Informe Otálvora del 15 de octubre de 2022
No se trata de un
simple tema de choque electoral entre los dos grandes partidos en cuanto al
manejo de la migración, sino un asunto que ya es visto como un problema de
seguridad nacional.
Desde el gobierno
de Barack Obama, planificadores militares y de política exterior manifestaban
en diversos documentos el temor de que la crisis venezolana, acompañada de
crisis nacionales en Cuba y Centroamérica derivarían en una presión migratoria
sobre EEUU. Las acciones de apoyo de EEUU a los gobiernos suramericanos hacia
donde se dirigieron las primeras oleadas de venezolanos en procura de refugio, aparte
del indiscutible contenido humanitario tenía implícito el interés
estadounidense para evitar que ese flujo se orientara hacia el Norte.
El documento de
Estrategia de Seguridad Nacional emitido por Donald Trump en diciembre de 2017,
destacaba que “nuestra responsabilidad fundamental es proteger al pueblo
estadounidense, a la patria y el estilo de vida americano. Fortaleceremos el
control de nuestras fronteras y reformaremos nuestro sistema de migración”. La
respuesta Trump era y es la de un cierre generalizado de fronteras. Aparte de
levantar secciones de un muro fronterizo en los límites con México, Trump impuso negociaciones con el gobierno de Manuel López
Obrador para que México actuara como colchón de protección, impidiendo la
llegada de nuevas oleadas de migrantes procedentes de Centroamérica y,
recibiendo a migrantes deportados de EEUU o aspirantes a procesos de asilo
estadounidense.
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La versión Biden de
la Estrategia de Seguridad Nacional, difundida el 12OCT22, se refiere al tema
migratorio ampliamente y lo presenta como un asunto que implica la política exterior
de EEUU hacia el hemisferio. “El movimiento de personas en las Américas,
incluidos más de seis millones de venezolanos […] obligados a abandonar sus
hogares desde 2015, afecta a toda América Latina y el Caribe y refuerza la
necesidad de una acción regional. La “Declaración de Los Ángeles sobre
Migración” complementa los esfuerzos internos de EEUU para modernizar su
infraestructura fronteriza y construir un sistema de inmigración justo,
ordenado y humano con una asociación audaz centrada en todo el hemisferio sobre
el principio de responsabilidades compartidas, estabilidad y asistencia a las
comunidades afectadas, la expansión de las vías legales, gestión humana de la
migración y una respuesta coordinada a la emergencia”. El gobierno de Biden
declara que su objetivo es “estabilizar las poblaciones migrantes y reemplazar
la migración irregular con flujos ordenados que pueden impulsar el crecimiento
económico en los EEUU y en toda la región”.
Para la Cumbre de las Américas, realizada en
Los Ángeles el 06-10JUN22, el gobierno de EEUU convirtió el tema migratorio en
el eje de sus negociaciones. Los representantes, en muchos casos los propios
respectivos jefes de Estado, de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se comprometieron a
“fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos a fin de crear
las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, así como
fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional”.
El 12OCT22 el
Departamento de Seguridad Nacional de EEUU anunció un paquete de medidas para
frenar el ingreso de migrantes a territorio estadounidense desde México,
especialmente de venezolanos en procura de refugio. México se comprometió a
recibir a los venezolanos que sean deportados por haber ingresado ilegalmente a
EEUU. EEUU ofrece un programa de “permisos humanitarios” de trabajo temporal
para 24.000 venezolanos que cuenten con patrocinantes en territorio
estadounidense e ingresen vía aérea legalmente. La oferta para venezolanos
incluye diversas condicionantes, estando vetada, entre otros, para aquellos que
hubiesen ingresado ilegalmente a México o Panamá (desestimular el tránsito por
la selva panameña de Darién) o que fueran beneficiarios de medidas de refugio
en terceros países. Todo venezolano que ingrese a EEUU ilegalmente será
deportado a México: las liberalidades migratorias que permitían que los
venezolanos solicitaran refugio y asilo una vez ingresado a EEUU han terminado
y el derecho universal al asilo humanitario quedó tambaleante a ambos lados del
Rio Bravo/Grande.
