Crónica publicada en Papel Literario de El Nacional el 17 de agosto de 2024
A media
mañana del viernes 8 de noviembre de 1991 debía comenzar en Bogotá la
decimocuarta reunión plenaria de las Comisiones de asuntos fronterizos
Colombo-Venezolanos.
La COPAF
como se le llamaba en Venezuela y la Comisión de Vecindad como la denominaban
en Colombia conformaban un mecanismo de concertación bilateral creado en 1989
por Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco Vargas. Aquel inusual esquema
diplomático estaba integrado por voceros de cada uno de los estados y
departamentos fronterizos escogidos, a su vez, entre personalidades de los
partidos AD, COPEI y MAS por Venezuela y, los partidos Liberal y Conservador, más
una figura de la dispersa izquierda colombiana.
El 7 de
noviembre en Venezuela tuvo lugar un paro laboral al cual se incorporaron los
trabajadores de las líneas aéreas incluyendo la estatal Viasa. El viaje de la
delegación venezolana a Bogotá estaba en entredicho y dependería de la hora cuando
los pilotos levantaran su huelga. Ese día amanecí en Mérida, en el occidente de
Venezuela, donde había llegado dos días antes para cumplir una responsabilidad familiar. Mi trabajo como
coordinador de los últimos detalles del viaje a Bogotá, dada mi condición de secretario
Ejecutivo de la COPAF, se había cumplido vía telefónica. Lo grueso de los
preparativos de la reunión de Bogotá estaban resueltos con nuestra contraparte
colombiana desde varias semanas antes. Pero no fue posible de concretar el plan
de viajar desde Mérida a Caracas para sumarme a la delegación venezolana en su
ruta a Bogotá.
Para aquel
entonces la ciudad de Mérida ya no contaba con servicio de transporte aéreo el
cual había sido trasladado a la población de El Vigía, fuera de las montañas
andinas y cercana al Lago de Maracaibo. Desde Caracas me informaron que las
líneas aéreas retomarían sus frecuencias al principio de la noche por lo cual
la delegación venezolana podría emprender su viaje desde el aeropuerto de
Maiquetía, pero yo no tendría tiempo para alcanzarlos. La opción que me
permitiría llegar a Bogotá, incluso antes que mi delegación, era cruzar a
Colombia por vía terrestre y tomar un vuelo desde la fronteriza ciudad
colombiana de Cúcuta. Los márgenes de tiempo para embarcar en el último de los
vuelos que ese día partirían desde el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta daban
poco tiempo para el trayecto en carretera.
Algunos
meses antes, como parte de los trabajos de las comisiones fronterizas, se había
puesto en funcionamiento un nuevo paso fronterizo para el cruce de vehículos de
bajo peso. El estrecho Puente Unión había sido construido a finales del siglo
XIX para la circulación de ferrocarriles que unían la zona cafetera colombiana
con la costa del lago venezolano. Muerto el sistema ferrocarrilero, el Puente
Unión, con los caseríos de Puerto Santander de un lado y Boca de Grita del otro,
cruzando sobre el río Zulia, había permanecido habilitado por décadas sólo para
el paso peatonal interfronterizo. Pero aquel 7 de noviembre de 1991 estaba
abierto a la circulación de vehículos permitiendo que el taxi que me movilizaba
llegara a Cúcuta en muy bien tiempo. Haber cruzado por esta vía me salvó de los
pasos fronterizos formales, llegué temprano al aeropuerto de Cúcuta para
adquirir el boleto aéreo, pero sin haber sellado el pasaporte en las oficinas
de migración de Venezuela. Un funcionario de migración colombiano, informado
sobre mi tránsito camino a la reunión en Bogotá, colocó en mi pasaporte
diplomático el sello de ingreso a Colombia, me recriminó amablemente por no
haber sellado la salida en Venezuela y me deseó buen viaje.
II
Cuando la
sede de las reuniones de las comisiones fronterizas correspondía a Bogotá, el
lugar del encuentro solía ser el tradicional Hotel Tequendama. En julio de 1989
en uno de sus salones se había celebrado la segunda reunión de las comisiones y
el presidente Virgilio Barco Vargas se hizo presente para saludarlas. La
majestad de un tradicional gran hotel, su cercanía al centro de la ciudad y su reforzada
seguridad por estar bajo la administración de las fuerzas militares, hacía que
el Hotel Tequendama fuera la escogencia obligada.
Pero en
1991 el empresario colombiano Pedro Gómez Barrero, el gran constructor de
centros comerciales en Colombia, quien había sido embajador en Caracas a
finales de los años ochenta y era en 1991 el principal negociador por Colombia
en el álgido tema de la delimitación del Golfo de Venezuela, estaba
incursionando en el negocio de hotelería. Uno de sus hoteles llamado La Fontana
fue la sede de la reunión fronteriza a petición de la contraparte colombiana.
