María
Corina Machado y Edmundo González Urrutia el 08MAY24 intervienen vía
teleconferencia en evento de Americas Society/Council of the Americas.
Foto:captura de video. |
Por lo
menos dos reuniones sobre coordinación militar han celebrado el gobierno de
Rusia con sus socios latinoamericanos durante el presente año.
El 24-25ABR24
tuvo lugar en San Petersburgo la versión 12 de la denominada “Reunión
internacional de altos representantes de asuntos de seguridad” promovida y
organizada anualmente por el Consejo de Seguridad de Rusia desde el año 2010.
En paralelo al evento central, el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolay Patrushev, sostuvo una reunión privada con los
enviados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. “Temas de interés
geopolítico” habrían sido tratados, según los enviados de Nicolás Maduro. El
asesor presidencial de Lula da Silva y canciller de facto de Brasil, Celso
Amorim, quien el 23ABR24 había estado en Moscú para un encuentro con el
ministro de exteriores ruso Sergey Lavrov, intervino en la plenaria del evento
en San Petersburgo. Amorim habría sostenido un encuentro privado con Patrushev.
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Nikolay
Patrushev, quien es considerado como uno de los hombres fuertes del régimen
encabezado por Vladimir Putin, realizó una visita a Nicaragua a finales del mes
de febrero. Patrushev presidió una reunión, celebrada en el Centro de
Convenciones Olof Palme en Managua el 27FEB24, con representantes militares de
Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. La delegación anfitriona fue presidida
por Laureano Ortega Murillo hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien
actúa como “asesor presidencial de inversiones y cooperación internacional”.
Según el
periódico oficialista nicaragüense “El 19”, Patrushev afirmó que el objetivo de
Rusia “es crear un mecanismo de cooperación multilateral mediante el cual
nuestros países van no solo a planificar, sino también poner en práctica las
medidas aprobadas para fortalecer la soberanía de América Latina”. Según el
alto oficial ruso su propósito es “apoyar en la defensa de su soberanía e
independencia, en particular mediante el desarrollo y ampliación de la
interacción en los ámbitos de seguridad, la cooperación militar y técnico
militar a los Estados Latinoamericanos que están sometidos a la presión por
parte de EEUU y sus aliados”.
Venezuela,
Nicaragua y Cuba mantienen acuerdos con Rusia para servir de bases de apoyo
logístico a embarcaciones y aeronaves militares rusas.
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María
Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, confesó que no fue
informada por el gobierno de EEUU sobre los acuerdos que había firmado un
enviado del Departamento de Estado con el régimen chavista el 28SEP23 en Catar
y que involucraban a la Oposición. Se trata de dos acuerdos, uno referido a
migraciones y otro a un cronograma para el relajamiento de las sanciones
económicas al régimen a cambio de anuncios con vistas a unas elecciones
presidenciales en el segundo semestre del año 2024. Esos acuerdos bilaterales
entre EEUU y el régimen chavista habrían “influido”, según MCM, en los términos
del llamado “Acuerdo de Barbados” suscrito el 17OCT23 por representantes de la
alianza partidista opositora Plataforma Unitaria Democrática (de la cual no forma
parte MCM) y enviados de Nicolás Maduro. MCM criticó la “influencia” de los
acuerdos EEUU-Maduro en lo que debieron ser negociaciones entre las partes
venezolanas.
MCM afirmó
que ella conoció el alcance de los acuerdos firmados por el embajador
estadounidense Brian Nichols cuando el negociador del régimen, Jorge Rodríguez,
lo hizo público el 18ABR24, siete meses después de haberse suscrito. La
revelación de MCM fue hecha durante una entrevista con el expresidente
colombiano Iván Duque grabada el 07MAY24 y difundida en diversas plataformas
digitales. MCM afirmó además que “la delegación del acuerdo de Barbados” que
representó a las fuerzas democráticas “se construyó hace muchos años y no
necesariamente refleja la realidad de las aspiraciones y de la
representatividad de las fuerzas democráticas de hoy”.
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El Informe
Otálvora del 28ABR24 adelantaba que “la política de licencias como mecanismo
para administrar las sanciones al régimen chavista pasan a la condición de
“privada”, lo que a su vez deja ver que por ahora el gobierno de EEUU no
pretende cerrar el flujo petrolero venezolano hacia el exterior”. La no
renovación de la licencia genérica LG44, que venció el 18ABR24, que permitía
hacer negocios en petróleo y gas con el régimen, no significa un regreso al
duro esquema de sanciones anterior. La decisión anunciada el 17ABR24 por
voceros de EEUU fue de no emitir licencias generales públicas sino permitir que
“partes individuales con sus particularidades las soliciten y las evaluamos
caso por caso para obtener licencias específicas. Y esos son no públicos y
están protegidos por la ley, en lo que respecta a discutir los detalles de
ellos, aunque cualquier parte que lo presente puede revelarlo”.
Y
efectivamente el Departamento del Tesoro comenzó a emitir nuevas licencias de
carácter privado y a renovar viejas licencias públicas.
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Aun cuando
se trata de “licencias privadas”, obtener una licencia para operar en Venezuela
se convierte en un activo publicitable para la empresa que sea beneficiada por
el Departamento del Tesoro con el visto bueno del Departamento de Estado de
EEUU. La empresa francesa Maurel & Prom M&P hizo
público el 06MAY24 haber obtenido tres días antes una licencia privada emitida
por el Departamento del Tesoro de EEUU que le permitirá explorar y explotar
hidrocarburos en Venezuela, por un lapso de un año, en sociedad con la estatal
Pdvsa controlada por el régimen. M&P es propietaria desde 2019 del 40% de
las acciones de la empresa Petroregional del Lago en sociedad con Pdvsa, con lo
cual tiene derechos sobre un tercio del potencial petrolero del llamado “Campo
Urdaneta” situado en el Lago de Maracaibo. El anuncio de M&P hizo que el
valor de sus acciones se dispararan en la bolsa.
