Informe Otálvora del 30 de septiembre de 2022
Jair
Bolsonaro en un balcón de la embajada de Brasil en Londres el 18SEP22. Foto:
Palacio de Planalto.
El Secretario de Estado de EEUU, Antony Bliken, estará llegando a Bogotá el 03OCT22 para sostener reuniones con Gustavo Petro y con su colega Álvaro Leyva. Blinken va camino a la reunión anual de la OEA en Lima, pero previamente se detendrá en Bogotá y Santiago de Chile.
Si bien
EEUU y el gobierno Petro se refieren a la definición de una agenda amplia que
incluye el “cambio climático” o “los derechos humanos”, el tema que ya está
afectando las relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño es el
enfoque sobre el narcotráfico. Petro aspira continuar recibiendo ayuda
financiera de EEUU para programas de desarrollo agrario, pero ya está tomando
decisiones en contravía con el esquema de combate al narcotráfico acordado
previamente por Colombia con EEUU. Las reuniones de Blinken en Bogotá será la
cuarta ocasión en que representantes de alto nivel de ambos gobierno se
encuentran, tanto en Bogotá como en Washington, desde que Petro fuera declarado
triunfador en las elecciones del 19JUN22.
Blinken
estará visitando un centro de atención a migrantes venezolanos en Bogotá y se
propone recolocar el “tema Venezuela” en la agenda política en sus
conversaciones con Petro y con el chileno Gabriel Boric.
EEUU aspira que en la Asamblea General de la OEA que arranca el 05OCT22, sea
aprobada una resolución condenatoria del gobierno de Nicolás Maduro por sus
sistemáticas violaciones de DDHH, tal como nuevamente quedó en evidencia con el
más reciente informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela.
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Por
cierto, la decisión del gobierno Biden conocida el 01OCT22 de proceder al canje
de dos parientes de Nicolás Maduro reos por narcotráfico en EEUU, a cambio de
la liberación de siete estadounidenses y venezolano-estadounidenses enjuiciados
en Venezuela, fue enfocada por la Casa Blanca como un asunto de DDHH. Para la
Casa Blanca los siete liberados por Maduro estaban en Venezuela en condición de
rehenes. Su liberación no se entiende como un alivio a las sanciones impuestas
por EEUU al régimen chavista sino como una negociación con un régimen que
mantiene ciudadanos estadounidenses encarcelados injustamente.
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La primera
vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tiene lugar este domingo
02OCT22 y el cuadro político no permite predecir los resultados. El mandatario
Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva concentran, según todas las
encuestas, alrededor del noventa por ciento de las intenciones de voto.
Los
grandes medios de comunicación brasileños y sus empresas encuestadoras
asociadas, aseguran que el candidato izquierdista Lula da Silva estaría próximo
a ganar la Presidencia incluso en la primera vuelta. Otras encuestas, con menor
divulgación pública, indican un triunfo de Bolsonaro. Pareciera, en todo caso,
que resultaría necesaria una segunda vuelta. [Este Informe fue publicado
originalmente en el Diario Las Américas de Miami antes de la primera vuelta de
las elecciones en Brasil]
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Durante el
debate entre los principales candidatos presidenciales brasileños promovido por
la red O Globo, celebrado la noche del 29SEP22, Lula repitió un falso argumento
en cuanto a los señalamientos de corrupción y los procesos judiciales que ha
enfrentado. Según Lula él fue “inocentado” por los tribunales de Brasil y “por
dos instancias” de las Naciones Unidas. La ONU no es un organismo judicial y no
cuenta con “instancias” que puedan sentencias inocencias en procesos
judiciales. De una decena de procesos judiciales seguidos a Lula por
corrupción, en dos de ellos fue sentenciado por un tribunal federal y por tribunales
federales regionales colegiados por un total de diecisiete años de cárcel. Lula
fue sentenciado por recibir regalos de empresas constructoras que recibían
contratos de la petrolera estatal Petrobras.
El 07ABR18
Lula ingresó a instalaciones de la Policía de Curitiba, al sur del país, donde
fueron habilitados espacios especiales para el expresidente encontrado culpable
de corrupción. Maniobras políticas al más alto nivel del sistema judicial
brasileño hicieron que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, el 07NOV19,
dejara sin efecto su propia jurisprudencia que establecía que un reo debía
comenzar a cumplir la condena al ser encontrado culpable en segunda instancia.
