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera”.