La
petrolera francesa había pactado con el gobierno de Maduro el reinicio de operaciones
el 08NOV23 basándose en la licencia general LG44 emitida por EEUU dos semanas
antes. Según la propia M&P, sus trámites ante el Departamento del Tesoro para
obtener una licencia privada específica habían comenzado el 01SEP23. Para aquel
entonces la información que ya se filtraba sobre las negociaciones EEUU-Maduro
dejaban ver que las sanciones al régimen comenzarían a diluirse. Hasta la fecha
la licencia privada a M&P es la
única hecha pública.
El 10MAY24
el Departamento del Tesoro emitió otra licencia que confirma la decisión de
mantener abierto el acceso al crudo venezolano. Las empresas de ingeniería
petrolera Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International recibieron una
nueva extensión por seis meses de la licencia que les permite operar con la
estatal Pdvsa “para el mantenimiento de operaciones esenciales” o para el
“cierre de operaciones”.
Uno de los
funcionarios “seniors” que participó en la llamada de prensa (press call) del
17ABR24 desde la Casa Blanca, en la que explicaron el nuevo esquema
estadounidense ante Venezuela, afirmó que “el proceso de evaluación de una
licencia específica incluye, no es público, pero sí incluye tomar en
consideración los intereses de seguridad nacional y los intereses de política
exterior de EEUU mediante consultas estrechas y la recepción de orientación en
política exterior de nuestro Departamento de Estado”.
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Por cierto.
El embajador Edmundo González Urrutia, el candidato de la unidad opositora
venezolana a las “votaciones” del 28JUL24 convocadas por el régimen, ha sido un
activísimo operador de la oposición al régimen por más de una década. Formó
parte del equipo de trabajo que dio forma en 2009 a la alianza opositora
denominada Mesa de la Unidad Democrática, actuando en el equipo del presidente
de la MUD Ramón Guillermo Aveledo, especialmente en los temas de las relaciones
internacionales.
González
Urrutia formó parte de la delegación opositora encabezada por Aveledo que viajó
a Washington para sostener un encuentro en el Departamento de Estado el
20JUN13. Una fotografía donde posan González Urrutia, Aveledo, la entonces
subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental Roberta Jacobson y el
opositor Williams Dávila ilustró el Informe Otálvora del 11MAY14.
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El
castrochavismo boliviano está definitivamente fracturado pese a los intentos
de aliados extranjeros para buscar un
acuerdo entre el líder Evo Morales y el actual presidente de Bolivia Luis Arce.
Morales
amenaza con paralizar Bolivia mediante el cierre masivo de carreteras y con
marchas indígenas hacia La Paz para exigir que le sea permitido optar a la
presidencia en las elecciones del año 2025. El 29DIC23, el Tribunal
Constitucional Plurinacional de Bolivia reinterpretó la constitución boliviana
sentenciando que la reelección presidencial (continua o no) sólo puede
producirse una vez, con lo cual Morales quedó inhabilitado para concurrir como
candidato presidencial. Ese mismo tribunal, bajo control férreo de Morales
cuando ejercía como Presidente, había interpretado la constitución en 2017
permitiendo la reelección indefinida alegando que se trataba de un “derecho
humano”.
El partido
MAS está fraccionado en dos, entre los evistas y los arcistas. Un congreso del
partido celebrado en octubre en el departamento de Cochabamba renovó a Morales
como presidente y lo designó candidato presidencial. El Tribunal Supremo
Electoral decidió anular los resultados de ese evento al cual no habían
concurrido los seguidores de Arce quienes aspiran a convertir al actual
vicepresidente David Choquehuanca en el candidato del partido.
La facción
de Arce con apoyo del Tribunal Constitucional logró realizar un congreso del
partido el 04MAY24, declarando la “refundación” del partido MAS, deponiendo a
Morales como presidente del partido y designando una nueva dirección nacional
sin participación del evismo.
El 03JUL23,
convocados por el gobierno de Cuba, Evo Morales y Lucio Arce coincidieron en La
Habana. El formato de los encuentros se mantuvo en secreto pero se trató de
gestiones directas de la dictadura cubana para intentar bajar las tensiones
entre sus aliados bolivianos. El 11MAR24 llegaron a Bolivia José Rodríguez
Zapatero, Ernesto Samper Pizano, Alberto Fernandez, Delcy Rodríguez y Jorge
Arreaza junto a otros operadores del Grupo de Puebla. Públicamente la presencia
en Santa Cruz de esta lista de agentes castrochavista respondía a la
participación en un evento sobre “nueva arquitectura internacional”, pero
llevaban el real propósito de gestionar una tregua entre Morales y Arce lo cual
no lograron.
En
declaraciones difundidas por la agencia EFE el 30MAR24, Morales dijo que “si
inhabilitan a Evo va a haber una convulsión. Si quiere eso, pues, eso va a ser
la responsabilidad del gobierno (…) ese es mi cálculo, soy sincero”. Morales
está convocando un congreso del MAS, a celebrarse a mediados del mes de junio
en la zona cocalera del Chapare.
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