Lula salió libre no por ser encontrado inocente sino porque el alto tribunal le
permitía seguir en libertad mientras agotaba todas las instancias a las cueles
podía apelar su condena.
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El 08MAR21
el juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, decidió
dejar sin efecto todas las sentencias dictadas contra Lula por la justicia
federal del estado de Curitiba. Fachin, quien ingreso al STF por indicación de
la presidente izquierdista Dilma Rousseff en 2015, alegó que los tribunales federales
de Curitiba no eran una instancia
adecuada para juzgar los crímenes de corrupción indicados a Lula. Nuevamente el
alto tribunal no “inocentó” a Lula sino que decidió que debía iniciarse nuevos
procesos judiciales en su contra, pero esta vez en tribunales de primera
instancia con sede en Brasilia.
El
candidato Lula da Silva no ha sido declarado inocente ni en la ONU ni en los
altos tribunales de Brasil y está libre para participar en las elecciones del
año 2022 en razón de cuestionadas sentencias sobre aspectos procesales.
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“El
Presidente Maduro es quien da órdenes directas” al Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional SEBIN y a Dirección General de Contrainteligencia
Militar DGCIM para ejecutar “delitos y violaciones” que “equivalen a crímenes de lesa humanidad”.
Se trata de datos que aparecen en las primeras páginas del documento “Conclusiones
detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los
Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Crímenes de lesa humanidad
cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y
personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la
oposición al gobierno”.
El
documento oficialmente presentado el 26SEP22 como parte de la agenda del
período 51 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, no obvia
detalle de los actos cometidos por la dictadura chavista. “Fueron de especial
crueldad y se cometieron contra personas particularmente indefensas por estar
detenidas. Opositoras y opositores reales y percibidos al gobierno y sus
familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de violencia sexual y
de género mientras estaban detenidos, incluso a través de: fuertes golpes con
bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo;
asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la
planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado
“señorita”, para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua;
violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales;
iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos;
alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a
las víctimas y a sus familiares”.
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La
creación de la Misión Internacional Independiente MII por parte del CDH el
19SEP19, constituyó una gran derrota para el régimen chavista, el cual hasta
esa fecha contaba con la ONU como un espacio cómodo para su actuación. En
aquellos días la diplomacia chavista creía que, al permitir la apertura en
Caracas de una oficina de enviados de la Secretaría de Derechos Humanos a manos
de la chilena Michelle Bachelet, podría impedir la creación de un mecanismo
excepcional como lo es una “misión internacional independiente”.
Maduro
nunca ha permitido el ingreso a Venezuela de los investigadores de la MIID
quienes han debido actuar desde oficinas localizadas en Panamá. La MIID es
blanco de seguimiento y espionaje por parte del régimen chavista y aparatos
diplomático-policiales de gobiernos aliados de Maduro.
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El mandato
de la MIID fue renovado el 06OCT20 para un lapso de dos años que concluye
justamente ahora.
Los
diplomáticos de Maduro han estado moviéndose intensamente entre las
delegaciones de la ONU, para impedir la renovación del mandato mientras un
grupo de gobiernos encabezados por Paraguay han procedido a redactar un texto
de resolución que renueva el mandato de la MII y a procurar los votos
necesarios para su aprobación. El texto fue presentado ante la secretaría del
CDH el 28SEP22 por las delegaciones de Canadá, Brasil, Chile, Ecuador,
Guatemala y Paraguay como promotores
principales, aunque según fuentes en Bruselas, por lo menos cuarenta y cuatro
países se declararon como promotores del proyecto de resolución. Debe
resaltarse que el gobierno izquierdista chileno encabezado por Gabriel Boric es
uno de los principales promotores de la iniciativa. La presentación de este
tipo de propuestas está abierto a cualquier gobierno miembro de la ONU pero la
votación se limita a los 47 miembros del CDH.