Aparte de las
medidas específicas para venezolanos, el gobierno Biden anunció un paquete
migratorio para el año fiscal 2023 que incluye la oferta de 20 mil visas de
trabajo exclusivas para ciudadanos de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador,
además de varias decenas de miles de visas temporales para trabajadores no
agrícolas mexicanos que sería parte de los beneficios que obtendría México al
participar en el esquema de deportación de migrantes desde EEUU.
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El canciller
mexicano y precandidato presidencial Marcelo Ebrard fue quien negoció con su
homólogo estadounidense Antony Blinken, los acuerdos migratorios para frenar el
paso de venezolanos hacia EEUU. La más reciente reunión se produjo en la sede
del Departamento de Estado en Washington y junto a Blinken estuvieron presentes
por EEUU el fiscal General Merrick Garland y el secretario de Seguridad
Nacional Alejandro Mayorkas.
El 13OCT22 Ebrard
dejó saber que había solicitado a su colega estadounidense la inclusión de
otras nacionalidades entre los beneficiarios de “permisos humanitarios” de
trabajo en EEUU, ya que México comienza a sentir la presión migratoria de
personas procedentes de Colombia, Ecuador y Brasil. Por cierto, el presidente
colombiano Gustavo Petro, durante la visita de Blinken a Bogotá el 03OCT22, le
solicitó que EEUU considerara la opción de establecer un programa de TPS
(estatus de protección temporal) para colombianos en territorio estadounidense
similar al existente para venezolanos. Blinken hizo caso omiso de la solicitud
de Petro.
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La multiplicación
de gobiernos de izquierda en el Continente y una intenta campaña demagógica del
régimen chavista al alimón con la cancillería cubana sobre pequeños países
caribeños, hizo que la representación del “gobierno Guaidó” estuviera a punto
de ser retirada de la OEA.
Gustavo Tarre
Briceño ejerce la jefatura de la misión de Venezuela en la OEA como
representante permanente designado por la Asamblea Nacional electa en 2015 y en
calidad de vocero del gobierno provisional encabezado por Juan Guaidó. Su
aceptación en tal condición fue aprobada mediante dos votaciones, primero en el
Consejo Permanente el 09ABR19 donde se aprobó por 18 votos. Luego, a nivel de
ministros de exteriores, el 28JUN19 la 49 Asamblea General de la OEA celebrada
en Medellín, Colombia, decidió “aceptar al Representante Permanente ante la
Organización de los Estados Americanos designado por la Asamblea Nacional de
Venezuela, hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales que conduzcan
al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”. Por esta vía, la OEA
dejaba sin efecto la decisión del régimen chavista anunciada el 27ABR17 y que
entraría en vigencia el 27ABR19, de retirar a Venezuela de la OEA.
Los intentos de los
gobiernos de Andrés López Obrador y Alberto Fernández para expulsar a Tarre
Briceño fracasaron en 2021 al no lograr un apoyo significativo para sumar los
votos necesarios, la mayoría simple de 18 votos, para que la Asamblea General
celebrada de forma virtual el 10-12NOV21 dejara sin efecto la representación
venezolana. La convocatoria de la Asamblea General para la ciudad de Lima, con
la presencia de los gobiernos de Chile, Honduras y Colombia que recientemente habían
girado a la izquierda, abrió la opción para que gobiernos declaradamente
contrarios al gobierno provisional de Guaidó alcanzaran una votación suficiente
para expulsar a Tarre Briceño.
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La tarea para
coordinar la estrategia y sumar apoyos para expulsar a Tarre Briceño de la OEA fue
encomendada por los principales patrocinantes (México y Argentina desde dentro,
Cuba y el régimen chavista desde afuera) al representante permanente de Antigua
y Barbuda, el embajador (posee título nobiliario británico) sir Ronald Sanders.