Situado sobre la calle 127 del norte de Bogotá, aquel hotel estaba demasiado al
norte para el gusto de Ramón J. Velásquez quien presidía la comisión venezolana
y prefería su familiar Hotel Tequendama. En 1991 La Fontana aún estaba en los
límites en los cuales Bogotá dejaba de ser ciudad y corría a convertirse en
planicie llena de cultivos de flores para la exportación.
Como estaba
previsto, a media mañana del viernes 8 de noviembre de 1991, en un salón del
hotel La Fontana, comenzaron las deliberaciones de la decimocuarta reunión de
las Comisiones de asuntos fronterizos Colombo-Venezolanos. En la noche el
ministro de Exteriores de Colombia, Luis Fernando Jaramillo, ofrecía una
recepción a las delegaciones en el Palacio de San Carlos. Durante el evento estaba
previsto que a los miembros de la comisión venezolana, así como al ministro
venezolano Roberto Smith Perera de visita en Bogotá, les fueran impuestas
condecoraciones otorgadas por el presidente Cesar Gaviria Trujillo. Para no
abochornar a los anfitriones se les ocultó que la condecoración impuesta a
Ramón J. Velásquez esa noche, la máxima presea otorgada por la República de
Colombia, la Gran Cruz de la Orden de Boyacá, ya él la había recibido de manos
del presidente Alberto Lleras Camargo el 7 de agosto de 1962.
La entonces
embajadora de Colombia en Caracas, Noemí Sanín, quien había viajado a Bogotá
junto a la delegación venezolana, no asistió a la recepción ofrecida en la sede
de su Cancillería. Desde temprano se rumoraba que había sido convocada al
Palacio de Nariño para una reunión urgente con el presidente Gaviria. En medio
de la recepción ofrecida por Jaramillo corrió rápidamente la noticia. Gaviria
le había ofrecido a Sanín el cargo de ministra de Exteriores el cual aceptó.
III
La reunión
de las comisiones fronterizas continuó el día 9 de noviembre y en algún momento
pidieron que los participantes posaran para una foto en uno de los patios del
hotel La Fontana. No todos los comisionados lograron estar presentes al momento
del clic de la cámara. De los delegados venezolanos faltaron en la fotografía
el empresario Andrés Duarte Vivas, el ganadero apureño Elías Castro Correa, y
los tachirenses Teo Camargo, Valmore Acevedo Amaya y Guillermo Colmenares
Finol.
En la
fotografía de izquierda a derecha. En la primera fila. El comisionado
presidencial venezolano Alberto Lizarralde, la consejera de la Embajada de
Venezuela en Colombia Rocío Maneiro, el comisionado por el departamento Norte
de Santander Jaime Pérez López, el comisionado presidencial por el departamento
Guajira de Colombia Enrique Danies Rincón, el comisionado colombiano nortesantandereano
Argelino Durán Quintero, el presidente de la comisión colombiana Enrique Vargas
Ramírez, el senador y presidente de la comisión venezolana Ramón J. Velásquez, el
comisionado venezolano representante por el estado Zulia Omar Baralt Mendez, el
comisionado colombiano Jaime Buenahora Febres Cordero, el comisionado
venezolano y miembro de la comisión negociadora sobre el Golfo de Venezuela Pompeyo
Márquez, el comisionado y jefe de la Dirección de Fronteras de la cancillería
colombiana capitán Fabio Torrijos Quintero y, el ministro consejero de la
embajada venezolana en Bogotá Rafael Rangel.
En la segunda
fila. El funcionario colombiano Sixto Tirso Junco quien ejercía como secretario de la Comisión de Recuperación de
Vehículos, el secretario Ejecutivo de la COPAF Edgar C. Otálvora, el director
de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela Roy
Chaderton Matos, el asistente de la Presidencia de la COPAF Juan Carlos Sainz Borgo,
el comisionado colombiano Eduardo Camacho Barco, el secretario Ejecutivo de la
Comisión de Negociación de Áreas Marinas y Submarinas con Colombia Leandro Area
Pereira, el Secretario Técnico de la COPAF Ramón Elvidio Pérez Parra y el
Asistente de la Presidencia de la comisión colombiana Nelson Osorio Lozano.
El destino
de cada uno de ellos, luego de aquella fotografía, escapa al propósito de esta
nota con una excepción.
El 26 de
enero de 1992, dos meses luego de haber posado en aquella fotografía, Argelino
Durán Quintero, de 77 años de edad, fue secuestrado en su población natal de
Ocaña por guerrilleros del izquierdista Ejército Popular de Liberación.
Obligado a largas y penosas caminatas en las selvas del Catatumbo, Durán
Quintero falleció de un infarto en manos de sus captores el 14 de marzo de
1992. El 4 de febrero había ocurrido en Venezuela un cuartelazo que entre otras
cosas exigía el fin de las negociaciones con Colombia. Ese alzamiento militar
obligó a que las conversaciones de paz que el gobierno de Gaviria Trujillo
seguía en Caracas con la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, fueran
trasladadas a Tlaxcala, México, donde fueron retomadas en abril. La muerte de Argelino
Durán Quintero llevó a la ruptura de las conversaciones de paz del gobierno
colombiano con la guerrilla.
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