El actual
periodo de sesiones del CDH terminará el 07OCT22 y antes de concluir deberá
procederse a la votación del proyecto de resolución. El enviado del régimen
chavista, Héctor Constan, durante su intervención el 26SEP22 amenazó a los
gobiernos que voten favorablemente la resolución para renovar la misión de la
MII. “Venezuela tomará medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el
ámbito bilateral como multilateral frente a una eventual prolongación del mandato
de este mecanismo injerencista”. La dictadura venezolana suele alegar que la
suya es una “diplomacia de paz”, pero los muchachos de Maduro en los organismos
internacionales suelen utilizar la amenaza como arma, bajo el supuesto de
contar con el ala protectora de Rusia y China. En la sesión del CDH del 26SEP22
cuando la MII presentó su informe, se abrió un lapso para la intervención de
las delegaciones que quisieran pronunciarse. La dictadura venezolana recibió el
apoyo de Corea del Norte, Rusia, Cuba, China, Nicaragua, Bielorrusia, Bolivia,
Irán, Siria, Sudan del Sur, Argelia, Sri Lanka y Etiopía, muchos de ellos sin
voto en el CDH. La MII recibió el respaldo de 42 oradores incluyendo al
representante de la Unión Europea que implica el espaldarazo adicional de más
de dos decenas de gobiernos.
Dada la
composición actual del CDH, en la cual la mayoría de los puestos por gobiernos
aliados del castrochavismo incluyendo al propio Maduro, se espera que la
votación de los representantes de la región sea contraria a la resolución.
Paraguay y Brasil estarán votando por la continuidad de la MII y Argentina
habría ofrecido abstenerse. EEUU y la Unión Europea están activamente
favoreciendo la resolución y se espera que la instancia independiente continúe
haciendo seguimiento al régimen chavista.
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La alianza
castrochavista continental participó activamente en la operación ejecutada por
Rusia en territorio ocupado de Ucrania para realizar consultas entre la
población y justificar la anexión del territorio.
El
gobierno ruso organizó supuestos referendos en las provincias ucranianas de
Donetsk y Lugansk, Zaporiyia y Jersón que arrancaron el 23SEP22 y en los cuales
se consultaba a la población de los territorios ocupados acerca de su voluntad
de anexarse a Rusia. Con base a unos resultados que obviamente favorecieron a
Rusia, el 30SEP22 Vladimir Putin firmó
en Moscú unos documentos que denominó “tratados de anexión” ante la presencia
de cuatro “lideres separatistas” ucranianos. Los referendos buscaban dar
legitimidad a la invasión rusa a territorios del este y sur de Ucrania y como
parte de la operación, la diplomacia rusa organizó el viaje a Ucrania de una
lista de colaboradores extranjeros, entre ellos un grupo latinoamericano.
Mediante un
comunicado emitido el 24SEP22, el “Ministerio de Reintegración de los
Territorios Temporalmente Ocupados” de Ucrania, denunció que ciudadanos de Bielorrusia,
Siria, Egipto, Brasil, Venezuela, Uruguay, Togo, Sudáfrica y Rusia ingresaron
en territorio ucraniano para actuar como supuestos observadores
internacionales. Según medios oficiales de prensa rusos, también llegaron
“observadores” procedentes de Italia, Alemania, Lituania y Bulgaria. La
operación para el traslado de varias decenas de extranjeros hasta las zonas
invadidas en Ucrania fue organizada por el gobierno ruso como parte de su
esquema de propaganda para intentar dar legitimidad internacional a la anexión
de territorios ucranianos. La lista de agentes prorrusos presentes incluyó a la
brasileña Tanya Mara Mandarino del partido PT, Sebastián Hagobian del
izquierdista “Frente Amplio” de Uruguay y, el vasco Katu Arkonada actualmente
basado en México bajo la protección del gobierno de López Obrador y quien forma
parte de los operadores de la izquierda continental bajo la cobertura de una “Red
de Intelectuales en Defensa de la Humanidad”. Los gobiernos de Uruguay y de
Brasil emitieron comunicados aclarando que sus connacionales viajaron a título
personal en Ucrania e incluso el “Frente Amplio” uruguayo se distanció de la
actuación de Hagobian. El régimen chavista no ha identificado a sus enviados a
la operación rusa.
Por
cierto, el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro continua con un esquema de
actuación internacional para mantener relaciones con el gobierno de Vladimir
Putin. El representante de Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU se
abstuvo en la votación celebrada el 20SEP22, sobre una resolución condenando
los referendos anexionistas que Rusia realizó en territorios invadidos de
Ucrania. Si bien el proyecto obtuvo una considerable mayoría de votos, su
aprobación quedó anulada por el veto del representante ruso.
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