La estrategia definida por Sanders consistía en objetar la presencia de
Venezuela en la 52 Asamblea General que se celebraría en Lima el 05-07OCT22
alegando que Venezuela dejó de ser miembro de la OEA. Una moción de orden,
previa al inicio de las deliberaciones, dejando sin efecto las credenciales de
la delegación venezolana era el mecanismo ideado por Sanders.
La trampa
metodológica planeada por México y Antigua y Barbuda fue rápidamente conocida
en los pasillos de la OEA en Washington lo que hizo que Tarre Briceño anunciara
que no viajaría a Lima. Con la representación de Venezuela ausente no sería
posible que Antigua y Barbuda presentara la moción de orden previa a las
deliberaciones. La finta de Tarre Briceño hecha pública pocas horas antes del
inicio de la Asamblea General Ordinaria en Lima, obligó a que la alianza en su
contra adelantara una vía alterna para expulsarlo. El 03OCT22 optaron por
presentar, ya casi comenzando las deliberaciones en Lima, un proyecto de resolución
que fuera considerado por la Asamblea General dejando sin efecto la decisión
del año 2019 cuando fue aceptado el representante del “gobierno Guaidó”. El
proyecto de resolución llevaba por título: “Revocación de la aceptación de un
representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de
Venezuela en enero de 2019”. La aprobación de esa resolución sólo ameritaría 18
votos, una mayoría simple de votos con los cuales calculaban contar. La
expulsión de Tarre parecía hecho cumplido.
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Pero los proyectos
de resolución para una Asamblea General de la OEA, que reúne anualmente a todos
los ministros de exteriores del Continente, deben ser presentados a
consideración con tiempo de anticipación. El proyecto de última hora presentado
por Antigua y Barbuda con el apoyo de Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia,
Dominica, Granada, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad
y Tobago, llegaba tarde a la lista de proyectos para ser votados en la Asamblea
de Lima. La consideración del proyecto contra Tarre sólo sería posible si la propia Asamblea aprobaba, como punto
previo al inicio de los debates, un cambio en el temario y la agenda para lo
cual se requeriría dos tercios de los votos y no la mayoría simple. En la
primera sesión de la Asamblea General de Lima el 06OCT22, el embajador Sanders
tomó la palabra para pedir que sus colegas votaran a favor de modificar el
temario para incluir la resolución contra la representación venezolana. La
votación no alcanzó los 24 votos necesarios para cambiar el temario pero si
sumó 19 votos. Es decir. Si el proyecto de resolución contra Tarre hubiese sido
votado, probablemente habría sido aprobado.
A favor de incluir
la resolución contra Tarre votaron los representantes de México, Panamá, Perú,
Saint Kitts y Neves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Suriname,
Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice,
Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Granada y Honduras. Los ofrecimientos de un
ilusorio petróleo venezolano a precio reducido, en caso de que EEUU permita que
Chevron regrese a Venezuela, sirvieron al castrochavismo para ganar votos en el
Caribe. Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas,
operador en el Caribe de las dictaduras de Cuba y Venezuela, ha mostrado en el
seno del Caricom sus recientes pactos con Maduro que le han permitido perdón de
deuda y reactivación de suministro petrolero subsidiado y a crédito mediante el
esquema denominado PetroCaribe. Gonsalves promueve dentro de los países
caribeños la línea de apoyar a Maduro y pedir a EEUU que suspenda las sanciones
petroleras al régimen chavista. Al parecer, en los palacios presidenciales
caribeños así como en importantes oficinas de Washington ha prosperado la
fábula según la cual la caída de la producción petrolera venezolana es
consecuencia de las sanciones y no de la destrucción del aparato productivo
petrolero y de las negativas condiciones creadas por el chavismo en Venezuela.
Votaron en contra del
cambio de temario los representantes de Paraguay, Canadá, EEUU y Guatemala. Los
demás gobiernos asistentes se abstuvieron.
En medios
diplomáticos llamó la atención que la representante de Panamá votara a favor de
la propuesta contra el gobierno provisional venezolano. El 10OCT22, poco
después de su regreso de Perú, la canciller panameña Erika Mouynes fue
sorpresivamente destituida por el presidente Laurentino Cortizo. La salida del
cargo de Mouynes, según diversas fuentes, estaría relacionada con su inconsulta
decisión de acompañar la acción contra el representante venezolano en la OEA.
En todo caso, la
votación en la OEA dejó ver que los cambios políticos en el Continente han
mermado sustancialmente el respaldo internacional del “gobierno provisional” de
Juan Guaidó. Aunque en algunos casos esa situación no significa un respaldo al
régimen encabezado por Nicolás Maduro.
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La “diplomacia” de
la dictadura chavista recibió dos derrotas en un terreno que suele sentir como
seguro: las Naciones Unidas.
El 07OCT22, el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU basado en Ginebra, sometió a votación una resolución mediante la cual se
renovaría por dos años el mandato de la “Misión Internacional Independiente de
Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. El
crudo informe presentado por la MII pocas semanas antes, dejó en evidencia la
cadena de mando, que comienza en el Palacio de Miraflores, responsable por la
sistemática tortura a prisioneros políticos en Venezuela. El régimen chavista
que forma parte del Consejo de Derechos Humanos procuró impedir la resolución
que debía ser aprobada por la mayoría de los 47 miembros del organismo.
Un grupo de
gobiernos, capitaneados por el representante de Paraguay, el embajador Marcelo
Scappini Ricciardi, se encargó de redactar la propuesta de resolución, ganar
los votos necesarios y hasta negociar con la delegación chavista en varias
reuniones al respecto. Los enviados chavistas junto al representante cubano,
alegaban que Maduro estaba dispuesto a mantener la oficina que la Oficina del
Alto Comisionado de DDHH abrió en Caracas, a condición de que no se renovara el
mandato de la MII. La posición de los gobiernos proponentes, incluyendo a
Chile, era que ambos mecanismos eran complementarios. En el debate sobre el
proyecto de resolución, Scappini hizo dos intervenciones. La primera para
presentar el proyecto que era respaldado por 48 miembros de la ONU. En una
segunda y dura intervención, el embajador paraguayo desmintió enviado de Maduro, Héctor Constan, quien
insistía en que el proyecto era una imposición injerencista. Finalmente el
Consejo votó favorablemente por la resolución que mantendrá en operaciones la
misión de expertos que hace seguimiento a la violación de DDHH en
Venezuela.
Sólo los gobiernos
de China, Cuba, Bolivia, Eritrea acompañaron el voto del enviado de Maduro
oponiéndose a la MII.
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El 11OCT22, la
dictadura venezolana recibió una segunda derrota en la ONU. La Asamblea General
realizó la votación para la renovación de los miembros del Consejo de Derechos
Humanos cuyo mandato termina el 31DIC22. Ese día debían renovarse dos de los
asientos latinoamericanos y Maduro aspiraba a ser reelecto como miembro del
Consejo para permanecer por tres años más.
Maduro sólo obtuvo
88 votos por lo cual los gobiernos de Chile y Costa Rica se hicieron de las
sillas que estaban en disputa. En 2019, las diplomacias rusa, chinas, iraní y
cubanas habían logrado sumarle 105 votos a Maduro. La operación no funcionó en
2022.
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Jair Bolsonaro
podría ganar las elecciones en Brasil superando el margen de 5 puntos
porcentuales con que lo aventajó Lula da Silva en la primera vuelta.
La segunda ronda en
las elecciones presidenciales brasileñas tendrá lugar el 30OCT22. Las
principales encuestadoras del país, que resultaron impactadas negativamente al
fallar en sus predicciones del primer turno, mantienen a Lula da Silva como
ganador. Encuestadoras menos conocidas están mostrando a Bolsonaro ganando en
importantes cotos electorales lo que proyectaría un potencial triunfo del actual
mandatario.
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